Cinco
meses de recorridos por municipios mexiquenses para exigir se declare
la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, y de
escuchar relatos de familias víctimas de feminicidio y desaparición no
han valido para que el gobernador Eruviel Ávila Villegas reconozca la
alta incidencia de violencia de género en su estado, y acceda a
escuchar a madres, hermanas y activistas.
En junio pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF) –ante la reiterada negativa de las autoridades federales y
locales para atender la problemática– declaró una alerta ciudadana en
esta capital mexiquense, y buscó reunirse con el mandatario estatal.
Desde el primer día, el OCNF se encontró con las puertas cerradas
del Palacio de Gobierno del Edomex. Funcionarios argumentaron que
“había cosas más graves que atender en la entidad” (Cimacnoticias 25 de
junio 2014).
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, activistas y familiares volvieron a
Toluca, pero la respuesta fue prácticamente la misma, aunque en esta
ocasión se agregó que no podían realizar la manifestación en la
explanada principal, ya que “por instrucciones del gobernador, la plaza
pública no podía ser tomada”.
RECUENTO DE LA IMPUNIDAD
Durante los cinco meses de alerta ciudadana se recorrieron los
municipios de Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán,
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Chimalhuacán.
Entre las calles polvorientas y de poca iluminación de tales
municipios surgieron las historias de personas que por temor a
represalias por parte de las autoridades no denunciaron la desaparición
de sus hijas, u optaron por dejar de exigir justicia.
También se encontraron las denuncias de la complicidad entre
autoridades, policías municipales y grupos delincuenciales, para
agredir y violentar a las mexiquenses.
En prácticamente todos los municipios las mujeres son desaparecidas,
asesinadas y sus cuerpos son embolsados, descuartizados y arrojados a
terrenos baldíos o construcciones.
En conferencia de prensa esta mañana, María de la Luz Estrada,
coordinadora del OCNF, sostuvo que todo lo documentado durante los
recorridos es una clara muestra de que la eliminación de la violencia
de género es “una deuda pendiente para las mexiquenses”.
“Se han creado marcos normativos para definir la violencia y se han
gastado millones de recursos para crear instancias que no protegen a
los mujeres”, declaró.
Las cifras oficiales dan cuenta de ello, pues 3 millones 51 mil 761
mujeres han sufrido algún tipo de violencia a manos de su pareja. En
dos años (2012 y 2013) se cometieron 4 mil 855 violaciones sexuales y
535 asesinatos dolosos de mujeres.
Es de mencionar que desde que se tipificó el feminicidio en el
Edomex (2011), hasta diciembre de 2013 sólo se abrieron 140 expedientes
por este delito, de los cuales únicamente 10 han terminado en sentencia.
Estrada abundó que a diferencia de otros estados (donde la mayoría
de los homicidios son cometidos por las parejas de las víctimas), en el
Edomex el 90 por ciento de los agresores son desconocidos, “lo que
refleja un grave problema de seguridad”.
A ello se suma que en 18 meses se tiene el reporte de más de mil 200
mujeres desaparecidas, aunque grupos civiles estiman que a diario al
menos dos mujeres son víctimas de este delito.
A decir de la defensora, las desapariciones están ligadas a un
patrón de trata de personas con fines de explotación sexual, pues las
víctimas son niñas o jóvenes menores de edad.
En ese sentido, dijo que es urgente que se reconozca la
problemática, se declare la AVG y se cree un mecanismo de búsqueda
especializada de mujeres desaparecidas, con especialistas en seguridad
pública y peritos con conocimiento del contexto de violencia de género,
pues actualmente “para buscar a 10 mujeres se cuenta con una patrulla
que sólo da vueltas por las calles”.
MOVILIZACIÓN
Tras
la conferencia y aun con el anuncio de que no podrían tomar la plaza
pública, las y los manifestantes se trasladaron a la avenida principal,
frente al Palacio de Gobierno, y comenzaron a colocar cajas pintadas de
negro que simulaban ataúdes.
También colocaron una cruz rosa metálica que acompañó todos los
recorridos de la campaña. En ese momento, unos trabajadores cerraron
una de las puertas del edifico.
Posteriormente, activistas y familiares de víctimas tomaron el
micrófono para reclamar justicia, entre ellas estaba Irinea Buendía,
madre de Mariana Lima Buendía.
Frente a la mirada de policías estatales y municipales que
resguardaban la explanada y servidores públicos que vigilaban las
puertas del Palacio de Gobierno se leyó un pronunciamiento para, además
de exigir la declaratoria de AVG, las y los manifestantes se
solidarizaron con las madres de los 43 normalistas desaparecidos en
Iguala, Guerrero.
También se leyó una carta dirigida a Eruviel Ávila, en la que se le
explicó la importancia de declarar la AVG en el estado, y de nueva
cuenta se le solicitó una reunión con familiares, sobrevivientes y
defensores de Derechos Humanos.
Se quiso entregar la misiva directamente en la oficina del
gobernador, pues se quería evitar que la solicitud se convirtiera en un
número de folio, tal y como ocurrió en mayo pasado cuando como
respuesta a la solicitud de audiencia, se dio al OCNF un número para
dar seguimiento a la petición.
El personal que custodiaba el edificio –y no dejaba de tomar fotos a
las y los manifestantes– impidió el paso del grupo con el pretexto de
que en ese momento había una exposición sobre las obras de la actual
administración que contaba con visitas guiadas, por lo que la entrada
de las y los activistas dificultaría tales recorridos.
Un empleado explicó que el documento sólo podría ser entregado en
oficialía de partes, pues el gobernador “no tenía una oficina para
recibir este tipo de peticiones”.
Después de varios minutos de negociaciones, se acordó que
ingresarían al recinto cinco representantes del OCNF. La pequeña
comitiva no fue recibida en una oficina y se pretendía que entregaran
el documento a un trabajador –que no dijo su nombre ni su cargo– en un
rincón de la planta baja del Palacio de Gobierno, lo que molestó
severamente a las y los inconformes.
Irinea Buendía exigió que su petición de reunirse con el gobernador
fuera tomada en cuenta de manera seria y profesional, pues “aunque sus
hijas estuvieran muertas y hubieran sido asesinadas merecían respeto y
claman justicia desde la tierra que se abrió para recibirlas”.
Como los servidores públicos se negaron a dialogar y atender la
petición en una oficina, el pequeño grupo decidió no entregar la carta
y salir del lugar.
Tras lo que fue considerado por las y los manifestantes como “una
burla”, Jade Andrade –hija de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada
en febrero de 2001, y nieta de Norma Andrade, activista y fundadora de
Nuestras Hijas de Regreso a Casa–, tomó un micrófono y entre lágrimas
mandó un mensaje al gobernador mexiquense y a Enrique Peña Nieto,
titular del Ejecutivo federal y ex gobernador de la entidad.
“Dime Eruviel Ávila: ¿Qué se necesita para que accedas a recibirnos y
escucharnos? Mi madre y todas las mujeres no son una cifra, eran
personas y nos hacen falta. ¿Qué sentirías tú si te hubieran arrebatado
a tu madre cuando tenías un año de edad, como a mí me ocurrió? (…)
¿Hacia dónde estás moviendo a México, Peña Nieto?”.
Finalmente, como una muestra más de su enojo, las manifestantes
trasladaron los ataúdes de cartón desde la avenida principal a la
entrada del Palacio de Gobierno, y dejaron como recordatorio de su
exigencia de justicia una cruz rosa frente al edificio.
CIMACFoto: Anaiz Zamora Márquez
Por: Anaiz Zamora Márquez, enviada
Cimacnoticias | Toluca, Edomex.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario