El desmantelamiento de la Constitución

Arnaldo Córdova

Nunca será demasiado volver una y otra vez a señalar que la Constitución no es una norma como cualquier otra. De hecho, la Carta Magna no es una norma. Como lo enuncia su artículo 39, ella es un pacto, signado por los ciudadanos integrantes del pueblo; es el acuerdo popular para darse un régimen de gobierno, un ordenamiento democrático y un sistema de justicia decididos por los ciudadanos permanentemente. El objetivo es el bienestar y el beneficio del pueblo mismo y de todos los integrantes de la sociedad (la nación, como la denomina el artículo 27).

No es sólo un pacto fundador, en el tiempo, sino un pacto fundacional, permanente, que edifica el estado de derecho y sus instituciones y los renueva constantemente. El pacto es el escudo que permite y procura al pueblo la protección y la defensa de sus derechos frente a la opresión y el mal gobierno. El Estado aparece, por eso, decidido y conformado permanentemente por el pueblo. El sufragio es el elemento clave a través del cual se manifiesta la voluntad popular. Las instituciones sólo subsisten si respetan este principio fundador.

La Constitución es el pacto protector de las instituciones del pueblo y puede ser modificada en su letra y en su texto, pero no puede ser cambiada en sus institutos protectores, como la distinción que ella hace entre el pueblo de los ciudadanos y la nación de los mexicanos, el principio de la división de poderes, la definición del patrimonio nacional, el sistema de los derechos humanos y el sistema democrático de designación de los funcionarios y representantes del Estado. El eje de todo este conjunto institucional se da en el artículo 39.

Todos los mexicanos tienen la protección de su existencia y de sus derechos, precisamente, en el conjunto de esas instituciones populares y democráticas. Pero no sólo. La Constitución es, asimismo, un pacto protector de los derechos de los diferentes sectores que integran la sociedad mexicana. Cambiar los términos de ese entramado garantista y protector es cambiar el pacto mismo o dejarlo sin ninguna razón de ser. La Constitución garantiza la protección de los trabajadores y habitantes del campo a través de su articulo 27, que les otorga la posesión de la tierra y su disfrute. Independientemente de lo que pueda argüirse sobre el destino de la reforma agraria, ése es el sentido del pacto.

El poder del Estado está para servir a todos y no puede ejercerse para favorecer a unos cuantos o ponerse al servicio de grupos privados. La Constitución garantiza la existencia de los trabajadores asalariados que forman la inmensa mayoría de la población a través de las instituciones protectoras del artículo 123. Todos sabemos que ese artículo es de los menos observados en la vida cotidiana del país; pero sigue ahí, como base de la convivencia pacífica de las relaciones sociales y de la solución ordenada de los conflictos.

La Constitución se ha enriquecido con la inclusión en su articulado de disposiciones protectoras para los más diversos sectores de la sociedad, como nuestros pueblos originarios o las mujeres. Es un pacto de convivencia social que mira a hacer valederos los derechos de todos los individuos y los grupos sociales, así como a proporcionar a todos y al mismo Estado los instrumentos para definir esa convivencia y hacerla efectiva. La definición de la sociedad que ahora es pluriétnica y pluricultural lo dice todo en este respecto.

La reciente precisión introducida en el texto constitucional sobre su extensión protectora de las personas y de los individuos al establecer que el antiguo planteamiento de las garantías individuales no era limitativo, sino prescriptivo y que la protección de la vida, las posesiones y los intereses de todos los mexicanos y quienes se acogen a esa protección debe comprender todo el conjunto de los instrumentos internacionales que consagran los derechos humanos. Independientemente de que muchos piensen que hay una diferencia jerárquica entre nuestra Carta Magna y los tratados internacionales, esos tratados forman parte de nuestra institucionalidad constitucional.

Pues todo ese armazón de instituciones fundadoras y protectoras se está desmantelando y aboliendo por el conjunto de reformas anticonstitucionales que el gobierno de Peña Nieto ha hecho aprobar en el Congreso. Todas ellas han estado dirigidas a destruir el antiguo pacto de la nación mexicana. Sus instituciones fundamentales ya no serán las mismas. Y destaca el hecho esencial de que todos los principios de la convivencia social a los que daba lugar el pacto están siendo subvertidos para anular los derechos y las prerrogativas de los más amplios sectores de la población mexicana.

Ya no podremos hablar de un régimen popular y social de derechos y garantías, sino tan sólo de un nuevo régimen en el que se reinstituyen antiguos privilegios de grupos elitistas que ahora vienen a sustituir a las mayorías, a cuyos intereses servía el antiguo pacto. México deja de ser el país plurisectorial y pluriclasista que era antes, para volverse el nuevo país de los dueños de la riqueza y del poder. El pacto fundador del Estado mexicano del siglo XX está moribundo y será, en adelante, un factor de desestabilización social y de desequilibrios que nadie sabe en qué pueden parar.

La reforma laboral implica la abolición total del artículo 123 y todo su complejo sistema de convivencia de los llamados factores de la producción, los trabajadores y los empresarios. Los trabajadores han sido entregados, atados de pies y manos, a sus voraces explotadores y a éstos se les ha entregado el dominio pleno y particular del régimen de las relaciones laborales. Se prometieron más empleos y mejores salarios y, luego de un año, no hay nada de eso. La sobrexplotación de los trabajadores y su relegación económica están a la vista.

La reforma energética es la más desastrosa de todas. Ella significa la total anulación del régimen de propiedad de la nación sobre sus bienes primordiales, como el territorio, el subsuelo y los fondos marinos. Ya no hay una nación poseedora de un patrimonio propio. Sólo una entelequia que se quedará con algunas siglas sin ningún contenido real: Pemex, CFE. Sus antiguas riquezas que se buscaba preservar para todos los mexicanos ahora serán pasto de la avaricia y la sed de lucro de los privados, en especial trasnacionales. México como país soberano ha cesado de existir.

La Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos. Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917.

Me voy de vacaciones. Nos veremos aquí de nuevo en unas semanas.

Los traumas del PRD

Arnaldo Córdova

Lo ocurrido en el pasado congreso del partido del sol azteca, muestra con toda desnudez la naturaleza antidemocrática de esa organización y, también y desde cualquier punto de vista que se le vea, lo lejos que se ha colocado respecto del proyecto partidista que le dio origen. En primer lugar, aparece claro que ya no es un partido de militantes, sino un amasijo corporativista de grupos, corrientes y tribus que se disputan ferozmente el poder interno y se lo dividen o lo comparten muy por encima de sus militantes.

Concebido como la más alta instancia de deliberación democrática, tal y como está en los estatutos del partido, el congreso simple y sencillamente no pudo funcionar para nada. Los delegados desempeñaron un papel de simples espectadores, hacían como que discutían y decidían, para encontrarse después que ninguna propuesta venida de abajo podía pasar. Los jefes de corrientes instalaron, anti estatutariamente, un grupo cúpula de decisión, integrado sólo por ellos o sus contlapaches, en el que se ponían de acuerdo y negociaban, para luego llevar al pleno lo que habían acordado.
Hubo momentos de verdad risibles. A un cierto punto, cuando se aprobó la reelección de los ex presidentes, por un periodo y mediando tres años, todos los congresistas empezaron a corear el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas. Luego el propio Cárdenas se dio cuenta de que ser un dirigente de unidad en medio de la dispersión del partido y, acaso, observando el peso de las corrientes, era una utopía y, prácticamente, se hizo a un lado, deseando que otros recibieran la oportunidad.
Hubo otra ocasión en que, habiendo exigido aisladamente que el partido saliera del Pacto por México, los delegados se desbordaron en gritos coreando de igual manera que esa exigencia se cumpliera. A la hora de la verdad, empero, las cúpulas del partido cocinaron en su pequeña mesa de acuerdos un resolutivo en que la mayoría de las corrientes (incluida la de Bejarano) se manifestó de acuerdo con el Pacto y en la plenaria ni siquiera hubo debate y se aprobó casi sin oposición. Alejandro Encinas casi no lo podía creer y así lo manifestó.
Pudo haberse entrado en el mérito del Pacto, discutiendo sus contenidos y debatiendo cuáles demandas propias del PRD podían ser impulsadas y planteando una posición de principios. Pero no hubo nada de eso. Es probable que muchos delegados ni siquiera estuvieran informados de los puntos que comprende el acuerdo de los partidos con el gobierno. Simplemente se discutió a bulto si se permanecía o no en el Pacto. La aprobación fue casi unánime. Con el resultado de que nadie salió del congreso sabiendo lo que había aprobado.
Lo más extraño ocurrió días después del congreso perredista. El jueves pasado, en una conferencia de prensa que Jesús Zambrano convocó en el Senado, anunció, sin medios términos, que el PRD salía del Pacto porque, según dijo, el PRI y el PAN estaban negociando en los obscuro la reforma energética y eso su partido no lo podía permitir. Creo que para todos fue una sorpresa el que, primero, en el congreso se barriera con quienes postulaban la salida del Pacto y, luego, se anunciara que se salía del mismo.
Se supone que si era un acuerdo del congreso, logrado casi por unanimidad, tenía, como suele decirse, fuerza de ley. No era un acuerdo cualquiera. Puede decirse que, sin tener la autoridad suficiente, el dirigente del PRD y quienes le hacen compañía al decidir, de la noche a la mañana, que el partido dejaba de estar en el Pacto, actuaron en contra del mayor resolutivo de su congreso. En todo caso, el pretexto es ridículo. Ya desde antes de que iniciara el congreso se sabía por el destape que, en su momento, hizo The Wall Street Journal, que prirístas y panistas estaban negociando por su cuenta el destino de la reforma energética.

Nadie podría explicar el proceder del grupo de los chuchos. Si uno examina con detenimiento todas y cada una de sus posiciones o de sus pronunciamientos, encuentra que no tienen ninguna idea al respecto; no es un grupo de ideales. Es un grupo de intereses muy particulares y muy obscuros. Se han hecho del botín del PRD y lo han empleado para hacerse de una amplia clientela entre la membresía del partido. Se han vuelto hegemónicos (fue una pena ver navegar a Cárdenas y a Ebrard en un mar de pandilleros oportunistas y descreídos, ellos solos y sus almas) e imponen su voluntad.
Condujeron el congreso perredista como más les convino y lo obligaron a tomar los acuerdos que ellos quisieron. La sumisión que las huestes de Bejarano demostraron es prueba de la total hegemonía de los chuchos. Se supondría que, por lo menos, estarían dispuestos a sostener y defender los acuerdos de su congreso. Pero resulta que todo está pasando como si no hubiera habido congreso ni nada los obligara a nada. Congreso o no congreso el PRD está ya fuera del Pacto. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué este sorpresivo retiro del Pacto?
Podríamos decir que la militancia del partido tiene el derecho a saber por qué se está actuando de ese modo; pero hay que decir que los ciudadanos también tienen derecho a saber por qué se hacen las cosas o se les explique cuáles son las razones de ello. No puede suponerse que Ortega y Zambrano no supieran nada de los enjuagues que se han traído siempre priístas y panistas cobre la cuestión energética. El Journal sólo le puso letra a lo que todo el mundo sabía. Era un secreto a voces y sólo salió a la luz.
¿Puede alguien, por lo demás, decir con precisión cuál es la postura de los chuchos sobre el petróleo? En esa materia, sencillamente, se entregaron a Cárdenas y dejaron que él les formulara su programa energético, el cual han apoyado sin discusión alguna y respetando siempre la voluntad muy particular del ingeniero. A ellos el tema no les ha interesado nunca ni entienden de qué se trata. Sólo saben que es un asunto de la máxima importancia sobre el que hay que tener un pronunciamiento definido.
Su posición, oportunista y logrera ante las reformas promovidas por Peña Nieto los pinta de cuerpo entero. Siempre buscan presentarse como coautores de las reformas en virtud de su pertenencia al Pacto por México. Ellos dicen, por ejemplo, que la reforma hacendaria fue un logro suyo. Luego se descubre que no fueron otra cosa que simples fautores, simples facilitadores de la obra de Peña Nieto. Por eso es importante saber qué hay detrás de su decisión de abandonar el Pacto, cosa que, además, se antoja pasajera y que está sujeta a un buen arreglo de cuentas.
Otro que anduvo perdido en el congreso fue Marcelo Ebrard. Su propuesta de que sea una consulta a las bases partidarias la que decida quién será el presidente del partido ni siquiera de tomó en cuenta. El ex jefe de Gobierno del DF amenazó con impugnar legalmente los resolutivos del congreso. No se ha sabido mucho al respecto, pero Ebrard tiene mucha tela de donde cortar dadas las numerosas irregularidades estatutarias en que se incurrió en el evento. De llegar a prosperar su reclamo, el congreso sería declarado nulo.

Nacionalización de las elecciones

Arnaldo Córdova

La soberanía local no se pierde porque un ente nacional se encargue de organizar las elecciones. En la imagen, el presidente del IFE, Leonardo Valdés; el consejero Francisco Guerrero y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, en sesión extraordinaria celebrada en septiembre pasadoFoto Cristina Rodríguez

En el Pacto por México, en su punto relativo, se establece el compromiso de crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales (5.3. Partidos Políticos y Elecciones, p. 20). La propuesta ha dado lugar a un amplio debate entre las diferentes fuerzas políticas y entre expertos en la materia. El único resultado tangible del mismo es que se trata de una sugerencia audaz y dificultosa que es necesario pensar y repensar para no cometer errores.

Una propuesta conjunta de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática lanza, en particular, la idea de que la autoridad nacional electoral se llame instituto nacional de elecciones (INE). Esta nueva autoridad sería única y estaría encargada de organizar todos los procesos electorales del país, nacionales y locales. En ninguna de las propuestas que yo conozco se hace alusión al problema de la multiplicidad y enorme dispersión de las elecciones locales ni a las particularidades que cada estado y cada municipio presentan.
Muchos de quienes participamos en los debates de la reforma política desde los años ochenta coincidíamos en la necesidad de unificar nuestros procesos electorales, en el doble sentido de instituir una única autoridad electoral y hacer coincidentes todas nuestras elecciones en una sola fecha. Eso militaba contra la increíble dispersión de los mismos cuyo defecto fundamental es el de involucrar a la ciudadanía en, prácticamente, un continuo, permanente y distractor esfuerzo electoral que bombardea la importancia de los comicios en el interés popular.
Hubo muchos esfuerzos locales por hacer coincidentes sus procesos electorales entre sí (por lo menos dos de los tres acostumbrados) y también con las elecciones nacionales. La tendencia, no obstante, fue más bien a la resistencia a la unificación. El hecho es que hoy seguimos padeciendo una dispersión insana de los esfuerzos electorales, con el consiguiente hartazgo de la ciudadanía por las elecciones. No parece ser casual el hecho de que los comicios que más sufren el abstencionismo son, precisamente, los locales.
Realizar todas nuestras elecciones, nacionales y locales, en una sola fecha, aparte del indudable ahorro de recursos que implicaría, sería la mejor carta de presentación para la propuesta de instaurar una única autoridad electoral a escala nacional y local. Ésta, por su parte, tendría, relativamente, más fácil la tarea de organizar las elecciones de ese modo, que no en medio de la enorme dispersión que hasta ahora padecemos. Nadie parece haberse interesado, sin embargo, en hacer la propuesta.
Tanto la de organizar en un solo día las elecciones como la de crear una autoridad nacional única son de larga y añeja estirpe. Son propuestas que ya desde aquellos años ochenta, de tanto atraso en la reforma política, se hacían por parte de muchos de los que nos involucramos en el debate electoral. No es pues, ninguna ocurrencia ni una posición antojadiza el unificar nuestros procesos electorales en ese doble sentido indicado antes.
Con varios matices que no parecen importantes, hoy por lo menos se puede constatar que casi todas las fuerzas políticas están de acuerdo en instituir una autoridad electoral única. Se acordó en el pacto, como hemos visto, y se ha venido discutiendo, mostrando siempre el acuerdo de base que existe al respecto. Algún día, tal vez, sea posible ponerlas a todas de acuerdo también en la realización de todas las elecciones en un solo día y en todos los niveles. La reforma política se ha dado a través de una muy larga y muy lenta marcha. Con paciencia, podremos ver nuevos y significativos avances.

Hay objeciones serias y muy atendibles a la propuesta. Eso es un hecho, aunque también es verdad que no provienen de las fuerzas políticas antes mencionadas, sino de especialistas y personas que han tenido un largo tirocinio en las lides electorales. Se han puesto en duda muchos aspectos de la propuesta, sobre todo lo que se refiere a los costos, si la nueva autoridad será menos cara que las que ahora tenemos, en otras palabras, si habrá un ahorro. Se ha hecho notar que el nuevo INE será, sin duda, más costoso que el IFE; pero hay cierto convencimiento de que, al final de cuentas, será más económico.
La objeción más seria, ni duda cabe, es la que alega que una sola autoridad electoral implica un menoscabo de la soberanía de las entidades federativas. José Woldenberg ha planteado el asunto en estos términos: Somos, porque parece que se olvida, una República federal. Y uno de los derechos fundamentales de las entidades que integran el país es el de contar con órganos propios capaces de realizar las elecciones de sus autoridades. ¿O no? ( Reforma, 17.X.2013). Es una cuestión mal planteada, desde mi punto de vista.
El derecho de elegir a sus representantes, por supuesto, es un derecho soberano de los ciudadanos de todas las entidades y los municipios del país. Pero el INE no va a elegir, sino a organizar las elecciones. El tener órganos electorales propios no es algo que tenga que ver con la soberanía de los estados; lo es, en cambio, el que sus ciudadanos tengan el derecho fundamental de poder elegir a sus autoridades. La soberanía local no se pierde porque un ente nacional se encargue de organizar las elecciones.
Se trata de una cuestión puramente técnico-electoral, no de decidir sobre quiénes ni cómo serán elegidos. Lorenzo Córdova Vianello lo expone muy bien: “La organización de las elecciones es una función eminentemente técnica que no tiene que ver con el ejercicio del poder soberano de cada entidad. Ello explica por qué existen estados federales en los que… las elecciones, tanto federales como locales, son organizadas por órganos nacionales (como ocurre en Canadá o Brasil) o bien federaciones en donde las elecciones federales son organizadas por órganos electorales locales –y hasta municipales– (como ocurre en Estados Unidos)” ( El Universal, 18.X.2013).
En 1986 publiqué un ensayo en la revista Nexos al que Héctor Aguilar Camín puso el bello título de Nocturno de la democracia. En él anticipé que la reforma política en México tendría efectos revolucionarios. Es un punto de vista que aún mantengo. Alguien ha dicho que no estar con las reformas es estar con la revolución, sin que nos diga qué es esa revolución. Es una idiotez que sólo un beodo pudo haber imaginado. No puede uno estar de acuerdo con una reforma mal planteada. Pero debe quedar claro que nuestro camino es el de las reformas.
La reforma política, vista como reforma electoral, debe seguir profundizándose. Los pendientes son innumerables, entre otros, la reforma política del Distrito Federal. Sólo que deben ser bien estructuradas, bien pensadas y evitar las ocurrencias, en las que los partidos son verdaderos especialistas. Esta reforma, relativa al órgano único de elecciones, desde mi punto de vista, es necesaria y debe ser planteada con toda seriedad.

Los mitos de Peña Nieto

Arnaldo Córdova

Enrique Peña Nieto llegó al poder obsesionado por la idea de una presidencia fuerte. Todos los males de México, según él, surgían del hecho de que el gobierno de la República se había venido debilitando al extremo de que cada vez era más incapaz de enfrentar la adecuada conducción de la sociedad. Una presidencia fuerte era el remedio a los males de México. Cómo lograrla era su propuesta. Había que reconquistar el Poder Legislativo, volviéndolo de nuevo el antiguo colaborador del Ejecutivo que siempre había sido y había que operar todos los cambios que eran necesarios para encauzar con tino la vida económica y social del país. Ese fue su programa.

