Los nuevos virreyes

Miguel Carbonell

La reforma política más importante y más urgente para México no tiene que ver con la reelección legislativa, con la suplencia presidencial, con el referéndum o el plebiscito, ni con las candidaturas ciudadanas. Todo eso es importante y sería muy bueno que estuviera bien regulado por la Constitución mexicana, pero el tema central hoy día para nuestra democracia tiene que ver con los poderes locales y, en concreto, con el poder prácticamente absoluto que tienen los gobernadores de los estados.

Nunca, en toda la historia, las entidades federativas habían recibido tanto dinero como el que han tenido en los últimos años. A través del control que ejercen sobre el voto de los diputados en el Congreso de la Unión, los gobernadores han conseguido presupuestos cada vez más abultados, los cuales han sido gastados, muchas veces, en obras completamente inútiles, destinadas más al lucimiento personal que a servir de modo efectivo a los ciudadanos.

Muchas de esas obras (como sucede por ejemplo en Nuevo León, Oaxaca o Zacatecas) ni siquiera han podido ser utilizadas porque fueron mal construidas o porque no se terminaron a tiempo. El dispendio, la arbitrariedad en el ejercicio del gasto y una más que presumible corrupción es lo que parece ser el común denominador en muchas entidades federativas. Los gobernadores no le rinden cuentas a nadie. Su poder los ha convertido en los nuevos virreyes. Por eso es que la reforma más importante que debemos emprender en la actualidad es la del federalismo mexicano.

Lo sorprendente es que, a pesar de los muchos recursos que han recibido, a algunos gobernadores no les ha alcanzado. Su apetito presupuestal insaciable los ha llevado no solamente a gastar hasta el último centavo que les llega desde la federación, sino también a endeudar a las actuales y a las futuras generaciones.

Cuando Humberto Moreira tomó posesión como gobernador de Coahuila la deuda estatal era de 323 millones de pesos. Al finalizar su mandato era de alrededor de 32 mil millones. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre 2005 y 2009 el gobierno de Chihuahua elevó su deuda en un 709%, el de Oaxaca en un 668%, el de Tamaulipas en un 427%, el de Chiapas en un 424% y el de Nayarit en un 407%. Los virreyes del siglo XXI han demostrado tener un apetito voraz e incontrolado.

Una reforma del federalismo mexicano debe enfrentar al menos dos temas muy delicados: primero, ¿qué atribuciones o competencias le toca desarrollar a cada uno de los niveles de gobierno? Y segundo, ¿qué tipo de controles y qué esquemas de rendición de cuentas deben existir para los poderes locales? Si no resolvemos estos dos asuntos (entre otros que podrían mencionarse), seguiremos teniendo un acuerdo político disfuncional, cuyos principales perjudicados seremos, como siempre, los ciudadanos.

Como lo ha señalado Carlos Elizondo Mayer-Serra, los gobernadores han pasado de tener una “responsabilidad sin poder” a ejercer un “poder sin responsabilidad”. Pese a todas las tropelías que están a la vista de cualquier ciudadano, hasta el momento no hay un solo ex gobernador que haya sido procesado por malversación de fondos, desvío de recursos u otra responsabilidad derivada del mal ejercicio de su cargo al frente de una entidad. Tal parece que muchos de ellos han sabido utilizar distintas artimañas (incluyendo suculentos sobornos a legisladores de los partidos de oposición) para ver aprobadas sus cuentas públicas y salir libres de todo tipo de imputación oficial.
Por si lo anterior fuera poco, los gobernadores han además perfeccionado el arte de aparecer como no responsables en temas que inquietan sobremanera a los ciudadanos. Es el caso de la inseguridad pública que se vive en buena parte del territorio nacional, la que muchos estiman que es responsabilidad del presidente Calderón, cuando lo cierto es que son los gobiernos locales los que han tenido una actuación desastrosa en esa materia.

Recordemos que el 87% de todos los policías que tenemos en México están bajo las órdenes de los gobernadores o de los presidentes municipales y que el 89% de todos los delitos que se cometen les corresponde investigarlos y juzgarlos a las autoridades locales. Pero en esa materia los gobernadores se limitan a pedir más recursos a la federación y a señalar el deber de ayudarlos que tienen las autoridades federales, cuando lo cierto es que han fallado clamorosamente en depurar sus cuerpos policiacos, capacitar bien a sus elementos y darles el equipo necesario para cumplir eficazmente con su deber. En materia de combate a la inseguridad, la enorme mayoría de los gobiernos locales salen reprobados, pero ningún gobernador ha tenido el decoro de reconocerlo y, en consecuencia, presentar su renuncia.

Y no lo hacen ni es probable que lo hagan porque se sienten y se conducen como si fueran virreyes. Lo peor de todo es que lo seguirán siendo mientras nosotros se los sigamos permitiendo.

Twitter: @miguelcarbonell

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM