Los colectivos recalcaron el trabajo que han realizado durante años en los más diversos temas y acontecimientos, como la promoción de los derechos humanos, la paz en Chiapas, la democracia sindical, la observación electoral, la aceptación de la diversidad, la protección del medio ambiente y la promoción de actividades productivas, entre otros.5/02/2019
Las ONG reivindican importancia de su labor ante postura de AMLO
Los colectivos recalcaron el trabajo que han realizado durante años en los más diversos temas y acontecimientos, como la promoción de los derechos humanos, la paz en Chiapas, la democracia sindical, la observación electoral, la aceptación de la diversidad, la protección del medio ambiente y la promoción de actividades productivas, entre otros.12/09/2016
ONG’S convocan a manifestación para exigir fin “a la guerra contra el narco” y recordar a los desaparecidos
6/21/2016
Colectivos europeos y de Oceanía exigen al gobierno mexicano respetar manifestaciones de maestros
Responsabilizan por los muertos en Oaxaca al gobernador Gabino Cué; al secretario de Educación, Aurelio Nuño; al de Gobernación, Osorio Chong y al presidente Peña Nieto.
11/28/2011
Denuncian "impunidad uniformada" en México
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó este miércoles al ejército de México de haber torturado y asesinado a civiles y de haber violado a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico.

El gobierno de Calderón ha desplegado miles de efectivos en el país con el fin de combatir el narcotráfico.
En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas.
HRW, que tiene sede en Nueva York, asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.
De acuerdo al documento, presentado ante miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón, los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles.
La organización alega que, si bien el ejército investigó varios casos y que los detalles están bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destacó que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus (propias) acciones, especialmente cuando se trata de (combatir a los) traficantes de droga".
La corresponsal de BBC Mundo en México, Cecilia Barría, informó que el informe tuvo pocas repercusiones en la prensa local debido a que el país está con los ojos puestos en la evolución de la influenza porcina.
Casos
El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.
En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol o drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.
El documento también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.
El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.
Human Rights Watch le propuso al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.
Todavía el gobierno mexicano no ha emitido una declaración sobre estas denuncias.
Recientemente, Calderón envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado.
Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos en una lucha contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.
11/15/2011
El informe de Human Rights Watch para México

José Ramón Cossío D.
La semana pasada, Human Rights Watch (HRW) dio a conocer su informe México. Ni seguridad, ni derechos. A pesar de los graves señalamientos que en él se hacen sobre la situación de los derechos humanos en el país, la atención que recibió se redujo, básicamente, a reproducir la cifra de 170 casos de tortura, 39 de desapariciones y 24 de ejecuciones extrajudiciales. Poco más se dijo y el informe se perdió en la masa informativa. Sin embargo, por la gravedad de las cifras, pero también por lo mucho que en otras partes se dice sobre lo que vivimos y lo que podemos hacer para evitar su agravamiento, debe ser retomado y discutido públicamente.
Para hacerlo me detengo en una de sus partes más relevantes: las recomendaciones. Éstas se dirigen a diversas autoridades del Estado y no sólo al Ejecutivo federal y a su administración. Por el contrario, y sin dejar de reconocer que parte de los problemas que vivimos derivan de la manera como el Presidente inició y mantiene lo que el propio informe llama “guerra”, en el documento se asume que las soluciones a la situación deben provenir de diversas autoridades. Sin que se haga explícito, aquello que se está resaltando es que el único modo de lograr la disminución de las violaciones a derechos humanos e incremento de los niveles de seguridad es mediante la actuación de los órganos de los tres niveles de gobierno. Es decir, el informe apunta a la necesidad de que se le dé sentido a la división de poderes y al sistema federal a efecto de realizar los correspondientes “pesos y contrapesos” al Ejecutivo federal.
¿Qué recomienda el informe? En primer lugar, que todos los casos de presuntas violaciones a derechos humanos se sometan a la justicia penal ordinaria. Esta propuesta se basó en el hecho de que, a juicio de HRW, las fuerzas de seguridad del Estado están violando los derechos humanos de la población en su lucha contra la delincuencia. Para ello, se propone reformar el Código de Justicia Militar, lo que, como se sabe, es tarea del Congreso y del presidente. Igualmente, se pide a las procuradurías federal y locales que dejen de remitir a la Procuraduría Militar los casos en que estén involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas.
