¡Vaya momento mexicano!

Alberto Aziz Nassif

Hace muy poco algunos medios de la prensa internacional y agentes financieros decían que a México le había llegado su momento para ser una de las principales economías del Siglo XXI. Diversas voces —que predican las bondades del modelo económico y el ensanchamiento de la clase media—, pensaron que su visión había sido avalada. Sin embargo, pronto la terca realidad hizo que todos esos cálculos y deseos se toparan con pared.

Las buenas noticias se han reducido a las campañas publicitarias, porque los datos duros presentan a un país que acumula problemas. No terminaban de publicar los datos sobre el crecimiento de la pobreza y la violencia, cuando en Michoacán se encendieron los focos rojos por enfrentamientos entre el crimen organizado y las comunidades campesinas, frente a un Estado que no atina una estrategia eficaz de seguridad. Por otra parte, mientras la atención pública se centra en las propuestas de reforma energética, que dejan sobre la mesa dos visiones muy diferentes del país sobre el futuro que necesitan el petróleo y la electricidad, se anunciaron los malos resultados de la economía, el bajo crecimiento y el bache en la inversión pública, que han cambiado de forma importante las expectativas. Y, para no perder el ritmo, en medio de todo llegaron las noticias sobre la exoneración de Raúl Salinas de Gortari y la excarcelación de Caro Quintero. Este conjunto nos indica que entre la publicidad, los discursos de la clase política y la realidad, existen diferencias contrastantes y contradictorias.

Sumado al cúmulo de noticias que provocaron que el momento mexicano se esfumara, llegó el primer periodo extraordinario del Congreso de la Unión, y con él aparecieron los bloqueos de la CNTE contra la reforma educativa. En la prisa reformista que ha inundado al Congreso se planearon varios periodos para sacar la legislación secundaria de reformas constitucionales cuyas leyes han quedado pendientes. Dentro de esta agenda legislativa quedó la reforma al IFAI, pero, para sorpresa de muchos, los aires de regresión soplaron fuerte y la iniciativa que había aprobado el Senado se volvió calabaza con los diputados; la presión hizo que le quitaran algunos candados, pero dejaron una ventana enorme (la presidencia de la República) para que las resoluciones del IFAI no sean definitivas, lo cual es una lamentable regresión y hará de la transparencia un litigio que reforzará la opacidad.

Una de las notas del periodo extraordinario fue la negociación entre gobierno y legisladores del PRI y PRD con los maestros de la CNTE para retirar la Ley General del Servicio Profesional Docente, en donde se establece la evaluación magisterial. La lectura dominante en los medios fue que se doblegó al Congreso y al gobierno y que se cedió ante los maestros. En este contexto es lamentable el llamado panista al Jefe de gobierno para desalojar a los maestros, esa derecha sin caretas que se dice democrática, pero que suda intolerancia. Otra lectura indica que fracasaron las negociaciones con la CNTE y que no se pudo establecer el mecanismo para armonizar la evaluación, la conservación de derechos laborales y la capacitación.

Frente al torbellino de presiones, bloqueos y cambios de sede, los legisladores del ‘Congreso ambulante’ pospusieron temas de agenda del periodo extraordinario, como el nombramiento de los integrantes del Ifetel y de la Cofeco. De cualquier forma, varias de las propuestas de Peña Nieto están lejos de cumplir los criterios de independencia y conocimiento, como lo señaló el comunicado de la AMEDI el 21 de agosto.

¿Qué sucederá con las reformas energética y fiscal? El Pacto por México ha llegado a un momento crítico en donde se pueden reventar los consensos. Si es cierto que se cedió con los maestros para mantener al PRD en la mesa, entonces qué sucederá con los proyectos antagónicos sobre cambiar o no la Constitución (Artículos 27 y 28). El PRD ya cerró filas en torno a la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas que sólo va por cambios a leyes secundarias, pero el PRI y el PAN sí quieren cambios constitucionales.

¿Qué queda del momento mexicano? Una expectativa llena de humo que desapareció frente a la falta de crecimiento. Queda la pobreza, la violencia que no disminuye, las inercias de regresión, las presiones de los grupos de interés, la débil representación política y las reformas que se atoran a la hora de las leyes secundarias. ¡Vaya momento mexicano!

Investigador del CIESAS

Reformas estructurales y austeridad social

Adrián Sotelo V.

Rebelión

Los panegiristas del régimen político y del sector privado aseguran, contra viento y marea, que las "reformas estructurales" constituyen la panacea del crecimiento y del desarrollo económico del país. Abundan que sin ellas es prácticamente imposible que esto ocurra; que el país indefectiblemente declinará y entrará en bancarrota. Para evitarlo, dicen, es preciso tomar medidas, por demás dolorosas, pero "necesarias" para que ello no ocurra. Las autoridades monetarias, en particular las del Banco de México, han encendido focos amarillos para "prevenir" repuntes inflacionarios, dada la actividad de aumento de precios de los productos de primera necesidad y otros como la gasolina, la vivienda y la educación que se viene registrando en los últimos meses. Advierten que si bien este estado de cosas todavía es "controlable", sin embargo, de no tomarse medidas "adecuadas" ello puede provocar, en el mediano plazo, un deterioro mayor de la economía nacional.
En este contexto se inscribe el documento Análisis Ejecutivo Económico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en el sentido de que con las reformas habrá mayor inversión que garantice un crecimiento sostenido del Producto Interno Producto de del orden del 6%. Debemos puntualizar que estas declaraciones se hacen en un contexto histórico estructural en que la economía mexicana acusa un promedio de crecimiento anual no mayor a 3% en el largo período de 1982-2012; es decir, justamente en las inmediaciones de la imposición y del despliegue del neoliberalismo en nuestro país (1982-2013).
Además, estas declaraciones se hacen una vez que se han aprobado sendas reformas de signo neoliberal en materia de educación y laboral cuyos resultados obviamente aún no se pueden evaluar, pero sí denunciar su carácter lesivo para la población en general, pero de manera particular, para el mundo del trabajo, ya que por ejemplo, la reforma laboral legaliza el contrato por horas y el pago fraccionado correspondiente por el tiempo efectivamente trabajado; introduce y legaliza la subcontratación (outsourcing) que atenta contra los derechos de los trabajadores y aumenta los períodos de prueba a que se ve sometido el trabajador para poder ser contratado en el futuro.
No satisfechos con estas reformas ya consumadas, los empresarios pugnan por extender y profundizar este tipo de políticas que benefician fundamentalmente a sus intereses de clase plasmados en sus negocios y en las altas cuotas de ganancia que perciben, de tal manera que lo social —empleo, salarios, educación, salud y bienestar social (que son categorías fundamentales de la reproducción de la fuerza de trabajo y —debería ser— del ser humano) queda completamente subordinado a la dinámica del ciclo del capital, en la perspectiva que éste y el gobierno vislumbren en relación con la tasa de rentabilidad y la marcha de los negocios empresariales.
Por otro lado, para que cristalicen y se hagan sentir los beneficios para la población, nos dice el CEESP, es necesario consolidar las reformas estructurales realizadas y avanzar en otras como la hacendaria, con el fin de preservar la "… estabilidad macroeconómica que se ha convertido en la envidia de muchas naciones".
Al respecto considera que "lo realmente importante es tener en cuenta que cada una de ellas [las reformas] depende en buena medida del resto" y que, en particular, la reforma hacendaria ha sido calificada como las más relevante, ya que busca obtener gran parte de los recursos que se requieren para "instrumentar los programas sociales que se han planteado y así mejorar la distribución del ingreso".
Según el organismo empresarial, con la reforma hacendaria se lograría:

