Guadalupe Lizárraga
Pertenecer a la elite de los políticos profesionales y burócratas en México es tener asegurado el futuro para los nietos, y los nietos de éstos con lujo y poder. La cantidad de recursos económicos y políticos que se mueven en torno al aparato estatal mexicano, ese entramado institucional que se sostiene con los impuestos de los contribuyentes, resultaría escandalosa e intolerable para cualquier país europeo con democracia decente que provee mayor calidad de servicios públicos y garantiza la seguridad de sus ciudadanos.
Pero en México, un país sumergido en el autoritarismo y en las prácticas fraudulentas en las diferentes esferas de la vida pública, el gasto del gobierno y sus instituciones son un barril sin fondo que pagamos los contribuyentes de a pie, sin que podamos eludirlo de ninguna manera. Y no es una cuestión simple de dinero. Sino que tal situación, produce impactos negativos para todos y cada uno de los mexicanos que caminan por las calles de este país.
Entre los principales males públicos, está el debilitamiento del estado de derecho. Se ha normalizado, por ejemplo, que los miembros de la elite poderosa generen acuerdos al margen de la legalidad. Trafican con influencias políticas para obtener beneficios privados. Generan contubernios con representantes de las mafias narcotraficantes para obtener la provisión de drogas para su uso personal. Se convierten en usuarios de las redes de servicios sexuales de lujo, que van desde niños hasta los servicios de sexoservidores a domicilio.
Es muy común que diputados, senadores, jueces, ministros, consejeros y altos burócratas de partidos o de alguna oficina de gobierno justifiquen viajes internacionales y nacionales con su familia, o con sus amantes, o financien los viajes de periodistas que “fortalecerán” su imagen en los medios de comunicación. Otra de las prácticas comunes es la creación de empresas para justificar asesorías a las oficinas de gobierno, una manera fraudulenta de obtener ganancias adicionales, y que incluso funciona para quienes han concluido el periodo de un cargo público sin muchas expectativas de repetir la experiencia.
En esta lista de acciones que hunden al país, el giro de las empresas fantasmas, o monopólicas son muy variadas, va desde la construcción de puentes y carreteras de manera privada hasta servicios de telefonía y empresas de encuestas y comunicación “estratégica”. Estas últimas las crean ex consejeros electorales, directores de medios, politólogos privilegiados que pasaron por las urnas o el apapacho, intelectuales y periodistas palomeados como “voz autorizada”, y familiares ambiciosos de los miembros de la élite.
La gestión pública en México es el botín más codiciado, por el grado tan alto de fraude que supone la gestión y el alto beneficio privado que permite en total impunidad. Cada elección federal o estatal implica un costo millonario, y resultan flagrantes evidencias de fraude. Cada nuevo nombramiento de un titular de secretarías es un costo en la parafernalia mediáticas y sus políticas públicas es el factor más precario de su gestión. Ningún político prominente ha estado en la cárcel por peculio o fraude electoral. La impunidad es asegurada si se ejerce un cargo público.
Los cuestionamientos que logran trascender por personas honestas de la ciudadanía, fácilmente son apagados con accidentes de carretera simulados, con presuntos victimarios narcotraficantes o en excepcionales casos con el acceso a la elite depredadora.
La guerra contra el narcotráfico, los fraudes electorales, los magnicidios y los asesinatos de mujeres y activistas de derechos humanos son el contexto cotidiano de esta competencia por el botín. Los mexicanos no desconocen esta realidad. Sin embargo, actúan con indiferencia como si fueran ajenos a sus impactos, por miedo, porque es una realidad que creen no pueden cambiar o porque son miembros directos o indirectos de la elite del poder.
Tan sólo el 2.9% de los funcionarios federales consume el 22% del presupuesto para sueldos y prestaciones de 18 secretarías de Estado, de la Procuraduría General de la República y de la Presidencia de la República. A este gasto en sueldos y prestaciones hay sumarle el de los otros poderes públicos con sus burocracias, así como el del Instituto Federal Electoral. La misma lógica hay que pensarla para cada una de las entidades federativas, con sus tres poderes y sus administraciones municipales y sus institutos electorales estatales.
