1/25/2017
México ha hecho el “trabajo sucio” para EU: ‘HRW’
8/01/2016
Denuncia muerte de su tío en Fb y es detenida
2/09/2015
Leyes mexicanas culpan a víctimas de violencia sexual: HRW
Como cada año, HRW examinó las prácticas de Derechos Humanos (DH) en más de 90 países, sus avances y retrocesos, en el “Informe Mundial 2015: los derechos valen aún en épocas difíciles”.
En el documento de 644 páginas –disponible en inglés–, la organización internacional sostuvo que las violaciones a DH fueron “determinantes para propiciar o agudizar muchas de las crisis de hoy”, y que los gobiernos se equivocan “de manera garrafal” cuando ignoran las garantías humanitarias para ocuparse de desafíos graves en materia de seguridad.
México es uno de los países que más preocupó en 2014 sobre el respeto a los DH, pues en el país se han dado severos retrocesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, según el informe.
Se mencionan los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, y Tlatlaya, Estado de México, que exponen los “gravísimos problemas de desapariciones forzadas, impunidad y corrupción por los que atraviesa el país”.
En materia de género, HRW señaló que la legislación mexicana contradice los estándares internacionales en materia de DH de las mujeres, ya que no protege de manera adecuada a las mujeres y niñas de la violencia sexual y doméstica, y algunas disposiciones, incluidas las que imponen penas severas a delitos sexuales, “están supeditadas a la ‘castidad’ de la víctima, es decir, en cierta forma responsabilizan a las víctimas de los delitos”.
Por ello –dijo HRW–, mujeres y niñas que han sufrido estos tipos de violaciones a sus DH generalmente no lo denuncian ante las autoridades, y quienes lo hacen “generalmente enfrentan sospecha, apatía y falta de respeto”.
A esta situación violatoria de DH se suma que pese a que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las entidades deben proveer anticoncepción de emergencia y el acceso al aborto a las víctimas de violación, “en la práctica muchas mujeres y niñas enfrentan severas barreras para acceder al aborto después de una violación sexual; dentro de estos obstáculos está incluida la información inadecuada (que se les da) y la intimidación que sufren por parte de servidores públicos”.
Para HRW otro punto de preocupación son las personas migrantes, pues en los años recientes “los robos, extorsión, secuestros agresiones físicas y psicológicas, el abuso sexual, los asesinatos y las desapariciones han tomado un giro dramático y han empeorado”.
Las autoridades no han tomado los pasos adecuados para proteger a las personas migrantes, o investigar a quienes las y los persiguen o abusan de ellos, observó.
La organización también denunció el clima de violaciones a DH que enfrentan las y los periodistas, particularmente quienes reportan crímenes o critican al gobierno.
Entre el año 2000 y mayo de 2014 –se lee en el informe–, 102 periodistas murieron asesinados y 24 fueron desaparecidos. Pero las autoridades se niegan rotundamente a investigar adecuadamente los crímenes, y señalan que el móvil de la agresión está alejado de su labor informativa.
1/29/2015
Fuerzas de seguridad participan en desaparición de personas en México: HRW
El capítulo de México destaca como actos más grotescos de violación
a los derechos humanos, los casos de la desaparición de los 43
normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 civiles en
Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército.1/28/2015
¿Qué van a hacer los expertos internacionales, si ya la PGR se adelantó?: José Miguel Vivanco
Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, pregunta el director de Human Rights Watch para las Américas.
Dado los índices de violencia y corrupción, no es inverosímil el relato que hace el procurador Jesús Murillo Karam, pero es difícil confiar por muchas razones, comentó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas .
Una de las razones es que, como todo mundo está enterado, los estudios en Austria no se hicieron en todos los restos, sólo se identificó a uno.
Entrevistado por Carmen Aristegui en la primera emisión de Noticias MVS, Vivanco comentó que es “de la mayor gravedad” que el procurador haya decidido hablar con los medios, antes que con los
familiares. Hubo prisa por concluir la investigación y extrapolar los informes de la universidad austriaca.
Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, preguntó Vivanco y comentó que las conclusiones de la PGR colocan en entredicho la seriedad con la que se están realizando los trabajos de los expertos internacionales. Anunciaron un gasto muy fuerte para los investigadores y especialistas internacionales y ni siquiera han visitado el país.
