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1/25/2017

México ha hecho el “trabajo sucio” para EU: ‘HRW’


roth

"A México se le pide que haga lo que de hecho es ilegal, que es detener a los buscadores de asilo que vienen de Centroamérica, donde hay una violencia rabiosa en lugares como Honduras y El Salvador", recordó.
(ABC)

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, expresó su preocupación este miércoles en Ginebra por la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en su frontera con México y de que se pierda la voz de ese país como defensor de los derechos humanos alrededor del mundo bajo la nueva administración. Asimismo, exhortó a otras democracias a “tomar una postura de liderazgo”.
Se reproduce la declaración íntegra de Roth:
“Tengo entendido que (Trump) comenzará el muro o hará algo simbólico para indicar que se construirá. Esperamos que el gobierno mexicano aproveche esta oportunidad para comenzar a expresar su preocupación por el trabajo sucio que se le ha pedido que haga por los Estados Unidos.
“¿Por qué razón México tiene que participar en la guerra contra la droga a un costo de vidas tan enorme en México cuando, de hecho, los Estados Unidos están dando pasos hacia la despenalización de la mariguana y tomando una postura de salud pública en cuanto a otras drogas en vez de una guerra fútil que cada vez produce más víctimas?
“A México se le pide que haga lo que de hecho es ilegal, que es detener a los buscadores de asilo que vienen de Centroamérica, donde hay una violencia rabiosa en lugares como Honduras y El Salvador, y México le ha estado haciendo un favor a Estados Unidos al intentar impedir que esta gente llegue a la frontera de Estados Unidos donde pueden exigir asilo, y violando derechos humanos en el proceso. ¿Por qué México tendría que hacer esto?
“Estos son los asuntos que espero que Peña Nieto aborde cunado Trump le diga ‘quiero que paguen el muro y quiero que renegocien el TLCAN'”, finalizó.

8/01/2016

Denuncia muerte de su tío en Fb y es detenida




   HRW exige parar proceso en su contra


La organización de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) exigió que las autoridades tailandesas abandonen los “falsos procesos penales” contra una mujer que utilizó las redes sociales para pedir que los soldados responsables por la muerte de su tío sean llevados ante la justicia.

El martes 26 de julio en la mañana, Naritsarawan Kaewnopparat, fue detenida en su oficina en el Ministerio de Seguridad Humana y Desarrollo Social, en la ciudad capitalina de Bangkok, por la policía; desde donde la llevaron a la comisaría y la interrogaron sobre unas publicaciones hechas en su página de Facebook, reportó HRW en un comunicado emitido el 27 de julio.
La joven de 25 años de edad ya está libre bajo fianza, pero podría enfrentar hasta 5 años de prisión y una multa de 100 mil baht (cerca de $54,727 MXN) por “difamación y difusión de información falsa en línea” contra el ejército tailandés, según la Ley de Delitos Informáticos de ese país, si es encontrada culpable, toda vez que el proceso en su contra continúa.
El director de la HRW de Asia, Brad Adams, dijo que “los esfuerzos de la policía tailandesa para intimidar y vengarse de una víctima de abusos contra sus derechos es nada menos que un respaldo a la tortura” y agregó que “el Gobierno debe mandar inmediatamente que la policía abandone los cargos contra Naritsarawan e investigue a las personas responsables por la muerte de su tío”.
En su Facebook, Naritsarawan Kaewnopparat, detalla el caso de su tío asesinado, Wichian Puaksom, quien fue torturado hasta la muerte en 2011 dentro de un campamento militar en la provincia de Narathiwat, ubicada en el golfo de Tailandia, y exige que los responsables sean llevados ante la justicia. 
La queja contra Kaewnopparat fue presentada por un capitán del ejército, quien había sido comandante de los 10 soldados responsables por la muerte de Puaksom.
Según el medio Asian Correspondent, la madre de Puaksom levantٕó una demanda contra el Ministerio de Defensa en 2012.
La investigación llevada a cabo por el mismo ejército, reveló que tras acusarlo de tratar de huir, el Subteniente OM Malaihom ordenó a nueve de sus soldados que desnudaran y arrastraran a Puaksom sobre una superficie de hormigón en bruto, antes de patearlo y golpearlo repetidamente por varias horas. 
Los soldados también pusieron sal en sus heridas para aumentar el dolor, envolvieron su cuerpo en una sábana, ataron sus manos y le leyeron los ritos funerarios mientras lo sentaban sobre hielo. Luego golpearon a Puaksom con cañas de bambú, lo patearon y lo pisotearon en el pecho y en la cabeza. El hombre de 26 años murió por las heridas provocadas por los soldados cuatro días después. 
En 2014, Naritsarawan ganó siete millones de baht (casi cuatro millones de pesos) en su juicio contra el Ministerio de Defensa tailandés. Sin embargo, los responsables quedaron impunes.
Aunque el Primer Ministro de Tailandia Prayut Chan-o-cha prometió considerar la tortura como un delito y cumplir con las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura en mayo de este año, el gobierno tailandés aún no ha castigado con éxito a ningún personal de seguridad acusado de abusos, y las autoridades continúan tomando represalias contra las y los informantes de presuntas violaciones de los Derechos Humanos, declaró HRW. 
"Siempre ha sido arriesgado hablar en defensa de víctimas del abuso militar en Tailandia", dijo el director de HRW en Asia, Brad Adams. "Ahora el gobierno está usando todo el peso de su sistema legal en contra de aquéllos que exigen justicia”.
Por: Cristina Acuña Roeder

