Ante la preocupación del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, el Congreso se dilata en tomar una decisión sobre las distintas minutas presentadas por senadores y diputados.
Las semanas previas a la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) son las de una creciente presión para militares y marinos, quienes buscan que el texto final se apruebe y les sea favorable; las de varios desencuentros entre senadores y diputados federales, quienes aseguran que las versiones finales de sus minutas sobre el tema son las adecuadas y deben ser aprobadas a la brevedad; son también las de presiones de académicos y organizaciones civiles que pugnan por establecer mayores controles sobre las Fuerzas Armadas, en un contexto en el que se suceden las acusaciones por abusos castrenses en contra de la población civil en el combate al narcotráfico.
Porque las recientes denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por la milicia en distintos puntos del país no hacen sino empeorar las cosas para el Ejército y la Marina. Por eso es urgente que se apruebe a la brevedad la LSN, porque ésta constituiría un paso adelante en la realización de otras reformas en el seno del Ejército, como la del Código de Justicia Militar, “que es obsoleto y debe actualizarse”, como sostiene en entrevista con M Semanal el abogado Alejandro Carlos Espinosa, doctor especializado en Derecho Militar, director de la revista Criminogénesis y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los cambios y la aprobación de la LSN son necesarios porque es urgente replantear los alcances de las acciones de los militares en esta lucha, por una razón fundamental: “Las Fuerzas Armadas mexicanas actúan desde hace años, y especialmente en esta administración, al margen de la Constitución y apoyadas en una jurisprudencia débil (de 1996) que no está siendo suficiente para justificar y apoyar sus acciones en el marco de la lucha contra el narcotráfico”, advierte el jurista.
René Arce, senador independiente —aunque registrado aún como miembro del Partido de la Revolución Democrática— que integra la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional (CBSN), está convencido de que la minuta elaborada por el Senado de la República y enviada desde abril para su revisión y aprobación a la Cámara de Diputados es la correcta. Ésta, dice el senador, contiene todos los aspectos fundamentales para delimitar la labor de los militares en el combate al crimen organizado. “No es perfecta, pero se trata de un documento estudiado y elaborado con mucho cuidado que aún puede ser mejorado si los diputados lo creen conveniente; pero considero que como la envíamos está bien, tiene lo necesario para ser una buena LSN”, explica en entrevista con M Semanal.
Arce fue consultado sobre la inminente discusión de la LSN, a la cual los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abonan cada semana nuevas presiones al reunirse con diputados federales, con quienes discuten o proponen nuevos cambios o perfiles distintos para añadir atribuciones, eliminar obstáculos que entorpezcan sus acciones antidrogas o que amenacen con hacerlos blanco de acusaciones y juicios por sus excesos en el combate al narcotráfico. Las reuniones han sido encabezadas por los generales Ezequiel Carlos Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar; Jaime Juárez González, jefe de la Asesoría Jurídica de la Sedena; el jefe de la Sección Quinta, general Guillermo Almazán Bertotto, así como el subjefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estrategia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el coronel Román Carmona Landa.
Estos militares de alto rango han acudido a la Cámara de Diputados en diversas ocasiones para encontrarse con integrantes de las comisiones de Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad Pública y la CBSN. El senador Arce ha sido uno de los interlocutores de los generales, quienes han insistido en que la actual ley, reformada en este sexenio pero heredada del de Vicente Fox, “se queda muy corta”.
“Lo que más les preocupa es no tener ese marco jurídico; lo que nos piden es eso, que ya salga y que se discuta, porque si no, actúan y no vayamos a salir luego con que están haciendo algo que no se va a permitir”, dice el legislador. “El problema con una nueva discusión y análisis de la ley que le enviamos a los diputados —continúa— es que los tiempos para su aprobación se alargarían más y eso no es lo deseable. El otro asunto es que los diputados le metieron demasiados puntos, demasiados temas, y eso acabó por empantanar la discusión”, añade Arce.
—Lo mejor de la minuta que ustedes elaboraron, ¿qué es?
