Pobreza y violencia

Serpientes y Escaleras | Salvador García Soto

Los dos indicadores más duros con los que la administración de Felipe Calderón se enfila hacia su último año de gobierno son dolorosos y lacerantes: la pobreza y la violencia que han crecido en este sexenio.

Ante la contundencia de las cifras, provenientes no de los críticos o detractores del gobierno, sino de los propios organismos oficiales, las explicaciones salen sobrando. Que si “teníamos que hacerlo de ese modo o esto hubiera sido peor”, que si “fueron las crisis externas las que afectaron”, que si “nadie me dio una mejor opción”; la realidad es lo que importa y en el resultado final hablamos del agudizamiento de un problema estructural como la pobreza, por el fracaso de las políticas y ineptitud de las medidas públicas para frenarla; y del agravamiento y el descontrol en el manejo de otro problema histórico como la producción y el tráfico de drogas.

Cincuenta y dos millones de pobres y más de 40 mil muertos son saldos demasiado grotescos y evidentes como para ignorarlos y creer ingenuamente que no es culpa de nadie.

¿A qué le apuesta un país y un gobernante que no es capaz de evitar que casi la mitad de sus habitantes se siga depauperando y que de esos ejércitos de pobres se abastezca al crimen que por otro lado dice combatir? ¿Qué se ha hecho para evitar tanta pobreza? Mientras 3 millones más de mexicanos se empobrecen, 10 o 15 familias de apellidos de sobra conocidos ganarán dinero a raudales y se volverán cada vez más ricos.

Las cifras del Coneval son una vergüenza para todos, pero debieran serlo especialmente para los que se encargan de administrar el dinero público y de dictar y aplicar las políticas que deberían haber disminuido la pobreza. Y ahí entran todos, desde el Presidente y sus comodines secretarios de Estado que, lastimosamente indignos e insensibles apenas atinan a culpar a las crisis externas, hasta los gobernadores que dispendian el dinero en campañas políticas y en autopromoción televisiva de su imagen, igual que los cínicos congresistas, diputados y senadores, que se construyen edificios de lujo y se dan vida de ricos.

Por supuesto que ninguno de ellos asumirá responsabilidad alguna en la tragedia; si acaso, inmorales como son, buscará cada uno un discurso correcto donde lamente sin sentirlo la pobreza, una frase adecuada y un tono dolido para aparecer en las notas de los medios, una forma ingeniosa para escabullirse de cualquier señalamiento de culpa.

¿Dónde están todos esos que dicen que quieren ser presidentes, que se cuentan casi por docenas para decirnos qué hicieron ellos mientras en dos años 3 millones 200 mil personas caían en la pobreza? La mayoría ocupa actualmente cargos públicos y de ninguno de ellos, que se sepa, se conoció una acción clara, una medida efectiva o una iniciativa contundente que logrará evitar que 4 mil 383 mexicanos cayeran en la pobreza, según las cifras del Coneval. Ellos estaban más ocupados en hacer campaña, en pagar encuestas para admirarse en ellas, de torcer la ley para promover su imagen con dinero público.

Dieciséis mil millones de pesos para organizar una votación, además de los miles de millones de pesos en tiempos oficiales que se gastarán en spots mediáticos, parecen una bofetada frente a las cifras de pobreza que se conocieron ayer. Una clase política y una democracia que nos siguen costando demasiado caras y que son, lejos de ser parte de la solución, buena parte del problema. Porque recursos los tiene este país, sólo que en lugar de haber ido a parar a todas esas familias a las que se les cayó el ingreso y haberlos rescatado de las garras de la pobreza, terminaron en los onerosos sueldos de los funcionarios y representantes, en las lujosas oficinas públicas, en las costosísimas campañas políticas… total, los pobres son más pobres y los políticos más ricos.

NOTAS INDISCRETAS…Si el beso político de Elba Esther Gordillo a Marcelo Ebrard pudo ser corrosivo, el beso físico que le dio el escritor Javier Sicilia al senador Manlio Fabio Beltrones puede resultar muy positivo para el político sonorense que mantiene viva su aspiración presidencial. ¿Qué quiso decir el dirigente civil del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuando se despidió de Beltrones con un afectuoso beso en la mejilla? ¿Que le tiene especial aprecio al político priísta, que el diálogo ciudadano con él le pareció más productivo, que al respetable don Javier le gusta Manlio para la Presidencia? Cada quien le dará el significado que quiera darle, pero ese beso pareció todo menos desintencionado… Gobernadores, dirigentes civiles, funcionarios de su gobierno y las corrientes perredistas que lo apoyan se reunirán este domingo en el WTC en lo que intenta ser un relanzamiento del proyecto presidencial de Marcelo Ebrard.

Como queriendo ahuyentar a los fantasmas de las últimas semanas y mostrar que aún tiene músculo y posibilidades de volverse candidato “de las izquierdas”, el jefe de Gobierno capitalino presentará lo que han llamado “el arranque del proyecto progresista” en el que buscan sumar a diversos sectores de la sociedad civil a una plataforma de gobierno que abandere “un frente amplio ciudadano” afín al PRD. Según las listas que manejaban ayer en el Palacio del Ayuntamiento asistirán gobernadores como Juan Sabines, Mario López Valdez, Ángel Heladio Aguirre, Gabino Cué y Rafael Moreno Valle. Además de personajes de la política y la sociedad como Agustín Basave, Marta Lamas, Carlos Mercenario, José Sulaimán, Federico Pizarro, Gustavo Arriaga, Jesús Ortega, Alonso Aguilar Zinser y Hortensia Aragón. El principal orador será, por supuesto, Marcelo Ebrard… Los dados cierran con serpiente. Semana de altibajos.

