OSC denunciarán violaciones a DH ante Navi Pillay
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 1 jul 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles denunciarán ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que la política de militarización, como parte de la guerra contra el narco, agravó las violaciones a las garantías humanitarias y la violencia contra las mujeres.
En la visita oficial que realizará Pillay —la cual inicia este domingo en Oaxaca y termina el próximo día 9 en esta capital—, grupos sociales se reunirán con ella para informarla sobre la violencia ejercida por el Estado contra las mexicanas y evidenciar así “el fracaso” de las políticas de seguridad aplicadas por Felipe Calderón.
De acuerdo con la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Cristina Hardaga Fernández, uno de los temas que se tratarán en las reuniones de la próxima semana es el contexto de militarización y violencia que de diciembre de 2006 a abril de 2011 cobró la vida de cerca de 40 mil personas.
En entrevista, señaló que las OSC expondrán el impacto de la militarización en las zonas indígenas del país y las fallas de un sistema de justicia que cuestiona y niega que las mujeres sean víctimas de violencia.
Así por ejemplo presentarán el caso de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares en 2002.
Los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo llegaron al sistema interamericano de DH y fue causa de que en octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera la primera sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por su responsabilidad en la tortura sexual ejercida por militares.
Hardaga Fernández explicó que una de las expectativas es que la Alta Comisionada conozca y se pronuncie respecto a la postura de las OSC que afirman que el Ejército no debe investigar casos de violaciones a DH, toda vez que para esta tarea están facultados los operadores del sistema de justicia civil.
EL CASO CIUDAD JUÁREZ
La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Imelda Marrufo Nava, dijo que un caso emblemático de los estragos de la militarización es Ciudad Juárez, un lugar que reúne las peores condiciones de impunidad y violencia.
Es por ello que presentarán a Navi Pillay el caso de esta urbe como un ejemplo emblemático de las precarias condiciones de seguridad en México. La activista explicó que desde hace cuatro años, cuando el gobierno federal envió a las fuerzas armadas a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, la sociedad exigió el fin de la militarización, hecho que no ha ocurrido.
De acuerdo con esta organización, esta “guerra” ha invisibilizado el fenómeno de violencia contra las mujeres, cuya expresión más extrema es el feminicidio, un tema que aunado a la desaparición de mujeres ha marcado a la ciudad fronteriza en los últimos años. Dijo que tan sólo del 1 de enero al 17 de junio de este año se han cometido 116 asesinatos dolosos de mujeres.
Según información de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, las cifras se han disparado ya que en 2008 se documentaron 87 asesinatos de mujeres, en 2009 fueron 164 y en 2010 alcanzaron la cifra de 306 casos de feminicidio, los que en su mayoría siguen en la impunidad.
Marrufo Nava destacó que el clamor de justicia se hizo presente en los primeros días de junio, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, recorrió el país para recoger los testimonios que dan cuenta de la necesidad de políticas de seguridad que prioricen los DH.
La activista también precisó que si bien Felipe Calderón ha dado señales de no dar un paso atrás en su estrategia de militarización, como lo expresó en la reunión en el Castillo de Chapultepec con familiares de víctimas de la violencia, espera que la Alta Comisionada lleve estas demandas al titular del Ejecutivo.
Navi Pillay se reunirá con Felipe Calderón y los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Seguridad Pública, y con la procuradora general de la República. También con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autoridades de la Ciudad de México.
México, DF, 1 jul 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles denunciarán ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que la política de militarización, como parte de la guerra contra el narco, agravó las violaciones a las garantías humanitarias y la violencia contra las mujeres.
En la visita oficial que realizará Pillay —la cual inicia este domingo en Oaxaca y termina el próximo día 9 en esta capital—, grupos sociales se reunirán con ella para informarla sobre la violencia ejercida por el Estado contra las mexicanas y evidenciar así “el fracaso” de las políticas de seguridad aplicadas por Felipe Calderón.
De acuerdo con la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Cristina Hardaga Fernández, uno de los temas que se tratarán en las reuniones de la próxima semana es el contexto de militarización y violencia que de diciembre de 2006 a abril de 2011 cobró la vida de cerca de 40 mil personas.
En entrevista, señaló que las OSC expondrán el impacto de la militarización en las zonas indígenas del país y las fallas de un sistema de justicia que cuestiona y niega que las mujeres sean víctimas de violencia.
Así por ejemplo presentarán el caso de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares en 2002.
Los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo llegaron al sistema interamericano de DH y fue causa de que en octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera la primera sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por su responsabilidad en la tortura sexual ejercida por militares.
Hardaga Fernández explicó que una de las expectativas es que la Alta Comisionada conozca y se pronuncie respecto a la postura de las OSC que afirman que el Ejército no debe investigar casos de violaciones a DH, toda vez que para esta tarea están facultados los operadores del sistema de justicia civil.
EL CASO CIUDAD JUÁREZ
La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Imelda Marrufo Nava, dijo que un caso emblemático de los estragos de la militarización es Ciudad Juárez, un lugar que reúne las peores condiciones de impunidad y violencia.
Es por ello que presentarán a Navi Pillay el caso de esta urbe como un ejemplo emblemático de las precarias condiciones de seguridad en México. La activista explicó que desde hace cuatro años, cuando el gobierno federal envió a las fuerzas armadas a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, la sociedad exigió el fin de la militarización, hecho que no ha ocurrido.
De acuerdo con esta organización, esta “guerra” ha invisibilizado el fenómeno de violencia contra las mujeres, cuya expresión más extrema es el feminicidio, un tema que aunado a la desaparición de mujeres ha marcado a la ciudad fronteriza en los últimos años. Dijo que tan sólo del 1 de enero al 17 de junio de este año se han cometido 116 asesinatos dolosos de mujeres.
Según información de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, las cifras se han disparado ya que en 2008 se documentaron 87 asesinatos de mujeres, en 2009 fueron 164 y en 2010 alcanzaron la cifra de 306 casos de feminicidio, los que en su mayoría siguen en la impunidad.
Marrufo Nava destacó que el clamor de justicia se hizo presente en los primeros días de junio, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, recorrió el país para recoger los testimonios que dan cuenta de la necesidad de políticas de seguridad que prioricen los DH.
La activista también precisó que si bien Felipe Calderón ha dado señales de no dar un paso atrás en su estrategia de militarización, como lo expresó en la reunión en el Castillo de Chapultepec con familiares de víctimas de la violencia, espera que la Alta Comisionada lleve estas demandas al titular del Ejecutivo.
Navi Pillay se reunirá con Felipe Calderón y los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Seguridad Pública, y con la procuradora general de la República. También con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autoridades de la Ciudad de México.
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