“Gabinetitis” y sucesión presidencial

José Antonio Crespo

Desde que varios miembros del gabinete de Calderón han expresado su aspiración a ser candidato presidencial de su partido (PAN), las presiones sobre ellos para que renuncien a su cargo han arreciado. Desde luego, a ellos les conviene aguantar lo más posible en sus actuales cargos, donde logran notoriedad, que si hubieran renunciado para dedicarse a buscar la candidatura. Pero muchos ven el inconveniente de que desde su cargo actual tomen decisiones —o dejen de tomarlas— en función de su aspiración y no de las necesidades del país. Combinar sus legítimas aspiraciones presidenciales preservando un cargo de primera importancia puede redundar en perjuicio del país. Hace poco, Soledad Loaeza recordaba cómo Antonio Ortiz Mena, siendo a la vez secretario de Hacienda y aspirante presidencial, relegó una necesaria aunque impopular devaluación durante el gobierno de Adolfo López Mateos, pues ello lo hubiera inhabilitado como candidato oficial (que de cualquier manera no fue). También Luis Echeverría tomó la decisión de reprimir el movimiento estudiantil de 1968 para convencer al presidente Gustavo Díaz Ordaz de que él sería un buen sucesor en la Presidencia (Díaz Ordaz después se arrepintió, pero ese es otro tema, La Jornada, 9/jun/11).

Algunos pensamos que no conviene mezclar un puesto en el gabinete (ya sea federal o estatal) con la pretensión, por demás legítima, de ser candidato del partido a un cargo de elección. Por supuesto, los aspirantes insisten en que mientras estén en su puesto le dedican 120% de su tiempo y esfuerzo a cumplir con sus obligaciones, y sólo marginalmente hacen precampaña. Pero es inevitable pensar que al tomar sus decisiones como secretarios no contemplen el efecto que eso tendría en sus expectativas. Y por otro lado, sus interlocutores, rivales u opositores al partido gobernante saben que cuando acuerdan con el secretario de Hacienda (por decir), no lo están haciendo con el secretario, sino con un posible candidato. Por ejemplo, en un sondeo telefónico nacional, al preguntar qué buscaba Ernesto Cordero con un debate con Enrique Peña Nieto, 71% dijo que promover su candidatura; sólo 21% que como su función de secretario (Excélsior, 20/Jun/11). Esos interlocutores tienden a tomar decisiones a partir de la dinámica electoral más que de lo que el país necesita.

Quizá no sea casual la regla no escrita que tiene EU respecto de la sucesión presidencial: los candidatos no son secretarios de Estado, sino el vicepresidente, senadores o gobernadores. Pareciera que allá existe la sabiduría de aislar las pretensiones políticas de los miembros del gabinete para no contaminar su desempeño. Y no está por demás que los aspirantes al máximo cargo electoral pasen la prueba de las urnas, habiendo obtenido previamente un cargo de elección popular. Ese requisito existe hoy sólo en los estatutos del PRI, que quiso así limitar el acceso de los tecnócratas a la Presidencia. No por nada desde Díaz Ordaz los presidentes no habían tenido un cargo de elección popular previamente (Vicente Fox y Felipe Calderón sí pasaron por esa criba, aunque eso no sirvió de mucho).

Pero más importante me parece que se establezca un tiempo mínimo en el que los candidatos a cualquier cargo de elección popular tendrían que haber renunciado a su puesto dentro del gabinete, para no contaminar el desempeño de los secretarios en funciones, menos al finalizar el sexenio, cuando los problemas se acumulan y exacerban. Se podrá decir que eso limita los derechos políticos de esas personas, pero el requisito ya es vigente, pues la Constitución (Art. 82) exige que para aspirar a la Presidencia no se tenga cargo de gabinete —incluso a nivel de subsecretario— o gobernador seis meses antes de la elección correspondiente. Y nadie se queja de que se afecten los derechos políticos. Por eso, al morir Luis Donaldo Colosio las cartas salinistas como Pedro Aspe no pudieron sustituir al candidato asesinado. Fidel Velázquez no estuvo de acuerdo en modificar la Constitución, y no quedó más opción que Ernesto Zedillo (que había renunciado como secretario de Educación para ser coordinador de la campaña priísta). Ese mismo requisito se podría ampliar a, por ejemplo, año y medio, para evitar la contaminación electoral del desempeño gubernamental.

cres5501@hotmail.com
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Investigador del CIDE

María del Carmen Alanís

Comicios 2011: un factor de tranquilidad

Como resultado de las elecciones del 3 de julio, el país habrá de renovar tres gubernaturas, media centena de diputaciones locales por ambos principios y poco más de 100 ayuntamientos.