En segundo lugar, en el informe se recomienda avanzar con seriedad en la reforma penal que habrá de dar lugar a un sistema acusatorio y oral en todo el país, esto como medio para transparentar y hacer eficaces los procesos. El llamado en este caso está dirigido a las autoridades legislativas que no han emitido la correspondiente legislación ni han asignado presupuestos; a las judiciales que no se están preparando para los cambios que vienen, ni han aplicado aquellas partes de la reforma penal que ya entraron en vigor, y a los ejecutivos que no han iniciado las tareas de transformación de policías, peritos y fiscales.
La tercera recomendación es garantizar el debido proceso a fin de prevenir abusos contra detenidos. En particular, impedir que admitan pruebas obtenidas con tortura, asegurar que las fuerzas de seguridad pongan de inmediato a los detenidos a disposición del Ministerio Público y poner fin a la práctica del arraigo para justificar detenciones arbitrarias. Estas medidas corresponden a policías, fiscales y juzgadores federales y locales, pero también a los legisladores, que deben modificar las normas para poner fin a las prácticas que permiten que detenidos y procesados queden al margen de las actuaciones judiciales.
Una recomendación más apunta a la necesidad de crear protocolos para investigar la muerte de personas en enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad, crear leyes que regulen el uso de la fuerza estatal y crear bases de datos confiables para desapariciones, detenciones y muertes. Se propone que las comisiones de derechos humanos actualicen sus formas de actuación para comprender y hacer frente a los fenómenos actuales, actuando con diligencia y, sobre todo, perspicacia, para evitar violaciones especialmente ahí donde existan fuertes concentraciones de miembros de las Fuerzas Armadas.
Se puede estar o no de acuerdo con la metodología del informe, pero, en el segundo caso, se tendría que explicar por qué. Se puede o no coincidir con los resultados numéricos a los que se arribó, pero también se tendría que demostrar dónde están los sesgos en las 200 entrevistas y en los informes recabados o en la interpretación que de ellos se han hecho. Se puede convenir o no con las recomendaciones, pero en caso de que no fuere así se tendrían que proponer alternativas serias y fundadas. Lo que sí es necesario hacer es admitir que el informe es una muy seria llamada de atención a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que en su ámbito competencial generen pesos y contrapesos institucionales al modo como se está conduciendo el actual modelo de “seguridad pública” en todo el país.
Twitter: @JRCossio
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
8/11/2011
Gendes: la apuesta por erradicar la violencia masculina
El cuerpo nuestro de cada día
Por Hena Carolina Velázquez Vargas*
México, DF, 9 ago 11 (CIMAC).- En fecha reciente acudí a conocer un alentador modelo de atención dirigido a hombres interesados en trabajar su violencia.
Lo promueve una organización de la sociedad civil que lleva por nombre Género y Desarrollo (Gendes). Tiene como sede el Distrito Federal y desde esta ciudad capital aplica el Programa “Hombres Trabajando(se)”, creado por Antonio Ramírez en San Francisco, California, en el 2003.
Una de las mayores bondades de esta propuesta ha sido abrir un espacio para que los hombres elaboren sus procesos internos y contacten con su mundo emocional, de manera individual, en grupo o en la comunidad.
Tras reconocer que la violencia existe cuando a las mujeres se les agrede, discrimina o invisibiliza por el simple hecho de ser mujeres, con su labor quienes participan en Gendes buscan “reflexionar, cuestionar y deconstruir los códigos y reglas culturales” que marcan la manera de ser hombres en la sociedad actual.
Para mostrar esta realidad retoman datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): en México tres de cada cinco mujeres viven este tipo de violencia, lo cual es un reflejo de un problema de salud pública, señalan.
A partir de su misión —prevenir y erradicar la violencia masculina y dirigir su trabajo a hombres dispuestos a explorar su vida personal—, con el modelo de atención se proponen fortalecer la relación de los hombres con su pareja y/o la comunicación con sus hijas e hijos y su núcleo familiar.
