Secuestro de migrantes: ¿indolencia u ocultamiento?

Editorial La Jornada

Al cumplirse una semana del presunto secuestro de por lo menos 80 migrantes en la localidad de Medias Aguas, Veracruz –hecho denunciado por el sacerdote Alejandro Solalinde, encargado del albergue Hermanos en el Camino–, y ante la ausencia de avances en las investigaciones sobre el episodio, resulta preocupante la postura asumida por las autoridades federales encargadas de esclarecer el caso: ayer, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, dijo que la dependencia a su cargo –la cual inició dos averiguaciones previas al respecto– carece aún de elementos que permitan confirmar el citado plagio; señaló que existen algunas imprecisiones y dijo que ni siquiera se sabe el número exacto de víctimas.

Ciertamente, dada la circunstancia de clandestinidad en que suelen viajar los trabajadores indocumentados en nuestro país y ante la ausencia de registros oficiales en poder de las autoridades sobre el número de extranjeros que transitan sin los documentos correspondientes, resulta difícil establecer con exactitud la cantidad de víctimas afectadas en episodios como el denunciado por Solalinde. Pero esa consideración no puede ser empleada como un intento para deslindar a la PGR de su responsabilidad de investigar estas denuncias, como parece desprenderse del discurso de Morales: bajo esa lógica, la autoridad federal y las estatales no podrían investigar ningún caso de secuestro masivo de migrantes, pues siempre habría algunas imprecisiones sobre el número de las víctimas. Por añadidura, la acusación de Solalinde cobra verosimilitud en un contexto marcado por el plagio de más 11 mil migrantes entre abril y septiembre del año pasado –según ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, y en el que, como ha afirmado el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante impiden conocer la totalidad de los eventos de secuestro.

Ahora bien, con independencia de las fluctuaciones en las cifras manejadas por los denunciantes y por las autoridades –los primeros han dicho que podrían ser hasta 130 los plagiados; las segundas sólo han confirmado el posible secuestro de cinco personas– los testimonios disponibles sugieren que el pasado viernes 24 tuvo lugar un episodio de privación ilegal de la libertad en el citado municipio veracruzano, y esa sola consideración tendría que bastar para que el Estado cumpla con su obligación de procurar justicia. En cambio, la postura de la titular de la PGR pone en entredicho el afán de esclarecimiento con que tendría que conducirse la dependencia a su cargo, y a ello deben añadirse las denuncias del propio Alejandro Solalinde en el sentido de que funcionarios de la procuraduría federal han intimidado a los testigos de los hechos.

Por lo demás, a los dichos de Morales Ibáñez deben añadirse los formulados previamente por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), que han rechazado su responsabilidad en el episodio porque el presunto plagio no ocurrió durante un traslado oficial de extranjeros, como si durante dichos desplazamientos no se hubiesen registrado ya secuestros de migrantes y como si no hubiera evidencia de que, en no pocos casos, han sido los propios funcionarios migratorios los que han puesto a ciudadanos mexicanos y extranjeros en manos de sus captores.

Las posturas referidas dan cuenta de un patrón de conducta tendiente a deslindar de antemano a las autoridades federales de su responsabilidad por investigar estos hechos, y resulta obligado preguntarse si ello es consecuencia de una irresponsabilidad e indolencia inadmisibles, o bien de un designio de ocultamiento.

En todo caso, preferible a posturas como las referidas sería que las autoridades aceleraran las averiguaciones correspondientes y las llevaran a sus últimas consecuencias, y que tomaran en cuenta y ponderaran los testimonios y los datos disponibles en vez de desacreditarlos de antemano. De lo contrario, se estará enviando a la población el mensaje alarmante de que las corporaciones gubernamentales siguen constituyendo –sea por acción o por omisión– un factor principal de atropello contra los particulares –nacionales o extranjeros– en el país.