¿Cómo hacer que el Ejecutivo y el Legislativo volvieran a marchar de consuno en la misma dirección? Con un Congreso dividido que no podía garantizar mayorías decisivas y decisorias por la pluralidad a la que había llevado la reforma política, sólo quedaba encontrar el medio de unificar a las diferentes fuerzas políticas en objetivos comunes o en alianzas sólidas que permitieran al gobierno, precisamente, gobernar. El hallazgo se dio con el Pacto por México. Nadie tuvo noticia del modo como se cocinó hasta que el presidente y los dirigentes de los tres partidos lo anunciaron y lo signaron.

Sobre el pacto se han dicho y se han difundido las más disímbolas apreciaciones. Muchos piensan que es una vil farsa que fue inventada sólo para domesticar a las dirigencias de los partidos de oposición a las que se llegó al precio. Otros nos dicen que es un método eficaz de crear las mayorías parlamentarias que le hacían falta al gobierno para dar cuerpo a sus decisiones. Y no faltan, por supuesto, los que afirman que el pacto es un mero membrete sin consistencia real que se hace y se deshace a voluntad de los cambiantes intereses de las fuerzas políticas involucradas.

En realidad, el pacto parece funcionar a veces como un mecanismo de relojería y a veces, simplemente, es ignorado por sus integrantes. El hecho indudable es que siempre es esgrimido como un factor de unidad de las principales fuerzas políticas y a todas ellas les sirve para justificar y legitimar sus acciones particulares. En esta vía, a veces, se llega al exceso de considerar que el pacto ha venido para imponerse sobre el Poder Legislativo y anular sus funciones. Que el pacto, de cualquier forma, le ha servido a Peña Nieto para sus objetivos es algo que ya nadie podría negar.

El nuevo acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, propiciado y garantizado por el pacto, debía llevar al segundo objetivo que consistía en volver a la senda de un desarrollo económico y social sostenido. Desde mucho antes que hiciera acto de presencia Peña Nieto, ya se había asentado entre nosotros la idea simplista y nunca adecuadamente explicada de que para ello dependíamos en todo de llevar a cabo las reformas estructurales (así se las llamó siempre) que el país requería. En todos los foros y en todos los tonos se nos atosigó con la idea de que no avanzaríamos y retrocederíamos si esas reformas no se efectuaban.

Nadie niega ni, que yo sepa, ha negado que para salir del estancamiento en que nuestro país se encuentra son necesarias reformas de fondo que reordenen en todos los sentidos los factores que impulsan nuestro desarrollo económico y social. Es más, cada vez que se advierte algún defecto en nuestras estructuras, lo natural y lógico es que se plantee una reforma. El estancamiento, la parálisis y el atraso en la economía y la sociedad hacen necesaria una mentalidad y una política reformista. El problema es que cada quien piensa en las reformas que se le antojan y no admite que sea buena cosa el ponerse de acuerdo en ellas.

Ello ha llevado al extremo, porque eso es lo que es, de ir planteando reformas parciales, una para cada asunto, cuando es evidente que se necesitaría lo que podría llamarse un plan general de reformas o, por mejor decirlo, una reforma general que abarcara todos los aspectos de la vida social, económica, política y cultural de México. Peña Nieto nunca ha planteado una reforma general de la sociedad mexicana. En realidad, nadie la ha planteado, si se exceptúa esa reforma moral de la vida social en la que ha venido insistiendo Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto ha planteado reformas particulares.

Sus reformas han sido hasta ahora la laboral, la educativa, la energética y la hacendaria. Nadie podría pensar que con esas reformas se puedan proporcionar al gobierno los instrumentos para una efectiva dirección de la sociedad. Hasta ahora, las propuestas del presidente priísta a nadie han satisfecho. De la laboral puede decirse que es como si nunca se hubiera hecho. Se prometieron nuevos cientos de miles de empleos y éstos no se han dado. Sólo ha aumentado la sumisión de las clases trabajadoras al dominio de sus explotadores. Como detonante de la economía, así se le anunciaba, es un fraude.

La mal llamada reforma educativa, ya se ha denunciado hasta la saciedad, no es de ninguna manera educativa, sino laboral. A los maestros se les va a someter a una evaluación en la que sus pares no tomarán parte, sino sólo las llamadas autoridades educativas, principalmente las de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que permitirán ir mandando al desempleo a los profesores que sean un elemento disruptivo en un sistema totalmente dominado por la burocracia estatal. El futuro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), está claro, no es nada seguro. El de los maestros, a los que ahora no se les respetarán sus derechos laborales, resulta todavía más incierto.

La reforma energética fue extremadamente parcial y limitada. Teniendo como gran objetivo el abrir nuestros recursos naturales a la iniciativa privada, principalmente extranjera, se limitó a eliminar del artículo 27 la prohibición de los contratos de riesgo y del 28 los sectores estratégicos reservados exclusivamente a la Nación para permitir a los privados competir con nuestras empresas nacionales en el sector. Todo quedará (y las transnacionales están a la expectativa) a merced de la legislación secundaria que los priístas podrán aprobar por sí solos.

La reforma hacendaria es otra tentativa timorata, parcial y ambigua de cambiar lo que hasta ahora nos rige. Es verdad que hay mucho de positivo en la misma; pero prevalece la indefinición que da lugar a todos los abusos. Se pensaba que sería una reforma pro empresarial y nada más. No ha sido así. Es una reforma recaudacionista: deja casi intocados los grandes intereses privados, ofreciendo salidas que los mantienen como grandes evasores, hinca el diente en los sectores altos de clase media, aventura un tímido régimen fiscal de Pemex que puede permitir a la empresa nacional disponer de recursos para la inversión y no dice ni media palabra de los necesarísimos controles de la corrupción y la impunidad.

Peña Nieto camina sobre mitos endebles e inciertos, sólo sobre promesas que nadie puede saber si cumplirá. Por lo pronto cada vez son menos los que creen en él.

Venganza y justicia

Arnaldo Córdova

Era tan tremendo en su poderío político el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que el sistema político mexicano, durante décadas enteras, no podía concebirse sin él. Sus dirigentes eran parte esencial de la cúpula gobernante, negociaban dentro de ella, administraban sectores completos de poder como si fueran propios, trataban con las otras fuerzas políticas ostentando su poder, imponían nombramientos y designaciones donde ellos dominaban, formaron en sus filas un indispensable personal que manipulaba toda clase de elecciones y, en fin, gozaban de una riqueza descomunal proveniente de las cuotas de los educadores sindicalizados.

Carlos Jonguitud Barrios, creación de Luis Echeverría, se hizo del poder sindical y fue el edificador del poderío político del SNTE con métodos gansteriles y delictivos tolerados por el Estado. Fue durante su largo reinado en los setenta y los ochenta que el sindicato se convirtió en una pieza fundamental del sistema político mexicano. Su defenestración por obra de Salinas de Gortari y el encumbramiento de Elba Esther Gordillo no sólo no cambiaron a la organización sindical, sino que reforzó, cada vez más y más, el carácter corporativo y gansteril del SNTE y sus funciones político electorales. Ese sindicato llegó a cobrar una autonomía tal de poder que permitió a sus dirigentes una existencia política casi al margen del Estado, sin perder sus cotos de dominio dentro del mismo.

De entraña priísta durante toda su existencia, el SNTE no perdió su poderío cuando el PRI fue echado de la Presidencia. No perdió su poder ni siquiera cuando Elba Esther Gordillo se peleó con la dirigencia de ese partido y la expulsaron del mismo. Su preponderancia en el movimiento de masas oficialista le alcanzó para capear la tormenta y acomodarse en la situación creada por la ascensión a la Presidencia de los panistas. Mucho se habló de la capacidad de adaptación de la Gordillo, pero la verdad fue que el SNTE, aun fuera del PRI, seguía siendo una maquinaria formidable de poder.

Eso, a la larga, sería su perdición. Gobernar con el sindicato, sobre todo en el área educativa, no podía por menos de constituir un estorbo y una carga para cualquier acción de gobierno. Jonguitud actuaba como parte del sistema y para el sistema; sus actos, de acuerdo con las circunstancias, siempre le reportaban alguna ganancia o alguna posición de poder, pero siempre procuró tener el beneplácito de sus superiores jerárquicos en el Estado. Nadie entendió por qué Salinas lo echó del SNTE para poner en su lugar a una hechura del propio Jonguitud. La verdad es que el profesor había adquirido un poderío que resultaba intolerable para el presidente en turno y se fue.

Quien mejor aprendió la lección fue Elba Esther Gordillo. Ella empezó a tejer su dominio conformando toda clase de alianzas con todo el que se pudiera o se dejara. Se hizo de amigos y de cómplices donde su predecesor ni siquiera se soñaba (por ejemplo, entre ciertos círcu­los de intelectuales, a algunos de los cuales llegó a cooptar). Al mismo tiempo, fortaleció y consolidó todo lo que pudo y sin perder una sola ocasión su poder dentro del mismo sindicato. Utilizó, de modo más amplio y sistemático que Jonguitud, las comisiones sindicales para formar un auténtico ejército de militantes políticos dispuestos siempre a secundar a la lideresa y jugando en los comicios un papel que se hizo temible para todos.

Gordillo nunca guardó fidelidades a nadie (a diferencia también de Jonguitud) y frente a todos puso su poder en subasta. La autonomía política que consiguió, inopinadamente, con su ruptura con el PRI y el cambio en la Presidencia de la República, la empleó para negociar intensamente con toda clase de actores políticos. Jamás se comprometió con un credo que fuera ajeno a sus muy personales intereses, pero tampoco distinguió a ninguno para establecer pactos secretos, como a ella gustaban. Chantajeó a todo mundo y nunca le tembló la mano para cobrarse viejas o nuevas deudas.

La formación del Partido Nueva Alianza fue una muestra de chantaje que ella no inventó. Era muy propia de Fidel Velázquez, el cual, ante cualquier peligro siempre amenazaba con formar el Partido Obrero por fuera del PRI. Ese partidito le dio nuevos ingresos respecto a los muchos que ya tenía, pero nunca lo consideró como una bandera a la cual debía permanecer fiel. Tal vez sintiendo la lumbre en los aparejos, su yerno se encargó de traicionar al Panal cuando hizo su abierto llamamiento a que se votara por Enrique Peña Nieto pese a tener su propio candidato. Entre granujas y villanos no es posible encontrar lealtad.

