MÉXICO,
D.F. (apro).- El 43 será el número que marque al gobierno de Enrique
Peña Nieto. Esa cifra traerá una carga histórica de violencia y muerte
que sobrepasará con mucho todos los intentos del presidente por
representar la etapa moderna y reformadora de México.
Por más intentos que haga de maquillar su imagen, nada ni nadie
podrá borrar este pasaje fatídico representado en esta cifra numérica
que ya es conocida en todo el mundo como parte del horror que hay en el
país y que intenta ser ignorado desde el nicho del poder.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa y la tardía e insuficiente respuesta de Peña Nieto
es el ejemplo más emblemático de la espiral de violencia que tiene
postrado a México con miles de muertos, desaparecidos y desplazados por
la guerra contra el narcotráfico y la simbiosis del crimen organizado
con el gobierno y el Estado.
Pese a que desde 2006 se han registrado miles de víctimas, nada ha
llamado más la atención en otros países que la desaparición de los
jóvenes estudiantes desde el 26 de septiembre a manos de la policía
municipal de Iguala y bajo la mirada complaciente de los soldados del
27 batallón instalado en ese lugar.
El conteo de c-u-a-r-e-n-t-a-y-t-r-e-s coreado por miles de voces en
diversas plazas de Europa, América, Asia y Oriente, así como en todas
las entidades del país, se ha expandido a todos los medios sociales,
incluidos el cultural y del espectáculo, que han dedicado parte de su
trabajo a exponer el horror de este pasaje infernal mexicano.
Peña Nieto parece estar en arenas movedizas, pues a cada paso que
da, a cada movimiento para tratar de salir a flote del vendaval de
críticas por su incapacidad de gobernante, se hunde más y más sin que
nadie de su equipo sea lo suficientemente honesto y sincero para
reconocer que el crimen organizado está dentro del Estado, cogobernando
en buena parte del país.
Bien dice el presidente de Uruguay, José Mujica, que Ayotzinapa es
uno de los episodios más oscuros de México y el ejemplo más claro de un
Estado fallido. Aunque habría que agregarle que es ejemplo del
narco-Estado mexicano.
Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos e instancias como Amnistía Internacional, así como
el Vaticano y gobiernos de diversos países, han reconocido este
vergonzoso pasaje que tiene en jaque al gobierno de Peña Nieto, quien
nunca valoró su impacto y tardó diez días en reaccionar, argumentando
que se trataba de un delito estatal y que el gobierno de Guerrero tenía
que resolver.
En su tiempo, otros presidentes han enfrentado matanzas y tragedias
que pudieron evitarse, como la de Aguas Blancas en 1996 y la de Acteal
un año después. Otros las ocasionaron, como la de Tlatelolco en 1968 y
el Jueves de Corpus en 1971. Pero en el caso de Ayotzinapa, la
responsabilidad de Peña Nieto es aún más directa, pues su gobierno
contó con reportes entregados a la Procuraduría General de la República
(PGR) sobre las actividades ilícitas del exalcalde de Iguala, José Luis
Abarca, y no los atendió a tiempo.
De haber actuado en su momento, pudo haber evitado la desaparición
forzada y otros asesinatos. Su falta de visión como gobernante, su
insensibilidad por la situación de emergencia nacional y su miopía ante
la tragedia social, producto de la violencia que ha generado el crimen
organizado y el propio Estado, produjeron y lamentablemente seguirán
generando más víctimas como las de Ayotzinapa.
Hoy el número 43 ha marcado al gobierno peñista y lo seguirá
haciendo hasta que se vaya, en 2018. Y lo perseguirá como una terrible
pesadilla desplazando aquel sueño que tenía de pasar a la historia
nacional como el gran reformador de México en la segunda década del
siglo XXI.
Twitter: @GilOlmos
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