Irma Eréndira Sandoval
La escaramuza de Felipe Calderón con los gobernadores y el jefe de Gobierno respecto a la certificación policiaca sólo busca levantar polvo electoral para tapar el hecho de que ninguna de las partes está a la altura del gran reto del combate de la corrupción. La aplicación de evaluaciones de control de confianza no podrá por sí sola remediar la enorme debilidad estructural de la policía. Además, si esta política continúa falta de una verdadera estrategia integral de desarrollo profesional y control externo, la obstinación con la famosa “certificación” podría agravar la impunidad y simulación prevalecientes en las fuerzas del orden.
De acuerdo con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, absolutamente todos los elementos policiacos deben quedar certificados a más tardar el tres de enero de 2013, o de lo contrario, quedarán despedidos. Sin embargo, gobernadores y presidentes municipales han avanzado a paso de tortuga en este proceso. Del universo de 458 mil 816 policías estatales y municipales, solamente 71 mil 79 han sido evaluados. De éstos, sólo 35 mil 851 han aprobado, así que hoy únicamente 7.81% del total de los policías en activo se encuentra certificado.
Este atraso caracteriza por igual a estados gobernados por el PRI, el PAN o el PRD. Guerrero, Veracruz, Estado de México, DF, Nuevo León y Jalisco, todos cuentan con un avance menor a 25%. Los gobernadores están perfectamente conscientes de la corrupción que corroe a sus instituciones de seguridad y no quieren correr el peligro de quedarse sin policías en enero de 2013. Pero en lugar de buscar estrategias alternativas para resolver la situación, prefieren continuar repartiendo sin rubor recursos millonarios para aceitar sus maquinarias electorales. Apuestan a que las elecciones del primero de julio generen una coyuntura política diferente que permitirá modificar las exigencias de ley e ignorar los llamados de Calderón.
En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 31 de octubre, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se atrevió a proponer posponer hasta por 12 años el plazo para construir cuerpos policiacos confiables. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también fue transparente: “Yo pienso que los gobernadores quisiéramos tener ya certificada la policía al 100%. Sin embargo, nuestra realidad es otra, no aspiremos a una policía como la de Suiza o países tan avanzados”. De acuerdo con los mandatarios estatales, en lugar de luchar por la paz, habría que conformarnos con la muerte e impunidad, por lo menos en el mediano plazo.
Pero Calderón les sigue tronando los dedos a los gobernadores, no porque tenga un verdadero compromiso con el combate a la corrupción sino por evidentes motivos políticos. No es gratuito el hecho de que el Presidente haya escogido el mes de mayo, y no hasta después de las elecciones, como la fecha clave para presentar avances en la materia. Calderón sabe perfectamente que el tema de la certificación es una farsa. Los exámenes aplicados a nivel federal no se han traducido en mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado.
Al contrario, la comisión de delitos del fuero federal va en aumento y el abuso de autoridad de las fuerzas federales continúa como nunca antes. Las constantes extorsiones cometidas por la Policía Federal en Ciudad Juárez y otros sitios así lo demuestran. Urgir a los gobernadores para que “cumplan” sea como sea, con las metas cuantitativas de la aplicación de exámenes, lo único que podrá arrojar son procesos de certificación simulados con efectos desastrosos. Con examinadores improvisados, mal capacitados y bajo presión, los policías corruptos recibirán fácilmente su certificación, lo que les refrendará su licencia para delinquir, y muchos elementos honestos de estas corporaciones serán despedidos, lo que los expondrá a ser reclutados por el narcotráfico y el crimen organizado. Vale la pena recordar que los centros de evaluación y control de confianza no cuentan con ninguna independencia de los titulares de las secretarías de Seguridad y procuradores correspondientes.
Ni a Calderón ni a los gobernadores les interesa el combate a la corrupción. De nada sirve extirpar las “manzanas podridas de los canastos” por medio de exámenes estériles y simulados, si el mismo canasto está hecho de fibras que incentivan la deshonestidad, la impunidad y la corrupción. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) logra cobrar solamente 0.60% de las multas que aplica y ha dejado de cobrar 61 mil millones de pesos en multas de 1991 hasta la fecha. Estas cifras sólo documentan algo que todos sabemos, el Latinobarómetro de 2011 señala que 55% de la población mexicana, el porcentaje más alto de toda la región, considera a la corrupción el problema más lacerante de nuestro sistema político.
La única solución es transformar radicalmente los marcos institucionales de los cuerpos policiacos para generar nuevos incentivos para la ética pública, la honestidad, y la eficacia policiaca, como por ejemplo serían la implementación de un verdadero servicio civil de carrera policiaca, el establecimiento de nuevos protocolos de actuación, la apertura total a la transparencia y el control ciudadano, y un riguroso control externo y fiscalización por instituciones completamente independientes. En lugar de más simulaciones, evaluaciones estériles y acusaciones mutuas, habría que exigir soluciones de fondo. Lo que falta, como de costumbre, es simple y llana voluntad política.
www.irmaerendira.blogspot.org
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales
y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM
La escaramuza de Felipe Calderón con los gobernadores y el jefe de Gobierno respecto a la certificación policiaca sólo busca levantar polvo electoral para tapar el hecho de que ninguna de las partes está a la altura del gran reto del combate de la corrupción. La aplicación de evaluaciones de control de confianza no podrá por sí sola remediar la enorme debilidad estructural de la policía. Además, si esta política continúa falta de una verdadera estrategia integral de desarrollo profesional y control externo, la obstinación con la famosa “certificación” podría agravar la impunidad y simulación prevalecientes en las fuerzas del orden.
