Entrevista con Federico Mastrogiovanni,
periodista italiano, autor del libro sobre la desaparición forzada “Ni
vivos, ni muertos”
“La desaparición forzada en México es política de Estado”
Rel-UITA
Las
protestas en México para exigir la reaparición con vida de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en
Iguala, no paran. Miles de personas, enardecidas, salen a las calles,
llenan plazas, corean consignas y señalan al Estado como responsable
directo de lo que ha ocurrido. Acompañan la lucha tenaz de los padres
de los jóvenes, cuyos rastros se perdieron el 26 de septiembre pasado.
Federico
Mastrogiovanni, periodista italiano radicado en México, es autor del
libro sobre la desaparición forzada “Ni vivos, ni muertos”. Con Luis
Ramírez Guzmán ha realizado un largometraje documental sobre el mismo dramático tema.
Ambos son el resultado de casi 3 años de una lúcida y profunda investigación que lo ha llevado a recorrer México de norte a sur, pasando por una docena de Estados.
Durante una larga entrevista con La Rel, Mastrogiovanni explica que la captura y desaparición forzada de los 43 normalistas no es más que la punta de un gigantesco iceberg, cuya dimensión real nadie conoce.
19 mil personas desaparecidas solo en 2013. 51 por día y más de dos desapariciones por hora
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que las víctimas de este oprobioso crimen serían no menos de 30 mil en los últimos 8 años. Sin embargo, la cantidad real podría ser hasta 10 veces mayor. Solamente en 2013 serían casi 19 mil las personas desaparecidas, es decir 51 desapariciones por día, más de dos desapariciones por hora.
“Parecen eventos individuales, hasta casuales, con muy pocos elementos comunes, pero no es así, y la responsabilidad del Estado por actos u omisiones está más que evidente”, dijo el periodista.
-Las calles y plazas mexicanas siguen abarrotadas de personas que exigen al Estado la reaparición de los 43 estudiantes. ¿Podemos decir que en México la desaparición forzada es una política de Estado?
-De eso no hay ninguna duda. A partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inicia una supuesta guerra contra el narcotráfico, el aumento de las desapariciones se dispara como nunca antes había ocurrido.
De manera particular hay un repunte de las desapariciones forzadas, es decir cuando hay un involucramiento directo de funcionarios u órganos del Estado, ya sea por acción u omisión.
Lo que ha pasado en Iguala es un caso evidente de desaparición forzada
-¿Cuáles son los elementos que llevan a esta conclusión?
-Durante una entrevista que realicé en los días pasados, el general retirado José Francisco Gallardo, preso político encarcelado por casi 10 años, declaró que la desaparición de los 43 normalistas es el resultado de una estrategia militar.
En México, la Policía está militarizada y las Fuerzas Armadas, independientemente de que se declare o no un “estado de excepción”, se involucran constantemente en tareas de seguridad ciudadana.
En este sentido, cualquier violación cometida por estos aparatos represivos es responsabilidad directa del Secretario de Gobernación, del Secretario de Defensa y del Presidente de la República.
Asimismo, el ataque contra los estudiantes ocurrió justo en frente del 27° Batallón de Infantería, y los militares fueron parte de la represión. Tampoco podemos creer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Finalmente, para nadie es un secreto que María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca -ambos capturados por haber fomentado y dirigido la represión-, es la hermana de tres miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, nadie impidió que su marido se presentase como candidato a alcalde.
Por lo tanto, no hay duda alguna de que el Estado está directamente vinculado con la tragedia de Ayotzinapa.
Desaparición forzosa en México. Nadie se salva
-¿De qué cuántas personas estamos hablando cuando nos referimos a la desaparición forzada?
-Las organizaciones de derechos humanos hablan de no menos de 30 mil personas desaparecidas entre 2006 y 2014.
En realidad, solo una persona de cada diez denuncia una desaparición. De esta manera, esta tragedia podría involucrar a más de 300 mil personas.
-Son cifras espantosas…
-Muchas veces nos referimos a la “guerra sucia” que se desató en México contra los movimientos de protesta, los dirigentes populares, los movimientos guerrilleros durante las décadas de los 70, 80 y parte de los 90.