1. Corregir la debilidad de las fuentes de recursos del sector público.
   
2. Incrementar la base de contribuyentes que aporten al fisco.
   
3. Evitar la evasión fiscal.
   

Puntos que han sido repetidos reiteradamente por los voceros empresariales y gubernamentales sistemáticamente.
El organismo empresarial considera que lo anterior garantiza "la transparencia y sencillez del sistema" que "estimularía la inversión y, por ende, un mayor crecimiento económico, convirtiéndose en un círculo virtuoso pues a mayor inversión mayor crecimiento y recaudación".
Pero aún dado lo anterior no es suficiente para garantizar el crecimiento sostenido, por lo que es necesario, además, completar la reforma mediante la implementación de ajustes y cambios en materia energética "que permitan la entrada al capital privado en sectores que hasta ahora son exclusivos del sector público", afianzando, de esta manera, el mecanismo estructural de la acumulación de capital por desposesión. Con esta medida se elevarían los montos de inversión privada y se "liberaría una cantidad importante de recursos públicos para programas sociales en salud, educación y seguridad".
Como podemos ver, se ha edificado el nuevo esquema neoliberal que se está imponiendo en el país para profundizar el patrón capitalista de acumulación dependiente sustentado en la privatización de los energéticos, en la flexibilización de la fuerza de trabajo y su precarización mediante la reforma laboral y en la entrada de los sistemas de evaluación desde arriba para los profesores de educación básica a través de la reforma educativa. Esta política se complementa con la reciente aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones.
También el organismo empresarial se preocupa por el tema de la seguridad pública, ya que de continuar el clima de inseguridad en el país puede "…inhibir la actividad productiva", puesto que eleva considerablemente los costos de las empresas y obstaculiza la sacrosanta inversión. Pero también este tema lo articula íntimamente con las reformas de marras al declarar que: "Dado el entorno que vive el país, es evidente que no podemos pensar en las reformas de manera aislada y menos aún sin un contexto en el que las reglas del juego sean lo más claras posible. El Estado de derecho es fundamental para el éxito de los cambios que se proponen…debemos contar con instituciones fuertes y confiables que se encarguen de hacer cumplir las leyes, de tal manera que no haya posibilidad alguna de actos de corrupción o de atentado a los derechos de propiedad. Llevar a cabo todo esto, nos permitiría elevar la inversión a los niveles necesarios para que el crecimiento de la economía sea superior a 6% de manera sostenida".
Argumenta que es fundamental preservar el clima de seguridad y de garantía por parte del Estado porque la inversión, "…incide directamente en la producción, el empleo y la productividad, y es por ello que la certeza jurídica, los derechos de propiedad y la fortaleza de las instituciones son tan relevantes". Con todo ello se "elevará la productividad" "reflejándose en un mejor nivel de vida de la población…No hay quien vaya en contra del objetivo de mayor crecimiento y bienestar", concluye el CEESP.
Obviamente que nadie en su sano juicio está en contra del crecimiento y del bienestar social; el problema no es este, por supuesto, sino que radica en los mecanismos y las políticas que se implementan, supuestamente, para alcanzar ese objetivo. Y es claro que después de prácticamente tres décadas de aplicación de políticas restrictivas neoliberales que han castigado severamente el gasto público, los salarios, el empleo, la educación, la salud y el bienestar social, y a pesar de que sin chistar todos y cada uno de los presidentes que han gobernado en ese período han expresado las mismas palabras que el organismo empresarial, sin embargo, la situación para las mayorías es cada día más alarmante y desesperada, más precaria y sin visos de solución en el mediano y largo plazos.
Las políticas en curso que está impulsando el nuevo gobierno sin duda van a resolver cuellos de botella para el libre desempeño del gran capital nacional y extranjero que opera en el país, por supuesto, en primer lugar, de las empresas transnacionales. Pero nuevamente, como al principio del neoliberalismo, las necesidades y demandas de la población quedan postergadas y sujetas al influjo y resultados de la aplicación de las políticas neoliberales y de la implementación de las reformas denominadas "estructurales".

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuente

La reforma política en el lodazal

Arnaldo Córdova

Que vivimos momentos de confusión extrema en México lo viene a demostrar el modo en que se sigue discutiendo (o hablando, porque ni siquiera se puede discutir) en torno a la reforma del Estado. La actitud de los actores políticos y su actuación, rayanas en la irresponsabilidad, no logran salir de un miserable toma y daca que no conduce absolutamente a nada y, en realidad, cada vez pervierte más los mismos temas de la reforma. A leguas se puede ver, sin necesidad de esforzarse, que todos tienen objetivos o saben qué es lo que buscan con sus propuestas; pero de inmediato se percata uno de que lo que no tienen esas propuestas son verdaderos fines reformistas.

Todos hablan de la reforma política, todos quieren la reforma política (la reina de todas las reformas, se ha llegado a decir) y, a la vez, todos la rehúyen (alegando siempre intereses o pretextos parciales) porque, al no saber, la mayoría de las veces, cómo la quieren ni hasta dónde pueden llegar en sus negociaciones, al final todos la olvidan, todos le temen y todos la anulan. El reciente y último intento que aún no termina se ha exhibido como un ridículo y mezquino torneo de temores, miedos e insensateces. Y las cámaras del Congreso han actuado siguiendo en todo momento el guión del bueno y del malo, el héroe y el villano, cada una por su lado. El Senado fue el bueno y la Cámara de Diputados el villano.

