Gloria Leticia Díaz
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El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos criticaron el decálogo
de acciones que este jueves dio a conocer el presidente Enrique Peña
Nieto.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), esas medidas ya habían sido anunciadas con anterioridad, pero hasta ahora no se han aplicado y mucho menos ha disminuido el número de personas “no localizadas” , que al 31 de octubre de este año sumaban 23 mil 605.
Desde Washington, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch (HRW), consideró que el gobierno de Peña no hace más que “reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”, lo que dificulta “tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a sus anuncios en materia de derechos humanos, debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso”.
En un breve comunicado para fijar su posición, Vivanco recordó que al inicio de la gestión de Peña y ante el reclamo generalizado de organizaciones nacionales e internacionales sobre los miles de desaparecidos, “el gobierno asumió el compromiso de crear un mecanismo para su búsqueda como una de las tareas principales de su administración”.
En julio de este año, precisó, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron lineamientos para promover la búsqueda y en agosto presentaron el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.
Por ello, agregó, resulta extraño que el presidente haga el mismo anuncio, al que le añadió el Sistema Nacional de Información Genética, mientras reitera el compromiso de “revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales”.
Al dar cuenta de la reedición de las promesas, Vivanco apuntó que “la efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, que en teoría debía ya haber hecho”.
En México, diversas organizaciones reprocharon que en el diseño de las medidas anunciadas, el gobierno federal no tomara en cuenta a la sociedad civil ni a expertos, y mucho menos a familiares de víctimas que se han entregado a la búsqueda de sus seres queridos, y manifestaron su desconfianza de la eficacia de esas acciones.
En un comunicado conjunto, criticaron que la puesta en marcha de las reformas dependa en los hechos del Poder Legislativo, “sin que el titular del Ejecutivo haya señalado alguna medida inmediata para impulsar la investigación de las miles de desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años, en esquemas que garanticen tanto la búsqueda de personas desaparecidas como la sanción de los responsables”.
Al recordar que el 9 de julio de este año fue presentado un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluía “el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas”, las organizaciones sociales apuntaron que dicho Plan “no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata”, de ahí que no hay garantías de que las medidas anunciadas este jueves representen “un avance significativo”.
De las acciones e iniciativas legislativas dadas a conocer por Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria, reprocharon que “el contenido del Sistema Nacional no fue informado ni existió ningún procedimiento de consulta previa con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México”.
Para las organizaciones, el gobierno de Peña Nieto estaba obligado a consultar los términos de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, porque “no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Ejecutivo, apuntaron, debió tomar en cuenta la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado atienda el caso de los normalistas desparecidos, y que “aportará elementos para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atienda este problema en el plano estructural”.
Lamentaron que al cumplirse dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Peña Nieto “no haya anunciado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los jóvenes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre, ante quienes suscribió compromisos que hasta hoy permanecen incumplidos”.
Con el lema de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, firmaron el documento los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios y Miguel Agustín Pro Juárez de la Montaña-Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), esas medidas ya habían sido anunciadas con anterioridad, pero hasta ahora no se han aplicado y mucho menos ha disminuido el número de personas “no localizadas” , que al 31 de octubre de este año sumaban 23 mil 605.
Desde Washington, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch (HRW), consideró que el gobierno de Peña no hace más que “reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”, lo que dificulta “tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a sus anuncios en materia de derechos humanos, debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso”.
En un breve comunicado para fijar su posición, Vivanco recordó que al inicio de la gestión de Peña y ante el reclamo generalizado de organizaciones nacionales e internacionales sobre los miles de desaparecidos, “el gobierno asumió el compromiso de crear un mecanismo para su búsqueda como una de las tareas principales de su administración”.
En julio de este año, precisó, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron lineamientos para promover la búsqueda y en agosto presentaron el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.
Por ello, agregó, resulta extraño que el presidente haga el mismo anuncio, al que le añadió el Sistema Nacional de Información Genética, mientras reitera el compromiso de “revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales”.
Al dar cuenta de la reedición de las promesas, Vivanco apuntó que “la efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, que en teoría debía ya haber hecho”.
En México, diversas organizaciones reprocharon que en el diseño de las medidas anunciadas, el gobierno federal no tomara en cuenta a la sociedad civil ni a expertos, y mucho menos a familiares de víctimas que se han entregado a la búsqueda de sus seres queridos, y manifestaron su desconfianza de la eficacia de esas acciones.
En un comunicado conjunto, criticaron que la puesta en marcha de las reformas dependa en los hechos del Poder Legislativo, “sin que el titular del Ejecutivo haya señalado alguna medida inmediata para impulsar la investigación de las miles de desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años, en esquemas que garanticen tanto la búsqueda de personas desaparecidas como la sanción de los responsables”.
Al recordar que el 9 de julio de este año fue presentado un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluía “el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas”, las organizaciones sociales apuntaron que dicho Plan “no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata”, de ahí que no hay garantías de que las medidas anunciadas este jueves representen “un avance significativo”.
De las acciones e iniciativas legislativas dadas a conocer por Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria, reprocharon que “el contenido del Sistema Nacional no fue informado ni existió ningún procedimiento de consulta previa con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México”.
Para las organizaciones, el gobierno de Peña Nieto estaba obligado a consultar los términos de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, porque “no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Ejecutivo, apuntaron, debió tomar en cuenta la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado atienda el caso de los normalistas desparecidos, y que “aportará elementos para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atienda este problema en el plano estructural”.
Lamentaron que al cumplirse dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Peña Nieto “no haya anunciado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los jóvenes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre, ante quienes suscribió compromisos que hasta hoy permanecen incumplidos”.
Con el lema de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, firmaron el documento los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios y Miguel Agustín Pro Juárez de la Montaña-Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados.
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