Si se periodiza críticamente la historia de
México en las últimas décadas, emerge que es el desenlace de una
trayectoria que ha pasado por el capitalismo cínico y el capitalismo
narcopolítico.
A fines del siglo pasado, la mundialización
capitalista le dijo adiós al Estado liberal, que había operado en el
Sur y en el Norte, impulsando, para control de lo que Wallerstein
denomina “clases peligrosas”, el ascenso del estándar de vida y la
soberanía nacional. Entre 1982-88, México se integró a esa tendencia,
instalando el mismo mecanismo que poco antes se estrenara en Argentina
mediante la dictadura militar: la acumulación por desposesión del
salario nacional como fuente de tributo para pagar deuda externa. En
menos de seis años, décadas de desarrollo social fueron duramente
revertidas. Para 1987, el salario mínimo real se ubicó en su nivel más
bajo desde 1951. Enormes masas de riqueza que originariamente
conformaban fondo social de consumo, fueron recanalizadas para integrar
fondo capitalista de acumulación. Nació una configuración del
capitalismo que, no cabe llamar “neo-liberal”, sino más bien cínica. El
establecimiento de la acumulación por desposesión dejó atrás la promesa
del progreso para todos. El mercado pasó a definir los heridos y los
muertos.
Entre 1988-2006, la economía criminal, que siempre
ha acompañado la historia del capitalismo, creció a través de un
abanico cada vez más amplio de modalidades que instalaron un tejido
creciente entre diversos conjuntos de la clase política y la economía
criminal: emergió el capitalismo narcopolítico. En el inicio, en
ciertos lugares, se edificó cubriendo funciones –como construcción de
escuelas o carreteras– abandonadas por el Estado. Pese a que la ONU
informó, en los primeros años del siglo, que México importaba efedrina
en tal magnitud que exigía que todos los mexicanos estuvieran enfermos
de gripa todo el año, se empezaron a tomar medidas hasta 2005, cuando
la economía criminal mexicana ya tenía fábricas y contratos en Asia.
De 2006 en adelante, sucedió la transición al capitalismo
necropolítico. Una transición germinada en las décadas previas, se
consolidó. La política de muerte como fundamento de inéditas formas de
acumulación por desposesión se expandió: la esclavización de migrantes
en la frontera sur, la trata de blancas, el despoblamiento seguido por
repoblamiento dócil de zonas con recursos naturales estratégicos o,
como en Michoacán, la imposición de tributo por circulación de
mercancías, circulación de personas y hasta por metro cuadrado de casa
habitación, se volvieron fuentes múltiples de un nuevo tipo de renta:
la renta criminal. Tremenda concentración de riqueza privada
imposible si no fuera por el establecimiento violento de la acumulación
por desposesión basada en la necropolítica. Su expresión más sórdida:
el país esta lleno de fosas.
La economía criminal nunca había
conformado corredores estructurales de tanto peso para la acumulación
nacional y global. Su alcance es tal que Edgardo Buscaglia calcula que
los cúmulos de capital derivados de la renta criminal se entrecruzan
con negocios legales para corresponder al 40% del PIB nacional y se
mueven en la economía mundial a través de una red actuando en 47
países. La economía criminal que opera desde México es de las más
poderosas del siglo XXI.
Ayotzinapa ha activado una lucha
inédita en la historia nacional con impactos internacionales. Su dolor
es el mirador a un tiempo ominoso e inadmisible.
El bloque histórico en
gestación al que convoca podría cambiar el futuro. Es sumamente plural.
Suscita una abierta convergencia de los más diversos sujetos:
estudiantes de universidades públicas y privadas, obreros, campesinos,
artistas, feministas, católicos, monjas, krishnas, agnósticos e
indígenas. Su justo reclamo ha motivado manifestaciones en decenas de
ciudades en Europa, Sudamérica y EU. Los padres de Ayotzinapa tienen
espejos en Argentina y Bolivia. Recuerdan a las madres de la Plaza de
Mayo. La lucha requiere ser pacífica para mantener en curso la cohesión
y desarrollo del bloque histórico que está naciendo en oposición al
capitalismo necropolítico. Bolivia ya demostró que las movilizaciones
pacíficas si logran transformar el sistema político. El México del
siglo XXI se merece una historia alternativa, está convocando a
democratizar el país y sus instituciones.
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