Convocan a vigilar congresos para anular penalización de aborto

Experta descarta avance de contrarreforma a nivel federal

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 29 jun 11 (CIMAC).- Con todo y que 17 estados del país protegen la vida desde la concepción y criminalizan el aborto, y que están pendientes cinco iniciativas con el mismo fin en otras entidades, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser modificada en automático.

Lo anterior lo afirmó Elsa Ancona Sánchez, abogada y consultora independiente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, quien en entrevista con Cimacnoticias aclaró que el avance de esas reformas que contravienen los Derechos Humanos (DH) de las mujeres no implica que la Constitución sea modificada de inmediato en ese mismo sentido, ya que primero debe pasar un proceso legislativo “largo y complicado”.

De 2008 a 2011 se han realizado 17 reformas constitucionales, apoyadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y la jerarquía católica, las cuales protegen la vida desde la concepción-fecundación en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

Actualmente cinco iniciativas similares están pendientes en comisiones de los congresos de Aguascalientes, Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala.

Cabe recordar que una eventual propuesta de reforma federal que criminalice a todas las mexicanas por interrumpir su embarazo, requiere necesariamente de una modificación constitucional.

En ese sentido, Elsa Ancona precisó que una reforma a la Constitución requiere del aval de las dos terceras partes de las y los diputados federales y de la mayoría de las Legislaturas locales.

La abogada planteó un escenario hipotético: si un legislador o legisladora –posiblemente del PAN– presentara una iniciativa para modificar la Constitución con el fin “proteger la vida desde la concepción”, el proyecto se turnaría a las comisiones de Puntos Constitucionales, Equidad de Género y de Salud. Éstas tendrían que desechar la propuesta o elaborar un dictamen y llevarlo ante el pleno.

Ancona Sánchez explicó que de llegar al pleno, la iniciativa requiere de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los presentes para ser aprobada, al igual que el pleno del Senado.

Asimismo, la mayoría de las Legislaturas locales tendría que votarla a favor para que proceda la reforma a la Constitución federal.

“Aquí es donde hay confusión, ya que se piensa que con las 17 reformas ya se tiene una mayoría de Legislaturas locales, sin embargo tenemos que recordar que la conformación de los congresos cambian y no por que en años anteriores hayan aprobado alguna reforma signifique necesariamente que si se lleva a nivel federal tengan que votar a favor de ella”, detalló la experta.

Es decir, abundó, una reforma puede ser llevada a la Constitución federal aunque no esté en ninguna legislación estatal, pero que haya reformas a las constituciones locales en todas las legislaciones estatales no se traduce automáticamente en una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Las cosas no son en automático. Hay que seguir el proceso legislativo y en el caso de la Constitución hay un procedimiento mas complejo que una modificación común, a lo que se suma que no todos los procesos legislativos son sencillos ya que intervienen diversos actores”, agregó la abogada, quien tiene amplia trayectoria en la defensoría de los DH de las mujeres desde las organizaciones de la sociedad civil y el ámbito legislativo.

Ancona Sánchez indicó que tras las elecciones en diferentes estados de la República y las que están por venir, el panorama en los congresos es que no tienen la misma conformación que cuando votaron las iniciativas para penalizar el aborto, por lo que es probable que las y los legisladores locales ya no piensen igual que sus predecesores.

Las organizaciones a favor de los derechos de las mujeres tenemos que ver las nuevas conformaciones de los congresos, ya que “lamentablemente” en materia electoral es muy común que se quiera negociar con esos derechos, por lo que podemos decir que “la puerta está abierta” para que surjan más iniciativas penalizadoras o se detengan, observó la consultora.