Inés y Valentina demandan justicia por la vía civil
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 27 jul 11 (CIMAC).- Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por militares, solicitarán mañana a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y a la Procuraduría General de la República (PGR), que sus casos sean juzgados por el fuero civil, en cumplimiento con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior lo señaló a Cimacnoticias Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan -previo a la conferencia de prensa que darán mañana para anunciarlo oficialmente- quien informó que Inés Fernández y Valentina Rosendo junto con diversas organizaciones civiles solicitarán formalmente a la PGJM que traslade los casos al fuero civil, y en este sentido, demandarán a la PGR que los atraiga.
Barrera adelantó que lo que las víctimas y las organizaciones están pidiendo es que el Estado mexicano “se apegue a la sentencia de la CoIDH”, emitida por ese tribunal hace ocho meses.
De igual modo, dijo, “apelamos a que cumpla el mandato de la SCJN”, el cual señala que las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de la población cometidas por militares deberán juzgarse por el fuero civil.
La petición a las procuradurías, agregó, “es un esfuerzo más de la sociedad civil y de las víctimas para que el Estado mexicano cumpla con las sentencias de la CoIDH”, las cuales sostienen que Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por elementos del Ejército en 2002, y ordena que para hacerles justicia es preciso que sus casos sean trasladados del fuero militar al civil.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recalcó la importancia de que el Estado atienda también lo dicho por sus propias instituciones, como la SCJN, máximo tribunal que recién reconoció públicamente “la necesidad de que se restrinja el fuero militar; en razón de eso vamos a pedir que den cumplimiento a las sentencias de los casos de Inés y Valentina”.
La solicitud formal dirigida a la PGJM y a la PGR será firmada por las víctimas y diversas organizaciones de DH nacionales y de Guerrero, las cuales esperan que la respuesta por parte de las procuradurías sea lo más pronto posible.
Abel Barrera abundó que apelan “al compromiso del Estado mexicano”. Subrayó que por un lado el Ejecutivo, encabezado por Felipe Calderón, debe trasladar esas sentencias al fuero civil. Y el Legislativo debe hacer las reformas necesarias para restringir el fuero militar.
“Eso es a lo que le estamos apostando, y si no lo hacen todo será una falacia construida desde la demagogia gubernamental”, advirtió.
El defensor de DH dijo que el llamado al Ejecutivo y Legislativo “es que no se sigan generando legislaciones secundarias que apelan al fuero militar y a la impunidad, como la Ley de Seguridad Nacional”.
A decir del activista, la Ley de Seguridad Nacional, que actualmente discute la Cámara de Diputados, “pone en riesgo el apego del Estado mexicano a los principios dictados por la CoIDH, porque está orientada a proteger al Ejército con este privilegio de que no se investiguen los delitos cometidos por sus elementos en el fuero civil, para seguir actuando impunemente”.
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