Si yo fuera familiar, mi mayor esperanza estaría en los expertos, pero ¿qué van a hacer los expertos, si ya la Procuraduría se adelanta y presenta una conclusión? Me parece poco serio
Las autoridades -señaló Vivanco- no estuvieron a la altura de las circunstancias, nos ofrecen un relato que produce escepticismo y dudas fundadas.
Aquí la entrevista completa con José Miguel Vivanco, esta mañana en MVS:
12/23/2014
Llama HRW a erradicar “pruebas de virginidad”
11/27/2014
Decálogo de Peña, lo mismo con nuevo envoltorio: HRW
Gloria Leticia Díaz
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El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Miguel Dimayuga |
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), esas medidas ya habían sido anunciadas con anterioridad, pero hasta ahora no se han aplicado y mucho menos ha disminuido el número de personas “no localizadas” , que al 31 de octubre de este año sumaban 23 mil 605.
Desde Washington, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch (HRW), consideró que el gobierno de Peña no hace más que “reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”, lo que dificulta “tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a sus anuncios en materia de derechos humanos, debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso”.
En un breve comunicado para fijar su posición, Vivanco recordó que al inicio de la gestión de Peña y ante el reclamo generalizado de organizaciones nacionales e internacionales sobre los miles de desaparecidos, “el gobierno asumió el compromiso de crear un mecanismo para su búsqueda como una de las tareas principales de su administración”.
En julio de este año, precisó, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron lineamientos para promover la búsqueda y en agosto presentaron el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.
Por ello, agregó, resulta extraño que el presidente haga el mismo anuncio, al que le añadió el Sistema Nacional de Información Genética, mientras reitera el compromiso de “revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales”.
Al dar cuenta de la reedición de las promesas, Vivanco apuntó que “la efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, que en teoría debía ya haber hecho”.
En México, diversas organizaciones reprocharon que en el diseño de las medidas anunciadas, el gobierno federal no tomara en cuenta a la sociedad civil ni a expertos, y mucho menos a familiares de víctimas que se han entregado a la búsqueda de sus seres queridos, y manifestaron su desconfianza de la eficacia de esas acciones.
En un comunicado conjunto, criticaron que la puesta en marcha de las reformas dependa en los hechos del Poder Legislativo, “sin que el titular del Ejecutivo haya señalado alguna medida inmediata para impulsar la investigación de las miles de desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años, en esquemas que garanticen tanto la búsqueda de personas desaparecidas como la sanción de los responsables”.
Al recordar que el 9 de julio de este año fue presentado un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluía “el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas”, las organizaciones sociales apuntaron que dicho Plan “no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata”, de ahí que no hay garantías de que las medidas anunciadas este jueves representen “un avance significativo”.
De las acciones e iniciativas legislativas dadas a conocer por Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria, reprocharon que “el contenido del Sistema Nacional no fue informado ni existió ningún procedimiento de consulta previa con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México”.
Para las organizaciones, el gobierno de Peña Nieto estaba obligado a consultar los términos de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, porque “no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Ejecutivo, apuntaron, debió tomar en cuenta la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado atienda el caso de los normalistas desparecidos, y que “aportará elementos para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atienda este problema en el plano estructural”.
Lamentaron que al cumplirse dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Peña Nieto “no haya anunciado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los jóvenes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre, ante quienes suscribió compromisos que hasta hoy permanecen incumplidos”.
Con el lema de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, firmaron el documento los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios y Miguel Agustín Pro Juárez de la Montaña-Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados.
11/12/2014
En Iguala, el gobierno llegó tarde y mal: Human Rights Watch (video)
7/25/2013
Piden al Senado acelerar reforma al fuero militar
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) pidieron hoy al Senado priorizar el avance de la reforma al Código de Justicia Militar, para evitar que los efectivos castrenses juzguen delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles, y como una medida para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en la materia.
En un comunicado, grupos civiles señalaron que la reforma al fuero militar podría representar un avance del Estado mexicano frente el Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación que realizará Naciones Unidas en octubre próximo sobre la situación humanitaria en México.
En 2009 México fue sometido por primera vez al EPU; en esa ocasión una recomendación de este mecanismo fue reformar el fuero militar, pero las autoridades la rechazaron al sostener que los juicios en los tribunales militares se realizan conforme al debido proceso.