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

2/09/2015

Leyes mexicanas culpan a víctimas de violencia sexual: HRW

Mujeres que denuncian enfrentan sospecha y falta de respeto

Las leyes mexicanas continúan sin proteger de manera adecuada a mujeres y niñas de la violencia sexual y doméstica, pues incluso aquellas normas que sancionan estos delitos culpabilizan a las víctimas, denunció la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Como cada año, HRW examinó las prácticas de Derechos Humanos (DH) en más de 90 países, sus avances y retrocesos, en el “Informe Mundial 2015: los derechos valen aún en épocas difíciles”.

En el documento de 644 páginas –disponible en inglés–, la organización internacional sostuvo que las violaciones a DH fueron “determinantes para propiciar o agudizar muchas de las crisis de hoy”, y que los gobiernos se equivocan “de manera garrafal” cuando ignoran las garantías humanitarias para ocuparse de desafíos graves en materia de seguridad.

México es uno de los países que más preocupó en 2014 sobre el respeto a los DH, pues en el país se han dado severos retrocesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, según el informe.

Se mencionan los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, y Tlatlaya, Estado de México, que exponen los “gravísimos problemas de desapariciones forzadas, impunidad y corrupción por los que atraviesa el país”.

En materia de género, HRW señaló que la legislación mexicana contradice los estándares internacionales en materia de DH de las mujeres, ya que no protege de manera adecuada a las mujeres y niñas de la violencia sexual y doméstica, y algunas disposiciones, incluidas las que imponen penas severas a delitos sexuales, “están supeditadas a la ‘castidad’ de la víctima, es decir, en cierta forma responsabilizan a las víctimas de los delitos”.

Por ello –dijo HRW–, mujeres y niñas que han sufrido estos tipos de violaciones a sus DH generalmente no lo denuncian ante las autoridades, y quienes lo hacen “generalmente enfrentan sospecha, apatía y falta de respeto”.

A esta situación violatoria de DH se suma que pese a que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las entidades deben proveer anticoncepción de emergencia y el acceso al aborto a las víctimas de violación, “en la práctica muchas mujeres y niñas enfrentan severas barreras para acceder al aborto después de una violación sexual; dentro de estos obstáculos está incluida la información inadecuada (que se les da) y la intimidación que sufren por parte de servidores públicos”.

Para HRW otro punto de preocupación son las personas migrantes, pues en los años recientes “los robos, extorsión, secuestros agresiones físicas y psicológicas, el abuso sexual, los asesinatos y  las desapariciones han tomado un giro dramático y han empeorado”.

Las autoridades  no han tomado los pasos adecuados para proteger a las personas migrantes, o investigar a quienes las y los persiguen o abusan de ellos, observó.

La organización también denunció el clima de violaciones a DH que enfrentan las y los periodistas, particularmente quienes reportan crímenes o critican al gobierno.

Entre el año 2000 y mayo de 2014 –se lee en el informe–, 102 periodistas murieron asesinados y 24 fueron desaparecidos. Pero las autoridades se niegan rotundamente a investigar adecuadamente los crímenes, y señalan que el móvil de la agresión está alejado de su labor informativa.


Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

1/29/2015

Fuerzas de seguridad participan en desaparición de personas en México: HRW



WASHINGTON (apro).- En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas de seguridad, en colaboración directa con grupos criminales, han perpetrado la desaparición de personas, denuncia Human Rights Watch (HRW) en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
A 4 meses de su desaparición, familiares marchan por normalistas en el DF. Foto: Germán CansecoEl capítulo de México destaca como actos más grotescos de violación a los derechos humanos, los casos de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército.

“Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Pena Nieto, en algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales”, refiere el informe anual de Human Rights Watch.

Concentrado en ocho páginas, el reporte reprueba al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en términos de garantizar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.

“El gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizada perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada”, dice.

Asimismo HRW agrega que las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra los migrantes y los límites de acceso a derechos reproductivos y a la atención médica son otros de los problemas persistentes en México, enmarcados en las garantías a los derechos humanos.

La organización internacional defensora y vigilante de la preservación y respeto a las garantías individuales en el mundo, en la descalificación que hace del gobierno de Peña Nieto en su balance anual, encomia también al gobierno de Estados Unidos a presionar a su contraparte mexicana para que haga más por la defensa de los derechos humanos y para abatir la impunidad.

Sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, HRW subraya la incapacidad del gobierno de Peña Nieto, y en especial de la Procuraduría General de la Republica (PGR), para esclarecer este crimen e investigar y procesar a quienes resulten culpables de ello.

“A la fecha de la redacción de este documento, se desconocía el paradero de 42 estudiantes. La PGR señaló que, según la confesión de tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un basurero municipal”, resalta el informe de HRW.

Respecto de la participación de los militares en los abusos y violaciones a los derechos humanos en México, la organización internacional acusa que en este asunto el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para aplicar la justicia civil a quienes han cometido delitos, dejando siempre que sean los tribunales marciales quienes procesen los casos, con menos transparencia.

“Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones a los derechos humanos”, así se destaca en el informe el asunto de los fuerzas militares y los derechos humanos en México.

Para ampliar más este inciso, HRW resalta el caso de la masacre de los 22 civiles en Tlatlaya, ocurrida en junio de 2014, y de lo cual la Secretaria de la Defensa Nacional no ha transparentado casi nada.

“El sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes y acuso a ocho de ellos de faltas a la disciplina militar”, dice y añade:

“Posteriormente, siete soldados y el teniente fueron consignados por la PGR por el ‘ejercicio indebido del servicio público’. Tres de los soldados también fueron consignados por ‘abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas, y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo’. El teniendo enfrenta, además, cargos por encubrimiento”.

Sobre otras violaciones a los derechos humanos y que se mantienen como la norma en el sexenio de Peña Nieto, HRW enlista a la “tortura para obtener información y confesiones”, la falta de justicia por parte de las autoridades a las víctimas de crímenes violentos, las ejecuciones extrajudiciales, el secuestros, la discriminación contra las personas discapacitadas, indígenas; y la explotación laboral y sexual de mujeres y menores de edad.

“La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país”, consigna.

Bajo un acuerdo suscrito por los grupos de autodefensas y el gobierno de Peña Nieto, en Michoacán, por ejemplo, los grupos paramilitares registraron sus armas y se comprometieron a sumarse a las fuerzas locales de seguridad.
Pero, “al momento de la redacción de este documento –dice– no se había efectuado ninguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo, ni sobre si cumplía con los procedimientos de selección que prevé el derecho mexicano para las fuerzas de seguridad”, se queja el organismo internacional.

Para presionar al gobierno de Peña Nieto a que cumpla un mejor papel en el otorgamiento universal del respeto a los derechos humanos para con los mexicanos, HRW menciona que el gobierno de Estados Unidos podría ser crucial para el cumplimiento de este objetivo, pero lo acusa de cerrar los ojos ante una realidad.

HRW explica que, bajo la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado podría suspender la entrega del 15% de los fondos que destina al gobierno de México para la lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero no lo hace, ya que aunque la ley estadunidense le exige al Departamento de Estado que cada ano informe al Congreso federal de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México, las autoridades estadunidenses sostienen que el gobierno mexicano cumple con los requisitos que evitan el condicionamiento del desembolso de la ayuda.

