"Bienvenidos a Ayotzinapa, cuna de la conciencia social"
Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos"
Durante
el 104 aniversario de la Revolución Mexicana el gobierno Federal y el
perredista de la Ciudad de México, reprimieron y desalojaron
brutalmente la multitudinaria manifestación de apoyo a los padres de
familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera
forzada el 26 de septiembre del presente en Iguala, Guerrero, sin que
hasta la fecha se haya esclarecido de manera jurídica, humana,
política, fehaciente y contundente las causas de ese crimen de lesa
humanidad perpetrado por policías municipales y grupos de
narcotraficantes y, quizás, paramilitares.
Ese 20 de noviembre de 2014 (#20NovMx) —que orilló al Presidente de la
República a "celebrar" el ritual oficial de la fecha conmemorativa en
un campo militar de la Ciudad de México, debido a que la Plaza de la
Constitución fue ocupada pacífica y legitimamente por el pueblo
mexicano en apoyo a Ayotzinapa— pasará a la historia como el día infame
en que la represión contra el pueblo mexicano se hizo presente en
contraste con aquella gesta histórica ocurrida 104 años atrás cuando
daba inicio la revolución mexicana (1910-1917) encabezada por los
patriotas Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata que acabaron con el
régimen dictatorial de Porfirio Díaz, quien gobernó el país durante 35
años y culminó en 1917 con la expedición de la Constitución Política
promulgada ese mismo año.
Preocupa que, conforme se incrementa
y extiende el apoyo social y popular a lo largo y ancho del país a
través de manifestaciones, manifiestos, mítines, tomas de alcaldías, de
carreteras, de paros solidarios en las universidades públicas y
privadas, entre otras acciones relevantes incluyendo las protestas
internacionales en apoyo a Ayotzinapa, en esa misma proporción aumenta
la sordera del régimen y la represión, cuyo objetivo es,
indudablemente, sofocar dichas manifestaciones, desgastar el movimiento
y a los padres de familia, tanto a los de los estudiantes desaparecidos
como a los familiares de los asesinados ese día y de otras víctimas que
han ido apareciendo en fosas clandestinas y en asesinatos sumarios,
incluso en otros estados de la República en la medida en que se busca a
los normalistas desaparecidos.
La actitud gubernamental de
cerrazón ante los graves conflictos sociales y criminales que ocurren
de manera cotidiana corresponde a una costumbre muy arraigada en México
—hasta el hartazgo cultivada por los medios corporativos de
comunicación privados y oficiales— consistente en hacer caso omiso de
las múltiples y frecuentes masacres y represiones gubernamentales
perpetradas por grupos irregulares y por fuerzas federales, que han
ocurrido en distintos momentos contra los luchadores sociales y la
población en general sin que haya castigo a los culpables, ni
levantamientos significativos y permanentes de protesta frente a estas
actitudes autoritarias de los representantes del régimen político del
Estado. Por el contrario, más bien ha ocurrido que los movimientos
opositores se van desgastando ante la cerrazón y represión
gubernamental al grado de que se diluyen en el olvido y, aunque se dé
seguimiento, terminan en algún archivo muerto del gobierno sin
repercusiones judiciales y penales.
En el contexto de un sistema
presidencialista autoritario como el mexicano —que reedita la mejor
tradición represiva (y el lenguaje) del diazordacismo del 68— y de
ninguna manera democrático como por ahí se predica, esto se ha
convertido en costumbre arraigada a tal grado que ha llegado hasta a
los propios sectores proletarios y populares que advierten, si bien con
rabia e impotencia, cómo sus esfuerzos de justicia y esclarecimiento de
la verdad son infructuosos ante un sistema de poder representado por un
séquito de burócratas, abogados, policías y jueces que generalmente
están en contubernio para cerrar el paso a la impartición de justicia.
