XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe
La
XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe
convocada por la CEPAL con el tema “Igualdad de género, empoderamiento
de las mujeres y tecnologías de la información y las comunicaciones”,
recién ha finalizado en República Dominicana con resultados que marcan
un franco retroceso en el reconocimiento y defensa de la igualad de las
mujeres latinoamericanas. Estos resultados contrastan con los avances
alcanzados apenas tres años antes en la XI Conferencia realizada en
Brasilia, capital de Brasil.
En efecto, la Conferencia de
Brasilia concluyó con la suscripción de una histórica declaración que
incluyó en el capítulo sobre derechos sexuales y reproductivos un
compromiso de los gobiernos de la región sobre la necesidad de:
“Revisar
las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan
sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las
nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en
las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas,
y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los
casos autorizados por la ley”. La inclusión de este acuerdo generó un
intenso de debate y presiones de muchos grupos presentes en la
conferencia, pero finalmente fue aprobado.
Cuatro años después,
y a pocos días de que el gobierno de Ecuador se negará a incluir la
despenalización de los abortos en casos de violación sexual en las
reformas al Código Penal, las delegaciones gubernamentales
participantes en la XII Conferencia Regional de la Mujer aprobaron una
declaración final en la cual se omite cualquier referencia o cualquier
compromiso sobre la necesidad de revisión de la legislación que
penaliza la interrupción de embarazos, incluyendo los casos en
embarazos que pongan en peligro la vida de las mujeres y los embarazos
en casos de violación. El texto aprobado fue el siguiente: “Asegurar,
en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la
legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de
calidad para las mujeres que cursen embarazos no deseados y no
aceptados”.
Las razones que provocaron este retroceso en el
reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres de la región
son muchas y variadas.
En primer lugar, los gobiernos cedieron
nuevamente a la tradicional oposición de la iglesia católica y de los
grupos conservadores, que intensificaron su lobby antes y durante la
conferencia para impedir que en Santo Domingo se repitiera el avance
logrado cuatro años antes en Brasilia. Estos grupos usaron todos los
medios a su alcance para incidir en las delegaciones oficiales, para
que se abstuvieran de reconocer la necesidad de cualquier tipo de
revisión a las leyes punitivas que se aplican en contra de las mujeres
que toman la decisión de interrumpir un embarazo no planificado o no
deseado.
En segundo lugar, se debe reconocer que las
estrategias de género de algunos gobiernos de la región (como el
gobierno de El Salvador y el de Nicaragua), fundamentadas en programas
de ayuda social a las mujeres madres, representan un obstáculo para el
avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto
debido a que estos programas sociales para las mujeres madres si bien
les producen a estos gobiernos altos niveles de aceptación en las
encuestas de opinión pública, les impiden al mismo tiempo comprometerse
con acciones estratégicas como la despenalización del aborto, en la
medida que estos compromisos pueden empañar sus altos niveles de
popularidad, a causa de las críticas que inevitablemente surgirán en
las filas de sus opositores y/o de sus aliados políticos.
Asimismo,
debe mencionarse la responsabilidad que en este retroceso han tenido
los movimientos de mujeres de Mesoamérica, Sur América y el Caribe, que
no pudieron articular un frente común y efectivo de lucha para defender
los mínimos, pero simbólicos avances, logrados en el Consenso de
Brasilia en materia de autonomía personal de las mujeres. Muchos de
estos movimientos se han abstenido durante y después de la XII
Conferencia, de criticar públicamente la postura de los gobiernos que
suscribieron la declaración final, para no romper con las alianzas
políticas con los partidos políticos en los gobierno “progresistas” y/o
para no provocar en sus países la repetición del “efecto Correa”.
Se
ha dado pues un verdadero paso atrás para la igualdad de las mujeres
latinoamericanas y caribeñas, que no podrá ser compensado con las
campañas, proyectos o acciones gubernamentales que seguramente se
financiarán en los próximos años para aumentar el acceso de las mujeres
a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas
tecnologías ayudarán muy poco a las miles de mujeres pobres que
continuarán muriendo en los próximos años por abortos practicados en
condiciones inseguras y/o que continuarán siendo encarceladas por
interrumpir un embarazo no deseado. La igualdad real y el
empoderamiento de las mujeres, pasa por el reconocimiento y tutela del
derecho a elegir libremente la maternidad, y mientras esto no sea
asumido por los gobiernos y Estados de la región, las promesas y
discursos sobre igualdad y sobre derechos, seguirán siendo solo
palabras que se lleva el viento.
Julia Evelyn Martínez es
economista feminista salvadoreña, profesora de la escuela de economía
de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El
Salvador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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