Pese a ese gesto traicionero y sucio, Gordillo y los suyos sabían que Peña Nieto los tenía en la mira. Ya el hecho de haber nombrado como secretario de Educación a Chuayffet, individuo con el que la profesora había tenido graves encontronazos, debió haberles parecido que les estaban enseñando la soga con la que serían ahorcados. El planteamiento de la reforma educativa, con su pronunciamiento esencial en torno a la evaluación del trabajo docente y a la permanencia en el trabajo ligada a dicha evaluación fue visto, por propios y extraños, como una amenaza directa al poder político sindical.

Hacerle la corte al que anda afuera no le sirvió a Gordillo de nada. Su imagen pública se había vuelto impresentable. Su rapacidad, sus derroches y sus lujos costosísimos y de malísimo gusto estaban a la vista de todos. Es verdad que había hecho infinidad de pactos con todo el que se le ocurriera, pero esos arreglos no la beneficiaban ya. Su aislamiento por inanición política era bien sabido. Ella debía suponer que sus gastos excesivos para su sueldo (en alguna ocasión declaró que ganaba un millón cien mil pesos anuales) era el anzuelo en el que la iban a hacer morder; pero su astucia política no llegaba tan lejos y, al fin, el golpe cayó seco sobre ella y su imperio.

Una vez descargado el golpe (incluso cuando el Consejo Nacional del sindicato estaba a punto de reunirse, como para que sus integrantes pudiesen discutir el asunto), la pregunta que todos se hacen es: ¿por qué hasta ahora?; si desde hace tanto tiempo se sabía de los dispendios de la dirigente y de sus gastos excesivos, sin que nadie se atreviera a preguntarle de dónde salía el dinero, ¿por qué no se actuó contra sus malversaciones de fondos sindicales, causa de la aprehensión? ¿Era tan poderosa que no había modo de ponerle coto con la ley en la mano? ¿Había compromisos con ella que impedían proceder en contra suya?

Otra cuestión en la mente de todo el mundo es: ¿fue, éste, un acto de justicia para resarcir un daño que se había hecho a la sociedad, al Estado y al mismo sindicato o fue, más bien, un acto de venganza en contra de un poder político que no se circunscribía solamente al ámbito sindical? Si de verdad fue lo primero, otra pregunta suplementaria es: ¿cuándo se procederá contra otros de los abundantes violadores de la ley que pululan en nuestro medio político? El caso más semejante al de Gordillo es el de Romero Deschamps, líder petrolero que hace lujo de derroche al regalar a su hijo un auto Ferrari que cuesta 2 millones de dólares. ¿Se hará?, ¿cuándo?

De nuevo la guerra sucia

Arnaldo Córdova

Si tomamos como parámetro lo que en México se ha dado en llamar guerra sucia, fácilmente se puede ver que todas las luchas políticas en la historia moderna del mundo tienen siempre algo de o caen inevitablemente en la guerra sucia. El problema es acabar de definir lo que ese concepto significa entre nosotros.

De modo aproximado no hay problema para identificarla: es cuando se emplean malas artes para derrotar a un contrario, como, por ejemplo, la mentira, la calumnia, la falsificación de dichos y hechos del adversario, no importa que sean en privado o en público, complotar a grupos y fuerzas para acorralarlo, usar de dineros mal habidos, de origen privado o estatal y, desde luego, el mismo erario para nulificarlo en su eficacia propagandística o de convencimiento.
Si se le llama sucia, aunque casi nunca se diga, es porque es ilegal, porque va en contra de lo establecido en las leyes o también porque se retuerce el sentido de las leyes para acosar al adversario. Esto es, en todos los casos, lo más difícil de esclarecer y aun de exponer en defensa del agredido. En muchos casos, por no decir en todos, las definiciones de la ley son genéricas y sumamente vagas, de tal modo que resulta imposible dilucidar qué son exactamente los extremos entre los cuales se sitúa su significado.
Todo mundo pudo ver la insania que encerraba la acción coordinada de Fox, siendo presidente, con la Suprema Corte de Justicia para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, siendo éste jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pasando sobre la ley y los reglamentos, se consumó la acusación judicial y el consecuente desafuero del Legislativo. No hubo modo de oponer una defensa judicial adecuada y fundada en hechos y, al final, tampoco la fuerza política suficiente en el Congreso para evitar el desaguisado.
Cuando se usa información llamada ad hominem, que tiene que ver, por ejemplo, con actos privados del oponente, con hechos escandalosos, como alguna infidelidad conyugal, una parranda privada, una pelea y cosas por el estilo, la ley o es omisa en su utilización política o, de plano, la permite. En Estados Unidos todos esos hechos causan la derrota anticipada o la dimisión de cualquier candidato. Ser un delincuente fiscal, como fue el cavaliere Berlusconi en Italia, ser enjuiciado por ello o estar sujeto a investigación, no implica la anulación política del individuo.
La ley no es garantía contra ataques de ese tipo. Si a ello agregamos una autoridad electoral omisa o mezquina en su actuación controladora de las rispideces de la lucha política, tenemos los ingredientes básicos para que la suciedad, si es que nos ponemos de acuerdo en lo que es, agobie a los acusados o sospechosos de actos escandalosos. El uso del dinero, por ejemplo, entre nosotros, es algo fuera de control, por más denuncias que se hacen al respecto. Todo mundo puede ver el dispendio de verdad apabullante del candidato presidencial priísta, no sólo en los medios de difusión gráfica que inundan el país, sino y sobre todo, en los medios de comunicación masiva. Y nadie puede hacer nada.
Hace unos días trascendió que el PRI y el PAN preparaban una serie de espots en los cuáles se vuelve a enfocar las baterías propagandísticas en contra del candidato de la izquierda, López Obrador. En algún momento él explicó que la lucha armada tenía su razón de ser en las terribles injusticias que padecían diversos sectores de la población. Ahora se le hará decir que la lucha armada es el conducto para llegar al poder. Desde luego que contra esos infundios no cabe más recurso que la aclaración puntual y masiva de lo que realmente se dijo.

Se ha propuesto realizar una exposición gráfica y de otro tipo en la que se van a resumir los años de gobierno perredista de la capital en la que se documentarán pormenorizadamente todos los crímenes que no se han podido combatir desde el gobierno o que se han dejado impunes. También aquí lo único que queda es aclarar debidamente todo al respecto.
Se vuelve a la historia de las ligas de Bejarano, no obstante que López Obrador, en el primer debate de los presidenciables, hizo notar que Gustavo Ponce está en la cárcel por su delito y que el primero también estuvo en chirona, aunque luego haya sido absuelto de toda culpa. No se ve, en cambio, que gobernadores ladrones y delincuentes hayan sido sometidos a juicio o que los parientes de Fox y su esposa fuesen siquiera indagados.
Pero la guerra sucia no sólo tiene que ver con claras infracciones a la ley sino, además, con actos perfectamente legales. Hace unos días Fox dejó helados a los panistas con sus obscenas declaraciones de apoyo a la candidatura de Peña Nieto. La lógica del ex presidente no es la suya propia, pues carece en lo personal de ella. Es la de los grupos reaccionarios y derechistas que lo arropan y lo protegen. El hecho de que López Obrador esté repuntando en las preferencias electorales los puso al borde de la histeria.
Que dos organizaciones políticas, perfectamente definidas y diferenciadas en sus documentos básicos y en su institucionalidad política, como lo son el PRI y el PAN, se pongan de acuerdo para derrotar al tercero en discordia y unifiquen sus esfuerzos como lo propone Fox, sería perfectamente legal. Los que tendrán que tragar mierda son los militantes que han creído hasta ahora que sus respectivos partidos eran la encarnación de sus aspiraciones e ideales.
Otras formas de guerra sucia, ateniéndonos como lo dije antes a lo que por ella entendemos en México, se han estado dando en abundancia y se seguirán dando. Nos basta abrir los periódicos o encender la radio y la televisión para ver declaraciones de mala leche que se filtran en la conciencia popular y hacen su efecto. Cordero, derrotado por Josefina Vázquez Mota, ha declarado que López Obrador tiene la culpa de la devaluación monetaria en curso. Y acaba de decir también que López Obrador es un peligro para las familias mexicanas.
En la entrevista que se le hizo en el programa Tercer Grado de Televisa, el pasado miércoles, Carlos Loret de Mola dijo a López Obrador que Bejarano y los seguidores de éste en el PRD operaban para él. El candidato le dijo que era un mentiroso y que si tenía pruebas las exhibiera. Le aclaró que llevaba siete años sin el menor contacto con el aludido y que él sí le podía presentar pruebas al respecto.
Josefina Vázquez Mota justificó sus promocionales contra López Obrador diciendo que eran sólo información. Al tabasqueño se le enjuiciará en su gobierno del Distrito Federal, por supuestos dineros mal habidos para sus actividades y, no podía faltar, su falta de compromiso con el tema del aborto. En el citado programa, López Obrador dijo que él estaba a favor de lo que las mujeres decidieran y que era algo que ellas mismas debían determinar.
En qué acabará esta guerra sucia es algo que se decidirá en las urnas. Los ciudadanos decidirán. Y como esta guerra ahora está enderezada en contra de su candidato, son los lópezobradoristas a los que tocará aclarar y exponer todas las inmundicias que se le echen encima.
Para Arturo Azuela, con la nostalgia de la amistad eterna

Los palos del ciego

Arnaldo Córdova

Al igual que mi colega Octavio Rodríguez Araujo, yo tampoco logro entender por qué fueron los candidatos para ser confrontados y calificados por Sicilia. Y también me pregunto: ¿quién es este señor y qué representa? (Correo Ilustrado, La Jornada, 29.05.2012). Que asistan a los foros que las diferentes fuerzas sociales (estudiantes, empresarios, trabajadores, académicos y los que sean) convocan para enterarse de sus propuestas es lógico y normal. Que las víctimas de la violencia y del crimen organizado los hubiesen llamado para que escucharan de viva voz la injusticia que padecen y sus exigencias de reparación también me parece que habría sido legítimo.

