En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en alianza con organizaciones civiles y periodistas locales, presentó el informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas en México”.
Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de Redes de Periodistas de CIMAC, refirió que el informe nace ante la necesidad de visibilizar la violencia contra las comunicadoras, la cual se ha “naturalizado” entre el gremio y la sociedad.
El informe, presentado ya en 11 entidades federativas, evidencia la falta de una perspectiva de género en el proceso judicial y la naturalización de la violencia contra las periodistas, reflejo del nulo acceso a la justicia para el gremio.
Rangel Medina, integrante también de la Comisión de Denuncias de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, denunció el tratamiento “sexista” de los casos por parte de las autoridades.
El actuar machista genera impunidad y deriva en que en una década (2002-2013) la violencia contra las mujeres periodistas se haya incrementado en más de 2 mil por ciento. Es decir, mientras en los primeros años se registraban entre uno y cinco casos, en los años recientes hay un registro de más de 40 casos, expuso la activista.
El segundo informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas en México. Análisis legal” retoma cuatro casos de violencia contra mujeres periodistas: los agravios a la labor de Lydia Cacho; los ataques contra Ana Lilia Pérez Mendoza; el asesinato de Regina Martínez Pérez, y los allanamientos y robos reiterados contra las oficinas de CIMAC en la Ciudad de México.
En los cuatro casos analizados son constantes las violaciones al principio de no discriminación, las faltas de debida diligencia, que según los estándares internacionales implican oficiosidad, imparcialidad, oportunidad, competencia, exhaustividad, celeridad y efectividad.
Cecilia Lavalle Torres, feminista, periodista del estado de Quintana Roo e integrante de la Red Mujeres en Plural, destacó que su entidad, junto con Yucatán y Campeche, son los estados del “no pasa nada”.
Sin embargo –aclaró–, a las periodistas se les está violentando por cubrir casos de corrupción, a través de la intimidación y amenazas o violencia psicológica.
Lavalle Torres, nombrada Mujer Quintanarroense destacada del año por su defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, explicó que los medios de comunicación están coludidos con los agresores que colocan en mayor vulnerabilidad a las reporteras, y es la familia la que principalmente recibe las amenazas.
“Necesitamos arropar a las periodistas porque son las únicas que nos están contando lo que sucede y por eso las violentan”, convocó.
Socorro Chablé González, periodista autora de “Luna Maya” e integrante de la Red Nacional de Periodistas, realizó un sondeo con 15 periodistas del estado para conocer la situación de violencia.
Se detectó que periodistas entre los 30 y 50 años de edad y de entre ocho y 20 años de ejercer el oficio, coincidieron en que hay jornadas laborales y condiciones desiguales para mujeres y hombres en los medios.
Diez refirieron jornadas superiores a las de los hombres y 11 de ellas denunciaron no tener las mismas oportunidades para acceder a puestos jerárquicos, y en todo caso, si acceden, es con un sueldo menor al de sus colegas varones.
Las periodistas señalaron que la maternidad es uno de sus más grandes conflictos al ejercer la profesión, ya que las jornadas excesivas no se combinan fácilmente con el cuidado de sus hijas e hijos, y se ven obligadas a renunciar ante la indiferencia de sus jefes, o bien, se justifican los salarios bajos para ellas porque según sus jefes “tienen la ventaja de que las mantenga el marido”.
Las principales amenazas para las periodistas yucatecas son las amenazas, frente a las que lejos de tener apoyo del medio, las despiden o vetan de las fuentes de información, además del tratamiento sexista de parte de sus fuentes y compañeros del medio.
Chablé celebró el nacimiento de la Red de Periodistas con Visión de Género de Yucatán, de la que es cofundadora, como una oportunidad de sumarse a la visibilización de la violencia contra las mujeres periodistas y fortalecer la libertad de expresión en el estado.
Rosario García López, antropóloga y comunicadora independiente y cofundadora de la Red de Periodistas con Visión de Género de Yucatán, comentó que las integrantes de los medios comunitarios enfrentan la violencia por triplicado: por ser mujeres, indígenas y comunicadoras.
El informe presentado en Mérida confirma la necesidad de integrar la perspectiva de género en los principios del debido proceso legal, para otorgar medidas de protección adecuadas a las mujeres periodistas, con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los instrumentos internacionales firmados por México.
En la investigación, CIMAC insta al Estado mexicano a reconocer la condición particular que enfrentan las periodistas, hacer transversal en su política la perspectiva de género, acatar todos los preceptos que contienen los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, en especial, sobre la libertad de expresión y garantizar a las periodistas el acceso a la justicia.
A los medios de comunicación recomienda dotar de capacitación y profesionalización en materia de seguridad a sus colaboradoras, crear códigos de ética cuya prioridad sea la seguridad de las periodistas, y el compromiso con sus trabajadoras de protegerlas al enfrentar algún acto de violencia.
Por: Cirenia Celestino Ortega, enviada
Cimacnoticias | Mérida, Yuc.-
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