MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Tlatlaya y Ayotzinapa son la expresión grave del
colapso de la estrategia de seguridad punitiva y militarista trazada
por al menos dos sexenios panistas, junto con la falta de voluntad del
actual gobierno priista de cambiarla de fondo. Si bien la atención
mundial se concentra en Guerrero, las cuestiones que involucran los dos
hechos se entrelazan para formar un escenario poco halagüeño sobre el
futuro del país. Se afecta gravemente no sólo la seguridad sino las
estructuras políticas y el tejido social en varias regiones del país
(tenemos ya niños secuestradores además de niños sicarios).
Los números oficiales de
incidencia delictiva son exaltados según el interés del gobierno; por
ejemplo la tasa de homicidios dolosos a la baja, cuando en realidad
está muy por encima de la ocurrida hace una década. Otros parámetros
permanecen igual o a la alza, como la extorsión y el secuestro. Se
aplican medidas contrainsurgentes como la permisividad de los grupos de
autodefensa en Michoacán, la Gendarmería se estrena para proteger del
secuestro zonas de altos ingresos (Valle de Bravo) y el silencio sobre
lo que pasa en las calles con las manifestaciones delictivas violentas
favorece al crimen organizado, como lo demuestra el asesinato de
Rosario Fuentes en Tamaulipas, el miércoles 15.
La situación no está bajo control pese al silencio que se
impuso a la mayoría de los medios de comunicación. En las pocas
intervenciones públicas que tuvo como asesor del gobierno peñista, el
general colombiano Óscar Naranjo se refería a nuestra situación como
una “crisis humanitaria”. Los adjetivos palidecen ahora si se compara
con las expresiones de preocupación y condena de los organismos
internacionales multilaterales y ONG de derechos humanos.
Desencanto verde olivo
El pasado 22 de octubre el presidente, siguiendo un
ritual antiguo del sistema político, utilizó su investidura para
proteger y cubrir la responsabilidad de las fuerzas armadas en el
asesinato de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México. No fue casual la
referencia discursiva. Un día antes la CNDH había dirigido la
recomendación 51/2014 a la Segob y la Sedena, con conclusiones
contundentes (que los medios no destacaron): Los militares cometieron
un crimen de lesa humanidad (15 ejecuciones, 3 de ellas sin definir la
manera en que ocurrieron los asesinatos).
Así contradice la versión de la propia PGR (que reconoce
sólo ocho ejecuciones) y deja mal parada a la Sedena, que desde el
primer momento mintió (como lo hiciera el gobernador), y luego, cuando
fue imposible ocultar su responsabilidad, procuró que todo quedara en
meras cuestiones de indisciplina militar, sin importar las
implicaciones de su comportamiento: Falta de cumplimiento de sus
propias normas (el Manual del uso de la fuerza, que por cierto prevé
que si hay bajas civiles en su aplicación, los militares involucrados
sólo serían responsabilizados penalmente por homicidio no intencional),
pretender individualizar la culpa en unos mandos intermedios y
efectivos (detenidos en instalaciones militares, irregularmente
consignados por la PGR, que no aclara si lo hizo ante un juez penal
militar) y no entorpecer el protagonismo e influencia que tendrá, junto
con la Marina, con la anunciada Ley de Seguridad Interior.
Preocupa en este sentido la alusión presidencial en el
reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su desempeño en estas tareas
de seguridad, porque infiere que no hay ni habrá rectificación sobre el
uso y abuso de los militares, pase lo que pase.
Un matiz de diferencia con el pasado es que el sector
castrense asume su propia defensa institucional (hace tiempo que la
Segob abandonó la práctica de hablar por los militares cuando son
señalados públicamente en forma crítica). De ahí las acciones que van
desde sus comunicados, pasando por la mediatización y cooptación de las
víctimas o sus familiares, de violación a los derechos humanos (por eso
la disminución de quejas ante la CNDH, que presume el presidente en su
segundo informe), hasta deformar la acción de la justicia civil (con
todo y el nuevo marco legal aplicable) imponiendo el fuero militar como
medida de protección (no de la disciplina sino de la institución) e
incluso de chantaje político.
El sexenio pasado se documentó que las procuradurías
general y estatales cedieron su potestad legal de consignar militares
que delinquían ante jueces del orden común y los entregan a la
Procuraduría Militar (donde la justicia depende del secretario y no del
Poder Judicial); también, que muchos secretarios y funcionarios de
seguridad pública estatales y municipales son de origen castrense o
deben pasar por el visto bueno de la Sedena.