Se calcula que hubo unos 1.500 desaparecidos en casi tres décadas. Ahora estamos hablando de 30 mil personas desaparecidas en tal solo 8 años. Y todo esto sin incluir a los migrantes centroamericanos.
-¿Qué datos se manejan en el caso de los migrantes?
-El problema es justamente eso: no hay datos ciertos. El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Migrantes en el Camino”, habla de decenas de miles de migrantes desaparecidos en los últimos años.
Aunque las estadísticas son aproximativas, no me sorprendería si estas cifras se acercaran mucho a la realidad.
Durante mi viaje por México asistí a la persecución y captura de migrantes por parte de la Policía. Se llevaban a grupos de 50 y hasta 100 personas y era muy difícil saber lo que pasaba después.
A todo esto hay que agregar la presencia de bandas criminales que secuestran a las personas migrantes, para pedir un fuertes rescate a sus familiares o para reclutarlos. En ambos casos son asesinados y enterrados en fosas comunes.
El fenómeno creciente de la desaparición y el fenómeno creciente de la piratería
-¿Por qué tantas desapariciones y quién gana en esta situación?
-En mi libro planteo una hipótesis de la cual estoy convencido, es decir que existe una relación directa entre las desapariciones, el terror que se genera en la población y la explotación de los recursos naturales.
El Estado de Guerrero, por ejemplo, es entre los mayores productores de amapola (papaver) y marihuana. Además, tiene enormes yacimiento de oro y plata. De acuerdo con un artículo publicado recientemente por El Economista, la empresa canadiense Torex invertirá 725 millones de dólares en la construcción de una mina de oro.
La misma empresa afirmó que ésta figurará entre las minas de oro más grandes y de más bajo costo en el mundo, y proyecta producir un promedio anual -de 2017 a 2024- de 358.000 onzas de oro. Estamos hablando de una ganancia que ronda los 3 mil millones de dólares.
Hay otras zonas, como por ejemplo la Cuenca de Burgos, entre los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se han descubierto grandes yacimientos de hidrocarburos. Aquí se encuentra la cuarta reserva mundial de gas shale. A partir de 2006, en estas zonas han comenzado a desaparecer personas y actualmente es donde hay más desaparecidos.
Lo que se está haciendo, con el apoyo de policías y militares, es generar terror y “limpiar” zonas y territorios que deben ser controlados y concesionados a favor de empresas nacionales y transnacionales.
El objetivo es que puedan desarrollar, sin mayor oposición, sus megaproyectos, que muchas veces son el resultado de acuerdos comerciales nefastos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN – NAFTA).
De igual manera, el terror generalizado sirve para ocultar la represión selectiva hacia líderes comunitarios, activistas, miembros de la oposición social y popular. Para nadie es un secreto que la Escuela Normal de Ayotzinapa es muy crítica contra el gobierno, y sus estudiantes tienen una formación política de izquierda.
El miedo que paraliza. Un Estado cómplice y paralizado
-¿Por qué la gente no denuncia las desapariciones?
-Son varios los factores. Por un lado hay miedo y por el otro, los familiares chocan contra un sistema institucional que genera omisión e impunidad. Cuando una persona quiere interponer una denuncia ante el ministerio público, lo menos que le puede ocurrir es que el fiscal le diga que se retire y que regrese a su casa.
Muchas veces hasta sufre amedrentamiento o amenazas. Por esto hablamos de desaparición forzada.
-¿Cuáles son los impactos en familiares de las personas desaparecidas?
-Si multiplicamos la cantidad de desaparecidos por el número de familiares y amigos que sufren los impactos de una pérdida, es evidente que hablamos de una cantidad muy considerable de personas que viven la desaparición como algo inconcluso, irresuelto, que no permite elaborar el duelo, donde el círculo nunca se cierra.
Hablando con los hijos de Rosendo Radilla, un destacado líder social del municipio de Atoyac que desapareció hace 40 años, me di cuenta que para ellos ha sido imposible elaborar el duelo.
A pesar que hoy Rosendo tendría 100 años y que, con mucha probabilidad, ya falleció, sus hijos continúan esperando y no tienen un lugar donde llorarlo.
Para los familiares de las personas desaparecidas es devastador, y puede generar un sentimiento profundo de inseguridad y desesperanza o motivar a emprender una búsqueda infinita del ser querido.