En el pasado, la audacia y el arrojo corrían por lo general a cargo de los diputados, porque en su corporación había mayor representatividad y mayor pluralidad de las fuerzas políticas. Ahora resulta que esos representantes del pueblo son, en su mayoría, un montón de timoratos conservadores y pusilánimes que tienen pavor de cualquier cambio que ponga en entredicho los privilegios o los intereses que ellos representan y defienden. En el Senado ahora se busca avanzar y renovar (aunque eso es más un decir que una realidad), mientras que de la Cámara de Diputados cabe esperar, con toda puntualidad, una reacción conservadora (termidoriana).

En el fondo, el Senado mandó en minuta a la Cámara una propuesta bastante envenenada, que era ya de por sí una invitación velada a los diputados para que recularan desvergonzadamente ante los cambios. Que la consulta popular, como se proponía, requiriera de un número excesivo de firmantes para solicitarla (un millón de firmas, cosa que incluso para un gran partido es difícil de cumplir), era hacerla nugatoria. En ese mecanismo se ha basado la maniobra de hacer una buena propuesta que resulta, al fin y a la postre, invalidada en su misma raíz. Pero es sólo un ejemplo.

La reforma política, es lo trágico, nunca se ha visto como la oportunidad de un mejoramiento de las instituciones del Estado y una ampliación necesaria de nuestro régimen democrático. Reformar al Estado, más bien, ha equivalido a convertirlo en enemigo de la democracia y del pueblo de ciudadanos. Lo que quiere decir que la reforma se piensa y se hace temiendo al pueblo y a la participación ciudadana en la política. En teoría, representa, a no dudarlo, una limitación progresiva del poder arbitrario de quienes manejan el Estado y un reforzamiento (empoderamiento, diría una célebre ignorante) del poder de decisión de los ciudadanos. Siempre se buscará limitar el poder del Estado.

Su equivalente puntual será el aumento del poder de decisión de los ciudadanos. Y ése es el temor con el que nuestros gobernantes y nuestros legisladores enfrentan el tema de la reforma (o, por mejor decir, las reformas) del Estado. Se concede lo marginal o secundario y sólo cuando ya no se puede hacer otra cosa se enfrenta lo que es fundamental. Las candidaturas independientes, propuesta de intelectuales desencantados de los partidos, son como quitarle un pelo a un gato. Ya se verá, cuando llegue la ocasión (si es que llega) de una candidatura independiente fuerte y respaldada por la ciudadanía, que de inmediato se formará en torno de ella un aparato burocrático que hará el papel de los partidos.

También es cierto que las reformas se buscan para reforzar algunos de los poderes del Estado que se contraponen al desarrollo democrático del mismo y de la sociedad, en especial, es la moda, los poderes del presidente que, interesadamente, se presentan como si el titular del Ejecutivo estuviera maniatado y no pudiese gobernar. Si no gobierna es por su ineptitud para atraer a las diferentes fuerzas políticas en apoyo de sus propósitos. Obligar al Congreso a dictaminar y aprobar o rechazar un número determinado de iniciativas presidenciales no necesariamente querrá decir que pasen y, lo más probable, sobre todo en tiempos borrascosos, será que no pasen.

No cabe duda de que la ratificación por el Legislativo de los nombramientos de funcionarios que hace el presidente, será beneficiosa porque implica un control necesario de las determinaciones del Ejecutivo que puede llevar al mejoramiento de sus funciones y a evitar vicios tan comunes como el nepotismo o el tráfico de influencias. En esta ocasión se aprobó que los miembros de ciertas comisiones del área administrativa sean sujetos de ratificación por parte del Senado (Reguladora de Energía, Telecomunicaciones y Competencia). Pero esto tampoco entra en el campo de lo verdaderamente importante.

Adicionar el artículo 84 constitucional con el agregado de que el secretario de Gobernación sustituirá en primera instancia al titular del Ejecutivo por falta absoluta de éste es más una mera ociosidad burocrática que una auténtica reforma. Tal y como está y con todo lo imperfecto que pueda parecer, ese precepto no da lugar a lo que tanto se teme, que es un vacío de poder. Tiene, se podría agregar, la virtud de que, a falta del presidente, el verdadero poder decisorio lo asume el Congreso, pues a su cargo queda conducir la sucesión hasta que el pueblo vuelve a decidir en las urnas.

El tema de la relección de legisladores ofrece un lado oscuro. Mucho se habló de que, con una ampliación del tiempo en que ellos actúan, su experiencia y su capacidad en el cargo aumentarían hasta llegar a lo que se dijo sería un verdadera profesionalización de nuestros congresistas. Aquí lo que intriga ha sido esa sucesión de bandazos a los que nos tiene ya acostumbrados el PRI y, en particular, también su principal carta fuerte para las elecciones, Enrique Peña Nieto. Hubo un momento en que él declaró no estar convencido de la bondad de la propuesta. Cómo fue que su partido asumió ese criterio es algo que ningún priísta se ha dignado explicarnos.

Ahora se nos promete que el Senado volverá a ser el chico bueno y que le va a enmendar la plana a los diputados conservadores. Será cosa de verlo.

Perlillas. Escribir artículos periodísticos conlleva, casi siempre por la premura, el riesgo de cometer errores que sólo los correctores pueden subsanar. A veces se trata de errores frecuentes: por ejemplo, cuando se escribe que alguien se abroga el derecho de (abrogar quiere decir suprimir por entero un cuerpo de ley), en lugar de se arroga el derecho de; o bien cuando se conjuga el verbo asolar y se dice que hay elementos que asolan al país, pues, tratándose de un verbo irregular, lo correcto es decir que asuelan al país.

Democracia a cuentagotas

Alejandro Encinas Rodríguez

En los próximos días la Cámara de Diputados resolverá la mal llamada “reforma política”. Sostengo el término “mal llamada” porque más que una reforma integral se trata de una miscelánea de reformas constitucionales que, si bien acredita algunos avances en materia de democracia directa y participación ciudadana, no modifica las bases jurídicas del régimen presidencialista ni la relación entre poderes, dejando de lado asuntos nodales para retomar el camino de la transición democrática, como la regulación del dinero, de los medios de comunicación y la intervención de los poderes fácticos en las decisiones políticas y los procesos electorales en nuestro país.

Sin duda, el establecimiento de la iniciativa ciudadana, la consulta popular y las candidaturas independientes, que terminarían con el monopolio de la representación popular que detentan los partidos, representan un avance, aunque quedan por resolver los mecanismos que permitan garantizar su ejercicio y eviten que estas reformas se conviertan en simulación, como son los requisitos que se establecen para iniciar leyes, limitar la consulta a una anual fuera del año en que se celebren elecciones federales o competir en condiciones de equidad ante los partidos y sus corporaciones.