Desde entonces el Código de Justicia Militar permanece intacto, por lo que en semanas recientes las mismas agrupaciones de DH anunciaron que exhibirían ante la ONU que el fuero castrense es todavía un factor determinante para que las víctimas de agresiones por parte de efectivos militares no obtengan justicia.
Las organizaciones afirmaron que el Senado debe aprobar a la brevedad las reformas al fuero militar, con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ).
Dijeron que la reforma al fuero militar ha sido una demanda permanente de las víctimas que se han visto obligadas a buscar infructuosamente justicia ante instancias carentes de competencia, así como de los organismos civiles que han acompañado tales procesos.
“En los últimos años, esta demanda ha adquirido mayor relevancia dado el incremento de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por militares y marinos, que en su mayoría permanecen impunes”, se lee en el comunicado.
La CoIDH recomendó reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar en las sentencias emitidas por los casos de desaparición forzada de Rosendo Radilla; la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Todos estos delitos cometidos por militares.
Por su parte, la SCJN se ha pronunciado por limitar los alcances del fuero militar, por lo que las organizaciones aplaudieron que el pasado 10 de julio la Comisión de Justicia del Senado hiciera público un proyecto de dictamen en este sentido, que de ser aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones sería un “avance muy significativo en el cumplimiento de los estándares internacionales”.
No obstante, señalaron que está pendiente la reforma al artículo 435 del Código de Justicia Militar, que en la actualidad dice que sólo las instancias militares tienen la facultad de declarar si un asunto pertenece o no al fuero castrense, y a decir de activistas esta facultad debe ser de los tribunales civiles.
La petición al Senado fue firmada por los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Equis, Justicia para las Mujeres; Fundar, y la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
7/16/2013
Llama HRW a eliminar acoso sexual a trabajadoras agrícolas
VIOLENCIA
Crece su vulnerabilidad al ser inmigrantes en EU
Miles de mujeres y niñas inmigrantes en Estados Unidos sufren de abuso y acoso sexual en su espacio de trabajo, debido a que las autoridades no adoptan medidas para protegerlas, informó Human Rights Watch (HRW).
En el informe “Cultivar el temor: La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas inmigrantes frente a la violencia y el acoso sexual en Estados Unidos”, se describen casos de violación sexual, acoso, manoseo sin consentimiento, exhibicionismo, y uso de lenguaje vulgar u obsceno por parte de sus supervisores, empleadores y compañeros de trabajo.
La mayoría de las víctimas dijo no haber denunciado por temor a represalias.
Grace Meng, investigadora del Programa de Estados Unidos de HRW y autora del informe, asevera: “Los abusos no deberían sumarse a las difíciles condiciones laborales que ya toleran los trabajadores agrícolas inmigrantes mientras producen los alimentos que consume el país; en vez de que se valore su aportación, están sujetos a un sistema inmigratorio disfuncional y leyes laborales que los excluyen de garantías básicas que a otros trabajadores raramente se niegan”.
El informe se elaboró a partir de entrevistas y testimonios de más de 50 mujeres que trabajan en zonas de cultivo en los estados de California, Carolina del Norte y Nueva York, además de funcionarios y personal involucrado en la producción agrícola.
La impunidad aunada al miedo de ser deportadas si denuncian la situación, deriva en obstáculos para conseguir justicia.
Entre los testimonios hay casos de inmigrantes con visas de trabajo temporal, que al depender de sus empleadores para mantener su situación legal son renuentes a denunciar.
La desinformación, el proceso legal extenso, complejo, falta de recursos económicos y el idioma, son otras barreras que desmotivan a las víctimas, además del temor a la policía y las autoridades migratorias.
Cada día que transcurre sin que se promulgue una reforma migratoria, el Congreso (de EU) permite que más mujeres que trabajan en el sector agrícola se enfrenten a la posibilidad de abuso sexual; lo mínimo que puede hacer es aplicar la Ley sobre Violencia contra la Mujer y establecer garantías más sólidas para protegerlas, apunta la organización humanitaria.
HRW advierte que las leyes con las que cuentan las trabajadoras agrícolas no se cumplen adecuadamente, por ello la desconfianza a las autoridades no sólo se ha generado por abusos sexuales, sino también por otras violaciones como retención de salarios, exposición a plaguicidas y el trabajo infantil.
