Unas tres mil personas participaron en una movilización en la carretera a Masaya, centro de la capital nicaragüense, para rechazar la violencia que este año ha cobrado la vida de 69 mujeres en el país centroamericano.
Con pancartas, bocinas y tambores, las participantes del movimiento amplio de mujeres le reclamaron al Estado aplicar las leyes a favor de la población femenina, y cumplir con los programas de prevención, así como con los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que las demandas son las mismas que han reclamado durante todo el año, pero que el Estado se niega a escuchar.
Una de las principales demandas es la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (mejor conocida como Ley 779), reformada mediante un decreto del Ejecutivo que contradice el espíritu de la misma, según han acusado las feministas.
En septiembre pasado, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 42-2014, que reglamenta la Ley 779, por considerar que violenta la Carta Magna del país centroamericano.
Y es que el decreto –entre otros puntos– da carácter legal a las llamadas Consejerías Familiares, instancias en los barrios que serían los primeros mecanismos a los cuales tendrían que acudir las mujeres víctimas de violencia. A decir de activistas, estas mujeres se encontrarían con “gente que no está preparada” en el tema.
INOPERANCIA
A pesar de que el gobierno ejecuta un programa comunitario con la participación de las instituciones estatales y gabinetes ciudadanos ligados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, la violencia de género va en aumento, denunciaron las manifestantes durante su protesta.
Los programas de prevención que desarrolla el gobierno no dan resultados porque son excluyentes de las organizaciones que tienen amplia experiencia, pero que además están sesgados políticamente, denunció Rodríguez.
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo que el Estado tiene una serie de compromisos que no ha cumplido para proteger los derechos femeninos, lo cual ha sido recurrente en los llamados de atención ante organismos de DH de Naciones Unidas y otros espacios.
Recientemente, el Estado celebró un informe del Foro Económico Mundial que reconoció a Nicaragua como uno de los seis países en el mundo y el primero en América con políticas de equidad de género.
Para Juanita Jiménez, esos reconocimientos son inválidos porque no se corresponden con la realidad que viven las nicaragüenses.
En la movilización por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también participó Mauro Ampie, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien dijo que una de las principales demandas es que el gobierno desista de imponer un Reglamento de la Ley 779, y que además proceda a ratificar de inmediato el Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El activista también instó al Estado nicaragüense a cumplir con las recomendaciones de protección a las mujeres que emanaron tras el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.
La movilización concluyó de manera pacífica con un festival artístico, y hasta ayer ninguna autoridad se pronunció al respecto.
Foto: Auxiliadora Vasquez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua.-
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