Las reformas propuestas plantean a la vez retrocesos inaceptables, como la pretensión de establecer la cláusula de gobernabilidad en la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o retirar la facultad para que el Ejecutivo federal rinda protesta ante el Poder Legislativo, otorgándosela, ante alguna eventualidad, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Uno de los temas que mayor polémica ha suscitado es el restablecer la reelección consecutiva de legisladores, eliminada en las reformas constitucionales de 1933, y otorgar a los estados de la República la facultad para establecer la reelección de munícipes y ampliar su periodo de mandato.

A favor de la reelección se ha señalado que ésta permitiría el fortalecimiento del Poder Legislativo y los contrapesos con el Ejecutivo federal, al tiempo que los ciudadanos contarían con la posibilidad de castigar con su voto a los malos legisladores. Nada más falso. La reelección por sí misma no representa, necesariamente, el fortalecimiento del Legislativo, y más que un castigo, es un premio, pues la verdadera sanción ciudadana solo se puede establecer a través de la revocación de mandato, figura que está ausente en estas reformas.

Un cambio en la relación entre poderes requeriría de reformas de una naturaleza distinta, como fortalecer la facultad fiscalizadora del Legislativo en la que el Ejecutivo rinda cuentas, a diferencia de lo que sucede actualmente donde ni siquiera comparece a presentar su informe; que el Congreso ratifique el nombramiento de los miembros del gabinete y pueda emitir extrañamientos o retirar la confianza a los servidores federales para su remoción; que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, para que, convertido en ley, sea evaluable y sancionables sus incumplimientos.
Antes de pensar en la reelección consecutiva, el Poder Legislativo debería reformarse a sí mismo, con medidas que atiendan los cuestionamientos a su desempeño y le permitan recuperar credibilidad, como acotar el fuero legislativo, eliminar los periodos de receso y laborar durante todo el año, terminar con la opacidad y transparentar el manejo de sus recursos, lo que debe acompañarse de una ley de partidos políticos que acote a las partidocracias, garantice los derechos de los militantes y obligue a rendir cuentas de sus recursos y patrimonio.
El país requiere transformaciones profundas, las que difícilmente podrán alcanzarse manteniendo la tradición gradualista del sistema político mexicano y su democracia a cuentagotas.
Diputado federal por el PRD

Reforma política, ¿demasiado poco?

Alberto Aziz Nassif

Al final del periodo ordinario de sesiones de abril pasado quedaron varias importantes reformas pendientes. El Senado aprobó la reforma política, pero los diputados no tuvieron tiempo, o interés, para aprobar la minuta de los senadores. Pasaron cuatro meses en blanco y ahora de nuevo, al calor de los jalones por el presupuesto, vuelve a surgir un dictamen positivo, pero menor al de abril.

¿Quedará algo importante de la reforma política? La crisis actual de la democracia mexicana tiene muchas expresiones; por ejemplo, uno de sus rasgos más pronunciados tiene que ver con una muy deficiente representación. La desconfianza ciudadana en las instituciones políticas es otra característica. Además, tenemos un ineficiente sistema para construir consensos y legislar. Para completar el cuadro, la democracia ha sido secuestrada por dos estructuras que la estrangulan, el modelo de una partidocracia con mucho dinero y acceso a medios y una mediocracia que tiene monopolizados a los medios masivos.

En los últimos años se han buscado soluciones a través de reformas que puedan recuperar la confianza ciudadana. A partir de diciembre del 2009 comenzó un intento para cambiar la dinámica de una democracia debilitada. En abril de este año la Cámara Alta aprobó un paquete de cambios en materia de participación ciudadana, como las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Otras reformas menores en materia de ajuste entre poderes como la reconducción presupuestal, la ratificación de comisionados de órganos reguladores.

También había cambios para modificar la relación de gobernantes y gobernados, como la reelección. En cualquier estructura institucional debe haber un diseño que integre las piezas para funcionar bien, así, por ejemplo, si se aprueban las candidaturas independientes, pero no se abren los medios, las televisoras pueden capitalizar el espacio de tal forma que sólo se agudizará la mediocracia. Igualmente, si se aprueba la reelección, pero no se tiene también la figura de la revocación de mandato, se agudizará el dominio partidocrático y no se logrará alcanzar los objetivos que se generan con este instrumento, como el acercamiento entre autoridades y ciudadanos y la profesionalización legislativa.

Otra de las partes que necesitan mucha atención son los detalles de las figuras de participación directa como las consultas y las iniciativas. En algunos estados de la república tienen esas figuras, pero sus requisitos las vuelven prácticamente imposibles de realizar. Otras reformas que probablemente no representarán mayores problemas para ser aprobadas apuntan hacia instrumentos para que el Ejecutivo tenga iniciativa preferente; de la misma forma, se habla de la reconducción presupuestal, que ya existe en varias constituciones locales. Lo que queda en discusión es el veto presupuestal, como las observaciones que hizo Fox alguna vez y la Suprema Corte le dio la razón.

Pero, como en otras materias, en México se legisla por pedacitos y con avances muy pequeños, es decir, en lugar de proponer una reforma que induzca la cooperación y las alianzas entre las fuerzas políticas para formar gobierno, como un mecanismo que permita pactos, coaliciones para una agenda legislativa y de gobierno, al estilo de Brasil, lo que se hace es sólo ver por la iniciativa preferente. Ahora en ambas cámaras se ha propuesto una reforma para tener un gobierno de coalición, lo cual sería positivo para el país. ¿Esas iniciativas correrán la misma suerte de las otras reformas? En el mismo sentido, en lugar de preocuparse de que los órganos reguladores y los órganos constitucionales sean realmente autónomos, la clase política sólo propone una ratificación del Legislativo a las propuestas del Ejecutivo.

La irresponsabilidad de los diputados que mantiene al IFE incompleto ya va para un año y, en lugar de generar un nuevo mecanismo que resuelva de mejor forma este tipo de nombramientos, lo que tenemos es más de lo mismo, las cuotas. Además de las limitaciones de la reforma que se debate, están los tiempos, sobre todo en los cambios que tienen impacto en el proceso electoral del 2012, que se inicia formalmente en un mes, como son las candidaturas independientes o la reelección de legisladores. Se tendría que hacer un artículo transitorio para darle entrada a estas reformas y que se puedan aplicar durante la próxima elección.