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Procuración mediática de justicia

Miguel Concha

En 1968 el artista estadunidense Andy Warhol dijo que en un futuro todo el mundo podrá tener 15 minutos de fama. El artista no se refería necesariamente a que todos fueran a realizar acciones dignas de reconocimiento, sino al avance en los medios de comunicación y su mediatización de diversas expresiones como el arte.

Probablemente algunas lectoras y lectores se encontrarán de acuerdo con la frase, y hasta les parezca atractiva. Sin embargo, ¿qué tan atractivo sería si durante esos 15 minutos los medios electrónicos e impresos señalaran a alguno de ellos como culpable de un crimen que no cometió? ¿Qué pensaría si esa imputación se realizara sin que ni siquiera le hayan mencionado que es parte de una investigación? ¿Qué tan gloriosos serían esos 15 minutos si es señalado como responsable frente a su familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, de un crimen que no realizó? ¿Qué tal si le agregamos que ni siquiera ha sido juzgado?

Esta triste realidad es algo que vivimos en nuestro país todos los días. Somos testigos de un fenómeno bastante peculiar, que podemos denominar la procuración mediática de justicia. El alcance de los medios nos ha llevado a un fenómeno que de unos años a la fecha se ha vuelto una expresión cotidiana de violaciones a los derechos humanos. Me refiero a la exposición en medios de gente que es señalada ante la sociedad por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia como culpable de crímenes que por su naturaleza generan un reclamo social. Nadie puede dudar que en la actualidad existe un serio problema de inseguridad en el país, y que la violencia y sus efectos provocan que la sociedad exija que las autoridades cumplan con su función, y sancionen a los culpables. Ante esto, día con día ellas pretenden legitimar sus acciones anunciando con bombo y platillo la aprehensión de gente señalada como presunta responsable de delitos investigados. Para ello convocan a un escandaloso espectáculo, en el que exhiben ante las cámaras a gente que ha sido aprehendida, porque de alguna u otra forma la han visto relacionada con la investigación. Lamentablemente, muchas de estas personas no siempre tienen que ver con el delito. Un ejemplo de ello es el reciente caso de la estudiante Mariel Solís, a quien se le acusó de ser cómplice del homicidio de un catedrático de la UNAM. Basados en las vagas declaraciones de un detenido, acusado ya anteriormente como homicida, y en grabaciones de una cámara de vigilancia de un cajero automático, en las que aparece una mujer cuyos rasgos no coinciden con los de ella, la Procuraduría General de Justicia capitalina la privó de la libertad. Y aunque fue detenida además arbitrariamente con violencia, y presentada luego a rendir testimonio en calidad de testigo, se le cambió también posteriormente su situación jurídica a la de presunta responsable, anunciándose públicamente su detención. Ante la presión social, afortunadamente la PGJDF reconoció que los indicios no eran suficientes para sustentar la acusación, y se decidió no ejercer mayor acción en su contra. Fue así como felizmente este caso paradigmático terminó con la puesta en libertad de la persona, pero ello no significa por supuesto que aquí no pasó nada, pues existe una serie de derechos que ya fueron vulnerados, como el derecho a la honra y a la dignidad, a la libertad personal, a la integridad y presunción de inocencia, y al debido proceso.

Y podemos también asegurar que esta situación es la excepción que confirma la regla, pues lamentablemente existen ejemplos que no se resuelven de la misma manera, en los que la persona detenida es presentada ante los medios vestida con un traje infamante, como autor del delito, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado, como afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Cantoral Benavides. En la sentencia de este caso, la CoIDH determinó que se violaron los derechos a la libertad, a la integridad personal, la seguridad jurídica, la legalidad y la protección judicial de una persona exhibida y acusada de terrorismo, que fue procesada y condenada con base en una investigación manipulada, con la complicidad del Poder Judicial. Tenemos también como ejemplo el caso de Florence Cassez, en el que de manera por demás vergonzosa el secretario de Seguridad Pública federal admitió que las imágenes que se transmitieron a escala nacional por un canal de televisión sobre el supuesto arresto de una banda de secuestradores, y el rescate de sus víctimas, fue una recreación. Lo que no se mencionó es que, sin que hubiera rendido siquiera una declaración, o sin que se mencionara que había sido detenida casi 24 horas antes en un lugar distinto al del supuesto rescate, a partir de ese momento ella fue tachada como secuestradora y condenada a priori por el imaginario colectivo. Lamentablemente, en este asunto no hubo autoridad que dijera públicamente nos equivocamos. Por el contrario, las pruebas del montaje fueron desechadas por el Poder Judicial, y ahora corresponde a la misma Suprema Corte de Justicia hacer una valoración adecuada del expediente.

Lamentablemente los ejemplos sobran. En estos días los juicios se hacen frente a las cámaras, y las autoridades no parecen comprender que la única forma de legitimar su trabajo, y de recuperar con ello la confianza de la sociedad, es mediante el respeto de los derechos, tanto de los probables responsables como de las víctimas, porque, y debemos tener eso muy en cuenta, la inseguridad no se reduce con estadísticas o inocentes en las cárceles. Ni sólo con medidas de violencia exhibidas como propaganda en los medios, con el objetivo de generar terror en la sociedad.