A
dos meses de la masacre de estudiantes y ciudadanos en Iguala y la
desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno
federal encabezado por Enrique Peña Nieto y la PGR –con su cansancio
permanente– han mostrado su total ineptitud para encontrarlos vivos o
muertos. A tal incapacidad manifiesta –incluida la inutilidad de sus
políticas de seguridad pública, económica y social [educación pública,
salud, antipobreza]– contrasta notablemente su efectiva política
represiva contra los manifestantes por la aparición de estos
estudiantes. “La Procuraduría General de la República (PGR) sustentó
sus acusaciones contra los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de
noviembre en las declaraciones de cinco policías federales… las
capturas que realizaron en el Zócalo capitalino fueron en flagrancia”
[MILENIO, 26/11/14].
Pero la única flagrancia conocida por
millones de mexicanos es la ineptitud absoluta del gobierno federal
para hacer justicia y su flagrante represión selectiva contra jóvenes y
estudiantes perpetrada por los diversos aparatos de la violencia
“legítima” ¿Es prueba de “asociación delictuosa” que los manifestantes
contestatarios digan entre sí “compas o compañeros”? Más aún, ¿Es
delito gritar consignas como “¡Muera Peña!”, “¡Muera el PRI!”,
“¡mueran las instituciones!”, “¡Muera el mal gobierno!”? Pobre Miguel
Hidalgo y Costilla, nuestro Padre la Patria, una vez más sería llevado
a la picota por clamar: “¡Muera el mal gobierno!”. La consignación de
las 11 personas detenidas [tres mujeres y ocho hombres] es por
tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa; acusaciones
grotescas, absurdas, inverosímiles, pero efectivas a la hora de
justificar arbitraria, autoritaria e impunemente la persecución
política. Sus abogados aseguraron que dichas acusaciones se sustentan
“en escasa y endeble evidencia”. Los detenidos fueron golpeados y
tratados como vulgares delincuentes y terroristas, pero los verdaderos
criminales de “cuello blanco” de la nomenclatura y la partidocracia, y
los poderosos capos de los cárteles, siguen impunes caminando tan
campantes.
Una definición de preso político es: “cualquier
persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida bajo
arresto porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el
sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea.” ¿Se
trata de llenar las cárceles de gente inocente por sus ideas políticas?
¿Delincuentes por alterar el “orden” o la “paz social”, según el
Estado? Peor aún, ¿De seguir llenando las fosas comunes en todo el
país? Al escándalo del Estado –encarnado en el gobierno federal, en su
Poder Ejecutivo–, por la “Casa Blanca” con toda su estela de
corrupción, incluida la de Televisa, viene a sumarse una brutal acción
represiva contra estudiantes y jóvenes en la calle. Este escándalo es
la punta de los icebergs de la corrupción imperante en todos los
niveles de los gobiernos federal, estatales y municipales.
En
dicha acción del 20 de noviembre en pleno Zócalo de la ciudad de México
los policías del gobierno perredista del Distrito Federal también
golpearon a algunos padres de familia, quienes protegían a sus pequeños
hijos. El móvil del delito, del delito gubernamental, es claro: el
gobierno federal trata de amedrentar al máximo a la población,
especialmente a los jóvenes y estudiantes. La intención es paralizar la
protesta social legítima con el terror para infundir temor con las
detenciones y los golpes; criminalizando las protestas populares,
juveniles y estudiantiles: más leña al fuego. En entrevista con
Milenio, Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia, dijo que entre los argumentos a favor de los 11
detenidos está el hecho de que en sus testimonios los policías no
logran ubicar a la persona que presuntamente jaló a uno de ellos –un
policía– para agredirlo, “ni hay otra prueba de ese hecho”. Detención
injusta e ilegal: el autoritarismo represivo como aplicación efectiva
de la amenaza de Peña Nieto a los millones de mexicanos hartos de la
violencia social de todo signo, en primer lugar la violencia
gubernamental y sus crímenes: “¡Fue el Estado!”
A una semana de
la conmemoración del 20 de noviembre de 1910 –fecha de la máxima gesta
histórica nacional del siglo pasado; revolución mexicana que ronda como
fantasma en todo el país, un fantasma contra el cual conjuran todas las
fuerzas sistémicas [neo] conservadoras neoliberales oligárquicas
locales y extranjeras– fuimos testigos ese día de la mayor protesta
popular, desde entonces, contra un régimen político, cuya dictadura
[perfecta] es la más longeva del mundo, perpetuado con base al
autoritarismo violento, cual ADN del régimen priista desde hace siete
décadas y del que el pueblo pensó ilusoriamente se libraría con el voto
adverso en el 2000 pero que volvió con mayor ímpetu para seguir
saqueando al país y explotando más al pueblo trabajador. Se perfila una
situación, como hace más de un siglo, en la que los de arriba no pueden
seguir gobernando como lo vienen haciendo y los de abajo ya no se dejan
gobernar como los vienen gobernando.
Hoy
habrá un mensaje de Enrique Peña Nieto para “recuperar la confianza” de
los mexicanos respecto al problema de la seguridad en el país, declaró
el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también
afirmó que “la prioridad del gobierno federal sigue siendo dar con el
paradero de los normalistas de Ayotzinapa”. A dos meses del trágico
suceso, no tenemos la más mínima credibilidad de tal intención ni de
ningún viraje radical para erradicar la violencia social mientras
persista el actual modelo neoliberal cuyo oprobioso régimen político
sostiene delirante e impunemente a la fecha…
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