La minuta que aprobó el Senado tiene limitaciones importantes, y por lo que se ve del primer dictamen de los diputados, ahora se quiere reducir aun más las posibilidades de una reforma política amplia. ¿Cuándo se podrá tener una reforma que realmente sirva para enfrentar los graves problemas de representación, ineficacia y mediocracia que han derruido a la democracia mexicana? debate@debate.com.mx

El dilema de las reformas

Arnaldo Córdova

En apariencia, todo mundo quiere reformas, reformas para todos los temas y para enfrentar todos los problemas. No apenas surge un problema y se piensa de inmediato en todos los instrumentos legales que deben ser reformados y los mecanismos que hay que poner en pie para enfrentarlos. De ninguna manera es algo irrelevante. Desde hace casi un siglo vivimos imbuidos por el espíritu reformista y pensamos, casi de modo natural, en las reformas como un modo simple y directo de solución a las dificultades. No sólo no es ocioso, es algo muy saludable para la política. Ésta se lleva a cabo, de modo especial, para hacer reformas que nos solucionen los muchos problemas que tenemos.

El riesgo que se corre es siempre el mismo que con toda repetición incansable o reiteración descuidada: el aburrimiento de la opinión pública que llega a perder el interés por los temas tratados o, incluso, la verdadera dimensión y la real importancia de los planteamientos. Por lo general, las reformas, cuando se plantean inicialmente, despiertan siempre un fundado interés y, a veces, hasta un cierto entusiasmo, y más cuando las fuerzas políticas muestran deseos de ponerse de acuerdo para llevarlas a cabo. Cuando se ve que reculan o se arrepienten o, en todo caso, ya no se muestran tan decididas en la obra, entonces viene el desencanto y la pérdida de fe en quien mayormente debe tenerla, justo, la opinión pública, la ciudadanía que se ha comenzado a entusiasmar.

Ese debería ser el asunto que mayormente debería preocupar a las fuerzas políticas de las que dependen las reformas: no desilusionar a los ciudadanos cuando han entendido que una reforma vale la pena y se debe llevar a cabo a como dé lugar. En realidad, hoy hemos llegado al punto en que aquéllos ya no creen en las reformas, tampoco en las fuerzas partidarias que las plantearon o las promovieron y ni siquiera en la política. De ahí surgen resentimientos que se materializan en expresiones poco edificantes, en especial, la de partidocracia, con la que se cree definir la actuación dispersa y, para muchos, de verdad anárquica y burdelera de los congresistas de las diferentes formaciones.

Está claro que para que una reforma o propuesta que lleve ese sentido tenga cierta viabilidad es indispensable que una buena mayoría la acepte y la sostenga. Y es ahí donde empezamos a ver incoherencias y desavenencias entre los partidos. Es probable que nunca se vean unanimidades, pero poco importa, pues de lo que se trata es de que haya mayorías que la sustenten y la sostengan. Los partidos (y es parte de sus privilegios) generalmente utilizan el proceso, que debería ser de acuerdo o de búsqueda de consensos para aprobar una iniciativa, para hacerse la guerra y tratar de sacar ventajas de su posición negociadora en desmedro de quienes les acompañan en el esfuerzo.

Todo eso, desde luego, no es partidocracia ni algo que se le parezca. Ese fenómeno se da cuando existe un divorcio total entre la sociedad y las fuerzas políticas, de manera que éstas, aisladas, se encuentran en la paradójica situación de tener que combatir a la propia sociedad para preservar sus privilegios. Eso ocurrió en Italia poco antes de la llegada de Berlusconi o en Venezuela cuando todos los antiguos partidos acabaron en la ruina. Javier Sicilia no sabe lo que dice cuando afirma que nuestro mal está ahí. Los partidos políticos en México todavía no se han desligado de sus bases sociales, no por completo. Si gozan de privilegios repugnantes es porque nosotros mismos se los dimos a través de las sucesivas reformas del sistema electoral.

No está mal, por otro lado, que todos se hayan acostumbrado a exigir reformas para cualquier mal que se asome en la vida social. Yo no entendí por qué el mismo Sicilia, a un cierto punto y de modo inopinado, exigió al gobierno que realizara ya la reforma política. No era un tema que él se hubiera destacado por tratar con amplitud y creo que tampoco ha vuelto a él. ¡Qué bueno! Todos deberíamos hacerlo, porque es el camino para la transformación del país. Pero, no cabe duda, los principales responsables de ello son los propios partidos y las fuerzas que están detrás de ellos. En México, hoy, no se puede avanzar más si no se llevan a cabo numerosas reformas; muchas de ellas ni siquiera se han planteado.

A veces se nos olvida que en la negociación de las reformas los partidos no son los únicos actores; acaso ni siquiera son los principales. Se puede recordar lo accidentado que resultaron las reformas que tuvieron que ver con la legislación sobre el espacio radioeléctrico. Ahí, quienes llevaron la voz cantante fueron los dueños de las televisoras y sus personeros, entre diputados y senadores. Fue divertido ver cómo priístas y panistas se empellaban entre sí para ver quiénes favorecían más lacayunamente los intereses a los que estaban sirviendo. A veces, las posiciones más privatizadoras y patronales las asumieron los priístas. Y cuando se trata de intereses directamente ligados al gran capital, los verdaderos actores son otros, no los legisladores, e incluso es fuera del Congreso que se deciden las cosas.

Para cualquier tema que se convierta en materia de una reforma siempre veremos lo mismo: los partidos no deciden por sí mismos, ni mucho menos. Aun cuando se trata de una reticencia o de resistir un cambio, la mayoría de las veces no son los partidos los verdaderos actores sino las fuerzas sociales o grupos de presión que están interesados en el tema. Un ejemplo muy reciente lo dan las fuerzas armadas en el proceso de deliberación de las reformas a la legislación de seguridad. Desde el fallo de la Suprema Corte que obliga a todos los jueces a estudiar que la ley que van a aplicar no choque con los derechos humanos y, en tal caso, se abstengan de aplicarla, los abogados militares cada día nos salen con una nueva ocurrencia que busca imponer a toda costa el fuero militar, no obstante que la resolución de la Suprema Corte también impone que los militares responsables de violar derechos humanos deben ser juzgados por tribunales civiles.

A nadie le extrañaría, para dar otro ejemplo, que pudiera intentarse una reforma de la legislación eclesiástica sin la presencia constante y beligerante de la Iglesia católica en el proceso. De hecho, las reformas de Salinas al artículo 130 constitucional y, luego, a la legislación derivada, se hicieron en todo momento con la presencia infaltable de los jerarcas católicos. La Iglesia, por lo demás, no pierde ocasión para manifestarse en torno a las reformas (recordemos su exigencia de una verdadera libertad religiosa, en la que mete todo lo que se le ocurre).