“El Departamento de Estado de manera reiterada ha informado al Congreso estadunidense que se estarían cumpliendo los requisitos, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario, y citan a menudo adelantos incompletos y poco precisos con respecto a tal cumplimiento, en función de lo cual el Congreso ha dispuesto la entrega de los fondos”, concluye HRW.

1/28/2015

¿Qué van a hacer los expertos internacionales, si ya la PGR se adelantó?: José Miguel Vivanco


Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, pregunta el director de Human Rights Watch para las Américas.

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(Cuartoscuro)

Dado los índices de violencia y corrupción, no es inverosímil el relato que hace el procurador Jesús Murillo Karam, pero es difícil confiar por muchas razones, comentó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas .

Una de las razones es que, como todo mundo está enterado, los estudios en Austria no se hicieron en todos los restos, sólo se identificó a uno.

Entrevistado por Carmen Aristegui en la primera emisión de Noticias MVS, Vivanco comentó que es “de la mayor gravedad” que el procurador haya decidido hablar con los medios, antes que con los 
familiares. Hubo prisa por concluir la investigación y extrapolar  los informes de la universidad austriaca.

Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, preguntó Vivanco  y comentó que las conclusiones de la PGR colocan en entredicho la seriedad con la que se están realizando los trabajos de los expertos internacionales. Anunciaron un gasto muy fuerte para los investigadores y especialistas internacionales y ni siquiera han visitado el país.

Si yo fuera familiar, mi mayor esperanza estaría en los expertos, pero ¿qué van a hacer los expertos, si ya la Procuraduría se adelanta y presenta una conclusión? Me parece poco serio
Las autoridades -señaló Vivanco- no estuvieron a la altura de las circunstancias, nos ofrecen un relato que produce escepticismo y dudas fundadas.

Aquí la entrevista completa con José Miguel Vivanco, esta mañana en MVS:


12/23/2014

Llama HRW a erradicar “pruebas de virginidad”

   Práctica “discriminatoria e indigna”, acusa
Human Rights Watch (HRW) llamó a los gobiernos del mundo a implementar de inmediato la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que el personal sanitario y judicial no practique las llamadas “pruebas de virginidad”.
En un comunicado, HRW destacó que la “prueba de virginidad” –que consiste en someter a las mujeres a exploraciones físicas para comprobar que no han sostenido relaciones sexuales– es un procedimiento “discriminatorio e indigno” que no tiene ningún sustento científico, pero que se realiza en varios países bajo diversas circunstancias.
Debido a que esta práctica viola estatutos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 16 de la Convención contra la Tortura, la OMS publicó en noviembre el manual “Atención de la salud para mujeres víctimas de pareja o violencia sexual”, que recomienda a los países eliminar esta práctica.
De acuerdo con HRW, el manual de la OMS enfatiza que deben respetarse los derechos y el bienestar de las mujeres, y señala que cualquier examen físico debe practicarse sólo con el consentimiento informado y debe centrarse en la atención médica.
Según el comunicado, el documento de la OMS agrega que la “prueba de virginidad” o “de los dedos” es invasiva y degradante, además de que carece de validez científica.
La recomendación está centrada en la atención de la salud después de hechos de violencia sexual y violencia intrafamiliar, pero también incluye casos de discriminación laboral y procesos judiciales iniciados contra personas adultas que mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio.
HRW documentó que son varios los países que aún someten a las mujeres a estas prácticas, por ejemplo en Afganistán se realizan “pruebas de virginidad” a mujeres acusadas de “delitos contra la moral”, quienes por lo general huyeron de situaciones de violencia en el hogar y del matrimonio forzado.
Además –documentó la organización–, a veces este procedimiento se  realiza más de una vez a la misma mujer por “errores burocráticos”, o se impone a mujeres acusadas de otros delitos como robo y agresión.
La organización internacional señaló que los resultados de estas pruebas pueden incidir en la decisión de los jueces, lo que contribuye a que se dicten condenas injustas, como que las víctimas de violación sean acusadas de sostener relaciones sexuales consensuadas fuera del matrimonio.
Según el comunicado, en Medio Oriente y África septentrional (norte) las mujeres pueden ser sometidas a estas pruebas por solicitud de sus familiares o porque fueron obligadas por médicos militares.
En Indonesia la policía nacional incorpora estas “pruebas de virginidad” para reclutar a candidatas. En este país asiático, además, se está buscando que esta prueba se implemente también a estudiantes jóvenes.
En algunas de estas naciones esta práctica ya está prohibida, pero sigue llevándose a cabo, por lo que HRW también pidió a los gobiernos que se aseguren de que la recomendación de la OMS se cumpla efectivamente.
Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

