desear el males un sentimiento que puede ser controlado o que puede ser exaltado, y que puede conducir a diversas formas de violencia. Anders Behring Breivik odia a cualquiera que sea del Islam, odia al que no sea extremista o cristiano como él, odia al gobierno de Noruega, odia al que piensa distinto… pero sobre todo
odia.
El contexto de la violencia generalizado que se vive en el país y los recientes hallazgos de mujeres asesinadas de manera violenta son expresiones del odio que nos rodea. Ello nos lleva a reconocer cuando el Estado realiza un acto para contrarrestar las más extremas formas de violencia. De acuerdo con la definición del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), éste se define como aquellos asesinatos de mujeres que resultan de la violencia ejercida contra ellas por su condición de género. Se trata de asesinatos violentos de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado. La noción de feminicidio incluye tanto los crímenes cometidos dentro de la esfera privada
como pública
.
Los estados donde se registró un mayor número de feminicidios de enero a diciembre de 2010, según cifras del OCNF, son: Chihuahua con 446 casos, 225 en el estado de México, 111 en el Distrito Federal, Sinaloa con 108 y Quintana Roo con 89 casos.
El pasado 29 de junio la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la tipificación del feminicidio como delito autónomo y de acreditación objetiva. Dicha aprobación responde a la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano establecidas en tratados internacionales, específicamente en materia de discriminación y violencia contra las mujeres. Esta reforma es resultado del compromiso por parte del Instituto de las Mujeres del DF, del Gobierno del DF, de la Procuraduría General de Justicia del DF, la Comisión de Feminicidio, el Tribunal Superior de Justicia del DF y del trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, quienes el pasado 8 de marzo presentaron la iniciativa de ley, ahora aprobada, para tipificar el feminicidio y establecer los lineamientos mínimos para la investigación eficaz de estos crímenes en la ciudad de México.
La importancia de la reforma estriba no sólo en elevar las penas, sino en que da un tratamiento integral y especializado a este tipo de conductas. Obliga a la creación de protocolos de investigación con perspectiva de género (resolutivo 18 de la sentencia Campo Algodonero). Obliga a la Procuraduría General y al Tribunal Superior de Justicia del DF a capacitar continuamente al personal encargado de implementar los protocolos de investigación pericial, ministerial y policial. Obliga a la creación de un banco de datos de información genética de mujeres desaparecidas o asesinadas no identificadas (resolutivo 21 de la sentencia Campo Algodonero), lo cual permitirá que sean buscadas mujeres que están consideradas como desaparecidas o ausentes, a través de los registros de ADN de víctimas de feminicidio no identificadas, muchas de las cuales están relacionadas con secuestros y con la trata de personas con fines de explotación sexual, pornográfica o tráfico de órganos. Además se contribuye en garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en los procedimientos penales, que antes de esta reforma eran entorpecidos por prácticas discriminatorias por parte de los operadores de justicia.
La homofobia es otra forma de odio. Christian Iván Sánchez Venancio, activista e integrante de la Coordinadora para la Diversidad Sexual del PRD-DF, es la más reciente víctima de un crimen de odio; fue asesinado con brutalidad quien se distinguió por luchar por los derechos humanos de la comunidad homosexual en la ciudad.
Hoy hasta los procesos electorales exaltan el odio, entre candidatos y partidos, particularmente en las redes electrónicas; aun entre militantes de un mismo partido o de la misma tendencia política, el lenguaje del odio también propicia el odio. En la actualidad parece difícil recuperar la capacidad de diálogo, respetar el disenso y hacer críticas argumentadas que permitan expresar la indignación.
Los feminicidios, los crímenes de odio y un acto terrorista como el de Oslo tendrían que llevarnos a pensar cuáles son las condiciones del mundo actual que están propiciando la exaltación del odio y la violencia. ¿Serán las guerras? ¿El narcotráfico? ¿Armar a los ciudadanos? ¿Abusar del poder? ¿La corrupción? ¿La discriminación? ¿Las grandes migraciones? ¿La profundización de desigualdades sociales? ¿La impunidad? Yo no lo sé, pero estos factores conforman el nuevo coctel que tragamos cada día.
grodriguez@afluentes.org - http://twitter.com/@GabrielaRodr108
La próxima semana la Comisión Bicameral que está discutiendo el dictamen de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional tendrá la oportunidad de decidir su compromiso real con los derechos fundamentales.