Desde luego, como se ha testimoniado en estas mismas páginas, eso se dio, pero no fue el asunto principal, sino las acusaciones y filípicas que les lanzó Sicilia; algunas certeras y bien documentadas, otras, en su mayoría, simples palos de ciego que hicieron verlo incoherente y rijoso del modo más gratuito e infundado. Los ataques a López Obrador, en especial, aparecieron como de quien no tiene nada que decir respecto a las violaciones a los derechos humanos, que era de lo que se trataba, sino tan sólo para llenar el expediente, como el que no tiene nada que decir y se avienta a lo loco.

A Josefina Vázquez Mota le dijo que era la continuación del régimen que había causado la ola de violencia en que han perecido casi 60 mil personas, la mayoría víctimas inocentes. La candidata blanquiazul tuvo que tragar camote y echar un mea culpa, pidiendo perdón a las víctimas de los errores del gobierno. A Peña Nieto le espetó lo consabido: la responsabilidad de los gobiernos priístas en la ola criminal que nos agobia y, muy en particular, la represión en Atenco; el priísta sólo pudo decir que las cosas están peores con los panistas. Con López Obrador no supo nada qué decir al respecto, porque a él no le podía endilgar las mismas acusaciones.

Así, comenzó diciendo: “Para muchos, usted, señor López Obrador, significa la intolerancia, la sordera, la confrontación en contra de lo que pregona su ‘república amorosa’ con aquellos que no se le parecen o no comparten sus opiniones. Significa el resentimiento político, la revancha sin matices contra lo que fueron las desaseadas elecciones de 2006, el mesianismo y la incapacidad autocrítica para señalar y castigar las corrupciones de los muchos miembros de su partido. Contra la tradición de la izquierda mexicana, no han dejado de golpear a comunidades indígenas de Chiapas y Michoacán, o a estudiantes de Guerrero” (La Jornada, 29.05.2012).

Sobre la tradición de la izquierda mexicana podría debatirse interminablemente, siempre que sepamos a qué nos referimos. No pienso que Sicilia esté calificado para dar un diagnóstico sobre ello, conociendo de lo que se ha ocupado en sus escritos hechos públicos a través de los años. Que los perredistas no hayan dejado de golpear a las comunidades indígenas en Chiapas y Michoacán, seguramente se refiere a los gobiernos de aquellas entidades, como lo hace también respecto de los estudiantes de Guerrero. Yo no voy a defender lo indefendible, cosa que tampoco puede hacer López Obrador y por lo cual no le contestó ni tenía por qué hacerse una autocrítica como él lo demandaba.

Por lo menos, eso sí, Sicilia debió haber fundado sus acusaciones, dar datos ciertos y señalar responsables comprobados de los hechos; en lugar de ello, lanzó la piedra y escondió la mano. Espero que sepa lo que es mesianismo y no use el término como lo hace Enrique Krauze al referirse a López Obrador, a lo tonto y sin dar elementos de juicio, simplemente para descalificar o para insultar. Que diga que López Obrador busque revancha por los hechos del 2006 es algo que pinta de cuerpo entero al acusador. En primer lugar, por su ignorancia y, enseguida, por su falta de información. El líder tabasqueño no pedía revancha, sino, como ahora Sicilia, simplemente justicia.

Decir “para muchos, usted… significa…” es el modo de esconder la mano después de lanzar la pedrada. ¿Por qué no tuvo valor Javier Sicilia para decir para mí? Además, nunca le dijo por qué, escudándose en los otros, lo acusaba de intolerancia, sordera y confrontación. Por lo demás, decir que López Obrador es un resentido, podría volteársele al mismo Sicilia y acusarlo de lo mismo al igual que a todos los ofendidos de este país. Ni para qué decirle, por si faltara, que en sus acusaciones coincidió en todo y por todo con los mismos que se lanzaron contra el tabasqueño en 2006.

Hoy, para muchos, siguiendo a Sicilia, López Obrador es diferente de lo que él le dijo. Hoy muchos empresarios han declarado que exageraron cuando en 2006 lo acusaban de ser un peligro para México. Nada menos, el pasado miércoles (y es sólo un ejemplo), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez, reconoció que la izquierda dejó de ser un peligro para México, ya que ve a Andrés Manuel López Obrador más moderado que hace seis años (La Jornada, 31.05.2012). A Sicilia, por lo visto, no le parece así.

Y éste fue todavía más allá, siempre tratando de asociar indisolublemente a López Obrador con el PRD. Insistió en algo que no explicó para qué o con qué fin: Yo le pido autocrítica. No es con usted, señor López Obrador; mis respetos absolutos, lo quiero muchísimo, pero me disgusta mucho la falta de autocrítica. Por lo general, por lo menos en los medios políticos en los que yo me desarrollé, se exige la autocrítica para poder superar las posiciones erróneas, no como la confesión para los católicos, para la autohumillación y para el autosacrificio. Al parecer esto último era lo que Sicilia le exigía a López Obrador.

Luego le descargó: “Hay debajo de todo esto, no de usted, no de lo mejor del PRD, pero sí de mucha gente que lo apoya, un espíritu fascista” (subrayado mío). López Obrador se sintió ofendido con justa razón, pero sólo le dijo: Javier, a mí no me puedes meter en el mismo costal. Es difícil saber qué hay detrás del intento de acomunar al candidato perredista con el partido. Desde luego, lo primero sería aclarar por qué a una parte del PRD se le califica de fascista, siempre y cuando también se sepa lo que este espantoso término significa. Que muchos perredistas sean rateros, estúpidos, inconsecuentes, oportunistas, atrabiliarios cuando tienen el poder no quiere decir, exactamente, que se les pueda calificar de fascistas.

Lo más extraño, empero, es la exigencia, en nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de que los diferentes candidatos firmen un acuerdo de unidad nacional antes del segundo debate, para evitar, se dice, que sus campañas continúen contribuyendo a una fractura del país. Nadie ha podido saber qué sería ese acuerdo, en qué consistiría o qué resoluciones, si es que las puede haber, se adoptarían. Queda, además, la duda, que Sicilia y sus seguidores deberían aclarar, de por qué las campañas están contribuyendo a la fractura del país. Si lo que quieren es que no haya elecciones y que los candidatos se vayan a sus casas, pues también deberían aclararlo

 

Ciencia y tecnología a debate

Arnaldo Córdova

Si quieren que eduquemos a más jóvenes, dennos los fondos necesarios para acrecentar nuestra planta, ha planteado José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoFoto José Carlo González

Es un verdadero logro para la comunidad científica de México que el tema de la investigación científica y tecnológica haya comenzado a ser discutido por los candidatos presidenciales. López Obrador abrió el camino cuando, hace unas semanas, convocó a un foro en el que anunció que, de triunfar, su gobierno integraría una secretaría de ciencia, tecnología e innovación, al frente de la cual estaría el doctor René Drucker. En ese foro se plantearon las añejas demandas de la comunidad científica para que esa urgencia sea atendida desde el gobierno con más recursos y con mayor participación de los propios interesados.

El pasado 23 de marzo, a convocatoria de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat), se celebró otro evento en la ciudad de Monterrey en el que participaron los candidatos presidenciales de las principales fuerzas políticas del país, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto. Cada uno de ellos expuso lo que le pareció en torno al problemático desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Pudo aquilatarse en esa ocasión el verdadero compromiso de los abanderados y la seriedad de sus propuestas.

Todos reconocieron que hay que invertir más en ese renglón, pues hasta ahora, y también lo reconocieron todos, ha sido uno de los más descuidados por las políticas oficiales, generando un terrible atraso estratégico. Peña Nieto, en particular, optó por compararnos con Corea del Sur, cuya inversión ha sido del 3 por ciento del PIB y en los demás países de la OCDE es en promedio de 2.33, mientras que en México es apenas del 0.4. El mexiquense deploró esa situación y se comprometió a un aumento en los recursos; pero no dijo nada más.

La panista se regodeó en una retórica huera que apenas alcanzó a plantear lo único que los derechistas saben decir: abrir las instituciones de educación superior al sector empresarial y fortalecer la participación de la iniciativa privada en la ciencia y la tecnología. Ninguno de los dos candidatos de la derecha dijeron cómo van a instrumentar algo que pueda ser llamado una estrategia de desarrollo científico y tecnológico, por la sencilla razón de que demostraron que no lo tienen. Además, ambos lucen mucha cola que les pisen, pues sus gobiernos han sido los responsables del estancamiento de nuestro país en la materia.

López Obrador fue claro en sus enunciados. Ofreció aumentar el número de investigadores, que cifró en 18 mil, para llevarlo a 50 mil. Él sí propuso cómo hará las cosas. No sólo con una política de austeridad y ahorro, sino, justamente, impulsando el desarrollo de aquellas áreas de la economía en la que se derrochan cuantiosos recursos y en las que el desarrollo científico y tecnológico es básico. Se refirió a dos de ellas: la producción de alimentos y el sector energético. No ha habido desarrollo económico ni científico por incuria y por desdén de los gobernantes desde hace ya más de treinta años.

“Apostaron –dijo– a que podíamos comprar los alimentos en el extranjero; nos convertimos en importadores y destinamos más de 25 mil millones de dólares para adquirir productos agropecuarios que podemos producir en el país”. Para ello se requieren inversiones e innovaciones científicas y técnicas. Los campesinos no pueden producir con bajos precios a sus productos y con los pulpos intermediarios que los encarecen artificialmente. La ciencia y la tecnología tienen ahí un amplio campo de aplicación y no sólo para los procesos productivos, sino para la ampliación de la infraestructura que sirva a la producción de alimentos.

En el sector energético retrocedimos durante los pasados 30 años porque, en lugar de desarrollar la industria petrolera y la eléctrica, creando nuevas fuentes de energía, desarrollando plantas generadoras, ductos y refinerías de petróleo y gas, todo se fue entregando a los intereses privados trasnacionales (al igual que los bancos), no hubo inversión y sí saqueo indiscriminado de las ricas finanzas energéticas y llegamos al colmo de acabar prácticamente con los centros de investigación tecnológica que había, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas.