—Haber definido cuándo, en qué momento se puede y se debe dar una declaratoria de emergencia para pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en una zona de conflicto en donde la delincuencia haya rebasado a las autoridades de todos los niveles. Eso es lo más claro de la minuta, lo más trascendental—, precisa el senador.
TAL CUAL
El diputado federal priista Alfonso Navarrete, a quien pudiera calificarse como el “padre” de la nueva LSN, dice que la minuta preparada es una versión mejorada, mucho más precisa y efectiva, del documento enviado por los senadores a San Lázaro, “porque establece con toda precisión y claridad las formas y los tiempos para hacer la declaratoria de afectación a la seguridad interior. Es una minuta que difiere completamente de la del Senado”, apunta Navarrete. “Nuestra minuta divide facultades y temas, separa claramente los asuntos de seguridad pública y seguridad nacional, reglamenta con precisión las facultades del Ejecutivo Federal que están plasmadas en el artículo 89 de la Constitución, en el que está obligado a preservar la seguridad de la nación y a hacer uso de la totalidad de la fuerza armada permanente, pero sobre todo obliga a que cuando se muevan tropas en tiempos de paz, se tengan que emitir una serie de declaratorias de afectación a la seguridad interior para que se dé un acto de control de la constitucionalidad concreto y no en lo abstracto”, explica.
—¿Cuáles son las ventajas, los puntos destacados de la minuta de los diputados?
—Entre los puntos más destacados está el hecho de que se le dará intervención a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y se establece con claridad quién es el responsable de las operaciones mientras las Fuerzas Armadas atienden la emergencia de afectación.
—¿Y quién será el responsable?
—Las autoridades civiles coordinarán las acciones. Los militares estarán bajo control civil, y además se establecerán con puntualidad los tiempos y la territorialidad en las que se ubicará el desplazamiento de las tropas. Lo único que falta es que el gobierno federal y el PAN definan su postura y señalen con qué documento están, a cuál de las dos minutas apoyan. Eso es lo que espera el PRI.
—¿Los militares apoyan su documento?
—Sí, desde luego.
—¿Qué propusieron ellos?, ¿qué cambios introdujeron?
—Ellos van a ir afinándolo, pero el tema de fondo está en las definiciones, como el hecho de aceptar que seguridad pública y seguridad nacional son cosas distintas; aceptar que la seguridad nacional es asunto del Ejecutivo y de los Poderes de la Unión, y que la seguridad pública es asunto de las autoridades civiles, incluyendo a gobernadores y municipios. Aceptamos que hay una gradualidad en los niveles de amenazas y que las Fuerzas Armadas sólo podrán entrar en el último escalón, y que el fuero para castigar delitos que se cometan en la lucha contra la delincuencia será civil.
POR PRIMERA VEZ
El asunto es que la minuta elaborada por los diputados federales a partir del documento que hace más de un año les enviaron los senadores para su revisión y aprobación tiene cambios sustanciales. Allí se reglamenta por primera vez el artículo 89 constitucional, que faculta al Presidente de la República para “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
El documento de San Lázaro también deja en claro el marco legal en el que podrán actuar las Fuerzas Armadas mexicanas, las cuales, de manera precisa, no podrán hacer labores de tipo policiaco, y sobre todo que cuando militares y marinos estén en contacto con la población civil en el curso de operaciones para restablecer el orden o en combate antinarcóticos, siempre estarán bajo la supervisión de agentes del Ministerio Público Federal.
La más importante de las resoluciones sería la de darle al Presidente de la República un plazo máximo de 90 días para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior como consecuencia de la actividad criminal. Si en ese lapso el Presidente no emite la declaratoria de afectación, se entenderá que las actividades militares deberán cesar y las tropas deberán regresar a sus cuarteles, según la minuta elaborada por los diputados federales.