11/27/2014

Decálogo de Peña, lo mismo con nuevo envoltorio: HRW


El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Miguel Dimayuga
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos criticaron el decálogo de acciones que este jueves dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), esas medidas ya habían sido anunciadas con anterioridad, pero hasta ahora no se han aplicado y mucho menos ha disminuido el número de personas “no localizadas” , que al 31 de octubre de este año sumaban 23 mil 605.
Desde Washington, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch (HRW), consideró que el gobierno de Peña no hace más que “reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”, lo que dificulta “tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a sus anuncios en materia de derechos humanos, debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso”.
En un breve comunicado para fijar su posición, Vivanco recordó que al inicio de la gestión de Peña y ante el reclamo generalizado de organizaciones nacionales e internacionales sobre los miles de desaparecidos, “el gobierno asumió el compromiso de crear un mecanismo para su búsqueda como una de las tareas principales de su administración”.
En julio de este año, precisó, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron lineamientos para promover la búsqueda y en agosto presentaron el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.
Por ello, agregó, resulta extraño que el presidente haga el mismo anuncio, al que le añadió el Sistema Nacional de Información Genética, mientras reitera el compromiso de “revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales”.
Al dar cuenta de la reedición de las promesas, Vivanco apuntó que “la efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, que en teoría debía ya haber hecho”.
En México, diversas organizaciones reprocharon que en el diseño de las medidas anunciadas, el gobierno federal no tomara en cuenta a la sociedad civil ni a expertos, y mucho menos a familiares de víctimas que se han entregado a la búsqueda de sus seres queridos, y manifestaron su desconfianza de la eficacia de esas acciones.
En un comunicado conjunto, criticaron que la puesta en marcha de las reformas dependa en los hechos del Poder Legislativo, “sin que el titular del Ejecutivo haya señalado alguna medida inmediata para impulsar la investigación de las miles de desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años, en esquemas que garanticen tanto la búsqueda de personas desaparecidas como la sanción de los responsables”.
Al recordar que el 9 de julio de este año fue presentado un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluía “el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas”, las organizaciones sociales apuntaron que dicho Plan “no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata”, de ahí que no hay garantías de que las medidas anunciadas este jueves representen “un avance significativo”.
De las acciones e iniciativas legislativas dadas a conocer por Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria, reprocharon que “el contenido del Sistema Nacional no fue informado ni existió ningún procedimiento de consulta previa con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México”.
Para las organizaciones, el gobierno de Peña Nieto estaba obligado a consultar los términos de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, porque “no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Ejecutivo, apuntaron, debió tomar en cuenta la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado atienda el caso de los normalistas desparecidos, y que “aportará elementos para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atienda este problema en el plano estructural”.
Lamentaron que al cumplirse dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Peña Nieto “no haya anunciado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los jóvenes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre, ante quienes suscribió compromisos que hasta hoy permanecen incumplidos”.
Con el lema de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, firmaron el documento los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios y Miguel Agustín Pro Juárez de la Montaña-Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados.

11/12/2014

En Iguala, el gobierno llegó tarde y mal: Human Rights Watch (video)



Redacción AN noviembre 11, 2014 9:48 pm

El director de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, afirmó que no cabe duda que el caso Ayotzipana "es un crimen de Estado" y que el presidente Enrique Peña Nieto tomó 4 días en hablar del caso y la PGR tardó 10, en investigar. (Univisión)

7/25/2013

Piden al Senado acelerar reforma al fuero militar


NACIONAL
   Acataría acuerdos y recomendaciones en DH

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) pidieron hoy al Senado priorizar el avance de la reforma al Código de Justicia Militar, para evitar que los efectivos castrenses juzguen delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles, y como una medida para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en la materia.

En un comunicado, grupos civiles señalaron que la reforma al fuero militar podría representar un avance del Estado mexicano frente el Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación que realizará Naciones Unidas en octubre próximo sobre la situación humanitaria en México.

En 2009 México fue sometido por primera vez al EPU; en esa ocasión una recomendación de este mecanismo fue reformar el fuero militar, pero las autoridades la rechazaron al sostener que los juicios en los tribunales militares se realizan conforme al debido proceso.