López Obrador fue más allá: debe llevarse a cabo una transformación total del sistema educativo y engancharlo al desarrollo científico y tecnológico. Para ello es indispensable impulsar, en particular, la educación superior, para aumentar de 2.5 millones en 2012 a 5 millones en 2018 el número de jóvenes universitarios de 19 a 25 años. “Para llegar a esa meta –dijo el candidato de la izquierda–, vamos a garantizar ciento por ciento de inscripción a todos los muchachos que quieran estudiar en el nivel universitario, porque ha sido infame e irresponsable lo que se ha hecho: rechazar a los que quieren ingresar a las escuelas públicas, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión… No hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente”.

En ello, López Obrador coincidió con el rector José Narro, de la UNAM: si quieren que eduquemos a más jóvenes, dennos los fondos necesarios para acrecentar nuestra planta. De otra manera no habrá más que dolorosos rechazos de jóvenes que ni todas juntas podrán absorber las instituciones de educación superior, públicas y privadas. No se debe olvidar, por lo demás, que son las instituciones públicas de educación superior las que desarrollan el grueso de la investigación científica y tecnológica. Entre la UNAM, con sus centros de investigación, y el Instituto Politécnico Nacional, con su Cinvestav, siguen produciendo más de dos terceras partes del total nacional y, eso, con el ahorcamiento presupuestal al que los gobiernos, priístas y panistas, los han sometido.

A mediados de los años ochenta, los universitarios enfrentamos un grave problema: en las oficinas del gobierno de Miguel de la Madrid se especuló en torno a un gigantesco plan de reforma educativa que estuvo a punto de realizarse: crear una serie de centros de investigación modelo, de excelencia los llamaron, financiados por el gobierno y por los privados, y dejar que perecieran las universidades y demás centros públicos de educación superior, para que de ésta forma comenzaran a hacerse cargo los sectores empresariales, ya con el modelo del Tecnológico de Monterrey y de otras instituciones privadas. En los tiempos del rector Sarukhán, tuvimos que dar una gran batalla para preservar nuestra Alma Máter.

El rector comenzó a llamar a empresarios y altos funcionarios públicos para mostrarles las instalaciones universitarias y hacerles ver el trabajo de nuestros centros de investigación, pasándoles la más amplia información acerca de los logros que se habían hecho. Entonces la UNAM sola podía presumir que en sus centros se efectuaba más del 70 por ciento de la investigación científica nacional y, en muchas ramas, el cien por ciento. Los universitarios tuvimos que presionar a Salinas de Gortari para que dejara de impulsar su estúpido proyecto y un buen día tuvo que aceptar que la UNAM era el motor del desarrollo cultural del país.

López Obrador y los problemas nacionales

Arnaldo Córdova

En la carta dirigida al vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, López Obrador plantea en forma resumida los graves problemas a los que se enfrenta México y las soluciones que propone. En la imagen, en la reunión que sostuvieron el pasado 5 de marzoFoto Carlos Ramos Mamahua

Muchos recordarán la propuesta que Antonio Gramsci hacía en el sentido de que en Italia tuviera lugar una reforma intelectual y moral. Él lo planteaba en relación con la crítica del Risorgimento italiano de mediados del siglo XIX y la cultura nacional. Y la definía como una revolución popular que tenga la misma función que la Reforma protestante en los países germánicos y de la Revolución francesa (Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1975, pp. 318 y 2108). El concepto implicaba un significado que debía abarcar, en su totalidad, la transformación de la sociedad en todos los aspectos de su vida: religioso, intelectual, cultural, económico y político.

La alusión a aquellos dos grandes eventos históricos estaba enderezada a enfatizar que no se postulaba una simple lucha por el poder, sino una transformación de la conciencia y la mentalidad nacionales. Un cambio, en consecuencia, que iría hasta el fondo de las estructuras sociales y no se limitaría a una sucesión de superestructuras o de instituciones políticas. La Reforma protestante había sido una reconversión de las conciencias y los modos de vida; la Revolución francesa, un cataclismo que arrasó con las viejas estructuras sociales de dominación.

Ello debía dar como resultado, según el pensador italiano, una sociedad reorganizada y reordenada en todas sus partes y, en particular, en su vida intelectual y cultural. No había que eliminar nada, pero había que cambiarlo todo. La reforma del Estado (un proceso permanente) sería simultánea con la transformación social y cultural. Todo debía darse al mismo tiempo y todo debía estar interconectado. Para cambiar el mundo había que empezar, empero, con las estructuras mentales y culturales de la sociedad.

Algo semejante ha querido plantear Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de una república amorosa. El 6 de diciembre de 2011 explicaba: Cuando hablamos de una república amorosa, con dimensión social y grandeza espiritual, estamos proponiendo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública; y el amor para promover el bien y lograr la felicidad (La Jornada, 06.12.2011).

También exponía que su propuesta para lograr el renacimiento de México tenía el propósito de hacer realidad el progreso con justicia y, al mismo tiempo, auspiciar una manera de vivir, sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. Que pudo haber usado otra palabra, como se dice también, carece de relevancia; lo que importa es el planteamiento de fondo que encierra: en este país vivimos una decadencia de valores, de falta de solidaridad, de egoísmo ciego, con su secuela de corrupción y latrocinios, de depredación de las riquezas de la nación y del pueblo, que sólo una transformación de las conciencias y el surgimiento de una nueva mentalidad en todos, que sea, a la vez, una voluntad colectiva de querer y de hacer, serán la palanca de un verdadero cambio de las cosas.

Objeto de chistes malos y de inanes cuchufletas, pero casi nunca de verdadero análisis, la propuesta de López Obrador ha recibido de todo: según algunos, no es más que una treta para filtrar el deseo de una reconciliación entre la izquierda que él representa y la derecha más reaccionaria. López Obrador apapacha a sus enemigos jurados y les ruega que ya no le peguen tanto. Otros hablan de una propuesta ambigua y vacua (Pedro Joaquín Coldwell, al que sería inútil pedirle que hiciera un análisis razonado de su dicho). Otros, en fin, hablan del pésimo sentido del humor del tabasqueño, que anda predicando lindezas en tierra de descreídos.

Eso, simplemente, es la escoria de la política mexicana. Hay opiniones, en cambio, que quieren ser serias y responsables. Jesús Silva-Herzog Márquez, por ejemplo, afirma que López Obrador está convencido de que el problema de México es esencialmente un problema ético. Según él, todo se reduce a la honestidad (en la reforma fiscal, en la reforma energética). En materia de seguridad, lo que urge al país es que el bien suprima al mal. En suma, lo que el país necesita es un guía moral: un predicador. Y remata diciendo que en el diagnóstico de López Obrador hay un desprecio explícito a la aproximación técnica a los problemas de México. Quizá la apelación a ese instrumento, fría herramienta moderna, es parte de nuestra crisis moral (Reforma, 12.03.2012).

Silva-Herzog debería leer mejor los documentos programáticos del movimiento lopezobradorista y del propio López Obrador. Quién sabe lo que él quiera denotar por aproximación técnica a los problemas, pero si coincidimos en ello, se dará cuenta de que casi no hay problema sujeto a una propuesta de programa que no se funde estrictamente en consideraciones técnicas. El libro que contiene el nuevo proyecto de nación o los cincuenta puntos del tabasqueño, podrán ser discutibles, pero quieren ser propuestas serias. ¿Que hay mucha imaginación en ellos?, sí, ya C. Wright Mills nos aleccionaba sobre la fuerza creadora de la imaginación sociológica.

Claro que muchos de esos planteamientos riñen con la realidad, pero es la realidad que queremos cambiar. Valdría la pena citar, ahora que se festejan los 200 años de Charles Dickens, lo que uno de los tres examinadores de los niños de escuela dice a Sissy Jupe, en Tiempos difíciles: “‘Ustedes deben ser regidos y gobernados’, dijo el caballero, ‘por el hecho. Esperamos muy pronto un cuerpo realista [of fact], compuesto de comisionados de la realidad [of fact] que obligarán a las gentes a ser gentes de hechos y nada más que de hechos. Ustedes deben descartar por completo la palabra imaginación [fancy]. Ustedes no tienen nada que ver con ella’” (Hard Times, Penguin, Harmondsworth, 1984, p. 52).

En su carta al vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, López Obrador plantea en forma muy resumida los graves problemas a los que se enfrenta México y las soluciones que propone (por cierto, en una que sugiere la creación del corredor del Istmo de Tehuantepec, un columnista chocarrero cree ver una resurrección del Tratado McLane-Ocampo). Y escribe: La fórmula es sencilla: el Estado combatirá la corrupción, ahorrará recursos e invertirá con eficiencia. El sector privado, en un ambiente de confianza y certidumbre jurídica, invertirá en México y pagará impuestos. El sector social se involucrará en los proyectos, vigilando su buena marcha y cuidando el medio ambiente (La Jornada, 06.03.2012).

¿En dónde podría verse la reducción de todo a mero problema ético por parte del predicador? ¿Debería, tal vez, proclamarse que la corrupción no es un grave problema nacional o que el ahorro y la inversión con eficiencia es una tontería moralista? ¿El sector privado no debe invertir y pagar impuestos? ¿Es que queremos desparecer de una buena vez al sector social?

Tal vez López Obrador, como escribiera Thomas Mann, hace su propuesta, precisamente, con la astucia que da el amor (José y sus hermanos, cuarto tomo, José el proveedor, Ediciones B.S.A., Barcelona, 2011, p. 373).

La Iglesia en la política electoral

Arnaldo Córdova

La Iglesia católica o, por mejor decir, su jerarquía, ha actuado en la política nacional desde tiempos inmemoriales. De su parte, no ha habido gobierno, también desde antaño, que no haya tenido estrechas relaciones con ella, relaciones que, por lo general, eran de entendimiento y muy raras veces de confrontación. Pero los obispos siempre han albergado un apetito feroz por inmiscuirse en las lides electorales, de las que nunca les ha faltado la comprensión de que son decisivas para la conformación de los gobiernos y de la representación popular, incluso en los tiempos del PRI gobernante.