Segundo acto
“Nos cayó la contra…”, fue la expresión, según el reporte
de la CNDH, de una de las víctimas de Tlatlaya, lo cual abona a la
hipótesis de In Sight Crime y ni siquiera forma parte de una línea de
investigación oficial. La ausencia de aplicación de protocolos de
actuación, la supuesta falta de comunicación con los superiores de la
zona militar, entre otras, significaba, según esta versión, que el
batallón estaba el servicio de una banda criminal rival a aquella a la
cual pertenecían las víctimas. Por desgracia los precedentes de
infiltración no son pocos (recuérdese a Los Zetas o al general
Gutiérrez Rebollo, por mencionar dos casos) y lo más lamentable es la
ausencia de autocrítica gubernamental, con la falta de medidas que
eviten estas desviaciones ilegales con consecuencias cada vez más
graves.
Estamos ante el paradigma de una debilidad estructural
del sistema político (y no de zonas institucionales focalizadas como
apuntó el presidente) que se vuelve contra la institucionalidad
democrática que se busca construir. Hay una grave paradoja en el último
reducto de fuerza estatal al que se recurre ante la ineficiencia y
corrupción de las estructuras policiales y de nuestros políticos, una y
otra vez, desde hace dos décadas: los militares son salvación y peligro
de la población civil. Esta es la coartada de los sectores duros y
autoritarios del país.
De la narcopolítica a la narcoelección
Los puntos de contacto en los fracasos de la estrategia
se multiplican en la medida en que el gobierno actual sigue
experimentando con funcionarios y acciones en el ámbito federal sin
recomponer del todo o en forma muy lenta (desde hace casi 20 años) las
capacidades de seguridad en los estados y municipios (esta parte de la
estrategia se basa en el “mando único”, herencia calderonista que
tiene, para variar, un fuerte componente militar en su implementación).
Ayotzinapa no es un caso de narcopolítica limitado a la
región de Iguala (Calderón la señaló en su momento hacia Tamaulipas).
Poco se dice del significado de que los partidos, el gobierno estatal y
el aparato de inteligencia civil y militar sabían del involucramiento
de las autoridades municipales con el crimen organizado.
No se actuó porque, hay que decirlo, desde hace tiempo la
información político-electoral con estas características es utilizada
en forma facciosa por los actores políticos para negociar y cubrirse
mutuamente comportamientos punibles, entre el gobierno en turno y el
partido que sea. El Cisen a lo largo de su historia se ocupó, en forma
indebida y en varios momentos, de investigar y dar seguimiento a
procesos electorales. En un principio para preservar el dominio
político del PRI; con el cambio de gobierno y la crisis de seguridad,
para advertir la penetración del narco en la política. Es un hecho que
ha existido un uso manipulador de esta extensión de las funciones de
inteligencia del Estado y que ahora abarcan el estamento militar.
Por el lado de los actores políticos e institucionales la
situación es de grave riesgo ante el “blindaje electoral” que ahora se
anuncia. Pero éste se limita a los discursos y al desgarramiento de
vestiduras (“no criminalizar la política”). Con el argumento de que no
es Ministerio Público, la autoridad electoral, el INE, se niega a
ejercer su atribución de calificar la fama pública y a la revisión de
expedientes de precandidatos en ciernes para el proceso en marcha desde
el 7 de octubre (18 mil 500 millones de pesos no alcanzan para una
actividad más).
La Segob y los partidos firman convenios de buena
voluntad para afinar el tino en la selección de sus candidatos; pero de
acciones conjuntas y consecuencias (cárcel, renuncia al cargo o
cualquier otra medida), nada. Se apuesta al olvido social y la
anestesia que causa el horror de la violencia luego de las
manifestaciones de protesta (2005, 2008 y 2011). Hace tiempo que los
políticos no sólo duermen con el enemigo sino que comen de su mano, y
eso también está alcanzando su reflejo en el campo político-electoral.
Lo cierto es que esta descomposición no se evitará con discursos, por
muy encendidos que sean.
¿Inteligencia para la represión? Sin un marco legal claro
y menos con contrapesos de control interno o externo (Congreso), el
gobierno ha dividido al país en regiones donde las instancias de
inteligencia (fusión es la palabra de la nueva tendencia) del sector
seguridad y defensa (civiles y militares) pretenden coordinarse para,
según el Plan Nacional de Desarrollo, preservar la existencia del
Estado.
El mecanismo en realidad se ha limitado a apoyar
operativos contra el crimen organizado y el narcotráfico, según se
desprende entre líneas de los anuncios oficiales. Junto con la Ley de
Seguridad Interior, la pinza de la –esa sí– renovada visión punitiva
del gobierno se cierra con otro ordenamiento anunciado: la Ley del
Sistema de Inteligencia Nacional, al margen de lo que ya establece la
Ley de Seguridad Nacional.
El planteamiento esbozado sólo permite advertir que en
cuestión de tiempo va a derivar en el fortalecimiento de medidas
represivas contra manifestaciones sociales de frustración e impotencia.
El escenario está puesto con una guerrilla (EPR, ERPI y subdivisiones)
que se mira “buena” y antes fue “mala”, según el maniqueísmo priista de
los noventa, y sectores que esperan a los iluminados de la mano dura,
que ahí están, ocupando los espacios que no llena nuestra frágil
democracia.
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