Chapultepec: continuidad y contrastes

Editorial La Jornada

En el encuentro que se desarrolló ayer en el Castillo de Chapultepec entre representantes del Poder Legislativo y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad pudo presenciarse la continuidad de algunos aspectos positivos observados durante el cónclave que ese mismo movimiento sostuvo el pasado 23 de junio con miembros del gobierno encabezado por Felipe Calderón. El más significativo es la confirmación de un poder político –sea en calidad de gobierno o de representación popular– expuesto a los reclamos de la sociedad, así como la colocación, en el centro de la escena pública y con proyección mediática masiva, de expresiones emblemáticas del dolor, el hartazgo y el agravio provocados por el clima de violencia en el país. Es relevante asimismo que esas expresiones se hayan articulado, en esta ocasión, en torno a reclamos tan críticos como elocuentes –como el expresado por el poeta Javier Sicilia– por la cuota de responsabilidad que corresponde al Congreso de la Unión en la configuración del actual estado de guerra –ya sea por acción o por omisión–; por su desatención presupuestaria a rubros como la educación y la justicia social, sin los cuales el Estado difícilmente puede hacer frente al surgimiento de la delincuencia, y por la anteposición sistemática de los intereses partidistas al bienestar general.

Más allá del acierto en el contenido de tales críticas, el tono enérgico empleado por los representantes de las víctimas parece justificado y procedente, si se toman en cuenta los indicadores recientes sobre la sordera y la indolencia del conjunto de la clase política: baste citar, como botón de muestra, la hostilidad con que ese mismo gobierno ha reaccionado en recientes días, a instancias de su titular de la Secretaría de Marina, en contra de las expresiones ciudadanas en favor de la paz y de los organismos defensores de derechos humanos.

Un aspecto destacable del encuentro de ayer es la continuidad de los representantes de las víctimas en la formulación de propuestas concretas, como correlato de los reclamos lanzados a gobernantes y legisladores: la maratónica jornada de ayer concluyó con el compromiso legislativo de aprobar la llamada reforma política, pero también con planteamientos novedosos sobre la necesidad de discutir y avalar una ley de seguridad ciudadana que ponga énfasis en las visiones garantistas y en el respeto a los derechos humanos, en remplazo de la polémica ley de seguridad nacional que se discute actualmente en el Congreso; con demandas sobre la creación de una comisión de la verdad y de la reconciliación –sin duda, necesaria en un contexto de violencia que se ha saldado con miles de bajas anónimas–, y con un reclamo de normativas orientadas a la protección y la atención de las víctimas. La insistencia en planteamientos conocidos, el surgimiento de nuevas demandas y la complejidad que han ido adquiriendo las mismas permiten ponderar, además del carácter dinámico del Movimiento por la Paz, su creciente capacidad para articular lo que debe entenderse como una amplia diversidad de voces y de vertientes ciudadanas, para desarrollar alternativas de solución a una violencia que, según el discurso oficial, no admite otro camino que el actual, y para incrustar estas visiones en la conciencia cívica.

El punto de contraste ineludible entre la reunión que tuvo lugar hace más de un mes en el Castillo de Chapultepec y la que se desarrolló ayer en ese mismo recinto es que, mientras la primera concluyó en medio de manoteos y renuencias presidenciales a modificar la estrategia actual de seguridad pública, la segunda terminó con el compromiso –por ahora meramente discursivo– de los representantes de las distintas bancadas legislativas a atender el grueso de las demandas formuladas ayer por los representantes de las víctimas.

Ante tal circunstancia, resulta obligado poner en entredicho las lecturas según las cuales el calderonismo habría salido fortalecido tras el encuentro del 23 de junio: ahora, y ante la aparente apertura de los legisladores por atender, así sea con matices, los reclamos de las víctimas de la violencia, parece más adecuado señalar que el propio gobierno federal se excluye, con su postura, como partícipe de los intentos por pacificar el país que son impulsados desde la socieda en la hora presente. Está por verse si los legisladores deciden aprovechar la oportunidad que el Ejecutivo se viene negando a sí mismo.

Ana María Salazar

Ignorando a las víctimas

¿Por qué en México ignoramos a las víctimas? En su presentación ante los legisladores de esta semana Javier Sicilia subrayó cómo la violencia está golpeando a millones de familias mexicanas. Según él, “la guerra emprendida por el presidente Calderón, que nos ha costado hasta ahora —así dicen las cifras— 50 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, más de 120 mil desplazados, y la inseguridad y el miedo de millones de mexicanos, es ilegal”. Yo no estoy de acuerdo con Javier Sicilia en que la “guerra” de Calderón es ilegal. Lo que sí creo es que ha sido un esfuerzo ineficiente y con falta de coordinación y visión.

Pero más allá del esfuerzo de perseguir al crimen organizado, es latente la falta de interés del gobierno por apoyar a las víctimas de la inseguridad en el país. Uno pensaría que el gobierno le hubiera dado prioridad al vía crucis de las víctimas, en parte por razones humanitarias, pero también por su misma sobrevivencia política.

¿Por qué tanta negligencia? Al reconocer la magnitud y el número de víctimas, sería reconocer la gravedad de la situación, la incapacidad del gobierno, y el hecho de que hay estados que se encuentran completamente bajo el control de los criminales. Por más que se insista que los índices de homicidio en México son menores que en Colombia o en Brasil, el hecho es que las víctimas mexicanas son mayores cuando uno considera el secuestro, las extorsiones y las desapariciones.
Reconocer a las víctimas es reconocer el fracaso de la política de seguridad. Así de simple.
Entre los datos que se presentaron en el foro legislativo de esta semana se incluye el hecho de que cada año se cometen 13 millones de delitos en México. Estamos hablando potencialmente de 13 millones de víctimas; algunas fueron víctimas de delitos menores, pero un porcentaje importante sufrió la pérdida de seres queridos, otros sobrevivieron situaciones de violencia incomprensible.

Y a pesar de esto es asombroso la frialdad y la falta de apoyo por parte de la sociedad en general. ¿Cuántas de las iglesias en el país han hecho un llamado a sus feligreses para apoyar a las víctimas o han ofrecido programas y apoyos para ellas? ¿Dónde están las cámaras de las industrias, o los sindicatos? ¿Entre sus miembros no hay víctimas, acaso?

Pero todos nosotros, como sociedad, también estamos ajenos al sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas. Sufrimos de una ceguera sistemática. No queremos ver ni reconocer lo que pasa en nuestro país. Es fácil asumir que si alguien es asesinado en México “seguramente estaba involucrado en algo raro” o se “fue a meter a un lugar no recomendable”, tal vez tenía contacto con “gente rara” o su error fue pensar que en México uno puede salir de su hogar después de la puesta del sol.

Es increíble ver cómo hemos culpado a las víctimas de su sufrimiento. Tal vez en México tiene menos valor la vida de un migrante, de un indígena o de una persona con escasos recursos económicos. Esta actitud no es reciente. ¿Recuerdan cómo se les culpó a las muertas de Juárez de promover agresiones en contra de ellas por vestirse incorrectamente o por osar ir a trabajar a una maquiladora?

¿Por qué esta falta de solidaridad? Estoy convencida de que nos aterra reconocer la realidad de las víctimas de este país, porque, al igual que el gobierno, no queremos reconocer que vivimos en un país en guerra, y que la situación tiende a empeorar. Pero también, al empezar a ponerle nombre y apellido a las víctimas mexicanas, tendríamos que reconocer que cualquiera de nosotros puede ser la siguiente víctima. Entendiendo esta realidad: todas las mañanas nos levantaremos con la angustia de saber que la violencia en el país no tiene razón ni lógica y que por más que queramos proteger a nuestros seres queridos no hay nada que podamos hacer para defendernos ante la violencia que impera en el país.

Javier Sicilia y su movimiento han presentado varias exigencias ante el Congreso, algunas son controversiales, otras yo no las apoyaría. Pero no hay duda sobre que uno de los aspectos fundamentales del esfuerzo de Sicilia y sus seguidores es que ellos buscan ponerles una cara y un nombre a las víctimas de la impunidad en este país. Y en ese sentido él habla a nombre de todos nosotros, las futuras víctimas de México.

www.anamariasalazar.com

Analista política