Plan B | Lydia Cacho
La mujer de 60 años tomó tres camiones y caminó ocho kilómetros en el vía crucis de las víctimas de la guerra. Su hijo de 24 años le pidió que no fuera a ver a don Sicilia, pues ya lo iba a recibir el lugarteniente 23 de Los Zetas que tiene el listado de desaparecidos de Durango, Tamaulipas y Coahuila. La madre tomó su rosario y fue a pedirle al poeta que le llevara su caso al presidente Calderón.
Después de tres años de suplicar ante el Ministerio Público (MP), rogar al alcalde, de antesala con el gobernador, la madre de los dos jóvenes desaparecidos pensó que ahora sí tendría suerte de ser la señalada por la magnánima mano presidencial para resolver uno de los miles de casos de desapariciones, ¿por qué no un milagro? La negociación con el hijo fue clara: si no nos recibe el Presidente, pues le seguimos con los otros, pero que alguien nos ayude a encontrarlos.
Cuarenta mil personas asesinadas, cientos de desapariciones forzadas (llevadas a cabo por alguna autoridad) y miles de secuestros sin investigar, sin resolver. Y las marchas convocadas por Javier Sicilia unificaron el clamor de un país que ante la imposibilidad de obtener justicia se somete al espejismo del milagro. A la esperanza de que por alguna razón políticamente inexplicable, el presidente Calderón haría un acto de contrición y pediría perdón a México y, allí mismo, movido por un escapulario y por las lágrimas de las madres, anunciaría el retiro de las tropas y la acción efectiva del MP para investigar los miles de casos rezagados o ignorados por las procuradurías locales y federal en los últimos cinco años.
Además de ser reportera, durante 10 años he dirigido un refugio de alta seguridad para víctimas de violencia en el que he aprendido que por más que se trabaje en la defensa de las víctimas, sólo el 4.5% de los casos concluye en investigación, y de esos apenas el 2% llega a un juez.
En 2004 (antes de la guerra y los 40 mil muertos) de los 11 millones 900 mil delitos cometidos, sólo un millón y medio fueron reconocidos por el MP para ser investigados. Disculpe usted que me repita, de los casi 12 millones de familias que acuden a la autoridad a pedir “ayuda” para resolver los delitos, 10 millones recibirán un portazo en las narices. Ahora súmele la guerra.
Pero más allá de los actos públicos, una tercera parte de las y los denunciantes en México dicen que luego de dos años no sucedió nada con su caso. Los MP, a su vez, dicen que tienen rezago de 24 meses en los estados del Norte. Según la SSP federal, hay 426 mil 600 policías en el país y sólo 36 mil 600 dedicados a la investigación. Diez mil van al Ejército y la Marina; quedan 20 mil 600 investigadores para todo México. Haga sus cuentas. El Inacipe dice que casi dos terceras partes de los casos se pierden en tribunales porque los MP no saben redactar y el contenido de las denuncias es incomprensible para los jueces.
Las familias buscan a los gobernadores o al Presidente porque por ley es el Ejecutivo quien legalmente tiene el control de los dos brazos operativos más importantes del sistema de persecución penal: el Ministerio Público y la Procuraduría sólo obedecen al gobernador y al Presidente.
Es una práctica común de los gobernantes elegir a víctimas que desarrollan liderazgos sociales para después convertirlas en aliadas, en merecedoras del diálogo patriarcal, en “asesoras”; para neutralizar su poder de movilización y su fuerza moral. No es casualidad que Calderón, en su encuentro con Sicilia, abrazara a la madre que suplicó y no a la que habló desde la dignidad y la igualdad. Buscar el diálogo es importante, reconocer la carga política e histórica de dichos encuentros lo es también. Pero sería grave que concluyan en actos de intervención presidencial caso por caso, y no en cambios estructurales.
Lo cierto es que cada quien tiene su agenda; las madres y los padres vuelven a sus tierras desoladas, donde la autoridad paralela les espera ofreciéndoles resolver lo que el sistema no puede.