A final de cuentas y, a veces, inadvertidamente, se viene a descubrir que en la mayoría de los casos es el propio gobierno el causante de los retrasos, los aplazamientos o la frustración de los intentos de reforma. A él se debe la mayoría de los proyectos y éstos no prosperan por su mal planteamiento o por el empecinamiento de sus autores. No hay política parlamentaria y falta siempre la ocasión para poner de acuerdo a las diferentes fuerzas políticas. Y eso ocurre con todas las reformas que se han planteado hasta ahora.

Las próximas semanas estaré ausente de estas páginas. Aquí volveremos a vernos muy pronto.

Los nuevos virreyes

Miguel Carbonell

La reforma política más importante y más urgente para México no tiene que ver con la reelección legislativa, con la suplencia presidencial, con el referéndum o el plebiscito, ni con las candidaturas ciudadanas. Todo eso es importante y sería muy bueno que estuviera bien regulado por la Constitución mexicana, pero el tema central hoy día para nuestra democracia tiene que ver con los poderes locales y, en concreto, con el poder prácticamente absoluto que tienen los gobernadores de los estados.

Nunca, en toda la historia, las entidades federativas habían recibido tanto dinero como el que han tenido en los últimos años. A través del control que ejercen sobre el voto de los diputados en el Congreso de la Unión, los gobernadores han conseguido presupuestos cada vez más abultados, los cuales han sido gastados, muchas veces, en obras completamente inútiles, destinadas más al lucimiento personal que a servir de modo efectivo a los ciudadanos.

Muchas de esas obras (como sucede por ejemplo en Nuevo León, Oaxaca o Zacatecas) ni siquiera han podido ser utilizadas porque fueron mal construidas o porque no se terminaron a tiempo. El dispendio, la arbitrariedad en el ejercicio del gasto y una más que presumible corrupción es lo que parece ser el común denominador en muchas entidades federativas. Los gobernadores no le rinden cuentas a nadie. Su poder los ha convertido en los nuevos virreyes. Por eso es que la reforma más importante que debemos emprender en la actualidad es la del federalismo mexicano.

Lo sorprendente es que, a pesar de los muchos recursos que han recibido, a algunos gobernadores no les ha alcanzado. Su apetito presupuestal insaciable los ha llevado no solamente a gastar hasta el último centavo que les llega desde la federación, sino también a endeudar a las actuales y a las futuras generaciones.

Cuando Humberto Moreira tomó posesión como gobernador de Coahuila la deuda estatal era de 323 millones de pesos. Al finalizar su mandato era de alrededor de 32 mil millones. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre 2005 y 2009 el gobierno de Chihuahua elevó su deuda en un 709%, el de Oaxaca en un 668%, el de Tamaulipas en un 427%, el de Chiapas en un 424% y el de Nayarit en un 407%. Los virreyes del siglo XXI han demostrado tener un apetito voraz e incontrolado.

Una reforma del federalismo mexicano debe enfrentar al menos dos temas muy delicados: primero, ¿qué atribuciones o competencias le toca desarrollar a cada uno de los niveles de gobierno? Y segundo, ¿qué tipo de controles y qué esquemas de rendición de cuentas deben existir para los poderes locales? Si no resolvemos estos dos asuntos (entre otros que podrían mencionarse), seguiremos teniendo un acuerdo político disfuncional, cuyos principales perjudicados seremos, como siempre, los ciudadanos.

Como lo ha señalado Carlos Elizondo Mayer-Serra, los gobernadores han pasado de tener una “responsabilidad sin poder” a ejercer un “poder sin responsabilidad”. Pese a todas las tropelías que están a la vista de cualquier ciudadano, hasta el momento no hay un solo ex gobernador que haya sido procesado por malversación de fondos, desvío de recursos u otra responsabilidad derivada del mal ejercicio de su cargo al frente de una entidad. Tal parece que muchos de ellos han sabido utilizar distintas artimañas (incluyendo suculentos sobornos a legisladores de los partidos de oposición) para ver aprobadas sus cuentas públicas y salir libres de todo tipo de imputación oficial.
Por si lo anterior fuera poco, los gobernadores han además perfeccionado el arte de aparecer como no responsables en temas que inquietan sobremanera a los ciudadanos. Es el caso de la inseguridad pública que se vive en buena parte del territorio nacional, la que muchos estiman que es responsabilidad del presidente Calderón, cuando lo cierto es que son los gobiernos locales los que han tenido una actuación desastrosa en esa materia.

Recordemos que el 87% de todos los policías que tenemos en México están bajo las órdenes de los gobernadores o de los presidentes municipales y que el 89% de todos los delitos que se cometen les corresponde investigarlos y juzgarlos a las autoridades locales. Pero en esa materia los gobernadores se limitan a pedir más recursos a la federación y a señalar el deber de ayudarlos que tienen las autoridades federales, cuando lo cierto es que han fallado clamorosamente en depurar sus cuerpos policiacos, capacitar bien a sus elementos y darles el equipo necesario para cumplir eficazmente con su deber. En materia de combate a la inseguridad, la enorme mayoría de los gobiernos locales salen reprobados, pero ningún gobernador ha tenido el decoro de reconocerlo y, en consecuencia, presentar su renuncia.

Y no lo hacen ni es probable que lo hagan porque se sienten y se conducen como si fueran virreyes. Lo peor de todo es que lo seguirán siendo mientras nosotros se los sigamos permitiendo.

Twitter: @miguelcarbonell

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

La reforma política

John M. Ackerman

Se equivocan quienes han convertido la llamada reforma política en una bandera de lucha de las causas progresistas. La Cámara de Diputados cometería un grave error si avala sin modificaciones lo aprobado por el Senado en esa materia. Los diputados primero tendrían que debatir a fondo las propuestas para incorporar los ajustes necesarios para convertir el documento en una verdadera propuesta para el cambio social.

Javier Sicilia y el pequeño grupo de jóvenes que el miércoles pasado asistió a la Comisión Permanente pecan de soberbia: “No venimos a pedirles, sino a exigirles que aprueben la reforma política. Si tienen que convocar a un periodo extraordinario o trabajar horas extras es su problema: la aprueban, es un mandato ciudadano… Apruébenla como se las mandó el Senado”. Los manifestantes demuestran un preocupante desconocimiento de los procesos democráticos al erigirse en representantes de un inexistente mandato ciudadano y exigir que en lugar de discutir las reformas los diputados se comporten como meros levantadedos.

En febrero de 2010, un grupo de intelectuales y ex funcionarios públicos encabezado por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles ya había utilizado una estrategia similar para defender la propuesta de reforma política de Felipe Calderón. Su polémico desplegado titulado “‘No’ a la generación del ‘No’” se inició con la misma orden sorda de cancelar el debate democrático: Amigos legisladores: aprueben las reformas. No hay nada más que discutir, hay que votar y punto, aclaraban los organizadores en múltiples entrevistas.

