Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En un régimen democrático, la ciudadanía ya hubiera echado a Rodrigo Medina de la Cruz del gobierno de Nuevo León; y en caso de que aún estuviéramos bajo el yugo del autoritarismo del PRI, el presidente de la República lo hubiera removido. Sin embargo, en esta penosa coyuntura en la que los priistas, preocupados por su regreso a Los Pinos, aún no saben qué les impactará menos: sostener a su correligionario o quitarlo de una vez.
En cualquier democracia es posible destituir al funcionario que no cumpla su función; y en caso de que las soluciones fueran lentas, la presión ciudadana puede obligarlo a dejar su cargo. Sólo que Nuevo León y el país todo carecen de vías para remover a Medina de la Cruz. De ahí que la posibilidad de someter a juicio político o de procedencia a cualquier gobernador, se tope siempre con las lealtades de los congresos estatales y los partidos políticos.
Hoy, los gobernadores y el propio presidente cuentan con el respaldo de más de un tercio de los legisladores en sus respectivos congresos. Lo que, en México, anula toda posibilidad en ese sentido.
Los ejemplos abundan. Baste recordar los casos de Mario Marín en Puebla y Ulises Ruiz en Oaxaca para demostrar que aun cuando los atropellos y las violaciones de los derechos humanos fueron flagrantes, sus correligionarios los arroparon. Es posible que lo mismo suceda con Medina de la Cruz, quien sólo ha dado muestras de incapacidad.
Durante el autoritarismo priista, los presidentes de la República recurrían a facultades metaconstitucionales para deshacerse de los gobernadores cuando incumplían sus exigencias. Las vías eran diversas: los invitaban colaborar en la administración pública federal, los enviaban como embajadores o simplemente les pedían su renuncia.
Sobran los ejemplos, sobre todo los que ocurrieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando “17 gobernadores interinos o sustitutos, pero directamente designados por él, rindieron protesta en 15 entidades” (Proceso 1772). Algunos fueron removidos por razones electorales, pues no garantizaban resultados favorables para el PRI en los comicios venideros o bien habían entregado malas cuentas.
Debe señalarse que el PAN también recurrió a esa práctica en 2003, cuando el presidente Vicente Fox invitó al gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, a su gabinete, presuntamente para desbrozarle el camino al candidato panista Mauricio Fernández, que a la postre resultó un fracaso.
No obstante, hoy los priistas tratan de tomar la mejor opción en el caso de su correligionario Medina de la Cruz, dado que la Constitución de Nuevo León los obliga a convocar a elecciones si el gobernador abandona su cargo durante los primeros tres años de gestión, en este caso se cumplen hasta el 4 de octubre de 2012, es decir, cuatro meses después de la elección presidencial.
Además, la Constitución estatal incluye otras dos disposiciones que complican más el caso:
Uno: si se convoca a elecciones para gobernador sustituto, se procurará que la fecha señalada “coincida con aquella en que deban tener verificativo las de diputados (al Congreso estatal), siempre que estén próximas”, lo que significa empatarlas con los comicios presidenciales.
Dos: en caso de que no haya elecciones, la vía sería que se le concedieran licencias sucesivas, aunque el artículo 92 señala que éstas sólo serían por seis meses, lo que también complica el relevo, pues aún faltan 14 meses y medio para que Medina cumpla sus primeros tres años de mandato. De optar por este camino, tendría que solicitar tres licencias consecutivas.
La composición del Congreso estatal –tiene 20 de los 42 diputados– obligaría al PRI a negociar con los dos legisladores del Partido Nueva Alianza los votos suficientes para lograr una mayoría absoluta. Y eso lo obligaría a negociar con Elba Esther Gordillo.
Más grave aún, esa composición se modificará en las elecciones de julio de 2012 y el nuevo Congreso inicia el 1 de septiembre, con lo cual la designación del gobernador sustituto le corresponderá a un Poder Legislativo cuya composición se desconoce. Los priistas deberán considerar este elemento en su ecuación, pues los panistas podrían obtener la mayoría y dificultar las negociaciones.
Por lo demás, las razones objetivas para el cambio de gobernador son evidentes. Sólo deben observarse la inseguridad creciente en Nuevo León; la incapacidad mostrada por las autoridades locales para ayudar a los damnificados por el huracán Alex en 2010.
Por lo que atañe a la inseguridad, el diario El Norte ha publicado información contundente: en 2009, Medina tomó posesión el 4 de octubre de ese año, hubo 56 ejecuciones; en 2010 sumaron 610; y en lo que va del año llegaron a mil, poco menos de las ocurridas durante el primer semestre en Juárez (mil 71), considerada la ciudad más violenta del mundo.
Además, según el mismo periódico, durante el primer semestre de 2010 se registraron mil 852 robos de vehículos con violencia; en el periodo correspondiente a 2011 la cifra se disparó a 5 mil 942; el robo violento a negocios pasó, en ese mismo periodo, de mil 275 a 2 mil 324; los asaltos a casas habitación crecieron de 129 a 185, y los asaltos a personas pasaron de mil 322 a mil 683.
Otro rubro que está empantanado es el establecimiento del mando único de las policías en el estado y la depuración de los uniformados. En los 21 meses de mandato de Medina ha habido tres secretarios de Seguridad Pública. En el caso del huracán Alex, aún se observan los estragos del meteoro en las principales vialidades del área metropolitana, particularmente en las avenidas Constitución y Morones Prieto.
En una encuesta levantada también por El Norte en octubre de 2010, justo al cumplirse el primer año de gobierno de Medina, sólo 50% de los encuestados dijo estar satisfecho con el desempeño del mandatario; y 25% admitió haber votado por él, aunque mostraron su descontento por la forma en que se conduce.
Y aun cuando la remoción del gobernador no depende de razones objetivas, el PRI simplemente no sabe qué le causará menos problemas en 2012: dejarlo en la gubernatura hasta la jornada electoral o removerlo ahora. De entrada, puede descartarse la posibilidad de una renuncia definitiva antes de los comicios presidenciales de julio del próximo año, pues eso conduciría necesariamente a nuevas elecciones en Nuevo León, muy probablemente simultáneas a las presidenciales, lo que afectaría definitivamente la preferencia electoral a favor del PRI.
Las opciones reales son: hacer que Medina solicite dos licencias sucesivas antes de las elecciones presidenciales, y una más antes de cumplir sus tres años; o sostenerlo hasta después del 4 de octubre de 2012 o, al menos, hasta después de los comicios del 1 de julio de ese año.
Si el PRI opta por la primera opción, el tiempo apremia, pues el sustituto de Medina requiere de tiempo para actuar y ofrecer los resultados a la ciudadanía; además, los priistas deberán ventilar las solicitudes de licencia en el Congreso local lo más alejado de las elecciones, lo cual implica solicitar ya la primera licencia, para lograr que la segunda sea antes del inicio de las campañas electorales a finales de marzo de 2012.
Con respecto a la segunda opción, por lo que el gobernador ha mostrado hasta hoy, los priistas deben ser conscientes de que es factible que en los siguientes 11 meses y medio las condiciones de vida en Nuevo León se agudizarán y el desprestigio del gobierno se acelerará. Aunque es de suponer que esto será menos costoso electoralmente para el PRI que la primera opción.
A menos que haya un giro de 180 grados en la conducción del gobierno de Medina, el PRI debe definir la salida de su correligionario y la vía para seleccionar a su sustituto. Es difícil que algún temerario priista le apueste a que Medina concluya su mandato, que termina el 3 de octubre de 2015.
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