De acuerdo con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, absolutamente todos los elementos policiacos deben quedar certificados a más tardar el tres de enero de 2013, o de lo contrario, quedarán despedidos. Sin embargo, gobernadores y presidentes municipales han avanzado a paso de tortuga en este proceso. Del universo de 458 mil 816 policías estatales y municipales, solamente 71 mil 79 han sido evaluados. De éstos, sólo 35 mil 851 han aprobado, así que hoy únicamente 7.81% del total de los policías en activo se encuentra certificado.
Este atraso caracteriza por igual a estados gobernados por el PRI, el PAN o el PRD. Guerrero, Veracruz, Estado de México, DF, Nuevo León y Jalisco, todos cuentan con un avance menor a 25%. Los gobernadores están perfectamente conscientes de la corrupción que corroe a sus instituciones de seguridad y no quieren correr el peligro de quedarse sin policías en enero de 2013. Pero en lugar de buscar estrategias alternativas para resolver la situación, prefieren continuar repartiendo sin rubor recursos millonarios para aceitar sus maquinarias electorales. Apuestan a que las elecciones del primero de julio generen una coyuntura política diferente que permitirá modificar las exigencias de ley e ignorar los llamados de Calderón.
En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 31 de octubre, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se atrevió a proponer posponer hasta por 12 años el plazo para construir cuerpos policiacos confiables. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también fue transparente: “Yo pienso que los gobernadores quisiéramos tener ya certificada la policía al 100%. Sin embargo, nuestra realidad es otra, no aspiremos a una policía como la de Suiza o países tan avanzados”. De acuerdo con los mandatarios estatales, en lugar de luchar por la paz, habría que conformarnos con la muerte e impunidad, por lo menos en el mediano plazo.
Pero Calderón les sigue tronando los dedos a los gobernadores, no porque tenga un verdadero compromiso con el combate a la corrupción sino por evidentes motivos políticos. No es gratuito el hecho de que el Presidente haya escogido el mes de mayo, y no hasta después de las elecciones, como la fecha clave para presentar avances en la materia. Calderón sabe perfectamente que el tema de la certificación es una farsa. Los exámenes aplicados a nivel federal no se han traducido en mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado.
Al contrario, la comisión de delitos del fuero federal va en aumento y el abuso de autoridad de las fuerzas federales continúa como nunca antes. Las constantes extorsiones cometidas por la Policía Federal en Ciudad Juárez y otros sitios así lo demuestran. Urgir a los gobernadores para que “cumplan” sea como sea, con las metas cuantitativas de la aplicación de exámenes, lo único que podrá arrojar son procesos de certificación simulados con efectos desastrosos. Con examinadores improvisados, mal capacitados y bajo presión, los policías corruptos recibirán fácilmente su certificación, lo que les refrendará su licencia para delinquir, y muchos elementos honestos de estas corporaciones serán despedidos, lo que los expondrá a ser reclutados por el narcotráfico y el crimen organizado. Vale la pena recordar que los centros de evaluación y control de confianza no cuentan con ninguna independencia de los titulares de las secretarías de Seguridad y procuradores correspondientes.
Ni a Calderón ni a los gobernadores les interesa el combate a la corrupción. De nada sirve extirpar las “manzanas podridas de los canastos” por medio de exámenes estériles y simulados, si el mismo canasto está hecho de fibras que incentivan la deshonestidad, la impunidad y la corrupción. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) logra cobrar solamente 0.60% de las multas que aplica y ha dejado de cobrar 61 mil millones de pesos en multas de 1991 hasta la fecha. Estas cifras sólo documentan algo que todos sabemos, el Latinobarómetro de 2011 señala que 55% de la población mexicana, el porcentaje más alto de toda la región, considera a la corrupción el problema más lacerante de nuestro sistema político.
La única solución es transformar radicalmente los marcos institucionales de los cuerpos policiacos para generar nuevos incentivos para la ética pública, la honestidad, y la eficacia policiaca, como por ejemplo serían la implementación de un verdadero servicio civil de carrera policiaca, el establecimiento de nuevos protocolos de actuación, la apertura total a la transparencia y el control ciudadano, y un riguroso control externo y fiscalización por instituciones completamente independientes. En lugar de más simulaciones, evaluaciones estériles y acusaciones mutuas, habría que exigir soluciones de fondo. Lo que falta, como de costumbre, es simple y llana voluntad política.
www.irmaerendira.blogspot.org
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales
y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM
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