Una muestra de estos recursos, a continuación: (Las cifras son tomadas algunas de la red, otras de los diarios y de la web de la SCJN)
Cámara de Diputados
Cada uno de los 500 diputados recibe como parte de su salario mensual:
Dieta $ 77,888. 00
De Asistencia Legislativa $ 45,786
Gestión y Atención ciudadana $ 28,772
Estos montos suman $ 152,446 mensuales cada uno. Además, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, cuya suma asegurada básica es de hasta 1,500 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, aguinaldo equivalente a 40 días de su dieta. Cuentan también con un fondo de ahorro, el cual consiste en la aportación de hasta 12% de su dieta bruta mensual; seguro colectivo de vida, y gastos funerarios. Se les cubre el costo total de telefonía, choferes y viáticos, y de manera parcial alimentación en la Cámara y compensación para despensa.
El personal de la Cámara de Diputados:
Jefe de Departamento entre $ 18,668 y $ 31,560 pesos mexicanos.
Subdirector entre $ 31,801 y $ 51,900
Director de área entre $ 53,109 y $ 83,789
Director general de cada área que labora al interior de la Cámara Baja entre $ 91,203 y $119, 220
Contralor $ 122,038
Secretario $ 136,832
Secretario general $ 157,702
Senado de la República
A cada uno de los 138 senadores se les paga de dieta $ 146,000 mensuales, más las mismas prestaciones que a los diputados con un bono en Navidad equivalente a 40 días de dieta. Y aparte se les da una compensación adicional por cada Comisión que lideren, viáticos para viajes con todo pagado incluyendo a sus acompañantes. Basta que lo justifiquen como “viaje de trabajo” que nadie cuestiona ni investiga.
El personal de la Cámara de Senadores gana de manera similar que la de diputados. Por ejemplo, el secretario general gana al mes 124 mil 900 pesos y el contralor interno, tesorero y coordinador del Senado perciben de 103 mil 200 a 123 mil 100 pesos, según el nivel que tengan. Un director general gana al mes desde 79 mil 700 hasta 96 mil 200 pesos, y un jefe de Unidad de 61 mil 900 a 71 mil 700 pesos. Y se abren plazas a discreción o se contratan “asesores” de acuerdo a las influencias y recomendaciones que se presenten. Un director de área percibe de 39 mil 200 a 61 mil 500 pesos; seguido por un subdirector, quien recibe de 26 mil 400 a 38 mil 500 pesos, y un jefe de Departamento puede ganar entre 18 mil 100 y 26 mil 300 pesos.
Instituto Federal Electoral
Cada uno de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) empezó a ganar a partir del 24 de febrero del año 2009, la cantidad de $ 330,000 mensuales, entre sueldo, bonos y prestaciones que van desde el pago de telefonía celular hasta chofer para los hijos. Además, los consejeros, utilizan su influencia política con frecuencia para fines personales, lo cual genera mayor auspicia en la gestión de las actividades electorales.
El secretario general del IFE percibe mensualmente 209 mil 742 pesos, derivados de un sueldo máximo de 154 mil 4 pesos más 55 mil 738 pesos en prestaciones otorgadas en efectivo. El contralor general percibe 200 mil 985 pesos, el secretario ejecutivo percibe cada 30 días 148 mil 376 pesos. Sus vales de despensa alcanzan los 350 pesos. Sólo algunos ejemplos.
Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Los Ministros cobran $ 347,000
Consejeros de la Judicatura Federal $ 337,000
Magistrados del Tribunal Electoral $ 343,000
Magistrados de Circuito $ 200,000
Jueces de Distrito $ 176,0002
Los aguinaldos para los magistrados son de 336, 300.00 y tienen compensaciones de riesgo por 481, 799.00
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación $5’989,489 más otros $5’892,777 anuales por ser a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual suma de $11’882,266 pesos anuales brutos.
Ex presidentes del país
Las pensiones y prestaciones de los cinco ex presidentes aún cuando Ernesto Zedillo renunció a su pensión vitalicia tiene un costo de $259’115, 269 anual, lo que representa en promedio un monto de 51 millones 823 mil pesos anuales por cada uno de los ex mandatarios.
Seguridad para los ex presidentes
Además de la protección para los ex titulares del Ejecutivo incluye 78 elementos de las fuerzas federales para cada uno de ellos: 10 oficiales, 6 jefes, 1 general, 48 elementos de tropa, 22 elementos de la Armada, 45 elementos del Ejército, 8 de tropa, 13 elementos de la Fuerza Aérea. También disponen de 25 empleados de la Federación: tres choferes y personal de oficina, y tienen derecho a una camioneta blindada, otra más para su esposa y sus hijos, y tres autos para escoltas. Se cubren sus gastos de telefonía, y tienen acceso a viajes nacionales o al extranjero. Además, reciben primas mensuales, aguinaldo, bonos, prima vacacional y “apoyo” para la compra de despensa.
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