En septiembre de 2007, los principales medios de comunicación también tomaron el Senado para obligar a los representantes populares a modificar la redacción de la reforma electoral. En aquel encuentro histórico, Pedro Ferriz articuló un discurso similar al que hoy presenta Sicilia: No creo que vengamos a dialogar con ustedes; venimos a reaccionar de ustedes.

La propuesta de candidaturas independientes del Senado aseguraría una mayor dominación de los poderes fácticos y los intereses particulares sobre la política nacional. No hay duda de que los partidos políticos hoy se han convertido en mafias cerradas que no rinden cuentas a absolutamente nadie. Pero la idea que un ciudadano sin estructura partidista, y con fuertes patrocinadores del sector privado, sería un candidato más cercano a la población no es más que un espejismo.

El que paga manda, reza el sabio dicho popular, y estos candidatos tendrán que recibir grandes cantidades de dinero para poder desarrollar una campaña viable. Algunos ejemplos recientes incluyen la no-candidatura presidencial del Doctor Simi en 2006 y la candidatura presidencial de Ross Perot en Estados Unidos en 1992 y 1996.

Las candidaturas no-partidistas a escala municipal o estatal presentarían menos problemas por la cantidad de recursos que se requieren. Pero a escala federal, y sobre todo para una elección presidencial, estas candidaturas darían el pretexto perfecto para burlar los controles sobre el financiamiento privado. Una eventual reforma en la materia tendría que diferenciar con mucho cuidado entre los diferentes ámbitos de gobierno, así como fijar límites tajantes a escala constitucional para el financiamiento electoral.

Asimismo, es falso que exista un mandato ciudadano para Sicilia en esta materia, dado que la propuesta de candidaturas independientes fue explícitamente rechazada por el Pacto de Ciudad Juárez, del pasado 10 de junio. Con mucha razón, los participantes en la mesa 6 del encuentro decidieron dejar fuera estas candidaturas y prefirieron apoyar otras figuras como el plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, así como la democratización de los medios de comunicación, todas excluidas de la minuta del Senado.

La propuesta del Senado sobre la relección legislativa cuenta con problemas similares. Teóricamente, un diputado o un senador que pueda ser relecto inmediatamente para el mismo cargo tendría incentivos para independizarse de las cúpulas partidistas y acercarse a la ciudadanía, ya que los electores serían los que decidirían su permanencia en el cargo. Sin embargo, el documento del Senado incluye la relección inmediata también para los diputados y senadores plurinominales, nombrados por los partidos, otorgando así aún más poder a los dirigentes partidistas, ya que el botín que controlan sería más jugoso.

La relección también implica serios problemas en materia de fiscalización y equidad de las campañas electorales. El artículo 134 de la Constitución prohíbe explícitamente la utilización de recursos públicos para promover las candidaturas de los funcionarios públicos. Sería casi imposible mantener esta importante prohibición si todos los legisladores del país pudieran ser relectos inmediatamente en sus cargos. Súbitamente se legalizaría la utilización de los recursos de los grupos parlamentarios del país para financiar las campañas políticas, tal como ya ocurrió en 2009 con el grupo del PVEM en la Cámara de Diputados.

Las otras figuras aparentemente progresistas incluidas en la reforma política, como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, no son tan riesgosas como las candidaturas independientes y la relección legislativa. Sin embargo, la forma en que están redactadas asegura que casi nunca serán utilizadas por la población.

Aquellos ciudadanos interesados en una verdadera transformación social no tendrían que dejarse llevar por la distracción de una reforma política mal planteada, sino trabajar por una transformación de fondo en la estructura de poder social, económica y cultural, así como por una renovación integral de la clase política nacional.

http://www.johnackerman.blogspot.com - Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

¿La “tormenta (judicial) perfecta”?

José Ramón Cossío D.

A finales de 1991 en el Atlántico norte se produjo un fenómeno meteorológico conocido actualmente como “La tormenta perfecta”. En esos días se combinaron un frente de alta presión proveniente del norte de Canadá, un frente de baja presión presente en la costa este de los Estados Unidos y algunos elementos del huracán Grace, que en ese momento se desarrollaba en el sureste de ese país. Todo esto produjo vientos y oleaje severísimos, además de daños considerables. Las condiciones atípicas de realización modificaron el funcionamiento de los servicios meteorológicos estadounidenses y constituyeron la trama de un libro publicado en 1997 y de una película realizada en 2000. Lo que en todo caso le dio notoriedad a este acontecimiento fue la combinación de elementos que, si bien debieron seguir su propia dinámica, juntos produjeron un resultado inesperado y de increíble magnitud.

¿Por qué recordar ahora estos acontecimientos, pero, sobre todo, darles el carácter de contexto para comprender los retos de la reforma judicial en desarrollo? Veamos. Desde hace tiempo hablamos de “la” reforma al sistema de justicia. La descripción del proceso en singular hace suponer que se está ante un sistema dado, y ello permite asumir que su modificación puede realizarse mediante acciones específicas y controlables. La situación actual en materia de transformación judicial difiere en mucho de esta representación.

Es preciso entender que no se está frente a “la” o ante “una” reforma judicial, sino ante una pluralidad de reformas a los órganos, los procedimientos, las prácticas y las normas en materia de justicia. Son muy distintas las materias y jurisdicciones en las que los cambios se están produciendo o deben producirse. Existen diversas velocidades, avances y direcciones del cambio. Las reformas en proceso son más de las que suelen identificarse. Un primer grupo atañe tanto a la federación como a las entidades federativas (estados y DF). Está, desde luego, la penal, que dará lugar a los juicios acusatorios y deberá concluir en el 2016. Está la oral mercantil, que entrará en vigor en enero del 2012.

Está la necesidad de concluir con el nuevo sistema de justicia para adolescentes, con independencia de la extensión del plazo que se dio mediante la correspondiente reforma constitucional. Están pendientes de concluirse los cambios en materia de jueces de ejecución de sentencias, pues básicamente se instrumentaron paliativos ante la falta de las soluciones integrales que debieron estar en vigor a partir de junio de este año. Otro grupo tiene que ver exclusivamente con la federación a efecto de crear las normas e instrumentar las acciones necesarias para resolver tres asuntos de relevancia: permitir la recepción de las sentencias emitidas por las cortes internacionales en contra del Estado mexicano (particularmente la Interamericana de Derechos Humanos), lograr que los tribunales federales conozcan de los casos relacionados con la competencia económica y darle pleno desarrollo procesal a las acciones colectivas. Finalmente, las entidades federativas deben realizar desde ya (y no hasta el 2012, como lo acaba de establecer la Suprema Corte) todo lo relacionado con el llamado “narcomenudeo”.