A partir de una experiencia de siete años y bajo la premisa de que las actitudes, los valores y los comportamientos asumidos desde la identidad masculina tradicional —machista, patriarcal, dominante o hegemónica— son una construcción social, están convencidos de que la violencia ejercida por los hombres es modificable.
“Todo hombre, si así lo decide, puede cambiar sus pensamientos
y acciones machistas para dar paso a nuevas formas de relacionarse ancladas en el respeto y la igualdad de las mujeres”, afirman.
Y consideran prioritaria su participación con los hombres para “erradicar la violencia de género, el desequilibrio social y la inequidad en las relaciones humanas, impulsando con ello el ejercicio de una verdadera vida democrática que, a su vez, genere las condiciones para el desarrollo de nuestra sociedad”.
Por ello, una parte de su trabajo es tender puentes y alianzas con otras organizaciones e instituciones de mujeres para lograr un trabajo conjunto y cooperativo.
La fuerza política y movilizada de las mujeres para denunciar, exigir y proponer alternativas para sembrar un mundo libre de violencia ha tenido su eco.
Como bien afirma la feminista Marcela Lagarde, el feminismo ha abierto un camino inédito al constatar que las raíces de la violencia se encuentran en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y en la opresión de las mujeres.
En el modelo que promueve Gendes se ve la influencia del movimiento feminista, así lo explican en su página web.
Gendes lo fundó “un grupo multidisciplinario de profesionales en ciencias sociales, simpatizantes del movimiento feminista, que trabajan desde la perspectiva de género para disminuir y erradicar la violencia masculina”.
Enhorabuena para esta propuesta que estoy segura generará mayores impactos en la prevención y erradicación de la violencia de género que tanta falta hace en México.
* Periodista mexicana, narradora oral, facilitadora de grupos, terapeuta con Enfoque Centrado en la Persona y Gestalt e instructora asociada del Sistema Tao Curativo.
7/25/2011
Ley de Seguridad Nacional: urgente para todos, menos para las Cámaras
Ante la preocupación del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, el Congreso se dilata en tomar una decisión sobre las distintas minutas presentadas por senadores y diputados.
Las semanas previas a la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) son las de una creciente presión para militares y marinos, quienes buscan que el texto final se apruebe y les sea favorable; las de varios desencuentros entre senadores y diputados federales, quienes aseguran que las versiones finales de sus minutas sobre el tema son las adecuadas y deben ser aprobadas a la brevedad; son también las de presiones de académicos y organizaciones civiles que pugnan por establecer mayores controles sobre las Fuerzas Armadas, en un contexto en el que se suceden las acusaciones por abusos castrenses en contra de la población civil en el combate al narcotráfico.
Porque las recientes denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por la milicia en distintos puntos del país no hacen sino empeorar las cosas para el Ejército y la Marina. Por eso es urgente que se apruebe a la brevedad la LSN, porque ésta constituiría un paso adelante en la realización de otras reformas en el seno del Ejército, como la del Código de Justicia Militar, “que es obsoleto y debe actualizarse”, como sostiene en entrevista con M Semanal el abogado Alejandro Carlos Espinosa, doctor especializado en Derecho Militar, director de la revista Criminogénesis y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los cambios y la aprobación de la LSN son necesarios porque es urgente replantear los alcances de las acciones de los militares en esta lucha, por una razón fundamental: “Las Fuerzas Armadas mexicanas actúan desde hace años, y especialmente en esta administración, al margen de la Constitución y apoyadas en una jurisprudencia débil (de 1996) que no está siendo suficiente para justificar y apoyar sus acciones en el marco de la lucha contra el narcotráfico”, advierte el jurista.
René Arce, senador independiente —aunque registrado aún como miembro del Partido de la Revolución Democrática— que integra la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional (CBSN), está convencido de que la minuta elaborada por el Senado de la República y enviada desde abril para su revisión y aprobación a la Cámara de Diputados es la correcta. Ésta, dice el senador, contiene todos los aspectos fundamentales para delimitar la labor de los militares en el combate al crimen organizado. “No es perfecta, pero se trata de un documento estudiado y elaborado con mucho cuidado que aún puede ser mejorado si los diputados lo creen conveniente; pero considero que como la envíamos está bien, tiene lo necesario para ser una buena LSN”, explica en entrevista con M Semanal.