HRW llama al gobierno de EU y al personal que interviene en la producción agrícola, a tomar las medidas pertinentes para proteger los derechos de las y los trabajadores agrícolas inmigrantes.
2/22/2013
Documenta HRW sólo 15 desapariciones de mujeres
DERECHOS HUMANOS
Contrasta con las cerca de 4 mil registradas por el OCNF

En contraste con las cerca de cuatro mil mujeres desaparecidas únicamente de 2011 a 2012 que han reportado organizaciones civiles, la agrupación internacional Human Rights Watch (HRW) tan sólo tiene documentada con nombre y apellido la desaparición de 15 mujeres durante todo el sexenio de Felipe Calderón.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, presentó hoy el informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, el cual carece de un análisis de género y no detalla los perfiles de las mujeres desaparecidas.
La cifra total de personas desaparecidas presentada por Vivanco también difiere severamente con el número de 27 mil desapariciones divulgado por la Secretaría de Gobernación.
En declaraciones a Cimacnoticias, Nik Steinberg, experto a cargo de la investigación de HRW, explicó que la mayoría de los casos de desapariciones corresponde a hombres de entre 16 y 35 años de edad, pero aclaró que eso no significa que no haya mujeres desaparecidas, toda vez que el informe representa “sólo una parte” del panorama nacional.
Steinberg afirmó que las desapariciones de mujeres en México son un problema serio y grave que desde hace años persiste y está impune, al igual que los casos registrados en el documento divulgado hoy.
Entre los nombres documentados por HRW está el de Yudith Yesenia Rueda García, quien desapareció junto con su novio Roberto Iván Hernández García el 11 de marzo de 2011 cuando un grupo de presuntos policías federales los sacó de la vivienda donde se encontraban.
También está el de Nitza Paola Alvarado Espinoza e Irene Rocío Alvarado Reyes, quienes fueron detenidas el 29 de diciembre de 2009 cuando circulaban en un vehículo por Buenaventura, Chihuahua, y desde entonces nada se sabe de ellas.
Otro caso es el de Mónica Isabel Esquivel Castillo, una joven que trabajaba como guardia de seguridad privada en una fábrica de Saltillo, Coahuila, y que fue desaparecida desde el 12 de septiembre de 2011 cuando salía de su trabajo.
Un ejemplo más es el de las hermanas Perla Liliana Pecina Riojas y Elsa Judith Pecina Riojas, quienes al parecer fueron llevadas por la fuerza de su vivienda en Piedras Negras, Coahuila, el 15 de noviembre de 2011, junto con el esposo de Elsa, Wilfredo Álvarez Valdez.
El año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reportó que de enero de 2011 a junio de 2012 hubo 3 mil 976 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados del país.
Según la organización civil, tales casos podrían estar relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, y sin embargo las investigaciones siguen sin dar resultados para juzgar y castigar a los responsables.
DEMANDAS
En conferencia de prensa, José Miguel Vivanco aseguró que el actual gobierno tiene la obligación de responder y generar un plan de acción para lograr investigaciones judiciales reales que den con el paradero de las personas desaparecidas, o la identificación de restos humanos no identificados.
Detalló que entre enero de 2012 y febrero de 2013 HRW realizó una investigación en los estados de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, de la cual obtuvieron registros de 249 casos de desaparición de personas.
De esa cifra se documentó que en 149 casos hay evidencia de que fueron desapariciones forzadas, es decir delitos donde participaron de forma directa actores estatales, o bien donde indirectamente hubo colaboración o aprobación de autoridades.
Según el informe, el perfil de las personas desaparecidas es similar: no tienen antecedentes criminales, muchos son mecánicos, taxistas, maestros, policías o dueños de pequeños negocios.
Todos los casos permanecen impunes, por lo que HRW hizo una serie de recomendaciones entre las que destacan crear una base de datos nacional con información genética y evidencias sobre personas desaparecidas.
Asimismo exhortó al gobierno federal a crear una base de datos nacional de restos humanos no identificados, también con información genética; y expedir un decreto para establecer que ninguna persona detenida sea trasladada a bases militares, policiales o lugares clandestinos.