Es el caso, por ejemplo, de que hasta la fecha el edil municipal del
municipio de Iguala del Estado de Guerrero, presunto responsable de la
desaparición forzada de los 43 normalistas, y su esposa, aún no estén
procesados por la justicia, mientras que ese #20NovMx gente inocente,
la mayoría estudiantes universitarios, que acudió a la manifestación en
apoyo a Ayotzinapa fue detenida arbitrariamente e, inmediatamente,
sometida a procesos penales federales acusada de crímenes que no
alcanzan fianzas supuestamente por ser de alta penalidad. Ésta es la
naturaleza de la "justicia" que prevalece en México y que ni partidos,
ni diputados y senadores cuestionan, ni mucho menos denuncian, para
superar estas injusticias que sí lesionan al pueblo y a muchísimos
ciudadanos inocentes, cuyo único delito es manifestarse y protestar
ante las infinitas injusticias y tropelías que día a día cometen los
personeros del régimen autoritario mexicano.
Dado el carácter
compacto y homogéneo del bloque burgués de poder en cuya cúspide
aparece justamente el Presidente de la República, no se observa que,
ante la gravedad de los acontecimientos expuestos por Ayotzinapa,
fracciones de la burguesía, de las jerarquías eclesiásticas, de las
cúpulas empresariales y militares y, aún, de los partidos políticos
hayan entrado en contradicción, ni en general ante la extendida y grave
corrupción e impunidad que permea todos los confines de nuestro país.
Por el contrario, se observa una alta convergencia entre estas clases y
fracciones de clase respecto a una estrategia de golpeteo y desgaste
del movimiento popular que ha despertado frente a los crímenes de lesa
humanidad perpetrados por el Estado mexicano, sin que hasta la fecha
existen culpables intelectuales y materiales fehacientemente
procesados, así como el esclarecimiento de las causas que condujeron a
esta barbarie criminal.
En experiencias, como la chilena, por
ejemplo, podemos recordar que una de las causas, entre tantas otras,
que condujeron al triunfo del candidato de la Unidad Popular (UP) fue
justamente el hecho de que la burguesía se presentó dividida a la
elección electoral, lo que coadyuvó al triunfo de Salvador Allende, si
bien esa división era expresión de las fuertes contradicciones
estructurales en el seno mismo de la acumulación del capital.
En
general, podemos apuntar que el proceso de democratización formal
experimentado por América latina a partir de mediados de la década de
los ochenta del siglo pasado en países como los del Cono Sur (Brasil,
Argentina), además de la crisis estructural del capitalismo dependiente
durante ese periodo y el arribo del neoliberalismo, ocurrió justamente
dadas las profundas contradicciones entre las fracciones burguesas de
esos países y la casta militar. Pero, en México, desde el intento de
golpe de Estado de Victoriano Huerta en lo que se conoció como la Decena Trágica
(9-18 de febrero de 1913) con el asesinato de Francisco I. Madero y
Pino Suárez , prácticamente no ha habido una contradicción fundamental,
esencial, dentro del bloque burgués de poder que conduzca a la apertura
de una crisis del sistema de dominación sustentado en el
presidencialismo autoritario. De aquí la "excepcionalidad mexicana" que
posibilitó la manutención de gobiernos civiles durante el ciclo
latinoamericano de las dictaduras militares vigente durante el periodo
que va de mediados de la década de los sesenta hasta mediados de la de
los ochenta del siglo pasado, con la sola excepción de Chile que
extendió su régimen militar hasta principios de la década de los
noventa (11 de marzo de 1990).
Esta cerrazón estratégica,
reforzada por la condición estructural del patrón de reproducción
capitalista dependiente vigente en México, es palpable como la luz del
día en torno a los acontecimientos de Ayotzinapa donde prácticamente el
conjunto de las fuerzas políticas y de las fracciones burguesas han
actuado como un solo hombre para intentar sofocar el movimiento por la
aparición de los 43 normalistas y la impartición de justicia, y
reducirlo a un simple "conflicto" local circunscrito al lugar donde
tuvieron verificativo los hechos en el municipio de Iguala, en el
Estado de Guerrero.