Arce fue consultado sobre la inminente discusión de la LSN, a la cual los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abonan cada semana nuevas presiones al reunirse con diputados federales, con quienes discuten o proponen nuevos cambios o perfiles distintos para añadir atribuciones, eliminar obstáculos que entorpezcan sus acciones antidrogas o que amenacen con hacerlos blanco de acusaciones y juicios por sus excesos en el combate al narcotráfico. Las reuniones han sido encabezadas por los generales Ezequiel Carlos Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar; Jaime Juárez González, jefe de la Asesoría Jurídica de la Sedena; el jefe de la Sección Quinta, general Guillermo Almazán Bertotto, así como el subjefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estrategia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el coronel Román Carmona Landa.
Estos militares de alto rango han acudido a la Cámara de Diputados en diversas ocasiones para encontrarse con integrantes de las comisiones de Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad Pública y la CBSN. El senador Arce ha sido uno de los interlocutores de los generales, quienes han insistido en que la actual ley, reformada en este sexenio pero heredada del de Vicente Fox, “se queda muy corta”.
“Lo que más les preocupa es no tener ese marco jurídico; lo que nos piden es eso, que ya salga y que se discuta, porque si no, actúan y no vayamos a salir luego con que están haciendo algo que no se va a permitir”, dice el legislador. “El problema con una nueva discusión y análisis de la ley que le enviamos a los diputados —continúa— es que los tiempos para su aprobación se alargarían más y eso no es lo deseable. El otro asunto es que los diputados le metieron demasiados puntos, demasiados temas, y eso acabó por empantanar la discusión”, añade Arce.
—Lo mejor de la minuta que ustedes elaboraron, ¿qué es?
—Haber definido cuándo, en qué momento se puede y se debe dar una declaratoria de emergencia para pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en una zona de conflicto en donde la delincuencia haya rebasado a las autoridades de todos los niveles. Eso es lo más claro de la minuta, lo más trascendental—, precisa el senador.
TAL CUAL
El diputado federal priista Alfonso Navarrete, a quien pudiera calificarse como el “padre” de la nueva LSN, dice que la minuta preparada es una versión mejorada, mucho más precisa y efectiva, del documento enviado por los senadores a San Lázaro, “porque establece con toda precisión y claridad las formas y los tiempos para hacer la declaratoria de afectación a la seguridad interior. Es una minuta que difiere completamente de la del Senado”, apunta Navarrete. “Nuestra minuta divide facultades y temas, separa claramente los asuntos de seguridad pública y seguridad nacional, reglamenta con precisión las facultades del Ejecutivo Federal que están plasmadas en el artículo 89 de la Constitución, en el que está obligado a preservar la seguridad de la nación y a hacer uso de la totalidad de la fuerza armada permanente, pero sobre todo obliga a que cuando se muevan tropas en tiempos de paz, se tengan que emitir una serie de declaratorias de afectación a la seguridad interior para que se dé un acto de control de la constitucionalidad concreto y no en lo abstracto”, explica.
—¿Cuáles son las ventajas, los puntos destacados de la minuta de los diputados?
—Entre los puntos más destacados está el hecho de que se le dará intervención a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y se establece con claridad quién es el responsable de las operaciones mientras las Fuerzas Armadas atienden la emergencia de afectación.
—¿Y quién será el responsable?
—Las autoridades civiles coordinarán las acciones. Los militares estarán bajo control civil, y además se establecerán con puntualidad los tiempos y la territorialidad en las que se ubicará el desplazamiento de las tropas. Lo único que falta es que el gobierno federal y el PAN definan su postura y señalen con qué documento están, a cuál de las dos minutas apoyan. Eso es lo que espera el PRI.
—¿Los militares apoyan su documento?
—Sí, desde luego.
—¿Qué propusieron ellos?, ¿qué cambios introdujeron?