Desde entonces el Código de Justicia Militar permanece intacto, por lo que en semanas recientes las mismas agrupaciones de DH anunciaron que exhibirían ante la ONU que el fuero castrense es todavía un factor determinante para que las víctimas de agresiones por parte de efectivos militares no obtengan justicia.

Las organizaciones afirmaron que el Senado debe aprobar a la brevedad las reformas al fuero militar, con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ).

Dijeron que la reforma al fuero militar ha sido una demanda permanente de las víctimas que se han visto obligadas a buscar infructuosamente justicia ante instancias carentes de competencia, así como de los organismos civiles que han acompañado tales procesos.

“En los últimos años, esta demanda ha adquirido mayor relevancia dado el incremento de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por militares y marinos, que en su mayoría permanecen impunes”, se lee en el comunicado.

La CoIDH recomendó reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar en las sentencias emitidas por los casos de desaparición forzada de Rosendo Radilla; la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Todos estos delitos cometidos por militares.

Por su parte, la SCJN se ha pronunciado por limitar los alcances del fuero militar, por lo que las organizaciones aplaudieron que el pasado 10 de julio la Comisión de Justicia del Senado hiciera público un proyecto de dictamen en este sentido, que de ser aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones sería un “avance muy significativo en el cumplimiento de los estándares internacionales”.

No obstante, señalaron que está pendiente la reforma al artículo 435 del Código de Justicia Militar, que en la actualidad dice que sólo las instancias militares tienen la facultad de declarar si un asunto pertenece o no al fuero castrense, y a decir de activistas esta facultad debe ser de los tribunales civiles.

La petición al Senado fue firmada por los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Equis, Justicia para las Mujeres; Fundar, y la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

7/16/2013

Llama HRW a eliminar acoso sexual a trabajadoras agrícolas

INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Crece su vulnerabilidad al ser inmigrantes en EU

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

Miles de mujeres y niñas inmigrantes en Estados Unidos sufren de abuso y acoso sexual en su espacio de trabajo, debido a que las autoridades no adoptan medidas para protegerlas, informó Human Rights Watch (HRW).

En el informe “Cultivar el temor: La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas inmigrantes frente a la violencia y el acoso sexual en Estados Unidos”, se describen casos de violación sexual, acoso, manoseo sin consentimiento, exhibicionismo, y uso de lenguaje vulgar u obsceno por parte de sus supervisores, empleadores y compañeros de trabajo.

La mayoría de las víctimas dijo no haber denunciado por temor a represalias.

Grace Meng, investigadora del Programa de Estados Unidos de HRW y autora del informe, asevera: “Los abusos no deberían sumarse a las difíciles condiciones laborales que ya toleran los trabajadores agrícolas inmigrantes mientras producen los alimentos que consume el país; en vez de que se valore su aportación, están sujetos a un sistema inmigratorio disfuncional y leyes laborales que los excluyen de garantías básicas que a otros trabajadores raramente se niegan”.

El informe se elaboró a partir de entrevistas y testimonios de más de 50 mujeres que trabajan en zonas de cultivo en los estados de California, Carolina del Norte y Nueva York, además de funcionarios y personal involucrado en la producción agrícola.

La impunidad aunada al miedo de ser deportadas si denuncian la situación, deriva en obstáculos para conseguir justicia.

Entre los testimonios hay casos de inmigrantes con visas de trabajo temporal, que al depender de sus empleadores para mantener su situación legal son renuentes a denunciar.

La desinformación, el proceso legal extenso, complejo, falta de recursos económicos y el idioma, son otras barreras que desmotivan a las víctimas, además del temor a la policía y las autoridades migratorias.

Cada día que transcurre sin que se promulgue una reforma migratoria, el Congreso (de EU) permite que más mujeres que trabajan en el sector agrícola se enfrenten a la posibilidad de abuso sexual; lo mínimo que puede hacer es aplicar la Ley sobre Violencia contra la Mujer y establecer garantías más sólidas para protegerlas, apunta la organización humanitaria.

HRW advierte que las leyes con las que cuentan las trabajadoras agrícolas no se cumplen adecuadamente, por ello la desconfianza a las autoridades no sólo se ha generado por abusos sexuales, sino también por otras violaciones como retención de salarios, exposición a plaguicidas y el trabajo infantil.