Cuando esta situación involucra a muchas personas, podemos ver a comunidades enteras que viven en el terror, que no confían en nada, ni en nadie, y que viven un duelo incumplido como comunidad.
Gobierno, mafia y narcotráfico. En el mismo lodo, desde la misma acera
-¿Por qué es hasta ahora, con la situación de Ayotzinapa, que la gente está reaccionando?
-El gobierno mexicano siempre ha sabido vender muy bien su imagen pseudo-democrática. Durante la “guerra sucia”, por ejemplo, con una mano desaparecía a sus opositores y, con la otra, acogía a los perseguidos por las dictaduras latinoamericanas.
Además, trata de vender la idea de que es el resultado de una guerra desigual contra los grandes cárteles de la droga. Pero la realidad es otra, porque gobierno, mafia y narcotráfico son la misma cosa.
No es el Estado que no tiene la capacidad de combatir al crimen organizado, sino que es parte y protagonista de este sistema mafioso, donde la droga es una cortina de humo para desviar la atención del verdadero objetivo que, como ya dijimos, son los recursos naturales.
En este sentido, creo que la reacción de la población tiene mucho que ver con los estudiantes de la Escuela Normal que desaparecieron y como la gente relaciona esta tragedia con la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968, un duelo colectivo no elaborado por la sociedad mexicana.
No es un caso que la manifestación de los estudiantes era para recolectar fondos, que servían para viajar el 2 de octubre a la capital y conmemorar el aniversario de la masacre.
Se trata de 43 jóvenes de las zonas rurales y de escasos recursos, con edades comprendidas entre 17 y 21 años, que estudian en una escuela que es percibida a nivel colectivo como su única opción de formación. La gente se ha identificado con ellos y con sus padres y se ha indignado.
-¿Qué pasará ahora?
-Las instituciones y los grandes medios corporativos harán de todo para apagar y destruir al movimiento espontáneo que se ha generado. Tengo la esperanza que pueda ser el inicio de algo muy importante, aunque no va a ser fácil.
-En este sentido, “Ni vivos, ni muertos” está contribuyendo a levantar el velo del silencio…
-Por el momento es el único documento de investigación que pone preguntas, que busca un significado a lo que está ocurriendo y que trata de explicar el porqué de esta tragedia.
Grupos de ciudadanos, organizaciones , movimientos me invitan para conocer mi opinión, y esto ayuda a romper el silencio y la cortina de humo que envuelve la desaparición forzada.
Fuente: Rel-UITA
Ambos son el resultado de casi 3 años de una lúcida y profunda investigación que lo ha llevado a recorrer México de norte a sur, pasando por una docena de Estados.
Durante una larga entrevista con La Rel, Mastrogiovanni explica que la captura y desaparición forzada de los 43 normalistas no es más que la punta de un gigantesco iceberg, cuya dimensión real nadie conoce.
19 mil personas desaparecidas solo en 2013. 51 por día y más de dos desapariciones por hora
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que las víctimas de este oprobioso crimen serían no menos de 30 mil en los últimos 8 años. Sin embargo, la cantidad real podría ser hasta 10 veces mayor. Solamente en 2013 serían casi 19 mil las personas desaparecidas, es decir 51 desapariciones por día, más de dos desapariciones por hora.
“Parecen eventos individuales, hasta casuales, con muy pocos elementos comunes, pero no es así, y la responsabilidad del Estado por actos u omisiones está más que evidente”, dijo el periodista.
-Las calles y plazas mexicanas siguen abarrotadas de personas que exigen al Estado la reaparición de los 43 estudiantes. ¿Podemos decir que en México la desaparición forzada es una política de Estado?
-De eso no hay ninguna duda. A partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inicia una supuesta guerra contra el narcotráfico, el aumento de las desapariciones se dispara como nunca antes había ocurrido.
De manera particular hay un repunte de las desapariciones forzadas, es decir cuando hay un involucramiento directo de funcionarios u órganos del Estado, ya sea por acción u omisión.
Lo que ha pasado en Iguala es un caso evidente de desaparición forzada
-¿Cuáles son los elementos que llevan a esta conclusión?
