Se quedó allí tirada en un zacatal de Petlalcingo, Puebla, olvidada por el descuido y la negligencia de los soldados del XVI Regimiento de Caballería del Ejército, que ahí practican tiro y manejo de armas.
No muy lejos, Osvaldo Zamora Barragán salía de su casa, hecha de carrizos, por ahí de la una y media de la tarde del martes 19. Osvaldo pasó de quinto a sexto de primaria y tiene apenas 11 años, pero es un chamaco muy despierto y siempre sonriente en las pocas fotos que le ha tomado su familia: su madre Paula, su hermano Fernando, quien entra a secundaria, y su padre Bernardo, a quien hace cuatro años que no veía pues anda de jornalero en Estados Unidos, desde donde manda el dinero para la sobrevivencia.
Osvaldo inicia su camino haciendo lo que más le gusta: pastorear a media docena de chivas que son parte del patrimonio familiar. Ignora que a cada paso la crueldad del destino lo acerca al artefacto mortal. Así que el azar decide que sea él y no uno de sus animalitos el que tropiece. Y en una de esas vueltas paradójicas de la vida su pie derecho pisa la granada y surge la oscuridad a partir de un estallido fulgurante.
Volaron en pedazos su pierna y su brazo derechos. Las esquirlas también le hirieron el escroto, el estómago y la otra pierna. Como muerto lo recogieron sus familiares. Entre todos fueron a pedirle ayuda a los soldados que primero lo llevaron al hospitalito de Petlalcingo donde se espantaron nomás de ver cómo venía y la sangre que ya estaba perdiendo; luego a Acatlán, donde les dijeron que no podían atenderlo a pesar de la hemorragia generalizada. Allí los familiares pidieron a gritos que llamaran un helicóptero para llevárselo a Puebla. “¡Usté qué chingao se mete!”, le escupió el oficial. “¡Yo soy su tía Amparo!”. La misma que en la ambulancia suplicaba “¡No te duermas! ¡Nomás no te duermas!”, así hasta que llegaron al Hospital del Niño Poblano, al que Osvaldo ingresó prácticamente desangrado pero aferrado milagrosamente a la vida. Habían transcurrido cinco largas horas desde el estallido y el pequeño pastor al fin se sumió en un sueño de inconsciencia que lo tuvo cuatro días en coma y en terapia intensiva.
Desde entonces han pasado muchas cosas y no ha pasado nada: la CNDH envió un visitador y expertos que hacen una valoración e integran un expediente; la Sedena envió al general Balboa y al coronel Leyva, quienes también están haciendo una valoración e integrando un expediente; Ardelio, el duro ex federal y ahora secretario de Seguridad de Puebla, dijo que igual se trató de un cohetón de feria; las primeras damas doña Margarita y doña Martha Erika fueron al hospital el jueves y quedaron de regresar, pero no han vuelto; el gobernador Rafael Moreno Valle fue a llevar un apoyo extraordinario de 6 mil 700 pesos mensuales, eso sí, aclaró, nomás mientras dure la recuperación. Lo que no explicó es qué entiende por recuperación, porque Osvaldo quedará mutilado de por vida y requerirá no una sino muchas prótesis durante su crecimiento.
Lo único cierto es que Osvaldo ya perdió también el testículo derecho, que hay médicos que opinan que es necesario amputar su pierna izquierda, que todavía no hay un diagnóstico definitivo de los daños de las esquirlas. Por eso el temor mayor es su reacción cuando entienda todo lo que le pasó.
Es obvio que se trata de un niño y una familia muy pobres, cuya historia tal vez esté condenada al olvido. También es muy probable que algunos se limiten a lamentar el destino manifiesto de Osvaldo: pobre y con mala suerte. Me resisto. Creo que el de Osvaldo es un caso que nos debiera revolver las entrañas para decirnos que no. Que de ninguna manera podemos resignarnos ni permanecer indiferentes. Que ésta sola tragedia de un inocente —sumada a otras miles— debiera ser suficiente para condenar esta guerra absurda que, además de sus 50 mil muertos, deja el horror olvidado en cualquier parte.
ddn_rocha@hotmail.comTwitter:
@RicardoRocha_MX
Periodista
Editorial La Jornada
n senadores de la República, el relator para temas migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González Morales, alertó ayer sobre la falta de eficacia de la Ley de Migración, en la medida en que ésta aún carece de un reglamento que permita su aplicación adecuada, y destacó que los migrantes detenidos por las autoridades tienen menos derechos que los que cometieron delitos; por ejemplo, no se da derecho al debido proceso ni a la defensa juríd
ica de su situación. Asimismo, demandó que se permita que las organizaciones de derechos humanos ingresen a las estaciones migratorias, a fin de que puedan observar la situación en la que se encuentran los indocumentados.
La presencia del funcionario internacional en el país coincide con la multiplicación de las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados cometidas por elementos gubernamentales y con las agresiones criminales perpetradas en su contra por grupos delictivos. Ambos fenómenos configuran una situación catastrófica en la cual los migrantes sin documentación han quedado situados como la parte más indefensa del conglomerado humano que reside en el país o transita por él. Si se considera la extremada vulnerabilidad en la que se encuentran grandes porciones de la población mexicana ante la ofensiva delincuencial y la estrategia gubernamental para contenerla, el desamparo de esos migrantes –centro y sudamericanos, caribeños, asiáticos, africanos, europeos del este, en su enorme mayoría–, incluso mayor que el de los connacionales ubicados en regiones tomadas por la delincuencia, resulta una vergüenza para el país, un grave atropello a las leyes nacionales e internacionales, así como un agravio a los principios básicos de humanidad y de ética.
Un dato escalofriante que ilustra la circunstancia de los indocumentados en nuestro país es la desaparición de miles de ellos en su tránsito por territorio nacional. Ayer mismo, la caravana Paso a paso hacia la paz, formada por familiares de algunos de esos desaparecidos de origen centroamericano, ingresó a México por Ciudad Hidalgo, Chiapas, con la intención de recorrer las rutas más frecuentadas por la corriente migratoria que procede del sur, hasta llegar a la ciudad de México, donde tiene previsto realizar un encuentro en el Zócalo y reunirse con legisladores de la República.
Ante la indolencia del gobierno federal frente a los atropellos cometidos contra dichos migrantes, resulta urgente y necesario que el Legislativo tome cartas en el asunto y se comprometa a impulsar la búsqueda y el rescate de los desaparecidos, pero también a completar un marco normativo que permita otorgar a los extranjeros un trato digno, justo, humanitario y apegado a los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para México es vinculatoria.
El enorme saldo de muerte, destrucción y dolor que deja día a día la guerra a la que fue llevado el país no tiene nacionalidad. La sociedad en general tiene ante sí el deber de solidarizarse con quienes vienen en la caravana Paso a paso hacia la paz, porque su situación trágica es parte de la nuestra. Pugnar por la erradicación de las condiciones infernales que afrontan los migrantes en su paso por el país es una forma de contrarrestar la degradación legal, moral y humana que padece México en la hora presente.
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