El "nuevo Estado"

Luis Javier Garrido

El rechazo nacional a las políticas de Felipe Calderón en su quinto año es el más elevado en casi medio siglo, el desprestigio personal del titular del Ejecutivo de facto y de los principales miembros de su gabinete no tiene parangón, su guerra “contra el narco” –que es el eje de su proyecto– es repudiada por todos los sectores y el desastre institucional es cada vez mayor, pero la derecha en el poder no quiere ceder y él sigue echado para adelante.

1. El caso del desfase de Felipe Calderón de la realidad no podría explicarse, sin embargo, si no se analiza la prepotencia, impunidad y fanatismo de las fuerzas de la extrema derecha que gobiernan a México. El gobernante de facto no oculta que todavía sueña con trascender como el hombre que liquidó al Estado surgido de la Revolución Mexicana, para lo que le urge acelerar las contrarreformas e imponer a un sucesor que garantice los intereses de sus aliados y protectores y al mismo tiempo le cubra las espaldas, de ahí que en el marco del no tan novedoso “tapadismo blanquiazul” haya lanzado a Ernesto Cordero, su titular de Hacienda, para ver si logra el respaldo del capital financiero.

2. El proyecto de la ultraderecha mexicana tiene en su desmesura rasgos que muy pocos han querido advertir, aunque no se hayan ocultado. El desprecio de los gobernantes actuales al orden constitucional de la República y su descalificación de todos los regímenes del pasado ha ido acompañado en los últimos meses por la pretensión de edificar no un nuevo régimen sino otro Estado, y la jerigonza que utilizan es por ello preocupante, por sus resonancias mussolinianas. Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, afirmó por ejemplo sin ambages, en un acto en el PAN capitalino el sábado 25, que un objetivo central del gobierno es edificar un nuevo Estado.

3. Las fuerzas económicas neoliberales han ido delineando a través de la experiencia de los últimos 30 años el modelo político que buscan imponer a los estados nacionales, sin que haya todavía un consenso en todos sus aspectos, pues dicho modelo, como se ha visto, supone el desmantelamiento de dichos estados para reducirlos a su mínima expresión: subordinando su orden jurídico interno a un derecho supranacional, cancelando los derechos originarios de las naciones a sus recursos estratégicos, desapareciendo en aras del mercado las entidades públicas, y reduciendo la vida democrática a una elección entre candidatos con propuestas similares funcionales al capitalismo neoliberal.

4. En el caso de México los panistas han sido más neoliberales que los miembros del PRI, a) porque en las condiciones de ilegitimidad en las que asumieron el gobierno, han estado más subordinados que ellos a los organismos financieros y al gobierno de Washington; b) porque a su vocación derechista, antinacional y entreguista se agrega el odio patológico que históricamente han tenido por las instituciones en que se apoyaron los regímenes priístas: la reforma agraria, el petróleo nacionalizado, las garantías laborales y el derecho del trabajo, los sindicatos; y, en fin, c) porque han resultado tanto o más voraces para los negocios con las trasnacionales que aquellos. A lo que se agrega otro factor: d) su vinculación con el sector más retrógrado de la jerarquía eclesiástica, cuyo activismo político es ya una preocupación nacional. De ahí la confusión entre lo público y lo privado que deliberadamente Calderón y sus amigos han impulsado con actitud patrimonialista buscando seguir prevaleciendo.

5. El supuesto éxito de Calderón en 2012 lo niega sin embargo la realidad, pues con toda seguridad Acción Nacional va a perder todas las elecciones estatales de este año, empezando por la mexiquense –que se dirimirá el 3 de julio entre Alejandro Encinas, vencedor de los debates, y el priísta Eruviel Ávila–, por lo que el gobierno panista tendría que recurrir el año que entra a una violencia extrema para salirse con la suya.

6. La “guerra contra el narco”, concebida en 2006 para hacer prevalecer los intereses estadunidenses en México y para enquistar en el poder a la ultraderecha mexicana con un costo de decenas de miles de muertos, se podría muy bien terminar al llevarse a Calderón ante los tribunales.

7. El gobierno del PAN y el Yunque cree sin embargo después de Chapultepec que tiene la vía libre para proseguir con su estrategia de guerra, y no advierte la creciente oposición nacional a sus políticas. Es cierto que Javier Sicilia y sus compañeros no plantearon en el encuentro las que se suponía eran demandas centrales del movimiento y no presentaron las exigencias nacionales de que el gobierno panista respete el orden constitucional y se termine con el estado de excepción que hay en el país poniéndose un alto a la guerra criminal, como tampoco hicieron mención de los acuerdos de Ciudad Juárez que demandaron el fin de la Iniciativa Mérida y de la injerencia estadunidense en asuntos nacionales, no pidieron la renuncia de Genaro García Luna y de otros funcionarios, ni mucho menos hicieron mención del acuerdo de someter a Calderón a juicio político. Al carecer de una estrategia para la paz, no tuvieron argumentos ni disposición para refutarle al gobierno sus falacias, limitándose a demandar solución a casos particulares para terminar en un aparente entendimiento con el gobierno criminal empeñado en mostrarlos como sus aliados.

8. El desastre institucional lo sigue ilustrando mejor que ningún otro el caso del priísta Jorge Hank Rhon, detenido por un operativo militar ilegal que allanó su domicilio el 4 de junio y liberado 10 días después por orden de una juez, que el propio Calderón ha seguido mencionando: negando en Chapultepec el 23 de junio y luego en entrevista con Ciro Gómez Leyva de Milenio Televisión el 27 haber conocido dicho operativo. De manera que si fue así, según Calderón el Ejército es una fuerza autónoma que actúa en la ilegalidad por motivos políticos y él un inepto que lo tolera. Las acusaciones que lanzó entonces a Hank criminalizándolo bastarían por otra parte para que cualquier juez lo dejara en libertad ante cualquier acusación por la intervención del Ejecutivo federal en un asunto judicial.

9. El gobierno panista no tiene fuerza moral para imponer sus políticas y a fin de hacerlas valer sólo se puede apoyar en los medios que manipula de manera cada vez más obvia y en la jerarquía católica, pero sobre todo en la fuerza material de ese Estado que pretende desmantelar. El arma fundamental que tiene para seguirse imponiendo no es otra que la capacidad represiva de las fuerzas armadas y de las bandas y grupos paramilitares que ha creado en estos años, que le permitirían imponer un clima de amedrentamiento, de ahí la peligrosidad de lo que acontece. El proyecto del nuevo Estado no está, a pesar de todo, muerto.

10. La exigencia de los sectores conscientes de la nación para terminar con este desastre debe hacerse valer por lo mismo en los meses que le resten a este gobierno cada vez con mayor fuerza, diciéndole una y otra vez: ¡Ya basta!