HRW llama al gobierno de EU y al personal que interviene en la producción agrícola, a tomar las medidas pertinentes para proteger los derechos de las y los trabajadores agrícolas inmigrantes.
 

2/22/2013

Documenta HRW sólo 15 desapariciones de mujeres

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Contrasta con las cerca de 4 mil registradas por el OCNF

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

En contraste con las cerca de cuatro mil mujeres desaparecidas únicamente de 2011 a 2012 que han reportado organizaciones civiles, la agrupación internacional Human Rights Watch (HRW) tan sólo tiene documentada con nombre y apellido la desaparición de 15 mujeres durante todo el sexenio de Felipe Calderón.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, presentó hoy el informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, el cual carece de un análisis de género y no detalla los perfiles de las mujeres desaparecidas.

La cifra total de personas desaparecidas presentada por Vivanco también difiere severamente con el número de 27 mil desapariciones divulgado por la Secretaría de Gobernación.

En declaraciones a Cimacnoticias, Nik Steinberg, experto a cargo de la investigación de HRW, explicó que la mayoría de los casos de desapariciones corresponde a hombres de entre 16 y 35 años de edad, pero aclaró que eso no significa que no haya mujeres desaparecidas, toda vez que el informe representa “sólo una parte” del panorama nacional.

Steinberg afirmó que las desapariciones de mujeres en México son un problema serio y grave que desde hace años persiste y está impune, al igual que los casos registrados en el documento divulgado hoy.

Entre los nombres documentados por HRW está el de Yudith Yesenia Rueda García, quien desapareció junto con su novio Roberto Iván Hernández García el 11 de marzo de 2011 cuando un grupo de presuntos policías federales los sacó de la vivienda donde se encontraban.

También está el de Nitza Paola Alvarado Espinoza e Irene Rocío Alvarado Reyes, quienes fueron detenidas el 29 de diciembre de 2009 cuando circulaban en un vehículo por Buenaventura, Chihuahua, y desde entonces nada se sabe de ellas.

Otro caso es el de Mónica Isabel Esquivel Castillo, una joven que  trabajaba como guardia de seguridad privada en una fábrica de Saltillo, Coahuila, y que fue desaparecida desde el 12 de septiembre de 2011 cuando salía de su trabajo.

Un ejemplo más es el de las hermanas Perla Liliana Pecina Riojas y Elsa Judith Pecina Riojas, quienes al parecer fueron llevadas por la fuerza de su vivienda en Piedras Negras, Coahuila, el 15 de noviembre de 2011, junto con el esposo de Elsa, Wilfredo Álvarez Valdez.

El año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reportó que de enero de 2011 a junio de 2012 hubo 3 mil 976 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados del país.

Según la organización civil, tales casos podrían estar relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, y sin embargo las investigaciones siguen sin dar resultados para juzgar y castigar a los responsables.

DEMANDAS

En conferencia de prensa, José Miguel Vivanco aseguró que el actual gobierno tiene la obligación de responder y generar un plan de acción para lograr investigaciones judiciales reales que den con el paradero de las personas desaparecidas, o la identificación de restos humanos no identificados.

Detalló que entre enero de 2012 y febrero de 2013 HRW realizó una investigación en los estados de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, de la cual obtuvieron registros de 249 casos de desaparición de personas.

De esa cifra se documentó que en 149 casos hay evidencia de que fueron desapariciones forzadas, es decir delitos donde participaron de forma directa actores estatales, o bien donde  indirectamente hubo colaboración o aprobación de autoridades.

Según el informe, el perfil de las personas desaparecidas es similar: no tienen antecedentes criminales, muchos son mecánicos, taxistas, maestros, policías o dueños de pequeños negocios.

Todos los casos permanecen impunes, por lo que HRW hizo una serie de recomendaciones entre las que destacan crear una base de datos nacional con información genética y evidencias sobre personas desaparecidas.

Asimismo exhortó al gobierno federal a crear una base de datos nacional de restos humanos no identificados, también con información genética; y expedir un decreto para establecer que ninguna persona detenida sea trasladada a bases militares, policiales o lugares clandestinos.

HRW pidió también que se presente un proyecto de reforma al sistema de justicia militar para garantizar que todas las presuntas violaciones a los DH, incluidas las desapariciones forzadas cometidas por militares contra civiles sean investigadas por la justicia civil.

