Foto: Octavio Gómez
MÉXICO D.F. (Proceso).- Ninguna persona que haya presentado una demanda ante un órgano judicial en México puede dudar de que se han violado varios de sus derechos cuando concurren las siguientes circunstancias: que pasan tres años y medio sin que sepa si la demanda se admite o no; que en los últimos 15 meses ese tribunal no envió señales en torno a los avances de su labor, y que nunca fue respondida su solicitud de reunirse con los titulares del organismo, para finalmente enterarse de que se consideró inadmisible su caso, sin que le comunicaran oportunamente por escrito los motivos que llevaron a adoptar tal decisión.
Si fuera el Estado mexicano el que incurriera en tales omisiones y conductas contra el demandante, el propio Estado podría ser denunciado ante instancias internacionales para que afrontara su responsabilidad por la violación de derechos humanos como el debido proceso y el acceso a la justicia.
Pero ¿qué se puede hacer cuando los hechos mencionados los comete un órgano internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? La respuesta se torna necesaria porque eso es lo que ha sucedido con la petición del director de Proceso en el sentido de tener acceso a las boletas electorales de 2006.
Apenas el pasado 4 de noviembre concluyó el último periodo de sesiones de la CIDH, y se hizo público un anexo donde simplemente se lee que respecto de la petición de Rafael Rodríguez Castañeda se ha emitido un informe de inadmisibilidad que, hasta el momento de escribir estas líneas, no le ha sido notificado al director del semanario.
¿Cómo reaccionar frente a ello? Lo primero es desear que se trate de una equivocación, que simplemente sea un error de dedo, que alguien haya enlistado el caso como inadmisible cuando en realidad tuvo informe de admisibilidad. Pero cuando el sentimiento de negación se agota y se deja de soñar, resurge el cuestionamiento: ¿y ahora de qué manera se debe proceder?
Otros sentimientos que surgen enseguida son el enojo, la frustración, la impotencia, los cuales suelen conducir al denunciante así tratado a reaccionar de forma virulenta en contra de la instancia que ha dictado una resolución desfavorable en una causa en la que el primero tiene plena convicción de que lleva la razón. Pero cuando esa instancia es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ataque visceral debe ser siempre contenido. Al fin y al cabo, el Sistema Interamericano en su conjunto es una esperanza para obtener una anhelada justicia y reparación para millones de personas en este continente.
Además, de momento nada se puede decir en esa línea porque ni siquiera se conoce el razonamiento jurídico empleado para dictar ese informe de inadmisibilidad. Así las cosas, pasada esta tormenta interna, lo constructivo es reafirmar el compromiso con una institución que es garante de nuestros derechos humanos, pero no de un modo condescendiente con sus integrantes, sino estructural. ¿Cómo? Acentuando la lucha por su autonomía institucional y por la independencia de su personal. Porque lo peor sería descubrir que luego de resoluciones adversas a los Estados, éstos castigan a la CIDH con un recorte presupuestal, con menos recursos enviados para su mantenimiento, o al revés, premiándola después de fallos favorables. Y por lo que hace a la independencia, peleando para que en manos de la sociedad y no de los gobiernos queden los nombramientos principales, pues debe evitarse que a los altos puestos de la Comisión se promueva gente afín a los intereses de Estado.
Como sea, ahí no termina el asunto. Al interior de este país, la reforma constitucional en materia de derechos humanos proporciona otra alternativa. Hoy se puede solicitar una vez más acceso directo a las boletas electorales de 2006 en tanto que el Instituto Federal Electoral tiene la obligación de interpretar conforme a las normas más favorables a las personas el marco legal que ha usado como pretexto para aducir que las boletas son indisponibles. Y si así no lo hiciere, los órganos judiciales pueden no aplicar los artículos que obstaculicen el conocimiento público de dichos documentos antes de que alguien se disponga a destruidos.
Claro está que tal opción tendrá que intentarla alguien más que el director de Proceso, tal vez mucha gente más, personas interesadas en contar de cara al 2012 con un sistema electoral que no deposite su acto fundacional, el voto, en una cuestión de fe: creer que las actas reflejan fielmente las boletas electorales. Entre tanto, si la actual integración de la Comisión Interamericana no ha estado a la altura de lo que de ella se esperaba, pueden explorarse otras vías también en el ámbito internacional.
Una causa de interés público como la que está detrás del acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006 no merecía la decisión de inadmisibilidad que anuncia el escueto comunicado de referencia. La sociedad mexicana no puede conformarse con creer y olvidar, pues tiene derecho a saber lo ocurrido ese año, y sólo así algún día podremos aspirar a vivir en un régimen democrático, no de fantasía. l
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*Codirectora de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A. C. (Litiga OLE)
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