Nacionalización de las elecciones

Arnaldo Córdova

La soberanía local no se pierde porque un ente nacional se encargue de organizar las elecciones. En la imagen, el presidente del IFE, Leonardo Valdés; el consejero Francisco Guerrero y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, en sesión extraordinaria celebrada en septiembre pasadoFoto Cristina Rodríguez

En el Pacto por México, en su punto relativo, se establece el compromiso de crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales (5.3. Partidos Políticos y Elecciones, p. 20). La propuesta ha dado lugar a un amplio debate entre las diferentes fuerzas políticas y entre expertos en la materia. El único resultado tangible del mismo es que se trata de una sugerencia audaz y dificultosa que es necesario pensar y repensar para no cometer errores.

Una propuesta conjunta de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática lanza, en particular, la idea de que la autoridad nacional electoral se llame instituto nacional de elecciones (INE). Esta nueva autoridad sería única y estaría encargada de organizar todos los procesos electorales del país, nacionales y locales. En ninguna de las propuestas que yo conozco se hace alusión al problema de la multiplicidad y enorme dispersión de las elecciones locales ni a las particularidades que cada estado y cada municipio presentan.
Muchos de quienes participamos en los debates de la reforma política desde los años ochenta coincidíamos en la necesidad de unificar nuestros procesos electorales, en el doble sentido de instituir una única autoridad electoral y hacer coincidentes todas nuestras elecciones en una sola fecha. Eso militaba contra la increíble dispersión de los mismos cuyo defecto fundamental es el de involucrar a la ciudadanía en, prácticamente, un continuo, permanente y distractor esfuerzo electoral que bombardea la importancia de los comicios en el interés popular.
Hubo muchos esfuerzos locales por hacer coincidentes sus procesos electorales entre sí (por lo menos dos de los tres acostumbrados) y también con las elecciones nacionales. La tendencia, no obstante, fue más bien a la resistencia a la unificación. El hecho es que hoy seguimos padeciendo una dispersión insana de los esfuerzos electorales, con el consiguiente hartazgo de la ciudadanía por las elecciones. No parece ser casual el hecho de que los comicios que más sufren el abstencionismo son, precisamente, los locales.
Realizar todas nuestras elecciones, nacionales y locales, en una sola fecha, aparte del indudable ahorro de recursos que implicaría, sería la mejor carta de presentación para la propuesta de instaurar una única autoridad electoral a escala nacional y local. Ésta, por su parte, tendría, relativamente, más fácil la tarea de organizar las elecciones de ese modo, que no en medio de la enorme dispersión que hasta ahora padecemos. Nadie parece haberse interesado, sin embargo, en hacer la propuesta.
Tanto la de organizar en un solo día las elecciones como la de crear una autoridad nacional única son de larga y añeja estirpe. Son propuestas que ya desde aquellos años ochenta, de tanto atraso en la reforma política, se hacían por parte de muchos de los que nos involucramos en el debate electoral. No es pues, ninguna ocurrencia ni una posición antojadiza el unificar nuestros procesos electorales en ese doble sentido indicado antes.
Con varios matices que no parecen importantes, hoy por lo menos se puede constatar que casi todas las fuerzas políticas están de acuerdo en instituir una autoridad electoral única. Se acordó en el pacto, como hemos visto, y se ha venido discutiendo, mostrando siempre el acuerdo de base que existe al respecto. Algún día, tal vez, sea posible ponerlas a todas de acuerdo también en la realización de todas las elecciones en un solo día y en todos los niveles. La reforma política se ha dado a través de una muy larga y muy lenta marcha. Con paciencia, podremos ver nuevos y significativos avances.

Hay objeciones serias y muy atendibles a la propuesta. Eso es un hecho, aunque también es verdad que no provienen de las fuerzas políticas antes mencionadas, sino de especialistas y personas que han tenido un largo tirocinio en las lides electorales. Se han puesto en duda muchos aspectos de la propuesta, sobre todo lo que se refiere a los costos, si la nueva autoridad será menos cara que las que ahora tenemos, en otras palabras, si habrá un ahorro. Se ha hecho notar que el nuevo INE será, sin duda, más costoso que el IFE; pero hay cierto convencimiento de que, al final de cuentas, será más económico.
La objeción más seria, ni duda cabe, es la que alega que una sola autoridad electoral implica un menoscabo de la soberanía de las entidades federativas. José Woldenberg ha planteado el asunto en estos términos: Somos, porque parece que se olvida, una República federal. Y uno de los derechos fundamentales de las entidades que integran el país es el de contar con órganos propios capaces de realizar las elecciones de sus autoridades. ¿O no? ( Reforma, 17.X.2013). Es una cuestión mal planteada, desde mi punto de vista.
El derecho de elegir a sus representantes, por supuesto, es un derecho soberano de los ciudadanos de todas las entidades y los municipios del país. Pero el INE no va a elegir, sino a organizar las elecciones. El tener órganos electorales propios no es algo que tenga que ver con la soberanía de los estados; lo es, en cambio, el que sus ciudadanos tengan el derecho fundamental de poder elegir a sus autoridades. La soberanía local no se pierde porque un ente nacional se encargue de organizar las elecciones.
Se trata de una cuestión puramente técnico-electoral, no de decidir sobre quiénes ni cómo serán elegidos. Lorenzo Córdova Vianello lo expone muy bien: “La organización de las elecciones es una función eminentemente técnica que no tiene que ver con el ejercicio del poder soberano de cada entidad. Ello explica por qué existen estados federales en los que… las elecciones, tanto federales como locales, son organizadas por órganos nacionales (como ocurre en Canadá o Brasil) o bien federaciones en donde las elecciones federales son organizadas por órganos electorales locales –y hasta municipales– (como ocurre en Estados Unidos)” ( El Universal, 18.X.2013).
En 1986 publiqué un ensayo en la revista Nexos al que Héctor Aguilar Camín puso el bello título de Nocturno de la democracia. En él anticipé que la reforma política en México tendría efectos revolucionarios. Es un punto de vista que aún mantengo. Alguien ha dicho que no estar con las reformas es estar con la revolución, sin que nos diga qué es esa revolución. Es una idiotez que sólo un beodo pudo haber imaginado. No puede uno estar de acuerdo con una reforma mal planteada. Pero debe quedar claro que nuestro camino es el de las reformas.
La reforma política, vista como reforma electoral, debe seguir profundizándose. Los pendientes son innumerables, entre otros, la reforma política del Distrito Federal. Sólo que deben ser bien estructuradas, bien pensadas y evitar las ocurrencias, en las que los partidos son verdaderos especialistas. Esta reforma, relativa al órgano único de elecciones, desde mi punto de vista, es necesaria y debe ser planteada con toda seriedad.