7/01/2011

Condenas más severas contra las mujeres en Veracruz


Poder Judicial las discrimina y revictimiza


Por Brisa Gómez, corresponsal

Xalapa, 30 jun 11 (CIMAC/AVC).- El sistema judicial en Veracruz discrimina a las mujeres por el hecho de serlo, ya que no sólo les impone penas más elevadas, sino que además no considera pruebas, deja de lado antecedentes violentos que las orillaron a delinquir, y las deja en la indefensión al darle mayor peso a las declaraciones de sus contrapartes masculinos.

Las investigadoras Claudia Domínguez y Roxana Arroyo presentaron en esta ciudad los resultados de sus estudios tras revisar condenas, casos y situaciones de mujeres presas o que fueron acusadas de haber cometido algún delito, en el estado de Veracruz.

Ambas expertas concluyeron que el sistema judicial en Veracruz debe de tener cambios radicales para impartir verdaderamente una justicia sin discriminación, ya que no sólo deja a las mujeres en la indefensión cuando son víctimas, sino también cuando son agresoras.

La activista en Derechos Humanos (DH) de las mujeres, de origen puertorriqueño, Roxana Arroyo, realizó en la entidad junto con Mayela García, la investigación “Sentencias para mujeres en el ámbito penal: impartición de justicia con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos”.

El estudio abordó los delitos del fuero común, entre los que se encuentran violación, lesiones, robo, omisión de cuidados y homicidio, entre otros. Se encontró que las penas aplicadas a las mujeres son más elevadas que las de los hombres sólo por el hecho de ser del sexo femenino.

Arroyo puso como ejemplo que cuando un hombre es denunciado por el delito de omisión de cuidados por no pasar pensión a sus hijos “no pasa nada”, pues no se le persigue, se dan largas a las resoluciones y pocas veces hay detenciones.

Sin embargo, advirtió la investigadora, cuando a una mujer se le acusa por el mismo delito, no sólo recibe penas inmediatas de cárcel con largo tiempo de encierro, sino que además se le imponen elevadas multas y por si fuera poco se le estigmatiza socialmente.

“Ser una mala madre en esta sociedad implica que sea sancionada no sólo por el Poder Judicial, sino también por los medios de comunicación, porque es clarísimo también el juego en el que intervienen los medios al exaltar ese rol transgredido de la mujer”, explicó la especialista.

A lo anterior se suma que las mujeres tienen menos ingresos que los hombres, lo que les dificulta aún más el pago de las multas. A ellas se les imponen pensiones alimenticias más altas y se les exige su cumplimiento tengan o no empleo, acusó.

“Encontramos que las penas son más severas y, por ejemplo, no hay fianzas, pero si hay fianzas el nivel de ingresos las deja fuera de sus posibilidades”, expresó Roxana Arroyo, quien insistió en que esto no quiere decir que no haya una conducta delictiva que sancionar, sino que existen condiciones que castigan de una manera más severa a las mujeres que a los hombres.

“Si hay un tratamiento diferenciado resulta discriminatorio porque no se toman en cuenta una serie de factores”, añadió.

En el caso de los delitos por lesiones, de igual forma las sanciones son discriminatorias para las mujeres, toda vez que cuando ellas agreden a los hombres las sanciones son muy elevadas y los jueces aplican la mayor de las penas.

Por el contrario, cuando los hombres lesionan a las mujeres las penas son mínimas o se imponen multas bajas para que ellos puedan pagarlas y salir libres, detalló Roxana Arroyo.

La investigadora Claudia Domínguez Hernández dijo que de 500 mujeres recluidas en los diferentes penales veracruzanos, el 95 por ciento de las que cometieron un delito lo hicieron orilladas por su pareja, ya sea por haberlas presionado a hacerlo o porque lo hicieron en defensa propia tras pasar por un largo ciclo de violencia de género.

Explicó que estas mujeres pasaron de víctimas a victimarias luego de varios intentos de solicitar la acción de la justicia para protegerse ellas mismas y a sus hijos, justicia que –dijo– “nunca llegó”, pues los Ministerios Públicos no las atendieron o las disuadieron de presentar las denuncias. “No encontraron respuesta y no tuvieron otra salida más que defenderse a sí mismas”, precisó.

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