—Ellos van a ir afinándolo, pero el tema de fondo está en las definiciones, como el hecho de aceptar que seguridad pública y seguridad nacional son cosas distintas; aceptar que la seguridad nacional es asunto del Ejecutivo y de los Poderes de la Unión, y que la seguridad pública es asunto de las autoridades civiles, incluyendo a gobernadores y municipios. Aceptamos que hay una gradualidad en los niveles de amenazas y que las Fuerzas Armadas sólo podrán entrar en el último escalón, y que el fuero para castigar delitos que se cometan en la lucha contra la delincuencia será civil.
POR PRIMERA VEZ
El asunto es que la minuta elaborada por los diputados federales a partir del documento que hace más de un año les enviaron los senadores para su revisión y aprobación tiene cambios sustanciales. Allí se reglamenta por primera vez el artículo 89 constitucional, que faculta al Presidente de la República para “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
El documento de San Lázaro también deja en claro el marco legal en el que podrán actuar las Fuerzas Armadas mexicanas, las cuales, de manera precisa, no podrán hacer labores de tipo policiaco, y sobre todo que cuando militares y marinos estén en contacto con la población civil en el curso de operaciones para restablecer el orden o en combate antinarcóticos, siempre estarán bajo la supervisión de agentes del Ministerio Público Federal.
La más importante de las resoluciones sería la de darle al Presidente de la República un plazo máximo de 90 días para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior como consecuencia de la actividad criminal. Si en ese lapso el Presidente no emite la declaratoria de afectación, se entenderá que las actividades militares deberán cesar y las tropas deberán regresar a sus cuarteles, según la minuta elaborada por los diputados federales.
En tanto, soldados y marinos siguen envueltos en violaciones graves a los derechos humanos. En Cuernavaca, Morelos, al menos tres militares (un coronel, un teniente y un subteniente) están presos y bajo investigación por la desaparición y muerte del joven electromecánico Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el primero de mayo de este año.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, familiares de Fortino Martínez Martínez denunciaron que desde junio un grupo de marinos irrumpió en su casa sin orden de aprehensión y se lo llevó a un cuartel naval sin decirles a ellos por qué lo detuvieron y de qué se le acusaba. Hasta la fecha la Marina ha negado cualquier participación en la desaparición.
Por su parte la Sedena asegura, mediante su subdirector de Derechos Humanos, el coronel de Justicia Militar Aníbal Trujillo Sánchez, que la totalidad de los 206 mil integrantes del Ejército y Fuerza Aérea han tomado cursos sobre respeto a las garantías individuales. Las estadísticas de la dependencia señalan que hasta el día 19 de julio de 2011 se han presentado cinco mil 371 quejas ante la CNDH en contra de esa secretaría, de las que han resultado 86 recomendaciones, apenas el 1.6 por ciento de la totalidad de las quejas.
MAYOR CONTROL A MILITARES
En tanto, instancias como la Comisión Mexicana de Derecho y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha advertido sobre el tema que “la LSN que hoy se discute en la Cámara de Diputados ha generado polémica entre la sociedad civil, principalmente debido a que establecería un régimen cívico-militar con poderes de excepción inusitados para las Fuerzas Armadas”, y que éstas “estarían facultadas para intervenir sin controles democráticos en asuntos de seguridad pública y justicia penal, así como otras que han llegado a preverse en las discusiones, tales como lo político-electoral, laboral o social, e incluso la aprobación expresa de la aplicación de la jurisdicción militar a casos en los que estuvieran involucrados civiles”.
La CMDPDH critica al menos cuatro puntos que considera claves para explicar las irregularidades de la LSN elaborada por el Senado: señala que el concepto de “seguridad interior” se refiere a asuntos de competencia de los cuerpos civiles de seguridad pública, y ninguna de las disposiciones referidas a ese concepto tienen cabida en una ley destinada a regular la seguridad nacional, ni pueden concederse facultades a los cuerpos de inteligencia civil o militar ni a las Fuerzas Armadas para atender asuntos de la llamada “seguridad interior”. Por ello, dice, “deberá dictaminarse en sentido negativo todo lo relativo al concepto de ‘seguridad interior’, lo cual incluye el desechamiento del mecanismo de atención a las afectaciones de la seguridad interior y las facultades previstas para las Fuerzas Armadas o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que se encuentren relacionadas al concepto de ‘seguridad interior’”.