De este modo, el organismo cúpula de la
burguesía mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
constantemente hace llamados al gobierno para que éste intervenga y
"aplique el Estado de derecho" contra la "violencia" ejercida por
presuntos grupos radicales, lo que en lenguaje mexicano, significa
aplicar la represión, hecho consumado el #20NovMx en el día de la
conmemoración del 104 aniversario de la revolución mexicana cuando,
como dijimos, conjuntamente el gobierno de la Ciudad de México de
extracción perredista y el federal reprimieron brutalmente y
desalojaron la manifestación pacífica que se realizaba en apoyo a la
aparición con vida de los 43 normalistas estudiantes
secuestrados-desaparecidos el 26 de septiembre. Lo que a la burguesía
dependiente le interesa no es tanto la justicia y el esclarecimiento de
los hechos, sino el buen desempeño de sus negocios empresariales, la
manutención del régimen de superexplotación del trabajo y la obtención
de cuantiosas ganancias de sus inversiones que son fehacientemente
garantizada por el gobierno. En otras palabras: aprovechar las
oportunidades que el capitalismo del desastre, como lo
caracteriza Naomi Klein, le abre al capital —como, por ejemplo, el
ataque y la invasión a Irak por las tropas de Estados Unidos (1990); el
ataque a las Torres Gemelas (2001) o los efectos destructores del
Huracán Katrina en la ciudad y población de Nueva Orleans (2005)—, para
engrandecer sus negocios y expandir las oportunidades de los mercados
corporativos.
Esta cuestión del blindaje del bloque burgués de
poder es el que posibilita la manutención del Presidente de la
República sin que haya visos, siquiera, de que este pueda ser procesado
como responsable, directo o indirecto, en su función de representante
del ejecutivo, ni mucho menos —como ingenuamente plantean algunos
sectores de la llamada "izquierda" electoral— su renuncia como "fórmula
de solución". Ésta, en sí misma, no solucionaría nada, si no va
precedida y antecedida de un fuerte movimiento social y popular capaz
de esclarecer los hechos y castigar hasta las últimas consecuencias a
los culpables de este genocidio.
Debido a todo lo anterior
pensamos que independientemente de la búsqueda de los normalistas
desaparecidos hasta la fecha, es preciso profundizar la organización
que ha emanado de esta coyuntura capaz de articular al conjunto de
agrupaciones, grupos e individuos en un objetivo y estrategia común de
lucha que discuta, por vez primera en la historia moderna de México,
las alternativas al capitalismo dependiente y depredador vigente, e
impulse la discusión masiva a nivel local, nacional y estatal de las
modalidades y caminos que habrá que recorrer para construir una nueva
formación social mexicana justa, humana, de igualdad social,
cooperativa, no violenta y con seguridad que preserven los valores y
principios de libertad ancestrales del pueblo mexicano y sus raíces
originarias.
Mientras tanto se deberían impulsar las propuestas
de la Asamblea Nacional Popular (ANM), constituida por organizaciones
sociales y normalistas de todo el país, que acordó exigir al gobierno
federal e hizo un llamado al pueblo mexicano para que apoye las
siguientes demandas:
- Presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos.
- No reconocer al gobernador interino impuesto, Rogelio Ortega Martínez, que hasta la fecha ha sido incapaz de dar solución al conflicto y, más bien, se ha visto como parte de la estrategia oficial encaminada a postergarlo y desgastar al movimiento de protesta a la vista de las próximas elecciones del año entrante que se habrán de celebrar en el país, incluyendo al Estado de Guerrero.
- Desaparición de poderes en el Estado.
- Constitución de Consejos Municipales, verdaderos órganos de poder popular.
Estas demandas permiten mantener el reclamo y las movilizaciones,
mientras el gobierno Federal no rinda un informe público de las causas,
situación y presentación de los responsables materiales e intelectuales
de los crímenes y desapariciones forzadas.
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