En tanto, soldados y marinos siguen envueltos en violaciones graves a los derechos humanos. En Cuernavaca, Morelos, al menos tres militares (un coronel, un teniente y un subteniente) están presos y bajo investigación por la desaparición y muerte del joven electromecánico Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el primero de mayo de este año.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, familiares de Fortino Martínez Martínez denunciaron que desde junio un grupo de marinos irrumpió en su casa sin orden de aprehensión y se lo llevó a un cuartel naval sin decirles a ellos por qué lo detuvieron y de qué se le acusaba. Hasta la fecha la Marina ha negado cualquier participación en la desaparición.
Por su parte la Sedena asegura, mediante su subdirector de Derechos Humanos, el coronel de Justicia Militar Aníbal Trujillo Sánchez, que la totalidad de los 206 mil integrantes del Ejército y Fuerza Aérea han tomado cursos sobre respeto a las garantías individuales. Las estadísticas de la dependencia señalan que hasta el día 19 de julio de 2011 se han presentado cinco mil 371 quejas ante la CNDH en contra de esa secretaría, de las que han resultado 86 recomendaciones, apenas el 1.6 por ciento de la totalidad de las quejas.
MAYOR CONTROL A MILITARES
En tanto, instancias como la Comisión Mexicana de Derecho y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha advertido sobre el tema que “la LSN que hoy se discute en la Cámara de Diputados ha generado polémica entre la sociedad civil, principalmente debido a que establecería un régimen cívico-militar con poderes de excepción inusitados para las Fuerzas Armadas”, y que éstas “estarían facultadas para intervenir sin controles democráticos en asuntos de seguridad pública y justicia penal, así como otras que han llegado a preverse en las discusiones, tales como lo político-electoral, laboral o social, e incluso la aprobación expresa de la aplicación de la jurisdicción militar a casos en los que estuvieran involucrados civiles”.
La CMDPDH critica al menos cuatro puntos que considera claves para explicar las irregularidades de la LSN elaborada por el Senado: señala que el concepto de “seguridad interior” se refiere a asuntos de competencia de los cuerpos civiles de seguridad pública, y ninguna de las disposiciones referidas a ese concepto tienen cabida en una ley destinada a regular la seguridad nacional, ni pueden concederse facultades a los cuerpos de inteligencia civil o militar ni a las Fuerzas Armadas para atender asuntos de la llamada “seguridad interior”. Por ello, dice, “deberá dictaminarse en sentido negativo todo lo relativo al concepto de ‘seguridad interior’, lo cual incluye el desechamiento del mecanismo de atención a las afectaciones de la seguridad interior y las facultades previstas para las Fuerzas Armadas o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que se encuentren relacionadas al concepto de ‘seguridad interior’”.
La CMDPDH añade que “el concepto de paz graduada creado por la Junta de Coordinación Política es insostenible, ya que sólo existe situación de paz o situación de guerra, sin que pueda afirmarse la existencia de alguna condición intermedia, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 129”, y advierte que “por ningún motivo debe contemplarse procedimiento alguno en el que estén involucradas las Fuerzas Armadas con ausencia de mecanismos de control democráticos que incluyan la supervisión del Congreso, el control y el monitoreo jurisdiccional de las actuaciones, así como la supervisión permanente de la sociedad civil, la CNDH y del Instituto Federal de Acceso a la Información”.
Por su parte, Espinosa asegura que en tormo a la discusión sobre la LSN hay varios elementos dignos de destacar, y el más importante es el del “parteaguas que se está dando respecto al Ejército y sus funciones en materia de seguridad pública”. La idea central con la LSN es la de darles legitimidad a los militares para realizar ciertas tareas, porque algunas están, hasta este momento, “al margen de la Constitución y solamente avaladas por los criterios, por las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación”.
Si la LSN no se aprueba en las próximas semanas, lo que se verá será un retiro gradual de las Fuerzas Armadas, a pesar de que la Policía Federal ha demostrado que aún no está a la altura de las exigencias del combate al crimen organizado. Pero si la LSN que se apruebe “no está a su vez a la altura de los estándares en materia de respeto a los derechos humanos a nivel internacional”, de poco servirá su entrada en vigor, advierte Espinosa.
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