En un sentido más importante para el funcionamiento de todo el sistema de justicia y para la estructuración de las relaciones entre individuos y autoridades, pero también para la conformación de las atribuciones de estas últimas, están pendientes de realizarse dos tipos de reformas: las concernientes al juicio de amparo y a la cabal protección a los derechos humanos. Como de ambas nos ocupamos en otras colaboraciones (8 de febrero y 22 de marzo de este año, respectivamente), no es el caso describirlas aquí. Resulta importante entender la función que ambas cumplirán en la conformación y entendimiento de la totalidad del futuro sistema de impartición de justicia. Las dos reformas pendientes de realizarse pueden llegar a cambiar el entendimiento y la operación del orden jurídico nacional de modo profundo.

Vuelvo a mi analogía inicial. Lo que según los meteorólogos le dio carácter de “perfecta” a la tormenta descrita fue la combinación de elementos que debieron seguir su propia dinámica y, por lo mismo, ser autónomos respecto de otros. A partir del momento en que varios elementos se combinaron entre sí, surgió un fenómeno nuevo y distinto que, además de inesperado, resultó enormemente destructivo. La modificación al sistema judicial que tenemos enfrente pasa por la modificación de una gran cantidad de elementos, cada uno complejo y peculiar. Por lo mismo, resulta poco inteligente considerarlos como si formaran parte de una unidad inseparable, o asumirlos como si fueran componentes completamente desarticulados y por lo mismo susceptibles de recibir un tratamiento individualizado. En la medida en la que se siga sin comprender la doble dimensión de lo que implican los cambios judiciales que tenemos enfrente se cometerán errores de diseño y puesta en marcha, y ello producirá una tormenta judicial perfecta. El desquiciamiento del sistema. Los daños son fácilmente identificables: personas lastimadas en sus derechos y autoridades deslegitimadas. No hablo sólo de jueces. Las crisis de la justicia afectan al Estado mismo. Los ciudadanos dejan de diferenciar entre autoridades y las identifican como parte de una unidad a la cual, y como tal, dirigen sus críticas. En momentos en los que se debate el modo como el Estado puede y debe recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, es torpe no entender lo que nos jugamos con “la” reforma judicial.

Twitter: @JRCossio
Ministro de la Suprema Corte de Justicia

El país de las infinitas excusas

Miguel Carbonell

Llevamos varios días asistiendo al patético espectáculo en el que varios políticos de primer nivel se echan la culpa por no haber logrado sacar adelante las reformas que México necesita con urgencia. Unos dicen que la culpa la tiene un gobernador, otros reviran que el gobierno y su partido no saben construir mayorías, para algunos la culpa la tiene la fractura dentro de los partidos, etcétera.

Es el cuento de nunca acabar. Lo único cierto es que las reformas importantes siguen detenidas y que el país sigue estando en manos de una clase política que se ha demostrado una y otra vez incapaz de estar a la altura de los retos que tenemos como sociedad. Lo que parece estar claro es que el fracaso es de la clase política en su conjunto, no de uno u otro partido o de uno u otro legislador. Hace unos meses la prestigiosa revista The Economist dedicó uno de sus números a estudiar el éxito económico, social y político de Brasil. En la portada se incluía una imagen impresionante del Cristo del Corcovado simulando un cohete que despegaba.

Cuando la vi me pregunté si México podría un día merecer portada semejante. Hoy me queda claro que estamos lejos de ser un país que sea capaz de apretar a fondo el acelerador y dar un paso de gigante hacia el futuro que debería esperarnos, pero al que nos seguimos negando una y otra vez. Lo peor de todo es que nuestros políticos siguen poniendo excusas, una tras otra sin tregua, pero son incapaces de ofrecer soluciones. Un caso que ilustra bien la mediocridad de nuestra clase política es el del nombramiento de los tres consejeros del IFE, cuya plaza está vacante desde hace más de seis meses.

El Consejo General del IFE se integra por nueve miembros. Es decir, los lugares vacantes representan el 30% del total de sus miembros. ¿Qué pensarían los diputados si en su Cámara faltaran por elegir más de 150 miembros, si el Senado tuviera que trabajar sin 40 de sus integrantes o la Suprema Corte tuviera cuatro sitios vacíos? ¿No sería, en esos casos, una absoluta falta de respeto que los responsables de cubrir las vacantes se tardaran más de medio año en cumplir con su tarea? Pues eso es exactamente lo que ha sucedido con el IFE. No se trata de un desprecio sólo para la institución electoral.

Es un verdadero insulto a toda la ciudadanía, que con mucho esfuerzo y no poco dinero ha puesto durante décadas sus esperanzas e ilusiones democratizadoras en el buen funcionamiento de los organismos electorales. Si revisamos la historia política mexicana de los últimos 20 años podremos percatarnos de la absoluta centralidad que han tenido (y siguen teniendo) los órganos electorales en México. Pero eso no parece preocuparles a nuestros diputados, quienes ahora dicen —en el colmo del cinismo— que los nombramientos de los nuevos consejeros deberán esperar hasta septiembre. Ya nadie duda por qué en todas las encuestas de confianza institucional aparecen en el fondo de la escala: son sencillamente indefendibles.

México necesita mirar al futuro con decisión y dar el salto para ser de una vez por todas el país desarrollado con el que hemos soñado durante tanto tiempo. Para hacerlo necesitamos apurarnos a la reconstrucción política y económica que se requiere. Dicha reconstrucción pasa en buena medida por la actuación de nuestros legisladores, que deben ser capaces de modernizar nuestro mercado de trabajo, diseñar un mejor régimen político, reformar a fondo nuestros esquemas fiscales, propiciar la apertura a la competencia en importantes sectores económicos, fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto público y de rendición de cuentas, robustecer el Estado de derecho para dar seguridad jurídica a las inversiones productivas y un largo etcétera.

Nada de eso se podrá lograr si nuestra clase política no deja de seguir enredada en sus mediocres querellas de cada día y empieza a pensar cómo vamos a hacer para que el país despegue. Los cálculos cortoplacistas que hemos visto en los últimos días, plagados de egoísmo y soberbia, es lo que menos necesitamos. De una vez por todas, que se pongan a legislar por el México que merecemos y que hagan a un lado las infantiles excusas que hemos escuchado con una mezcla de resignación y rabia. ¿Es mucho pedir?

Investigador del IIJ de la UNAM