En México, hasta hace algunas décadas, estas ocasiones eran un factor de intranquilidad, pues la sociedad sabía que la lucha por el poder político podía desbordarse y generar conflictos, movilización y violencia. Por fortuna se optó por un cambio de gran calado, al crear instituciones democráticas robustas que, desde fines del siglo pasado, dan cauce a la competencia político-electoral. Por la solidez de su diseño y el rigor de su operación cotidiana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE) son, con frecuencia, utilizados como referentes internacionales de experiencias exitosas.

No obstante, las elecciones del 2006 recordaron al país la necesidad de mantener frescura y actualidad, tanto en la norma como en las organizaciones. Las fórmulas que habían funcionado bien por años podían perder niveles de desempeño institucional en situaciones límite si no se mantenían ajustadas y vigentes.

Esa nueva enseñanza fue aprendida y asumida con gran responsabilidad. Por poner algunos ejemplos, el Senado encontró perfiles de consenso al designar a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF; el Constituyente permanente inyectó importantes dosis de equidad al reformar la Carta Magna en 2007, y el Legislador reformó con éxito las leyes electorales, no sólo para hacer operables los nuevos principios, sino también para fortalecer las instituciones del sistema electoral mexicano.

El Tribunal Electoral asumió con entusiasmo los nuevos retos. Debía, por un lado, generar criterios interpretativos para las nuevas reglas del juego. Era menester, por el otro lado, modernizar su organización interna con velocidad, pues la nueva regulación y, sobre todo, el reclamo social, le demandaban ser más eficiente, más transparente y más cercano a los ciudadanos.

Esa repentina necesidad de interpretaciones jurisdiccionales es la que explica que hayan cobrado tanta notoriedad las decisiones del Tribunal en cuanto a las precampañas, los límites a la propaganda gubernamental en periodos de elecciones, la promoción personalizada de candidatos y la legitimación de los medios de comunicación como entes facultados para promover medios de impugnación en materia electoral.

Pero la centralidad que han adquirido la justicia electoral y el derecho, se pone de manifiesto, sobre todo, en el alto volumen de asuntos que se ponen a consideración del Tribunal Electoral. De noviembre de 2006 a la fecha, hemos resuelto casi 39 mil asuntos, es decir, aproximadamente dos tercios del total resuelto por el propio Tribunal a lo largo de toda su historia.

El Tribunal encontró novedosas fórmulas para ser más eficiente y acercarse más a los ciudadanos. Así, por ejemplo, se pusieron en operación Salas Regionales permanentes. Se implantaron, además, esquemas de notificaciones electrónicas y estrados electrónicos que permiten que —a través del internet— se dé acceso a la revisión de expedientes y se cumpla con formalidades procesales, sin la necesidad de desplazamientos para los actuarios y para los justiciables.

Pero todas estas acciones no son suficientes para mantener vigente la democracia si no cuenta con el respaldo de los ciudadanos. De ahí que los magistrados del Tribunal impulsan programas televisados, foros públicos de discusión y publicaciones de divulgación, en que se dan a conocer las razones que subyacen a las principales sentencias emitidas, así como el análisis crítico que expertos ajenos al Tribunal pudieran emitir. Con ello, el proceso jurisdiccional se ha vuelto más conocido.

Las elecciones del próximo domingo son una prueba más de las muchas que han tenido las instituciones electorales del país después de las elecciones de 2006. El esfuerzo ha valido la pena. Los procesos locales y federales que se han llevado a cabo a lo largo de toda la geografía nacional se han conseguido sin quebrantos políticos. Todas las elecciones se han llevado a cabo y las personas electas han asumido sus cargos, una vez finalizada la ruta impugnativa. Las instituciones democráticas del país son, por ello, fuente de confianza para la vida política del país.

alanisfigueroam@te.gob.mxP

presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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