Dos preguntas un conflicto

Serpientes y Escaleras

Salvador García Soto

En todo el episodio de la tristemente célebre “casa blanca” de Las Lomas hay dos preguntas que no han sido del todo respondidas y que aclararían si en el fondo de todo este escándalo, por encima del derecho a la privacidad de la primera dama, hubo o no un conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto. 

La primer pregunta sería para la esposa del Presidente: ¿por qué de todas las constructoras que existen en México, a la señora Angélica Rivera se le ocurrió comprarle a Constructora Teya, propiedad de Grupo Higa, la casa de Sierra Gorda 150 valuada en 86 millones de pesos? ¿No pensó que comprarle una casa de tal lujo al principal contratista que tuvo su esposo como gobernador del Estado de México —y cuyas empresas obtuvieron contratos de hasta 22 mil millones de pesos— podía prestarse a sospecha por la relación entre su marido y el constructor? 

La segunda pregunta tendría que contestarla el Presidente, pues fue su decisión: ¿por qué cancelar el contrato ya asignado a la empresa China Railway y a sus socios mexicanos —entre los que figuraba Grupo Higa— cuando su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, había asegurado, ante las quejas de otras compañías que no pudieron registrar sus propuestas por falta de tiempo, que “todo se había hecho de manera legal y abierta”. 

Al cancelar una licitación que supuestamente estaba en regla se generó otra vez la sospecha de que se trató de corregir una situación anómala o irregular al tomar una decisión tan drástica que nos costó no sólo el reclamo oficial del gobierno de China, sino un oneroso pago por compensación que tendrá que hacer el gobierno mexicano a la constructora china y a sus socios. 

En aras de la transparencia y la rendición de cuentas esas dudas tendrían que ser claramente despejadas. Porque por encima de las motivaciones políticas que pudieron llevar a destapar el tema de la casa, propiedad de la señora Rivera, y por encima de su legítimo derecho a comprarse una propiedad con los ingresos millonarios que dice haber recibido de Televisa, lo que subyace en el fondo es la credibilidad del Presidente y el vínculo innegable que existe entre la constructora Teya —propietaria formal de la lujosa residencia que le fue vendida en facilidades a la esposa del presidente— y Enrique Peña Nieto, quien como gobernador no sólo otorgó millonarios contratos a esa constructora y a su matriz Higa, sino que además tuvo una cercanísima relación con el hijo fallecido del constructor Armando Hinojosa Cantú —Juan Armando Hinojosa García—, quien fue su compadre. 

El peso de esa relación, construida a lo largo de todo el sexenio como gobernador, hace que cualquier otro argumento sobre la privacidad de la esposa del presidente —o la legitimidad de sus ingresos y sus propiedades y patrimonio personales— pasen a segundo plano. Lo que importa aquí es dilucidar si una compañía constructora, que aún participa en las licitaciones del gobierno federal, favoreció a la esposa del presidente, incluso en una transacción totalmente legal, como pago al trato que recibió como contratista privilegiada del gobierno mexiquense. Ese sí es un tema que cae directamente en la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes. 

Y si, como dijo la señora Rivera en su ya viral conferencia televisiva, “no hay nada que esconder”, entonces que se aclare a detalle cuál fue el papel que jugó esa relación entre el contratista y el político. Ese es el único punto que podría generar un conflicto de interés y si no lo hubo esas dos preguntas simples tendrían que tener también respuestas simples y entendibles para todos los mexicanos. Porque si el presidente envió a su secretario de Comunicaciones a explicarle a los directivos extranjeros de China Railway Construction las razones por las que canceló el contrato para la Construcción del Tren de Alta Velocidad de Querétaro, se entiende que las mismas razones podrían ser ofrecidas también a sus gobernados. 

NOTAS INDISCRETAS… Una reforma al sistema municipal y a la seguridad en los municipios es parte de lo que anunciará esta semana el presidente Enrique Peña Nieto, según adelantó ayer el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. El diagnostico de la “debilidad del Estado” se centra en la incapacidad del nivel municipal para garantizar la seguridad de sus habitantes y propone cambiar la esfera de facultades. A eso se sumará una Comisión de Estado en la que se involucra a los tres poderes para atender los casos de estados con violencia grave... Los dados repiten Escalera. La semana promete. 

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