-Durante una entrevista que realicé en los días pasados, el general retirado José Francisco Gallardo, preso político encarcelado por casi 10 años, declaró que la desaparición de los 43 normalistas es el resultado de una estrategia militar.
En México, la Policía está militarizada y las Fuerzas Armadas, independientemente de que se declare o no un “estado de excepción”, se involucran constantemente en tareas de seguridad ciudadana.
En este sentido, cualquier violación cometida por estos aparatos represivos es responsabilidad directa del Secretario de Gobernación, del Secretario de Defensa y del Presidente de la República.
Asimismo, el ataque contra los estudiantes ocurrió justo en frente del 27° Batallón de Infantería, y los militares fueron parte de la represión. Tampoco podemos creer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Finalmente, para nadie es un secreto que María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca -ambos capturados por haber fomentado y dirigido la represión-, es la hermana de tres miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, nadie impidió que su marido se presentase como candidato a alcalde.
Por lo tanto, no hay duda alguna de que el Estado está directamente vinculado con la tragedia de Ayotzinapa.
Desaparición forzosa en México. Nadie se salva
-¿De qué cuántas personas estamos hablando cuando nos referimos a la desaparición forzada?
-Las organizaciones de derechos humanos hablan de no menos de 30 mil personas desaparecidas entre 2006 y 2014.
En realidad, solo una persona de cada diez denuncia una desaparición. De esta manera, esta tragedia podría involucrar a más de 300 mil personas.
-Son cifras espantosas…
-Muchas veces nos referimos a la “guerra sucia” que se desató en México contra los movimientos de protesta, los dirigentes populares, los movimientos guerrilleros durante las décadas de los 70, 80 y parte de los 90.
Se calcula que hubo unos 1.500 desaparecidos en casi tres décadas. Ahora estamos hablando de 30 mil personas desaparecidas en tal solo 8 años. Y todo esto sin incluir a los migrantes centroamericanos.
-¿Qué datos se manejan en el caso de los migrantes?
-El problema es justamente eso: no hay datos ciertos. El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Migrantes en el Camino”, habla de decenas de miles de migrantes desaparecidos en los últimos años.
Aunque las estadísticas son aproximativas, no me sorprendería si estas cifras se acercaran mucho a la realidad.
Durante mi viaje por México asistí a la persecución y captura de migrantes por parte de la Policía. Se llevaban a grupos de 50 y hasta 100 personas y era muy difícil saber lo que pasaba después.
A todo esto hay que agregar la presencia de bandas criminales que secuestran a las personas migrantes, para pedir un fuertes rescate a sus familiares o para reclutarlos. En ambos casos son asesinados y enterrados en fosas comunes.
El fenómeno creciente de la desaparición y el fenómeno creciente de la piratería
-¿Por qué tantas desapariciones y quién gana en esta situación?
-En mi libro planteo una hipótesis de la cual estoy convencido, es decir que existe una relación directa entre las desapariciones, el terror que se genera en la población y la explotación de los recursos naturales.
El Estado de Guerrero, por ejemplo, es entre los mayores productores de amapola (papaver) y marihuana. Además, tiene enormes yacimiento de oro y plata. De acuerdo con un artículo publicado recientemente por El Economista, la empresa canadiense Torex invertirá 725 millones de dólares en la construcción de una mina de oro.
La misma empresa afirmó que ésta figurará entre las minas de oro más grandes y de más bajo costo en el mundo, y proyecta producir un promedio anual -de 2017 a 2024- de 358.000 onzas de oro. Estamos hablando de una ganancia que ronda los 3 mil millones de dólares.
Hay otras zonas, como por ejemplo la Cuenca de Burgos, entre los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se han descubierto grandes yacimientos de hidrocarburos. Aquí se encuentra la cuarta reserva mundial de gas shale. A partir de 2006, en estas zonas han comenzado a desaparecer personas y actualmente es donde hay más desaparecidos.
Lo que se está haciendo, con el apoyo de policías y militares, es generar terror y “limpiar” zonas y territorios que deben ser controlados y concesionados a favor de empresas nacionales y transnacionales.
El objetivo es que puedan desarrollar, sin mayor oposición, sus megaproyectos, que muchas veces son el resultado de acuerdos comerciales nefastos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN – NAFTA).