La CMDPDH añade que “el concepto de paz graduada creado por la Junta de Coordinación Política es insostenible, ya que sólo existe situación de paz o situación de guerra, sin que pueda afirmarse la existencia de alguna condición intermedia, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 129”, y advierte que “por ningún motivo debe contemplarse procedimiento alguno en el que estén involucradas las Fuerzas Armadas con ausencia de mecanismos de control democráticos que incluyan la supervisión del Congreso, el control y el monitoreo jurisdiccional de las actuaciones, así como la supervisión permanente de la sociedad civil, la CNDH y del Instituto Federal de Acceso a la Información”.
Por su parte, Espinosa asegura que en tormo a la discusión sobre la LSN hay varios elementos dignos de destacar, y el más importante es el del “parteaguas que se está dando respecto al Ejército y sus funciones en materia de seguridad pública”. La idea central con la LSN es la de darles legitimidad a los militares para realizar ciertas tareas, porque algunas están, hasta este momento, “al margen de la Constitución y solamente avaladas por los criterios, por las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación”.
Si la LSN no se aprueba en las próximas semanas, lo que se verá será un retiro gradual de las Fuerzas Armadas, a pesar de que la Policía Federal ha demostrado que aún no está a la altura de las exigencias del combate al crimen organizado. Pero si la LSN que se apruebe “no está a su vez a la altura de los estándares en materia de respeto a los derechos humanos a nivel internacional”, de poco servirá su entrada en vigor, advierte Espinosa.
7/05/2011
ONU y organizaciones civiles analizan situación de los derechos humanos en México

MÉXICO, D.F. (apro).- La aplicación del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos, la presencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, las dificultades para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los riesgos que corren los defensores de derechos humanos y las acciones de limpieza social entre la población callejera, fueron algunas de las preocupaciones que puso de manifiesto la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, durante reuniones con organizaciones civiles y académicos.
Durante su gira por México, Pillay sostuvo varios encuentros con miembros de la sociedad civil, para “tener un panorama previo” a las reuniones que sostendrá con funcionarios de alto nivel entre ellos el presidente Felipe Calderón.
La funcionaria de la ONU recibió información sobre la seguridad del país, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Calderón en diciembre de 2006, y más tarde sobre la situación en general de los derechos humanos en México.
Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y partícipe del encuentro, narró a Apro que ante el deterioro de los derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, la alta comisionada “se mostró preocupada” porque pese a los señalamientos continuos de organismos internacionales y de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en México se siga aplicando el fuero militar en la investigación abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
Navi Pillay, dijo Cortez en entrevista, coincidió con los miembros de las organizaciones civiles sobre la inconveniencia de que “la temporalidad de las funciones de seguridad pública de las fuerzas armadas, se esté convirtiendo, de facto, en una presencia permanente”.
El activista destacó que entre los temas abordados con mayor insistencia por la alta comisionada, destacaron los que “tuvieron que ver con el sistema de justicia en México, que deja en el desamparo tanto a víctimas como a presuntos delincuentes”, porque esta situación, dijo, se suma a las dificultades que se están viviendo para aplicar las reformas del nuevo sistema de justicia penal.
En el segundo encuentro, Agnieszka Raczynska, secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red-TDT), explicó que la comisionada de la ONU coincidió con las “preocupaciones” expuestas durante el encuentro, sobre todo con la impunidad y el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), así como la falta de voluntad para acatar recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
En entrevista, Raczynska acotó que los representantes de una treintena de agrupaciones coincidieron en que por parte del gobierno de Felipe Calderón hay una “renuncia del diálogo”, sobre todo en casos que tienen que ver con la protesta social, así como para implementar mecanismos de protección para defensores, periodistas y organizaciones que atienden temas de libertad de expresión.
Raczynska agregó que Pillay pidió a los defensores abundar sobre la presunta estrategia de “limpieza social” del Gobierno de Distrito Federal entre la población callejera, así como de sobre la incidencia de menores de edad y la implementación de las reformas legislativa en materia de derechos humanos.
Cortez y Raczynska señalaron que los integrantes de las organizaciones civiles pidieron a la alta comisionada hacer un balance de los diez años que lleva funcionando en México la oficina de ese organismo dependiente de la ONU.
