Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- Hace 10 años, tras salir de un modelo que se caracterizaba por ser autoritario, México entró en el limbo, pues desde entonces no existe el concepto de seguridad humana en el país, afirmó Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad y violencia.
Durante su participación en el foro Las causas de la izquierda y la reconstrucción de la nación: seguridad y justicia para México, el experto en materia de reforma judicial en países como Afganistán, Jordania, Pakistán, Nigeria y Colombia, señaló que se debe redefinir el rumbo de la nación para salvarla no de los cárteles de la droga, sino de los políticos que tienen secuestrado al país.
“Los cárteles legales y los ilegales son producto de un estado capturado, son las dos caras de la moneda que se presentan ante la falta de un consenso para aprobar leyes y controles en esta materia”, puntualizó.
Y añadió: “Es indispensable una revolución social con aquellos que están divorciados del Estado, un movimiento social no cooptado que imponga las reglas al propio Estado y busque en la Cámara de Diputados y en el Senado los controles que sean necesarios”.
Por su parte, Dolores Padierna, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que la fallida estrategia del gobierno federal contra la delincuencia organizada ha provocado la ruptura del tejido social, agravando con ello la situación del país.
Esta época histórica se conocerá como la década perdida de gobiernos panistas, afirmó durante su participación en el foro.
“El gobierno federal ha fallado en su objetivo de disminuir el consumo de drogas y, por el contrario, se ha incrementado en 100% el consumo de cocaína en México. También se ha fallado en la desarticulación de organizaciones criminales y en la recuperación de espacios públicos”, indicó.
Según Padierna, “la Ley de Seguridad Nacional subordina el orden civil al poder militar y sólo busca salidas autoritarias con la militarización”.
Asimismo, advirtió que dicha ley provocará el debilitamiento de la autoridad civil, que deriva en el colapso de las instituciones de procuración, impartición y administración de justicia.
“Son lamentables los daños sociales, que actualmente son incalculables. Se estiman de 30 mil a 40 mil huérfanos, de 5 mil a 30 mil menores involucrados en actividades criminales, 500 mil desplazados y 40 mil asilados políticos”, detalló.
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