Desde 2010 –cuando se pidió por vez primera la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México–, autoridades federales y mexiquenses han negado la existencia de violencia feminicida en la entidad donde Enrique Peña Nieto –titular del Ejecutivo– inició su carrera política.
Las cifras, reclamos y relatos de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, así como de sobrevivientes de violencia sexual, dejan en claro que aunque el gobierno del Edomex asegure lo contrario, las mexiquenses no gozan de su derecho a vivir libres de violencia.
De 2010 a 2013, grupos civiles contabilizaron más de 560 asesinatos de mujeres; más de 600 mujeres menores de 20 años han desaparecido durante la actual administración, y de febrero de 2011 a septiembre de 2012 se emitieron mil 558 medidas de protección, y 156 medidas cautelares en las agencias del Ministerio Público, adscritas a la Subprocuraduría mexiquense para la Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género.
Tan sólo en octubre pasado se descubrieron cadáveres de mujeres al drenar el Canal de la Compañía, en el municipio de Nezahualcóyotl, y familiares y activistas acudieron al Senado para pedir acciones concretas contra la violencia de género ante las constantes desapariciones de jóvenes en el corredor Tecámac-Ecatepec.
Cada mes, desde mayo pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) recorre los municipios de la entidad que se han identificado como los más violentos para las mexiquenses: Ecatepec, Neza, Chimalhuacán, Chalco, Tlalnepantla, Atizapán y Toluca.
Pese a ello, el gobierno federal ha retrasado la realización de una investigación de violencia feminicida que podría derivar en que se declare la AVG en la entidad, y así invertir recursos y emprender acciones para frenar el problema.
VIOLENCIA HISTÓRICA
El Edomex se ha caracterizado por ser extremadamente violento para las mujeres. La investigación “Violencia feminicida en la República Mexicana”, publicada en 2006 y coordinada por la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos (cuando fungía como diputada federal), fue el primer estudio que dio cuenta de la violencia que afrontan las mexiquenses.
Tal estudio ubica a la entidad en el tercer lugar nacional de asesinatos de mujeres, y en el segundo de homicidios de mujeres de 0 a 14 años de edad en 2004. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), contenidas en el informe, mil 288 niñas y mujeres fueron asesinadas en cuatro años en la entidad (2000 a 2003).
En 2009 la publicación “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios”, realizado entre la Cámara de Diputados, El Colegio de México y ONU-Mujeres, si bien reconoce una disminución en las cifras de defunciones de mujeres durante el último año estudiado (2009), ubica al Edomex en el noveno lugar nacional en la tasa de asesinatos de mujeres.
En diciembre de 2010, alarmadas por los 922 asesinatos de mujeres durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto (2005-2010), las integrantes del OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) exigieron la activación del mecanismo de acción colectiva creado en 2007 y estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Aunque la AVG fue diseñada y aprobada desde 2007, fue hasta 2008 –con la publicación del Reglamento de la LGAMVLV– que se definió el procedimiento para ponerla en marcha.
Tal procedimiento consistía en presentar primero una solicitud de investigación que sería votada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), integrado por instancias federales y los institutos estatales de la Mujer.
Si se aprobaba la indagatoria y se determinaba la existencia de violencia feminicida en la entidad, se procedería entonces con la declaración de AVG.
BUROCRACIA Y “TORTUGUISMO”
En declaraciones a Cimacnoticias, Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal especial federal para atender la violencia contra las mujeres, señaló que durante la redacción del reglamento no se comprendió el objetivo principal de la AVG (dar recursos a una entidad o municipio para atender la violencia de género), y en cambio se creó un mecanismo que concibe a la alerta como una sanción para los gobernantes. Por eso la declaratoria se ve impedida por “intereses partidistas”.
Ello ocurrió en enero de 2011, cuando el SNPASEVM sesionó y votó en contra de realizar la investigación por violencia feminicida en el Edomex. Según la versión estenográfica de la sesión, el argumento contra la solicitud fue que tenía la “intención de afectar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (entonces candidato por el PRI)”.
En 2011, las organizaciones solicitantes interpusieron un amparo contra la negativa de declaratoria de AVG. Un año después, el Juez Noveno de Distrito otorgó el amparo, obligando así al Sistema a motivar y fundamentar su negativa, y aunque realizó dos sesiones para ello, volvió a rechazar la declaratoria de alerta.
En 2013 el Poder Judicial de la Federación ratificó el fallo del juzgado, y aunque la Secretaría de Gobernación intentó refutarlo con una queja, la sentencia fue ratificada.
En mayo pasado se informó que la pesquisa correría a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009, a partir del acuerdo 04-24/04/2009 del SNPASEVM, y conformado sólo por dependencias federales. El OCNF y la CMDPDH –solicitantes de la AVG– dijeron desconocer la existencia de tal acuerdo.
Desde entonces se está a la espera de que los resultados de la indagatoria se hagan públicos.
Según las organizaciones civiles, la lentitud con la que se ha realizado la investigación se debe a que el gobierno federal “no sabe cómo investigar el feminicidio”, pues en reiteradas ocasiones pidieron se les diera a conocer la metodología con la que se realizarían las pesquisas, sin obtener una respuesta clara.
ACCIONES CIUDADANAS
Yuridia Rodríguez, asesora jurídica del OCNF, dio a conocer que el SNPASEVM les dijo que solicitó información al gobierno del Edomex sobre el número de asesinatos y casos de feminicidio durante el periodo denunciado por las activistas (2005 a 2010) –cuando el tipo penal de feminicidio aún no existía–, por lo que se leerían los expedientes de los casos, pero no se señalarían las fallas en su investigación.
A decir de Rodríguez, la indagación se basa en el envío de cuestionarios a activistas y al gobierno mexiquense, pero no contempla visitas al lugar de los hechos, municipios o acercarse a las víctimas.
“Lo que nos ha permitido a nosotras ver que el problema es más grave de lo que imaginábamos, es precisamente acercarnos a los municipios”, advirtió la abogada.
En mayo pasado, ante el desinterés del gobierno estatal y federal por detener la violencia en el Edomex, se declaró una Alerta Ciudadana de Violencia de Género que tiene como objetivos: informar a la población de las formas de prevenir la violencia; marcar los puntos en donde ocurren más delitos contra las mujeres, y recolectar los datos de violencia dentro de las comunidades.
La campaña arrancó en Toluca, capital del estado, donde se buscó una reunión con el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, para que informara sobre las acciones contra la violencia de género, pero la respuesta inicial del gobierno local fue que en el Estado de México “hay cosas más graves que atender”.
En todos los municipios, las puertas cerradas de las sedes de los ayuntamientos han sido la respuesta ante las protestas y manifestaciones ciudadanas; también en todos los recorridos se han conocido las historias de madres que deciden no denunciar la desaparición o asesinato de sus hijas por temor a represalias.
La inoperancia de la AVG ha sido denuncia6da ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, así como ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 
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