En cuestiones electorales, empero, la Iglesia fue hasta hace poco muy discreta en su actuar, tratando de mantener una imagen que, aunque no negara su interés tan vivo, la mantuviera al margen de cualquier represalia. Las cosas cambiaron decisivamente después de las reformas salinistas de principios de los noventa. Los obispos tendieron a inmiscuirse, cada vez más, en los asuntos electorales, tratando de dar orientaciones a sus fieles sobre cómo votar y hasta vetando a ciertos candidatos, como lo pudimos ver con toda claridad en los procesos de 2006. Onésimo Cepeda estuvo, incluso, a punto de ser sancionado por sus agresiones verbales.

Por ello no puede sorprendernos el contenido de las orientaciones pastorales que el cardenal Rivera Carrera y sus ocho obispos auxiliares hicieron público el pasado 15 de febrero, que está fechado tres días antes. Se trata de un acto de intervención abierta de la jerarquía en el proceso electoral que apenas comienza.

Para empezar, en él se fija el deber de los pastores del pueblo de Dios de orientar a los fieles en aquellos planteamientos políticos que, por sus implicaciones religiosas, morales y sociales, contradicen las enseñanzas de la Iglesia católica. También, el deber de los fieles cristianos de participar en todo aquello que hace posible la construcción del bien común en la sociedad.

Qué será el bien común, los prelados no lo definen, pero saben de qué hablan: poner a la persona y su dignidad por encima de los intereses partidarios o particulares de los partidos [sic] y sus ideologías (primera de nueve propuestas), así como “una verdadera libertad religiosa… de los creyentes para expresar libremente su fe y, sólo en segundo lugar, a [sic] las instituciones que los agrupan”. Primero la fe y luego la adhesión a las instituciones. Un concepto, como se ve, muy diferente de aquel orden social que Santo Tomás de Aquino veía como parte del orden universal que Dios había instituido en las cosas.

Los jerarcas católicos llaman a sus fieles a promover activamente el fortalecimiento de la familia cristiana. La familia no cristiana no les interesa en absoluto, tal vez porque constituye una comunidad muy minoritaria. La base infaltable e inmodificable es la definición del matrimonio como la unión que forman un hombre y una mujer. Si a algunos les da la gana de constituirse en matrimonio con parejas del mismo sexo, evidentemente, cometerán un grave pecado que ellos quisieran que fuera definido como delito, es decir, como un acto penado por la ley.

Como parte de los derechos naturales que rodean la institución de la familia se encuentra, desde luego, el derecho exclusivo de educar y orientar a sus hijos y dependientes como la sociedad humana y cristiana que son. También aquí de los que no tienen la fortuna de ser parte de una sociedad así, sino que conforman otros credos religiosos y sociales, no se dice ni media palabra y hay que dar por hecho que son como aquellos extranjeros que practican extrañas costumbres y son, acaso, unos idólatras. ¿Para qué pensar en ellos?

A muchos ha sorprendido siempre (y es probable que entre ellos abunden los católicos) cómo es que los curas de este credo, por un lado, sienten la necesidad de pastorear a sus feligreses porque los ven todo el tiempo al borde del pecado y, de verdad, no confían en ellos para guiarse a sí mismos, mientras que, por otro lado, piensan que la familia es la única institución capaz de educar a sus hijos, no obstante la ignorancia y la barbarie generalizada en la que viven todas las de su especie, en un país en el que ni el Estado y ni siquiera la Iglesia han hecho nada por elevar sus niveles de cultura y de civilidad.

Los prelados llaman a promover varios tópicos que tienen que ver, indudablemente, con el bienestar de todos y con la paz social, y se hace alusión en los puntos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, al combate a la injusticia social, la lucha contra la corrupción, la promoción del desarrollo económico, el combate al crimen organizado, el cuidado y la protección de las personas más vulnerables (ancianos, indígenas, niños y discapacitados) y la preservación de los recursos naturales de la nación, respectivamente. El problema es que no dicen nada de cómo los fieles van a luchar por esos objetivos ni en qué consiste su problemática.

Aparte de ello, aprovechan el viaje para lanzar algún petardo, por ejemplo, cuando en el punto 5, a propósito de la corrupción, postulan que hay que partir de un historial limpio de los candidatos, como si ellos fueran la autoridad que debe juzgar del asunto, o cuando en el 6 acusan a los intereses partidistas de aplazar “una serie de reformas constitucionales… que frenan injusta e irresponsablemente el desarrollo de las futuras generaciones”. Deberían decirnos qué saben al respecto, pero está claro que no hacen más que repetir lo que Calderón, su presidente, dice todos los días.

Ahora sabemos (punto 9) que los recursos naturales de la nación (la expresión es de ellos) nos han sido dados y confiados por Dios. Hasta hoy yo pensaba que la nación, al instituir las relaciones de propiedad en el artículo 27 constitucional y reservar para su dominio exclusivo los bienes naturales que en él se mencionan (tierras y aguas, el subsuelo y sus recursos, los zócalos submarinos, el espacio radioeléctrico y los mares territoriales) no le había pedido permiso a Dios ni creo que supiera que Él los había creado para ella. Es de celebrarse, empero, que los prelados hagan suya la doctrina del 27.

Finalmente, en torno al asunto del aborto, los jerarcas nos dicen lo de siempre: En lo concerniente a los valores emanados del Evangelio, los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. Cabe preguntar qué pasaría si un candidato o un partido se atreve a decir que no está de acuerdo con semejante punto de vista. Desde luego, me imagino, los fieles les negarían su voto. Pero, ¿es que los prelados no saben o no se han enterado de que la ley les prohíbe hacer semejantes pronunciamientos?

Resulta claro que ellos están probando su suerte, esperando que ninguna autoridad electoral o administrativa les llame al orden o los sancione. Ya veremos si dichas autoridades tienen la voluntad de hacerlo. Los jerarcas seguirán en lo suyo, que es ignorar la ley y negarse a observarla.

¿En dónde está el nuevo PRI?

Arnaldo Córdova

Peña Nieto y sus asesores han descubierto que el gobierno panista y su partido los pueden hacer víctimas, si no es que ya lo son, de una guerra sucia. No la han definido (no son hombres de definiciones), pero saben de qué hablan y el recuerdo de la experiencia electoral de 2006 se les aparece como una pesadilla que comienza a meterles miedo. Igual que Fox en su momento, saben que Calderón es capacísimo de someterlos a ataques sucios y descabellados que pueden desbarrancar el proceso electoral e imponer a su ya definida candidata a la Presidencia. Seguros de su triunfo, ellos quisieran unas elecciones de terciopelo en las que los ciudadanos pudieran elegir sin presiones a sus candidatos.

Lo primero que han hecho los panistas, y en ello se ha destacado su dirigente nacional, Gustavo Madero, es tratar de convencer que el PRI sigue siendo el viejo partido mañoso y autoritario, y que el PAN es lo único que se le opone para evitar una vuelta al pasado priísta. Los priístas y sus defensores, gratuitos o no, por el contrario, nos quieren convencer de que el PRI ya es otro partido que no tiene nada que ver con el antiguo partidazo. Algunos admiten, por supuesto que, en realidad, el PRI es un nuevo y un viejo partido, a la vez, pero se deslizan, sin que lo noten, a cifrar lo que tiene de nuevo en el hecho de que ahora tiene una candidatura triunfadora.

Que el PRI es un fruto eminente de la Revolución Mexicana y que su ideología fue durante decenios la ideología de la Revolución, lo dirimen diciendo que dicha ideología no existió o que simplemente fue una presunta ideología, con el argumento, bastante estúpido, de que fue una amalgama de ideas y propuestas contradictorias entre sí. Eso no es más que declarar su ignorancia de la historia y, además, ufanarse de ello. Para los panistas, el PRI sigue siendo el de siempre, vale decir, una maquinaria de poder corrupta y corruptora, a la que hay que impedir que regrese al poder.

¿Qué podría haber de cierto en la afirmación de que el PRI, en efecto, ha cambiado de piel y ya es otra cosa? La verdad y siendo generosos, es que el PRI en lo único en que ha cambiado y, para ello, sólo parcialmente, es que ha perdido el poder presidencial. Su modo autoritario de conducir la dirección de sus bases es la misma, y no basta con decir que ahora los priístas, para hacer sus designaciones, por ejemplo, siempre negocian, porque siempre lo hicieron, incluso en la época de mayor lustre y autoridad del poder presidencial. Al final, desde la época de Calles, las decisiones se tomaban por consenso entre sus grupos de poder.

Antes decidía el presidente, se ha dicho, pero eso sólo ocurría, ya desde los años de Obregón, cuando los mismos grupos de poder, al final de una rebatiña en la que no se ponían de acuerdo, dejaban la decisión en manos del presidente. Por lo general, desde que los revolucionarios dejaron de dirimir sus diferencias a balazos o con el asesinato, el papel del presidente era el de árbitro de las pugnas entre sus partidarios o el de formar y recoger los consensos en torno a decisiones capitales. Ciertamente, cuando él tomaba partido por alguna de las opciones, lo que hacía era fracturar su frente interno y por eso se abstenía de cargar la balanza de algún lado.

Por supuesto que muchas cosas cambiaron en el PRI cuando perdió la Presidencia. Pero no fue su naturaleza ni su modo de ser y de existir. Su modo de hacer política y hasta sus grupos de poder siguieron siendo los mismos, aunque con los recambios que el tiempo y las circunstancias imponen. Fue como si un lobo hubiera perdido los colmillos. El problema con el PRI es que hace recambio de colmillos periódicamente y suelen crecerle tan agudos como antes. De igual modo debió haber contribuido a cambiar las cosas en el PRI el hecho de haber perdido el apoyo histórico que tenía siempre de los grandes grupos empresariales en las campañas de 2000 y 2006.

En eso, más que el PRI como partido, los que han encontrado el modo de tenerlo como reserva de poder clasista han sido los empresarios y los exponentes de los llamados grupos fácticos, que han ido colocando en los puestos de representación popular a personeros suyos que actúan no partidariamente, sino facciosamente en favor directamente de sus intereses. En eso abrieron cancha primero en el mismo PRI y posteriormente en el PAN. Ni siquiera en eso hay verdaderos cambios.

