Escrito por Sara Lovera
México, junio (SEMlac).- Se llama Evic Julián Estrada. Ha sido electa por su pueblo como presidenta municipal de San Juan Lalana, un municipio indígena del estado de Oaxaca, a unos 6.000 kilómetros al sur de la capital mexicana.
Evic recibió el primero de enero de 2011 el Bastón de Mando, el más simbólico y trascendente símbolo en los pueblos indígenas del poder de representación de la comunidad, y actualmente ella está en el local de la presidencia municipal, pese a que los tribunales electorales, por razones no claras e ilegales, le revocaron el mandato.
San Juan Lalana, donde conviven indígenas Chinantecos, Mixes y Zapotecas, es considerado un municipio de alta marginalidad, cuenta con más de 15.000 habitantes y más de 6.000 con derecho a decidir sus autoridades. Ese pueblo está en rebeldía, contra de las instituciones que no aceptan la decisión mayoritaria, y hay tensión y barruntos de violencia.
Hace cinco meses que Evic recorre las oficinas, levanta actas, hace gestiones, muestra cómo se votó a su favor, enseña los documentos que en dos ocasiones la reconocieron como elegida legalmente y, sin embargo, resume a SEMlac: "no me quieren los caciques, por ser mujer, abogada, tener 30 años y estar fuera de los intereses económicos y de partido".
Todo comenzó en diciembre de 2010, cuando en San Pedro Tres Arroyos, de donde es originaria, los Principales del pueblo --hombres que ya fueron autoridad, ancianos y propietarios-- deciden pedirle que sea su representante ante las anunciadas elecciones, conocidas como "de usos y costumbres" porque se hacen a la forma tradicional.
Enseguida reaccionaron quienes siempre se impusieron a las autoridades, contrarios a una mujer. "Dijeron que quiero ser autoridad porque no sé hacer tortillas", cuenta Evic. Incluso pretendieron que no participara porque es costumbre en los pueblos que las mujeres no intervengan en política, agrega. Entonces el tribunal electoral dijo que ella sí tenía derecho.
Ese derecho, sustentado en la Constitución, lo defienden 10 organizaciones de mujeres, coordinadoras feministas y asociaciones, incluida la denominada CIARENA, A.C., que trabaja a favor de las mujeres y se ubica en aquellas comunidades donde ellas "han empezado a saber que son iguales que los hombres y quieren participar y desarrollarse", comenta Evic.
Pueblo de alta marginalidad
¿Qué hay detrás de este obstáculo? La cuestión es sencilla: se trata de dinero y poder, dice la joven pasante de derecho que pudo terminar sus estudios gracias a que dos de sus hermanas que emigraron a Estados Unidos le enviaron recursos; a sus padres, que se ocuparon de enviarla a la escuela y a su trabajo de más de tres años en diversas labores en la capital de Oaxaca para poder ser universitaria.
Pero no sólo se trata, como dice el comunicado de las asociaciones, de un acto claro de discriminación femenina. Otro ingrediente es que, en San Juan Lalana, un diputado del Partido Acción Nacional, antes militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Lorenzo, y el ex diputado y funcionario Reyes Lázaro siempre tuvieron el control de un pueblo de indígenas dedicado a la ganadería, al cual destina el gobierno federal 40 millones de pesos mexicanos anuales -tres millones 500.000 dólares--, además de los cuantiosos recursos que envían a sus familias quienes viven en Estados Unidos.
Ambos personajes se benefician hace años del control de esos recursos y, según cuenta Evic, "no invierten en las mejoras del pueblo y de la gente", y están acostumbrados a imponer a las autoridades municipales.
Evic es inteligente y audaz. Explica con claridad que en su pueblo, durante años, a pesar de los recursos del gobierno federal y ante la situación de pobreza, se reciben ayudas de fundaciones internacionales y nacionales.
Sin embargo, no existe un solo hospital, las mujeres mueren de parto y no hay caminos. Apenas disponen de unas escuelas primarias que se llaman incompletas --varios grados en un único salón, con un solo maestro--, cinco telesecundarias --sin plantel y con clases por televisión-- y tres bachilleratos.
Tampoco hay trabajo y el aislamiento hace a los indígenas presa de intereses de unos cuantos. Hay mucha migración, precisamente por falta de oportunidades.
Eso explica que "en las primeras elecciones, casi fiesta democrática, donde se creía que las cosas iban a cambiar, no podían aceptarlo", apunta Evic.
El entramado jurídico
En Oaxaca, distante de la capital y sin carreteras, se ubica casi la cuarta parte de los municipios del país. Es una región mayoritariamente indígena, con 570 municipios, de los cuales en 418 eligen a sus autoridades en forma tradicional, lo que se conoce como "por usos y costumbres".
