La reforma política

John M. Ackerman

Se equivocan quienes han convertido la llamada reforma política en una bandera de lucha de las causas progresistas. La Cámara de Diputados cometería un grave error si avala sin modificaciones lo aprobado por el Senado en esa materia. Los diputados primero tendrían que debatir a fondo las propuestas para incorporar los ajustes necesarios para convertir el documento en una verdadera propuesta para el cambio social.

Javier Sicilia y el pequeño grupo de jóvenes que el miércoles pasado asistió a la Comisión Permanente pecan de soberbia: “No venimos a pedirles, sino a exigirles que aprueben la reforma política. Si tienen que convocar a un periodo extraordinario o trabajar horas extras es su problema: la aprueban, es un mandato ciudadano… Apruébenla como se las mandó el Senado”. Los manifestantes demuestran un preocupante desconocimiento de los procesos democráticos al erigirse en representantes de un inexistente mandato ciudadano y exigir que en lugar de discutir las reformas los diputados se comporten como meros levantadedos.

En febrero de 2010, un grupo de intelectuales y ex funcionarios públicos encabezado por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles ya había utilizado una estrategia similar para defender la propuesta de reforma política de Felipe Calderón. Su polémico desplegado titulado “‘No’ a la generación del ‘No’” se inició con la misma orden sorda de cancelar el debate democrático: Amigos legisladores: aprueben las reformas. No hay nada más que discutir, hay que votar y punto, aclaraban los organizadores en múltiples entrevistas.

En septiembre de 2007, los principales medios de comunicación también tomaron el Senado para obligar a los representantes populares a modificar la redacción de la reforma electoral. En aquel encuentro histórico, Pedro Ferriz articuló un discurso similar al que hoy presenta Sicilia: No creo que vengamos a dialogar con ustedes; venimos a reaccionar de ustedes.

La propuesta de candidaturas independientes del Senado aseguraría una mayor dominación de los poderes fácticos y los intereses particulares sobre la política nacional. No hay duda de que los partidos políticos hoy se han convertido en mafias cerradas que no rinden cuentas a absolutamente nadie. Pero la idea que un ciudadano sin estructura partidista, y con fuertes patrocinadores del sector privado, sería un candidato más cercano a la población no es más que un espejismo.

El que paga manda, reza el sabio dicho popular, y estos candidatos tendrán que recibir grandes cantidades de dinero para poder desarrollar una campaña viable. Algunos ejemplos recientes incluyen la no-candidatura presidencial del Doctor Simi en 2006 y la candidatura presidencial de Ross Perot en Estados Unidos en 1992 y 1996.

Las candidaturas no-partidistas a escala municipal o estatal presentarían menos problemas por la cantidad de recursos que se requieren. Pero a escala federal, y sobre todo para una elección presidencial, estas candidaturas darían el pretexto perfecto para burlar los controles sobre el financiamiento privado. Una eventual reforma en la materia tendría que diferenciar con mucho cuidado entre los diferentes ámbitos de gobierno, así como fijar límites tajantes a escala constitucional para el financiamiento electoral.

Asimismo, es falso que exista un mandato ciudadano para Sicilia en esta materia, dado que la propuesta de candidaturas independientes fue explícitamente rechazada por el Pacto de Ciudad Juárez, del pasado 10 de junio. Con mucha razón, los participantes en la mesa 6 del encuentro decidieron dejar fuera estas candidaturas y prefirieron apoyar otras figuras como el plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, así como la democratización de los medios de comunicación, todas excluidas de la minuta del Senado.

La propuesta del Senado sobre la relección legislativa cuenta con problemas similares. Teóricamente, un diputado o un senador que pueda ser relecto inmediatamente para el mismo cargo tendría incentivos para independizarse de las cúpulas partidistas y acercarse a la ciudadanía, ya que los electores serían los que decidirían su permanencia en el cargo. Sin embargo, el documento del Senado incluye la relección inmediata también para los diputados y senadores plurinominales, nombrados por los partidos, otorgando así aún más poder a los dirigentes partidistas, ya que el botín que controlan sería más jugoso.

La relección también implica serios problemas en materia de fiscalización y equidad de las campañas electorales. El artículo 134 de la Constitución prohíbe explícitamente la utilización de recursos públicos para promover las candidaturas de los funcionarios públicos. Sería casi imposible mantener esta importante prohibición si todos los legisladores del país pudieran ser relectos inmediatamente en sus cargos. Súbitamente se legalizaría la utilización de los recursos de los grupos parlamentarios del país para financiar las campañas políticas, tal como ya ocurrió en 2009 con el grupo del PVEM en la Cámara de Diputados.

Las otras figuras aparentemente progresistas incluidas en la reforma política, como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, no son tan riesgosas como las candidaturas independientes y la relección legislativa. Sin embargo, la forma en que están redactadas asegura que casi nunca serán utilizadas por la población.

Aquellos ciudadanos interesados en una verdadera transformación social no tendrían que dejarse llevar por la distracción de una reforma política mal planteada, sino trabajar por una transformación de fondo en la estructura de poder social, económica y cultural, así como por una renovación integral de la clase política nacional.

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