La justicia que queremos

Miguel Carbonell

Uno de los obstáculos más formidables para el desarrollo de México consiste en la debilidad de nuestro Estado de derecho. Todos los indicadores relativos a la eficacia de nuestros aparatos de justicia nos ponen fuera de la jugada. Salimos perdiendo en casi cualquier comparación internacional, si nos medimos con los países más desarrollados.

Por ejemplo, tenemos un severo problema con los ministerios públicos, algunos de los cuales no están preparados para hacer su trabajo o bien se dejan comprar por el mejor postor. Las investigaciones no llegan correctamente integradas hasta los jueces y eso provoca impunidad en alto grado.

Por su parte, los juzgados y tribunales ni siquiera cuentan con los medios materiales para hacer bien su labor, sobre todo en algunas entidades federativas. Aunque cueste creerlo, en pleno siglo XXI los expedientes judiciales todavía se cosen con aguja e hilo. Ya se podrá imaginar el lector la falta de profesionalismo con que se manejan las pruebas y las demás constancias procesales, indispensables para poder emitir una resolución justa.

En enero de 2012 comenzarán a funcionar los juicios orales en materia mercantil en todo el país. A menos de dos meses para que eso suceda, la gran mayoría de los poderes judiciales no están preparados ni siquiera en lo más básico: el espacio físico para que se lleven a cabo las audiencias. Igualmente, ya debería estar en marcha la gran reforma de la justicia penal, aprobada en 2008 y que apenas una decena de entidades federativas ha ido impulsando, con más ganas que talento en muchas ocasiones. Desde la Presidencia de la República “solamente” se tardaron tres años en redactar la iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales, que es la primera de las varias normas que se deben renovar en profundidad para hacer que la reforma camine a nivel federal. Hoy la iniciativa está a consideración de la Cámara de Diputados, que tampoco ha demostrado tener mucha prisa en aprobarla.

La lentitud del gobierno en la confección del Código Federal de Procedimientos Penales demuestra que, lejos del discurso oficial, nunca ha existido una estrategia integral de combate a la delincuencia. Nadie puede creer que un país sea eficiente contra los delincuentes si no cuenta con juzgados y tribunales que dicten sentencias y determinen las sanciones correspondientes. Si esa pieza maestra del sistema penal no funciona o carece de los apoyos suficientes, el Estado se verá obligado a soltar a las personas que detengan como sospechosos o bien tendrá que ejecutarlas para que no sigan delinquiendo. Es probable que se hayan producido ambos supuestos en los años recientes. El reciente informe de Human Rights Watch documenta importantes abusos por parte de las fuerzas de seguridad, como lo ha venido refiriendo también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de decenas de recomendaciones.

Si queremos que México siga siendo atractivo para las inversiones extranjeras, para que nos visiten los turistas y para que nuestras familias crezcan seguras, debemos invertir en la construcción de un Estado de derecho que hoy simplemente no existe.

Un Estado de derecho sólido permite elevar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de un país, genera empleo al dar seguridad jurídica a trabajadores e inversionistas, permite que florezca el comercio y que fluya el intercambio de bienes y servicios, alienta la rendición de cuentas y el buen desempeño de las autoridades, etcétera. Ya nadie puede dudar que, sin Estado de derecho, el futuro de México estará marcado por la mediocridad de su desempeño económico, la falta de seguridad jurídica de cualquier inversión y las dificultades para hacer frente a una delincuencia descontrolada. No es eso lo que deseamos millones de mexicanos para nosotros y para nuestros hijos.

Por eso es que el tema del Estado de derecho, con todas sus complejidades y aristas, debería formar parte esencial de la agenda pública en el contexto de la elección del 2012. Debemos ser muy exigentes con los candidatos, así como con quienes se van a presentar ante nosotros para ser legisladores federales y locales. Debemos preguntarles qué van a hacer para construir un Estado de derecho en el país y cómo van a hacerlo. Hay que rechazar los discursos vacíos y estar atentos para apoyar a las mejores propuestas: las que sean viables y estén apoyadas por planes concretos para ser realizadas.

En el tema del Estado de derecho nos jugamos buena parte del futuro del país. Hay que ponerle la mayor atención que sea posible.

Investigador del IIJ de la UNAM