Allí lo que vale es la palabra y la decisión de la mayoría de personas, encargadas de designar a sus autoridades en una asamblea, que es vigilada por las autoridades y validada por los tribunales electorales. De la asamblea se guarda la memoria colectiva.
Evic fue elegida por su comunidad para competir con ocho pre candidatos. "Durante varios meses se discutió cómo se harían las elecciones, en la etapa de conciliación", cuenta a SEMlac.
Luego, cuando los caciques intentaron violar la ley y pretendieron hacer elecciones en las urnas, el 26 de diciembre de 2010 se hizo una asamblea con 3.000 personas mayores de 18 años, de 35 comunidades.
Evic recibió, voto por voto dicho en voz alta y rayado en un pizarrón, 2.211 votos. Su contrincante más cercano, Salvador Enríquez, apenas sumó 826. De modo que ella ganó.
La madrugada del 31 de diciembre los tribunales le revocaron el mandato, señalando que hubo "irregularidades" y que un grupo de personas se inconformó. En solo 24 horas tomaron la decisión.
Se obligó a la comunidad a repetir el procedimiento, esta vez con otro candidato contrario, Celestino Pérez Cardoza. No hubo una asamblea, como la de diciembre y como dicta la ley, sino nueve.
Se dividió a los votantes "para controlarlos", se amenazó a los participantes con quitarles sus tierras, expulsarlos de su comunidad, ponerles multas; todo ilegal, fuera de la Ley de Usos y Costumbres, asegura la joven antes elegida.
Tampoco hubo notarios en las asambleas, ni se perforaron las credenciales o las actas de nacimiento. Se abultó la votación y Cardoza tuvo mayoría. Evic asegura que con "esta maniobra", la quieren eliminar.
"Usaron el miedo, lo que siempre hicieron, y controlaron por años a nuestro pueblo", afirma. Ahora Evic pide a los tribunales que resuelvan. Se han tardado ocho semanas, no 24 horas como cuando "a mi me recovaron", dice, y por ello crece la tensión.
Según el comunicado de las feministas, cuando los pueblos están emprendiendo un camino hacia la igualdad, es absurdo que sean las instituciones gubernamentales, los órganos electorales, los que obstaculicen este avance.
El caso de Evic Julián, agregan, no es aislado, y remite a otros ocurridos este año, como los casos de Telma Chávez, Antonia Guzmán, Soledad Blas y Evitelia Pacheco., que también vivieron acciones discriminatorias en el proceso electoral.
Las feministas piden a los tribunales actuar conforme a la ley. Estos grupos firmantes son la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, la asociación Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, CIARENA, Equidad y Género, Ciudadanía, Familia y Trabajo; Gener@ndo Equidad y Libertad en Colectivo y Mujeres en Plural, más 14 personalidades.
Las firmantes especifican que de los 418 municipios que eligen de modo tradicional en Oaxaca, dos son gobernados ya por una mujer, para el 0,48 por ciento. En general, en la entidad hay 15 presidentas municipales, o sea, sólo 2,6 por ciento del total de esos cargos, lo que muestra la enorme brecha de desigualdad frente a una población donde 54 por ciento son mujeres y un millón 800.000 mayores de 20 años.
"Lo que toca ahora es un largo camino, el del derecho y la igualdad", dice Evic, quien pretende devolver algo al pueblo que le permitió ir a la escuela, y en el que ha sido instructora alfabetizadora, ayudante en asuntos jurídicos, impulsora de CIARENA y de las mujeres del pueblo, quienes están solas, a cargo de sus familias, porque sus maridos están en Estados Unidos.
Ese pueblo donde ella apenas estudió hasta el quinto de primaria, y del que salió un día, para volver en 2006, a trabajar.
Dice que ha tocado todas las puertas oficiales, todas las instancias, mientras a quien se hizo ganar por "mañas y malos caminos", ya el gobierno le dio los recursos. Sin embargo "anda a salto de mata porque el pueblo no lo quiere", sostiene. Lo que sigue, insiste, es que el tribunal decida, por eso los grupos que la apoyan, piden que decida en legalidad.
El gobierno estatal no ha querido intervenir. Lo grave es que puede haber violencia y "no sé si ese gobierno quiere más muertos en Oaxaca", se pregunta. Se refiere al gobierno presidido por Gabino Cué, quien llegó hace apenas un año al poder, por una coalición distinta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el viejo partido de Estado que en Oaxaca tuvo por decenas de años el poder completo.
Ahora quiere seguir controlando desde los pueblos. Nada más contrario a la democracia, dicen las feministas que firman el comunicado, muchas de ellas activistas por los derechos políticos de las mujeres y ex diputadas y funcionarias de la oposición.
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