El PRI sigue siendo el mismo de antes, pero se nota que como maquinaria de poder ha sufrido un lento y persistente proceso de decadencia y desgaste. El viejo presidencialismo ha sido sustituido por el poder de los gobernadores, pero sigue teniendo los mismos rasgos de antaño: ahora es el pool de los mandatarios estatales el que funge como árbitro de las contiendas, con la desventaja de que no puede ser unipersonal como antes; pero el tipo de intereses a arbitrar sigue siendo el mismo, de grupos, de mafias, de banderías que ya nadie puede cubrir con mantos ideológicos, todos asociados en una alianza que todos preservan, porque de ella depende su existencia. Los liderazgos siguen siendo los mismos de antaño.

Una tragedia en especial de esa decadencia lo es, a ojos vistas, el destino que ha cabido a los sectores de masas (obrero, campesino y popular), que siguen arrastrando su existencia, pero que carecen ya de fuerza política y, sobre todo, de la antigua capacidad de movilización y de organización de los trabajadores. Sus cúpulas y liderazgos se han convertido en traficantes de negocios, en empresarios de masas, que mantienen su pertenencia al partido, pero que sirven de igual modo a los gobiernos derechistas del PAN, muchas veces en contra de los intereses de sus agremiados e, incluso, hasta de su propio partido.

El priísmo es un sinónimo de la corrupción y en sus tratos con el gobernante panismo lo demuestra a cada momento. Si los viejos priístas se enteraran del contenido de la última reforma laboral que sus diputados presentaron hace unos meses, idéntica a la del PAN y con todas las exigencias que la derecha patronal les ha impuesto a ellos y a los panistas, dirían, seguramente, que el viejo PRI ha muerto y sus enterradores son los mismos que ahora lo dirigen y lo representan. Lo mismo puede decirse de la política económica, de la educativa, de la de salud, de la agraria e indigenista y, en realidad, de todo lo demás.

¿Es eso algo nuevo? Ciertamente que no. Es exactamente lo que estamos viendo desde los sexenios de De la Madrid y Salinas y, no se diga, de Zedillo. Estamos hablando del viejo PRI, que sigue siendo el mismo, neoliberal, antinacionalista y contrarrevolucionario. Enrique Peña Nieto no ofrece nada nuevo, ni aun en el discurso, que sigue empleando los mismos parámetros de pensamiento. Su punto de partida es tratar de diferenciarse del gobierno panista. Lo dijo Ramírez Marín, vicecoordinador de la campaña priísta: Somos un partido en la oposición y debemos proponer a la sociedad lo que hace diferente al PRI respecto de lo que está pasando [sic] y lo que realiza el gobierno (La Jornada, 09/02/2012). ¿Qué es lo que hace diferente al PRI del PAN? Deberían demostrarlo.

Lo que hay detrás de la ruptura

Arnaldo Córdova

La alianza del PRI con el Panal alegró mucho a Enrique Peña Nieto porque, según confesó a sus allegados, era hora de hacer volver a la Gordillo y sus huestes al antiguo redil. Fue notable, desde luego, el empeño que el entonces presidente del partido, Humberto Moreira, puso en la obra, tanto que se le atribuyó a él la misma idea de la alianza. Peña Nieto, empero, fue el que verdaderamente se encargó de cocinar el acuerdo. En varias ocasiones se le vio en encuentros con la cacique magisterial. El caso fue que la dirigencia priísta parecía estar muy contenta con esa alianza. De repente, el cielo se le vino encima y la coalición se esfumó.

A todos aquellos que prefieren las malas artes en las contiendas electorales, los que buscan ganar a como dé lugar, se les antoja siempre un aliado como la Gordillo y sus mafiosos, sobre todo, como operadores electorales, en lo que se han creado una gran fama, más que por los votos que realmente representen. Moreira tiene fama de ser un cuadro político hechura de la dirigente chiapaneca, pero él no era más que un instrumento en manos del precandidato priísta que hacía todo lo que éste decidía. La alianza fue obra, ante todo, de Peña Nieto. Así lo mostraba él mismo cuando aludía al pacto.

La alianza, sin embargo, resultó muy costosa para el partidazo y aquellos de los suyos que fueron sacrificados en aras de la misma muy pronto comenzaron a respingar y se iniciaron las rebeliones abiertas no sólo contra el acuerdo de cúpula, sino en contra del mismo precandidato priísta, víctima, por lo demás, de sus errores y pifias. La cosa empezó a preocupar a la dirigencia priísta y se hizo evidente el miedo en los círculos allegados a Peña Nieto por la mala fama de la Gordillo (hasta entonces repararon en ella o, cínicamente, hasta entonces empezaron a repudiarla). La aparente tranquilidad con la que ambos aliados han reaccionado después de la ruptura ha sido sólo para enmascarar las decepciones a que ha dado lugar.

No se trató de un rompimiento violento, sino y hasta donde se pudo, negociado y con algunos acuerdos. Algunos de éstos, por cierto, fueron un verdadero tanque de oxígeno para los gordillistas, como, por ejemplo, el mantenimiento de alianzas a nivel local con el PRI. El senador Labastida, uno de los más feroces enemigos de la alianza, aseveró que la misma no era ni podía ser con el grupo dirigente de la Gordillo, sino, dijo, con las bases del magisterio, y agregó que muchos maestros serán candidatos del PRI.

Eso ha dado lugar a que algunos (el precandidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en primerísimo lugar) piensen, fundadamente, que el drama tiene mucho de comedia y de farsa, y que se hace sólo para descargar a Peña Nieto del oneroso fardo que representa el inconmensurable descrédito de la Gordillo. En todo lo que tenga de real, ello no obstante, quedó claro que fueron los priístas quienes decidieron romper con el Panal, aunque ahora todos, priístas y panaleros, nos vengan con el cuento de que fueron los últimos los que lo acordaron. El mismo Peña Nieto declaró el pasado día 23 que la decisión, en efecto, fue del Panal, dijo el precandidato, en un acuerdo amigable.

Dos días antes, Peña Nieto fue más claro, dejando entrever que la alianza se había vuelto irrealizable e inmanejable para su partido; “lo ocurrido –dijo– fue una falta de conciliación [sic] en los intereses de cada uno y eso nos llevó a definir de manera mutuamente acordada, que cada partido fuera por su cuenta”. El golpe para Gordillo y su grupo, como lo señalara Luis Hernández Navarro, fue seco y demoledor. Porque no se trata solamente de que el Panal ya no pueda tener 24 diputados y cuatro senadores, que era el botín de la alianza, sino un mayor desprestigio y un virtual aislamiento de las huestes gordillistas.

El presidente del Panal, Luis Castro, y la diputada Mónica Arriola Gordillo, anuncian la ruptura con el PRIFoto Marco Peláez

El presidente panalero, Luis Castro Obregón, le echó la culpa de la ruptura a la parte conservadora del PRI, a “los labastidas, los augustos santiago… que representan el pasado”. Exonera a Peña Nieto, con quien hablamos siempre. Pero luego se sacó un conejo de la chistera al denunciar, según él, que fueron aquellos mismos priístas tradicionales y conservadores los que echaron a pique la alianza, al intentar modificar el convenio de la coalición. De acuerdo con Castro, esos priístas habrían exigido del Panal que aceptara ir en más estados, cosa que no aclaró en qué podría consistir. Que el PRI le soltara más puestos de elección es absolutamente improbable. En todo caso, esas entidades serían Campeche, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California y el DF.

Sea como fuere, parece claro que los que faltaron a la palabra empeñada fueron los priístas, que ni siquiera se preocuparon de guardar las formas. Pudieron haber dejado la cosa en la simple petición de que los panaleros aceptaran que los diputados (24) y senadores (4) fueran menos de lo que se acordó. Según una nota de Andrea Becerril (22 de enero), el argumento de inconformidad de los priístas fue por la postulación de los familiares de Gordillo (su hija y su yerno), lo que estaba provocando la rebelión de las bases partidarias. Después de varias horas de negociaciones telefónicas con la Gordillo, los priístas se decidieron por la ruptura.

Tal parece que en esta contienda hubo ganadores y perdedores. El primer perdedor de todos, por lo menos en el tiempo, fue Humberto Moreira y no tanto por sus malos manejos financieros en el gobierno de Coahuila, como por su responsabilidad en el acuerdo de alianza con su maestra y por el costo para el PRI. Todo mundo pudo ver que el bailarín fue obligado a renunciar a su cargo y todavía no está claro cómo podrá pagar sus yerros. Para la Gordillo, desde luego, el golpe fue seco y, para algunos, definitivo. Los panaleros alardean, dándose valor, de su fuerza electoral que, afirman, les bastará y les sobrará para seguir vivos. Eso, por supuesto, está por verse. Si bien los priístas, a nivel local, pudieran ayudarlos.

Distinguir a los ganadores resulta harto difícil. Peña Nieto no ganó nada, excepto, tal vez, que, no teniendo otra opción, el Panal lo haga su candidato presidencial. Él fue el verdadero promotor de la alianza y Moreira su mandadero. Ahora fue él mismo quien torpedeo esa alianza porque no pudo resistir la presión que subía desde las bases priístas. Y el país entero se pregunta cómo fue capaz de aliarse con semejantes bichos y, luego, por el modo en que se resolvió la ruptura. El baldón está ahí. Se suele decir que, con tal de ganar, se debe hacer alianzas hasta con el diablo. Eso está bien, empero, para quienes acostumbran vivir en los estercoleros de la política y son muy dados a no respetar leyes ni lealtades.

La verdad es que, tanto en el acuerdo de la coalición como en su ruptura, pudimos ver en acción a dos rufianes listos para degollarse a la primera ocasión. En el PRI son muchos los que se alegran del desenlace y hay muchos más que le están echando medidas al otro aliado, el PVEM, al que Moreira (con el aval cierto de Peña Nieto) también le hizo concesiones muy gravosas para el tricolor. Eso ha puesto a temblar a los verdes que se desviven gritando a los cuatro vientos su adhesión al futuro candidato priísta y su confianza en que los priístas respetarán sus acuerdos con ellos.