Elementos
de la Policía Federal (PF) detuvieron arbitrariamente a mujeres
jóvenes, todas ellas estudiantes, que participaron tanto en los
preparativos como en la megamarcha del pasado 20 de noviembre en esta
capital, por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero, desaparecidos.
De acuerdo con lo que reportó el Comité Cerezo México, y otras organizaciones civiles que protegen los derechos de las personas defensoras y activistas, al finalizar la marcha del 20 de noviembre 11 personas (entre ellas tres mujeres) fueron detenidas arbitrariamente por policías federales.
No obstante, cinco días antes de la protesta del 20 de noviembre, Jacqueline Santana, música y estudiante de Economía en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM –quien participa en asambleas universitarias y otras protestas en apoyo a Ayotzinapa y el movimiento #Yosoy132–, fue detenida por policías federales vestidos de civil junto a Bryan Reyes Rodríguez, uno de los detenidos el 1 de diciembre de 2012, durante las protestas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
Grupos civiles, como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDH), acusaron que estas acciones que criminalizan a las y los jóvenes buscan fundar temor y evitar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos a la libertad de expresión, manifestación y la protesta social.
El pasado 15 de noviembre, Jacqueline Santana se dirigía a su domicilio en compañía de Bryan Reyes Rodríguez y Ulises Sánchez (compañeros activistas con los que difunde música de protesta), cuando fueron interceptados cerca de las 2 de la tarde por policías federales vestidos de civil, que pertenecen a la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, según versión de los abogados defensores.
Jacqueline fue sometida por cuatro mujeres, quienes la obligaron a subir a un taxi. Ulises pudo huir (y desde entonces no sale de su domicilio), y Bryan fue sometido por 10 elementos policiacos dentro de otro vehículo.
En conferencia de prensa, María de la Luz López, madre de Jacqueline, dijo que su hija siempre ha luchado por la libertad y es activa en todas las protestas sociales. Desde hace varios meses, madre e hija rompieron comunicación telefónica porque ambas se percataron de que las líneas estaban intervenidas.
Al llegar al Ministerio Público en la delegación Venustiano Carranza, Jacqueline y Bryan (según consta en sus declaraciones) fueron intimidados para dar 10 nombres; obligados a entregar el chip de su celular, y cuestionados sobre sus contactos en redes sociales. Un oficial amenazó a Jacqueline con “traerle un hombre” para que declarara una versión diferente a la de los hechos.
De acuerdo con lo que reveló la hermana de Bryan, quien vive con él, el día de la detención ella recibió una llamada de su hermano para advertirla que afuera del edificio había un grupo de sujetos vestidos de civil que los estaban vigilando desde hacía varios días. Él mismo publicó en redes sociales que era vigilado y pidió a sus compañeros estar alerta.
Jacqueline ya fue consignada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla acusada, como su acompañante, de haber robado con dos cuchillos 500 pesos a una mujer policía, de nombre Lidia Zárate.
De acuerdo con Sergio Soto, abogado de las familias, en esta detención hubo muchas violaciones al debido proceso, entre ellas que no se desahogaron las pruebas de descargo de la defensa (como videos de las cuatro cámaras en la vía pública, cuyas imágenes constatan la versión de los jóvenes); no se valoraron todas las pruebas (como el mensaje en redes sociales de Bryan); no se realizaron pruebas de dactiloscopía y documentoscopía para comprobar que las supuestas armas presentadas coincidan con las huellas de los jóvenes; y no se rindió a la defensa información sobre la mujer policía denunciante.
Además, como dejan ver las declaraciones por escrito de los supuestos policías que fungen como testigos (a las que Cimacnoticias tuvo acceso), el testimonio de los tres oficiales es idéntico (misma redacción y mismos términos), e incluso “absurdo” porque en una declaración uno de ellos cita por error su propio nombre.
Los días 20 y 21 de noviembre se desahogaron las pruebas ofrecidas por la defensa de Jacqueline y Bryan ante Rafael Ángel Jiménez Abundes, juez interino trigésimo noveno penal en el DF, quien determinó el auto de formal prisión contra ambos por el delito de robo agravado, y declinó su competencia (por ser la víctima policía federal) al Juez de Distrito de Procesos Federales del DF en turno.
En próximos días el juzgado federal turnado conocerá el asunto, y deberá hacer un nuevo estudio sobre los hechos y las pruebas hasta ahora presentadas.
Previo a la marcha del 20 de noviembre, el órgano jurídico de la FES Aragón presentó un informe ante el Juzgado 39 de lo Penal del DF para pugnar por la liberación de Jacqueline, quien a decir de compañeros y maestros es una alumna de alto rendimiento con excelente conducta.
María del Carmen Rodríguez, madre de Bryan, aseguró que Jacquline y su hijo buscaban protestar a través de la música, tenían proyectos sociales juntos, y apoyaban las manifestaciones pacíficas.
MÁS DETENCIONES
Pese a que la marcha del 20 de noviembre fue pacífica, al término de la manifestación un grupo de granaderos arremetió contra la multitud que aún estaba en el Zócalo capitalino. Las versiones de quienes estuvieron presentes apuntan a que personas no identificadas lanzaron objetos contra las vallas, y el grupo de granaderos arremetió contra todas las personas lanzando gas lacrimógeno y repartiendo toletazos.
Como resultado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO) –de la Procuraduría General de la República– dio los nombres de 11 personas detenidas, entre ellas Tania Ivonne Damián Rojas (estudiante de 21 años en la carrera de Sociología de la UNAM); Liliana Garduño Ortega (estudiante de preparatoria abierta, de 30 años), y Hilary Analí González Olguín, (de 22 años y estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM).
Luego de su detención, las 11 personas fueron remitidas a la SEIDO y luego, en el caso de las mujeres, fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en Tepic, Nayarit, donde actualmente se encuentran.
De acuerdo con la RNDDH, las y los estudiantes han sido obligados a declarar por medio de intimidaciones y amenazas, con abogados de oficio impuestos y de quienes han recibido malos tratos.
Por esto, la Red exigió en un comunicado la liberación inmediata de todas y todos los detenidos en el marco de las manifestaciones pacíficas, no más detenciones arbitrarias, y que las investigaciones se realicen con la debida diligencia.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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