1/23/2012

Violencia: cosecha trágica




Editorial La Jornada
La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó ayer, al difundir su informe anual sobre derechos humanos desde El Cairo, Egipto, que la violencia en nuestro país ha aumentado horrorosamente tras el inicio de la cruzada gubernamental contra el crimen organizado; que los esfuerzos de la administración del presidente Felipe Calderón condujeron a un significativo aumento en las muertes, torturas y otros abusos de las fuerzas de seguridad, y que existe una impunidad absoluta en México para los militares involucrados en atropellos contra la población, los cuales casi nunca son llevados ante la justicia. En contraste, de acuerdo con la referida organización, el Estado mexicano ha carecido de capacidad para proteger a periodistas, migrantes indocumentados, activistas de derechos humanos y otros grupos vulnerables atrapados entre la violencia de los grupos delictivos y la practicada por las propias fuerzas de seguridad.

Las observaciones comentadas confirman, en forma por demás desoladora, las advertencias lanzadas hace más de cinco años por distintos sectores de la sociedad organizada, la clase política y la academia: el combate a la delincuencia mediante la violencia oficial y la militarización de la vida pública no sólo no garantiza el éxito, sino alienta peligrosamente la configuración de circunstancias de pesadilla como las que hoy, por desgracia, vive el país.

Sin embargo, ante la evidencia creciente de que la política de seguridad es, en su actual configuración, un fracaso, el discurso oficial se muestra cada vez más ajeno a la realidad y más extraviado en sus propios laberintos: hace unos días Felipe Calderón llamó a poner en perspectiva la violencia que se desarrolla en el país y pidió contrastarla con las tasas de homicidios de naciones de Centro y Sudamérica, como si las muertes pudieran reducirse a meros indicadores estadísticos. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, ha venido insistiendo en que México no está en guerra, pues no se configura ninguno de los supuestos que derechos internacionales establecen para considerar un conflicto armado, acaso sin recordar que el primero en emplear ese concepto para referirse a la confrontación entre las autoridades y los cárteles de la droga fue, precisamente, el titular del Ejecutivo federal.

A estas alturas, resulta estéril entrar en la discusión de si lo que hay en el país es o no una guerra, y si los niveles de violencia en México son mayores o menores a los de otras naciones. Lo que nadie parece poner en duda, fuera de los responsables de la conducción política del país, es que la estrategia calderonista de seguridad pública y combate al narcotráfico no ha logrado acercarse a sus objetivos en materia de reducción del consumo de drogas ni de desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico; en cambio, ha multiplicado la violencia y las violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiales de todos los niveles y de las fuerzas armadas, y ha colocado a esas instituciones –que formalmente deben garantizar la vigencia del Estado de derecho– como factores principales del quebranto de la legalidad.

Con estos elementos de juicio resulta arduo sostener que en el actual gobierno se esté sembrando la semilla de un México seguro –como sostiene la propaganda oficial–, cuando la falta de una política de seguridad pública sensata y el incumplimiento de las responsabilidades más fundamentales del Estado se ha traducido, más bien, en una cosecha trágica y en la configuración de una de las etapas más inciertas, sombrías y desesperanzadoras de la historia nacional.

11/28/2011

Denuncian "impunidad uniformada" en México

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó este miércoles al ejército de México de haber torturado y asesinado a civiles y de haber violado a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico.

Policía Federal en Ciudad de México el 29 de abril.

El gobierno de Calderón ha desplegado miles de efectivos en el país con el fin de combatir el narcotráfico.

En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas.

HRW, que tiene sede en Nueva York, asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.

De acuerdo al documento, presentado ante miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón, los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles.

La organización alega que, si bien el ejército investigó varios casos y que los detalles están bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destacó que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus (propias) acciones, especialmente cuando se trata de (combatir a los) traficantes de droga".

La corresponsal de BBC Mundo en México, Cecilia Barría, informó que el informe tuvo pocas repercusiones en la prensa local debido a que el país está con los ojos puestos en la evolución de la influenza porcina.

Casos

El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.

En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol o drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.

El documento también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.

El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

Human Rights Watch le propuso al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.

Todavía el gobierno mexicano no ha emitido una declaración sobre estas denuncias.

Recientemente, Calderón envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado.

Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos en una lucha contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.