Más allá de los argumentos que en distintos foros ha vertido el gobierno federal, cada vez es más claro que lo que en el fondo se discute no sólo es cómo formalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate civil de la delincuencia organizada, sino cómo proteger el fuero militar.
La iniciativa da cuenta de dos decisiones que ya han sido tomadas y que, a través de ella, buscarían legitimarse: la primera determinación define a la política criminal desde una perspectiva en la que la seguridad es vista como un fin, a pesar de los derechos; la segunda, implica que son las Fuerzas Armadas las que deben hacerse cargo de conseguir ese fin.
En todo este proceso, el desdoblamiento del concepto de seguridad nacional en exterior e interior es importante, porque es justo esta nueva dimensión la que hace posible extender las facultades del Ejecutivo federal para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y garantizar que las acciones de éstas sean consideradas dentro del fuero militar. La clave está en el contenido que se le ha dado al concepto de seguridad interior, como seguridad de las instituciones; pero ¿qué significa seguridad de las instituciones?
Una pista la ofrece el propio discurso federal, que define a la seguridad pública como seguridad de las personas y a la seguridad nacional como seguridad frente a contingencias, riesgos, desafíos y amenazas externas o internas que atentan contra el Estado y las instituciones. Lo que es peligroso es la rectificación de los conceptos de institución y Estado; ello es resultado y condición para la despersonalización del fin de la seguridad y para la justificación de acciones destinadas a conseguirla, a pesar de los daños colaterales que eventualmente se presenten. Peor aún, esta visión puede implicar que la limitación del fuero militar sea considerada como un riesgo a las instituciones y, por tanto, también un tema de seguridad nacional.
Queda claro que la razón por la que el Ejército mexicano está preocupado por la reciente decisión de la Corte sobre el caso Radilla tiene que ver con la relación entre derechos humanos y disciplina militar, pues lo que atenta contra los derechos no necesariamente desafía a la disciplina militar, pero lo que los protege sí que la interpela. Quizá por ello son los miembros de las Fuerzas Armadas los primeros interesados en que la Ley de Seguridad Nacional se apruebe. Y es que, si se ha decidido un enfoque securitizante para la política criminal, y un rol central de las Fuerzas Armadas en ese enfoque, lo menos que militares y marinos querrán es que sus actos se juzguen como si fueran cometidos por fuerzas civiles.
En mi opinión, lo que esta Comisión Bicameral debe decidir tiene que ver con respaldar una iniciativa que da carta abierta al Ejército y la Marina para actuar según su preparación y sus códigos de intervención en un problema que es civil, asumiendo que su participación debe ser protagónica y que el enfoque securitizante es el más adecuado para enfrentar la crisis de violencia del país; o bien, rechazarla y promover un diálogo que varíe el enfoque de la política criminal hacia uno de derechos en serio.
Este enfoque supone que el fin del Estado son los derechos, a pesar de la inseguridad, porque la seguridad es resultado del respeto a los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la propiedad, y que el rol principal de la política criminal orientada a los derechos no es de las fuerzas de seguridad, sino de la totalidad de las instituciones del Estado, porque son éstas las que garantizan el acceso a la salud, a la alimentación, al trabajo, al desarrollo de la vida digna de las personas, que son las que al final construyen las instituciones. En esa perspectiva, proteger a las instituciones es garantizar que la ley se aplique, que los organismos públicos se profesionalicen, y que se promueva una cultura que rechace la corrupción y los pactos mafiosos que las afectan y debilitan.
La seguridad nacional no se reduce al combate al crimen; ello sólo incrementa la violencia e implica riesgos para todas y todos, incluyendo a las propias Fuerzas Armadas, a quienes esta lucha ha colocado en evidente situación de vulnerabilidad.
Ojalá que el Congreso entienda esta disyuntiva y que tome una decisión a favor del México que queremos en el futuro.
Ombudsman de la ciudad de México
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