La mujer de 60 años tomó tres camiones y caminó ocho kilómetros en el vía crucis de las víctimas de la guerra. Su hijo de 24 años le pidió que no fuera a ver a don Sicilia, pues ya lo iba a recibir el lugarteniente 23 de Los Zetas que tiene el listado de desaparecidos de Durango, Tamaulipas y Coahuila. La madre tomó su rosario y fue a pedirle al poeta que le llevara su caso al presidente Calderón.
Después de tres años de suplicar ante el Ministerio Público (MP), rogar al alcalde, de antesala con el gobernador, la madre de los dos jóvenes desaparecidos pensó que ahora sí tendría suerte de ser la señalada por la magnánima mano presidencial para resolver uno de los miles de casos de desapariciones, ¿por qué no un milagro? La negociación con el hijo fue clara: si no nos recibe el Presidente, pues le seguimos con los otros, pero que alguien nos ayude a encontrarlos.
Cuarenta mil personas asesinadas, cientos de desapariciones forzadas (llevadas a cabo por alguna autoridad) y miles de secuestros sin investigar, sin resolver. Y las marchas convocadas por Javier Sicilia unificaron el clamor de un país que ante la imposibilidad de obtener justicia se somete al espejismo del milagro. A la esperanza de que por alguna razón políticamente inexplicable, el presidente Calderón haría un acto de contrición y pediría perdón a México y, allí mismo, movido por un escapulario y por las lágrimas de las madres, anunciaría el retiro de las tropas y la acción efectiva del MP para investigar los miles de casos rezagados o ignorados por las procuradurías locales y federal en los últimos cinco años.
Además de ser reportera, durante 10 años he dirigido un refugio de alta seguridad para víctimas de violencia en el que he aprendido que por más que se trabaje en la defensa de las víctimas, sólo el 4.5% de los casos concluye en investigación, y de esos apenas el 2% llega a un juez.
En 2004 (antes de la guerra y los 40 mil muertos) de los 11 millones 900 mil delitos cometidos, sólo un millón y medio fueron reconocidos por el MP para ser investigados. Disculpe usted que me repita, de los casi 12 millones de familias que acuden a la autoridad a pedir “ayuda” para resolver los delitos, 10 millones recibirán un portazo en las narices. Ahora súmele la guerra.
Pero más allá de los actos públicos, una tercera parte de las y los denunciantes en México dicen que luego de dos años no sucedió nada con su caso. Los MP, a su vez, dicen que tienen rezago de 24 meses en los estados del Norte. Según la SSP federal, hay 426 mil 600 policías en el país y sólo 36 mil 600 dedicados a la investigación. Diez mil van al Ejército y la Marina; quedan 20 mil 600 investigadores para todo México. Haga sus cuentas. El Inacipe dice que casi dos terceras partes de los casos se pierden en tribunales porque los MP no saben redactar y el contenido de las denuncias es incomprensible para los jueces.
Las familias buscan a los gobernadores o al Presidente porque por ley es el Ejecutivo quien legalmente tiene el control de los dos brazos operativos más importantes del sistema de persecución penal: el Ministerio Público y la Procuraduría sólo obedecen al gobernador y al Presidente.
Es una práctica común de los gobernantes elegir a víctimas que desarrollan liderazgos sociales para después convertirlas en aliadas, en merecedoras del diálogo patriarcal, en “asesoras”; para neutralizar su poder de movilización y su fuerza moral. No es casualidad que Calderón, en su encuentro con Sicilia, abrazara a la madre que suplicó y no a la que habló desde la dignidad y la igualdad. Buscar el diálogo es importante, reconocer la carga política e histórica de dichos encuentros lo es también. Pero sería grave que concluyan en actos de intervención presidencial caso por caso, y no en cambios estructurales.
Lo cierto es que cada quien tiene su agenda; las madres y los padres vuelven a sus tierras desoladas, donde la autoridad paralela les espera ofreciéndoles resolver lo que el sistema no puede.
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