De igual manera, el terror generalizado sirve para ocultar la represión selectiva hacia líderes comunitarios, activistas, miembros de la oposición social y popular. Para nadie es un secreto que la Escuela Normal de Ayotzinapa es muy crítica contra el gobierno, y sus estudiantes tienen una formación política de izquierda.
El miedo que paraliza. Un Estado cómplice y paralizado
-¿Por qué la gente no denuncia las desapariciones?
-Son varios los factores. Por un lado hay miedo y por el otro, los familiares chocan contra un sistema institucional que genera omisión e impunidad. Cuando una persona quiere interponer una denuncia ante el ministerio público, lo menos que le puede ocurrir es que el fiscal le diga que se retire y que regrese a su casa.
Muchas veces hasta sufre amedrentamiento o amenazas. Por esto hablamos de desaparición forzada.
-¿Cuáles son los impactos en familiares de las personas desaparecidas?
-Si multiplicamos la cantidad de desaparecidos por el número de familiares y amigos que sufren los impactos de una pérdida, es evidente que hablamos de una cantidad muy considerable de personas que viven la desaparición como algo inconcluso, irresuelto, que no permite elaborar el duelo, donde el círculo nunca se cierra.
Hablando con los hijos de Rosendo Radilla, un destacado líder social del municipio de Atoyac que desapareció hace 40 años, me di cuenta que para ellos ha sido imposible elaborar el duelo.
A pesar que hoy Rosendo tendría 100 años y que, con mucha probabilidad, ya falleció, sus hijos continúan esperando y no tienen un lugar donde llorarlo.
Para los familiares de las personas desaparecidas es devastador, y puede generar un sentimiento profundo de inseguridad y desesperanza o motivar a emprender una búsqueda infinita del ser querido.
Cuando esta situación involucra a muchas personas, podemos ver a comunidades enteras que viven en el terror, que no confían en nada, ni en nadie, y que viven un duelo incumplido como comunidad.
Gobierno, mafia y narcotráfico. En el mismo lodo, desde la misma acera
-¿Por qué es hasta ahora, con la situación de Ayotzinapa, que la gente está reaccionando?
-El gobierno mexicano siempre ha sabido vender muy bien su imagen pseudo-democrática. Durante la “guerra sucia”, por ejemplo, con una mano desaparecía a sus opositores y, con la otra, acogía a los perseguidos por las dictaduras latinoamericanas.
Además, trata de vender la idea de que es el resultado de una guerra desigual contra los grandes cárteles de la droga. Pero la realidad es otra, porque gobierno, mafia y narcotráfico son la misma cosa.
No es el Estado que no tiene la capacidad de combatir al crimen organizado, sino que es parte y protagonista de este sistema mafioso, donde la droga es una cortina de humo para desviar la atención del verdadero objetivo que, como ya dijimos, son los recursos naturales.
En este sentido, creo que la reacción de la población tiene mucho que ver con los estudiantes de la Escuela Normal que desaparecieron y como la gente relaciona esta tragedia con la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968, un duelo colectivo no elaborado por la sociedad mexicana.
No es un caso que la manifestación de los estudiantes era para recolectar fondos, que servían para viajar el 2 de octubre a la capital y conmemorar el aniversario de la masacre.
Se trata de 43 jóvenes de las zonas rurales y de escasos recursos, con edades comprendidas entre 17 y 21 años, que estudian en una escuela que es percibida a nivel colectivo como su única opción de formación. La gente se ha identificado con ellos y con sus padres y se ha indignado.
-¿Qué pasará ahora?
-Las instituciones y los grandes medios corporativos harán de todo para apagar y destruir al movimiento espontáneo que se ha generado. Tengo la esperanza que pueda ser el inicio de algo muy importante, aunque no va a ser fácil.
-En este sentido, “Ni vivos, ni muertos” está contribuyendo a levantar el velo del silencio…
-Por el momento es el único documento de investigación que pone preguntas, que busca un significado a lo que está ocurriendo y que trata de explicar el porqué de esta tragedia.
Grupos de ciudadanos, organizaciones , movimientos me invitan para conocer mi opinión, y esto ayuda a romper el silencio y la cortina de humo que envuelve la desaparición forzada.
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