Mañana rinde cuentas sobre medidas de protección a defensora
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 27 jun 11 (CIMAC).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) nuevamente cuestionará al Estado mexicano sobre el actuar de las fuerzas armadas y las acciones que ha implementado para preservar la vida y la seguridad de las y los defensores de Derechos Humanos (DH) presuntamente hostigados por el Ejército.
En una audiencia pública que se llevará a cabo mañana en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, el Estado mexicano deberá responder sobre las acciones del Ejército en Guerrero y Chihuahua, entidades donde las y los activistas que denuncian violaciones a DH ejercidas por soldados son víctimas frecuentes de amenazas y hostigamiento.
Como parte del 91 periodo ordinario de sesiones de la CoIDH, que se celebra desde hoy y hasta el próximo 9 de julio, el Estado mexicano comparecerá ante este tribunal para dar cuentas de las acciones implementadas a favor de 107 defensores de DH de Guerrero y de las familias de tres personas presuntamente víctimas de desaparición forzada en Chihuahua.
En abril de 2009, la CoIDH otorgó medidas provisionales a 107 activistas y sus familiares, entre ellos, Inés Fernández Ortega, víctima de tortura sexual cometida por militares en 2002 y cuyo caso le valió al Estado mexicano la primera sentencia condenatoria por violencia sexual.
La segunda fue por el caso de la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú, también agredida por soldados en 2002.
Cabe recordar que el Estado mexicano cuenta con otras dos sentencias relacionadas con el tema de fuero militar: una por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla y otra por la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
En su búsqueda de justicia, Inés Fernández Ortega estuvo acompañada por la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM) y por su fundadora, Obtilia Eugenio Manuel, quien ayudó a que su caso se difundiera a nivel internacional, ya que fue su traductora en las diferentes comparecencias ante el sistema interamericano.
A raíz de esta denuncia y ante las constantes amenazas de muerte que no cesan, Obtilia tuvo que abandonar su pueblo natal. Pese a ello su vida continúa en riesgo. Tan sólo el pasado 16 de junio volvió a recibir amenazas intimidatorias por escrito.
Hasta el momento el hostigamiento continúa, pues las medidas implementadas por el Estado mexicano han sido “deficientes”. Cada dos meses el Estado está obligado a enviar un informe a la CoIDH para comunicar cómo se protege a las personas que permanecen en riesgo.
Después de esta audiencia, las autoridades mexicanas deberán responder sobre las medidas de seguridad otorgadas a las familias de tres personas presuntamente víctimas de desaparición forzada en Chihuahua: Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera.
Según información de organizaciones civiles de Chihuahua, alrededor de las 8 de la noche del 29 de diciembre de 2009, 10 militares descendieron de dos vehículos oficiales y se los llevaron del Municipio de Buenaventura. Desde entonces se desconoce su paradero.
Además de la familia de las tres víctimas que desaparecieron el 29 de diciembre de 2009, presuntamente a manos de militares, la defensora de DH que acompaña el caso, Emilia González Tercero, también cuenta con protección del Estado.
Desde el 13 de mayo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte que adoptara medidas provisionales y, posteriormente, el 3 de septiembre de 2010 y el 16 de marzo de 2011 presentó solicitudes de ampliación de las medidas para Emilia González.
Las medidas provisionales ordenadas por la CoIDH e implementadas por el Estado mexicano consisten en un número telefónico de emergencia, brindar personal de vigilancia y colocar una cámara de video en las oficinas de las y los activistas que son hostigados.
En la sesión de mañana el Estado mexicano deberá responder por la seguridad de las familias de las víctimas y de las y los defensores que denuncian los abusos de militares.
A diferencia de otras audiencias en el sistema interamericano donde han acudido Alejandro Negrín, director general de derechos humanos y democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), esta vez la comitiva mexicana estará integrada por Ricardo Uribe González y Alejandro Alday González, de la SRE; Carlos Garduño Salinas, de la Segob, y Sara Irene Herrerías, fiscal especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, entre otros.
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