“Lo que advertimos es que la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada no ha influido en la modificación de políticas públicas, por lo que creemos que es momento de hacer una revisión de la estrategia que debe tomarse para acabar, de una vez con todas, con la simulación”, apuntó Edgar Cortez.
En la reunión de seguridad, además de Cortez, estuvieron Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); académicos e investigadores, como Ernesto López Portillo; el abogado genera la UNAM, Luis Raúl González Pérez; así como Isabel Miranda de Wallace y la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, Josefina Ricaño.
En el segundo encuentro estuvieron presentes el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Red por los Derechos de la Infancia; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas; el Centro Fray Francisco de Vitoria, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el IMDHD, la CMDPDH, el Centro Prodh, entre otras organizaciones.
7/02/2011
Piden intermediación de Alta Comisionada contra militarización
OSC denunciarán violaciones a DH ante Navi Pillay
México, DF, 1 jul 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles denunciarán ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que la política de militarización, como parte de la guerra contra el narco, agravó las violaciones a las garantías humanitarias y la violencia contra las mujeres.
En la visita oficial que realizará Pillay —la cual inicia este domingo en Oaxaca y termina el próximo día 9 en esta capital—, grupos sociales se reunirán con ella para informarla sobre la violencia ejercida por el Estado contra las mexicanas y evidenciar así “el fracaso” de las políticas de seguridad aplicadas por Felipe Calderón.
De acuerdo con la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Cristina Hardaga Fernández, uno de los temas que se tratarán en las reuniones de la próxima semana es el contexto de militarización y violencia que de diciembre de 2006 a abril de 2011 cobró la vida de cerca de 40 mil personas.
En entrevista, señaló que las OSC expondrán el impacto de la militarización en las zonas indígenas del país y las fallas de un sistema de justicia que cuestiona y niega que las mujeres sean víctimas de violencia.
Así por ejemplo presentarán el caso de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares en 2002.
Los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo llegaron al sistema interamericano de DH y fue causa de que en octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera la primera sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por su responsabilidad en la tortura sexual ejercida por militares.
Hardaga Fernández explicó que una de las expectativas es que la Alta Comisionada conozca y se pronuncie respecto a la postura de las OSC que afirman que el Ejército no debe investigar casos de violaciones a DH, toda vez que para esta tarea están facultados los operadores del sistema de justicia civil.
EL CASO CIUDAD JUÁREZ
La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Imelda Marrufo Nava, dijo que un caso emblemático de los estragos de la militarización es Ciudad Juárez, un lugar que reúne las peores condiciones de impunidad y violencia.
Es por ello que presentarán a Navi Pillay el caso de esta urbe como un ejemplo emblemático de las precarias condiciones de seguridad en México. La activista explicó que desde hace cuatro años, cuando el gobierno federal envió a las fuerzas armadas a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, la sociedad exigió el fin de la militarización, hecho que no ha ocurrido.
De acuerdo con esta organización, esta “guerra” ha invisibilizado el fenómeno de violencia contra las mujeres, cuya expresión más extrema es el feminicidio, un tema que aunado a la desaparición de mujeres ha marcado a la ciudad fronteriza en los últimos años. Dijo que tan sólo del 1 de enero al 17 de junio de este año se han cometido 116 asesinatos dolosos de mujeres.
Según información de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, las cifras se han disparado ya que en 2008 se documentaron 87 asesinatos de mujeres, en 2009 fueron 164 y en 2010 alcanzaron la cifra de 306 casos de feminicidio, los que en su mayoría siguen en la impunidad.
Marrufo Nava destacó que el clamor de justicia se hizo presente en los primeros días de junio, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, recorrió el país para recoger los testimonios que dan cuenta de la necesidad de políticas de seguridad que prioricen los DH.
La activista también precisó que si bien Felipe Calderón ha dado señales de no dar un paso atrás en su estrategia de militarización, como lo expresó en la reunión en el Castillo de Chapultepec con familiares de víctimas de la violencia, espera que la Alta Comisionada lleve estas demandas al titular del Ejecutivo.
Navi Pillay se reunirá con Felipe Calderón y los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Seguridad Pública, y con la procuradora general de la República. También con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autoridades de la Ciudad de México.