HRW pidió también que se presente un proyecto de reforma al sistema de justicia militar para garantizar que todas las presuntas violaciones a los DH, incluidas las desapariciones forzadas cometidas por militares contra civiles sean investigadas por la justicia civil.
1/23/2012
Violencia: cosecha trágica

Editorial La Jornada
horrorosamentetras el inicio de la cruzada gubernamental contra el crimen organizado; que
los esfuerzos de la administración del presidente Felipe Calderón condujeron a un significativo aumento en las muertes, torturas y otros abusos de las fuerzas de seguridad, y que
existe una impunidad absoluta en México para los militaresinvolucrados en atropellos contra la población, los cuales
casi nunca son llevados ante la justicia. En contraste, de acuerdo con la referida organización, el Estado mexicano ha carecido de capacidad para proteger a periodistas, migrantes indocumentados, activistas de derechos humanos y otros grupos vulnerables atrapados entre la violencia de los grupos delictivos y la practicada por las propias fuerzas de seguridad.
Las observaciones comentadas confirman, en forma por demás desoladora, las advertencias lanzadas hace más de cinco años por distintos sectores de la sociedad organizada, la clase política y la academia: el combate a la delincuencia mediante la violencia oficial y la militarización de la vida pública no sólo no garantiza el éxito, sino alienta peligrosamente la configuración de circunstancias de pesadilla como las que hoy, por desgracia, vive el país.
Sin embargo, ante la evidencia creciente de que la política de seguridad es, en su actual configuración, un fracaso, el discurso oficial se muestra cada vez más ajeno a la realidad y más extraviado en sus propios laberintos: hace unos días Felipe Calderón llamó a poner en perspectiva
la violencia que se desarrolla en el país y pidió contrastarla con las tasas de homicidios de naciones de Centro y Sudamérica, como si las muertes pudieran reducirse a meros indicadores estadísticos. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, ha venido insistiendo en que México no está en guerra
, pues no se configura ninguno de los supuestos que derechos internacionales establecen para considerar un conflicto armado
, acaso sin recordar que el primero en emplear ese concepto para referirse a la confrontación entre las autoridades y los cárteles de la droga fue, precisamente, el titular del Ejecutivo federal.
A estas alturas, resulta estéril entrar en la discusión de si lo que hay en el país es o no una guerra, y si los niveles de violencia en México son mayores o menores a los de otras naciones. Lo que nadie parece poner en duda, fuera de los responsables de la conducción política del país, es que la estrategia calderonista de seguridad pública y combate al narcotráfico no ha logrado acercarse a sus objetivos en materia de reducción del consumo de drogas ni de desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico; en cambio, ha multiplicado la violencia y las violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiales de todos los niveles y de las fuerzas armadas, y ha colocado a esas instituciones –que formalmente deben garantizar la vigencia del Estado de derecho– como factores principales del quebranto de la legalidad.
Con estos elementos de juicio resulta arduo sostener que en el actual gobierno se esté sembrando la semilla de un México seguro
–como sostiene la propaganda oficial–, cuando la falta de una política de seguridad pública sensata y el incumplimiento de las responsabilidades más fundamentales del Estado se ha traducido, más bien, en una cosecha trágica y en la configuración de una de las etapas más inciertas, sombrías y desesperanzadoras de la historia nacional.
11/28/2011
Denuncian "impunidad uniformada" en México
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó este miércoles al ejército de México de haber torturado y asesinado a civiles y de haber violado a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico.

El gobierno de Calderón ha desplegado miles de efectivos en el país con el fin de combatir el narcotráfico.
En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas.
HRW, que tiene sede en Nueva York, asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.
De acuerdo al documento, presentado ante miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón, los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles.
La organización alega que, si bien el ejército investigó varios casos y que los detalles están bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destacó que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus (propias) acciones, especialmente cuando se trata de (combatir a los) traficantes de droga".
La corresponsal de BBC Mundo en México, Cecilia Barría, informó que el informe tuvo pocas repercusiones en la prensa local debido a que el país está con los ojos puestos en la evolución de la influenza porcina.
Casos
El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.
En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol o drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.
El documento también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.
El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.
Human Rights Watch le propuso al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.
Todavía el gobierno mexicano no ha emitido una declaración sobre estas denuncias.
Recientemente, Calderón envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado.
Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos en una lucha contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.


