María del Carmen Alanís
La participación plena de las mujeres en los asuntos públicos del país es uno de los déficits que subsisten de la agenda de la igualdad de género que fue gestándose en México a partir de los años 70. Si bien los casos de mujeres que toman decisiones han dejado de ser anecdóticos, sería muy difícil encontrar en el país una estructura de importancia o un cuerpo colegiado decisorio donde la proporción de hombres no sea abrumadoramente mayor.
Por citar sólo algunos ejemplos: poco menos de un tercio de los diputados federales y un cuarto de los locales es mujer; sólo tenemos una gobernadora y menos del 10% de las presidencias municipales recae en una mujer. En el gobierno, en la jurisdicción, en órganos electorales, en las universidades, casi en cualquier espacio público, las mujeres son minoría en la toma de decisiones.
Esta disparidad es una manifestación directa de que en el México democrático y liberal del 2011 existe una cultura que no termina por deshacerse de sus mitos y prejuicios y reconocer que las mujeres son perfectamente capaces de conducir instituciones públicas con eficacia. Además, este rezago empobrece las decisiones. Cuando los cuerpos decisorios tienen una representación política adecuada, hay más posibilidades de generar políticas públicas incluyentes.
Quizá por esas razones, los 189 países de la ONU acordaron incluir entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio el aumento de la representación política de las mujeres. A tres años del plazo fijado para cumplir esos objetivos (2015), pareciera que éste será uno de los pocos objetivos no cubiertos satisfactoriamente por nuestro país. En 2011, Latinoamérica alcanzó la proporción de mujeres congresistas más alta en su historia (23%), pero subsiste un enorme rezago en el camino hacia la paridad.
En ese contexto, es relevante un cambio cualitativo que parece gestarse en la antesala de los procesos electorales federal y locales de 2012. Con cada vez mayor nitidez, los partidos, las instituciones electorales y las organizaciones civiles parecen generar las condiciones de posibilidad para construir, detectar e impulsar liderazgos femeninos, lo que podría traducirse en el mediano plazo en una representación más plural. En ese marco se inscriben, por ejemplo, las clínicas y talleres que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está llevando a cabo con mujeres militantes de los partidos políticos, a efecto de desarrollar habilidades argumentativas y analíticas para la defensa de sus derechos político–electorales.
Forman parte de ese contexto, también, las precisiones que se han construido para dar certeza a la obligación que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales impone a los partidos de dirigir 2% de su financiamiento público ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de mujeres. A falta de una reglamentación precisa, durante años hubo ejemplos de institutos políticos que justificaban el ejercicio de esos recursos con recibos de luz, adquisición de materiales promocionales o inclusive materiales de limpieza. Al poco tiempo una sentencia del TEPJF (RAP-175/2010) precisó que la finalidad de tal obligación es que los recursos se destinen, exclusiva o principalmente, a actividades que promocionen, capaciten o desarrollen el liderazgo político de las mujeres.
En cuanto a sueldos, sólo podrían incorporarse en la justificación aquellos directamente relacionados con esos proyectos. Más recientemente, el Instituto Federal Electoral organizó un foro con partidos políticos, quienes externaron su voluntad de destinar esos recursos al objetivo de construir liderazgos femeninos. Con esos consensos, bajo el liderazgo de la única mujer del Consejo General del IFE, la consejera Macarita Elizondo, se incorporaron al Reglamento de Fiscalización medidas para evitar el desvío de esos recursos. Previa planeación, los partidos deberán destinar ese gasto a seminarios, congresos y otros conceptos que quedaron descritos en la norma. Se ha dado certeza a la manera en que se fiscalizarán esos recursos. La voluntad compartida de instituciones y partidos ha dado pie a un avance más que tiene buenas posibilidades de traducirse en mejores posibilidades para avanzar en el fortalecimiento de la participación política de la mujer.
Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
La participación plena de las mujeres en los asuntos públicos del país es uno de los déficits que subsisten de la agenda de la igualdad de género que fue gestándose en México a partir de los años 70. Si bien los casos de mujeres que toman decisiones han dejado de ser anecdóticos, sería muy difícil encontrar en el país una estructura de importancia o un cuerpo colegiado decisorio donde la proporción de hombres no sea abrumadoramente mayor.
Por citar sólo algunos ejemplos: poco menos de un tercio de los diputados federales y un cuarto de los locales es mujer; sólo tenemos una gobernadora y menos del 10% de las presidencias municipales recae en una mujer. En el gobierno, en la jurisdicción, en órganos electorales, en las universidades, casi en cualquier espacio público, las mujeres son minoría en la toma de decisiones.
Esta disparidad es una manifestación directa de que en el México democrático y liberal del 2011 existe una cultura que no termina por deshacerse de sus mitos y prejuicios y reconocer que las mujeres son perfectamente capaces de conducir instituciones públicas con eficacia. Además, este rezago empobrece las decisiones. Cuando los cuerpos decisorios tienen una representación política adecuada, hay más posibilidades de generar políticas públicas incluyentes.
Quizá por esas razones, los 189 países de la ONU acordaron incluir entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio el aumento de la representación política de las mujeres. A tres años del plazo fijado para cumplir esos objetivos (2015), pareciera que éste será uno de los pocos objetivos no cubiertos satisfactoriamente por nuestro país. En 2011, Latinoamérica alcanzó la proporción de mujeres congresistas más alta en su historia (23%), pero subsiste un enorme rezago en el camino hacia la paridad.
En ese contexto, es relevante un cambio cualitativo que parece gestarse en la antesala de los procesos electorales federal y locales de 2012. Con cada vez mayor nitidez, los partidos, las instituciones electorales y las organizaciones civiles parecen generar las condiciones de posibilidad para construir, detectar e impulsar liderazgos femeninos, lo que podría traducirse en el mediano plazo en una representación más plural. En ese marco se inscriben, por ejemplo, las clínicas y talleres que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está llevando a cabo con mujeres militantes de los partidos políticos, a efecto de desarrollar habilidades argumentativas y analíticas para la defensa de sus derechos político–electorales.
Forman parte de ese contexto, también, las precisiones que se han construido para dar certeza a la obligación que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales impone a los partidos de dirigir 2% de su financiamiento público ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de mujeres. A falta de una reglamentación precisa, durante años hubo ejemplos de institutos políticos que justificaban el ejercicio de esos recursos con recibos de luz, adquisición de materiales promocionales o inclusive materiales de limpieza. Al poco tiempo una sentencia del TEPJF (RAP-175/2010) precisó que la finalidad de tal obligación es que los recursos se destinen, exclusiva o principalmente, a actividades que promocionen, capaciten o desarrollen el liderazgo político de las mujeres.
En cuanto a sueldos, sólo podrían incorporarse en la justificación aquellos directamente relacionados con esos proyectos. Más recientemente, el Instituto Federal Electoral organizó un foro con partidos políticos, quienes externaron su voluntad de destinar esos recursos al objetivo de construir liderazgos femeninos. Con esos consensos, bajo el liderazgo de la única mujer del Consejo General del IFE, la consejera Macarita Elizondo, se incorporaron al Reglamento de Fiscalización medidas para evitar el desvío de esos recursos. Previa planeación, los partidos deberán destinar ese gasto a seminarios, congresos y otros conceptos que quedaron descritos en la norma. Se ha dado certeza a la manera en que se fiscalizarán esos recursos. La voluntad compartida de instituciones y partidos ha dado pie a un avance más que tiene buenas posibilidades de traducirse en mejores posibilidades para avanzar en el fortalecimiento de la participación política de la mujer.
Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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