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2/21/2012

Luis Javier, el indignado



Porfirio Muñoz Ledo

Fue Luis Javier Garrido un personaje singular, marcado por una biografía colectiva pero diferente de sus contemporáneos por la seriedad de su talante y la constancia implacable del pensamiento crítico. Hijo del rector a quien correspondió el difícil mantenimiento de la autonomía política e intelectual de la Universidad -en equilibrio con el gobierno de Miguel Alemán- tanto como el proceso de construcción de la Ciudad Universitaria.

Conocí la obra antes que al autor, aunque -menor que yo- él me recordaba desde los días en que era alumno de primaria en el Instituto México. Llegó a mis manos su libro clásico sobre la revolución institucionalizada, pieza maestra para el conocimiento del sistema político mexicano, que era el centro de mi trabajo académico. Poco después los traté en el ámbito cordial de alumnos, materias y preocupaciones compartidas. Eran los días del movimiento estudiantil de 1968 y de la creación de la Corriente Democrática
Nuestra relación fue sobre todo indirecta y sólo con los años devino en un vínculo sólido, entrañable y señaladamente respetuoso. Me sorprendió en un principio su carácter, en apariencia introvertido y distante, hasta que descubrí detrás de los lentes de búho – símbolo de jurisprudencia- un ser humano jovial y refinado, exigente, directo y extremadamente cortés. Nunca lo sedujo el poder ni se dejó someter por él.
Por aquel tiempo vino a México nuestro común director de estudios, Maurice Duverger, quien nos invitó a almorzar y nos explicó las razones por las que indujo a sus discípulos a investigar las instituciones de sus propios países. No solamente para llenar vacíos bibliográficos, sino para convertirlos en agentes del cambio democrático y social en sus contextos nacionales; lo que creo se cumplió en ambos casos por distintas vías.
Garrido es precursor de la generación de los indignados, desde el señorío de la cátedra, la lucidez del pensamiento y la actitud contestataria. Ninguna de las protestas contra el autoritarismo y la injusticia le fue ajena: el movimiento estudiantil de 1968, la revuelta zapatista, la huelga universitaria del 2000 -en la que jugó un papel central- los fraudes electorales de 1988 y del 2006, la batalla por el petróleo, el movimiento de regeneración nacional y el clamor contra una estrategia de seguridad altamente nociva para la integridad del país.
Sus escritos más recientes no dejan lugar a dudas sobre su interpretación de los acontecimientos mexicanos de las últimas tres décadas. Más allá de la anécdota y de las formas y momentos en que se manifestaron todos ellos son parte de los estragos causados en nuestro país por la implantación del ciclo neoliberal. La tragedia es que la subordinación se ha consolidado, mientras que las corrientes transformadoras han sido derrotadas, marginadas o absorbidas. Estamos por ello en espera de la batalla definitiva.

Crítico feroz de los últimos cinco sexenios insistió en considerar la administración de Calderón como un “gobierno de facto” y a nuestra organización política como un “narcoestado”. El significado último del 2006 -según Garrido- es el de un apoyo norteamericano condicionado a la entrega de las decisiones políticas y los recursos básicos del país. Un vaciamiento de soberanía como consecuencia del fraude electoral.

A partir de esa lógica, aseguraba Luis Javier, la “guerra” contra el narcotráfico no es sino un instrumento de dominación que busca el apoderamiento de los recursos estratégicos del país y el control desde el exterior del territorio nacional. Afirmaba que el “pacto de sumisión militar” ha vuelto nugatoria la vigencia del régimen constitucional y abogaba por una reconstrucción cabal de las instituciones mediante la instauración de una democracia participativa y militante.

La cercanía de Luis Javier con la juventud y su devoción por las palabras reflejaban su pasión por las ideas y la compulsión de sembrarlas para generar desde la inteligencia un cambio radical de nuestra vida pública. Que así sea.

2/03/2012

Business are business




Luis Javier Garrido

I
n memoriam, reproducimos el presente artículo de nuestro compañero y maestro Luis Javier Garrido –fallecido el pasado miércoles–, publicado en este espacio el 27 de enero del año en curso

La llamada guerra contra el narcotráfico es, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.

1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de guerra contra las drogas, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de una emergencia nacional para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.

2. La noción de guerra contra las drogas encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha guerra al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.

3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar ayuda a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado legal ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios legales.

4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza de dimensión nacional, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la guerra contra el narcotráfico. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.

5. La guerra contra las drogas de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.

6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete de ayuda de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.

7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a empresarios mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.

8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto de guerra contra las drogas por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.

9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.

10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama ¡Ya basta! debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.

1/27/2012

Business are business

Luis Javier Garrido
La llamada guerra contra el narcotráfico es, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.

1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de guerra contra las drogas, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de una emergencia nacional para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.

2. La noción de guerra contra las drogas encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha guerra al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.

3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar ayuda a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado legal ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios legales.

4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza de dimensión nacional, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la guerra contra el narcotráfico. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.

5. La guerra contra las drogas de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.

6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete de ayuda de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.

7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a empresarios mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.

8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto de guerra contra las drogas por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.

9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.

10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama ¡Ya basta! debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.

1/13/2012

El discurso




Luis Javier Garrido

El 2012 se abre con decenas de ejecuciones diarias en el contexto de la guerra de Calderón contra el narco y los enredos del think tank de Los Pinos por acercar sus cifras de muertos a la realidad, pero también con la constatación de que México ha sido un laboratorio de lo que van a ser las guerras de Estados Unidos en el futuro.

1. El gobierno estadunidense ha dado a conocer hace unos días que ha modificado de manera radical su estrategia de dominación imperial, llamada eufemísticamente de seguridad nacional, tras la experiencia de las guerras de Afganistán e Irak, los conflictos del nuevo siglo y sin duda de manera muy singular el caso de México, pero nadie parece darse cuenta de lo que está aconteciendo. El presidente Barack Obama, en un discurso memorable pronunciado el jueves 5 en el salón de prensa del Pentágono en Arlington (Virginia), anunció el nuevo modelo (El País, 6 de enero) y no ha habido más respuesta que el silencio.

2. Los aspirantes republicanos a la Casa Blanca han coincidido en exigir de manera sorprendente que se termine ya con las guerras de Estados Unidos y la muerte de militares de su país, y la respuesta de Obama ha sido adelantar el proyecto trabajado durante varios años para que Estados Unidos libre sus guerras con el más bajo costo posible y con mayor efectividad.

3. El anuncio del presidente de Estados Unidos supone un ejército reducido y flexible, sustentado en la tecnología y acciones en el ciberespacio, con aviones sin tripulación, una robótica militar de combate, y menos fuerzas convencionales terrestres, que quede limitado a acciones relámpago con comandos especiales y bombardeos selectivos, que potencie el espionaje y cuyas prioridades de acción sean Asia y América Latina, sobre la base –como se ha buscado en el caso de México, que aparece ya como un ensayo de esta parafernalia– de que si bien Estados Unidos va a mantener su superioridad militar, esta responsabilidad no debe ser exclusivamente suya.

4. Estados Unidos, reafirmó Obama en su discurso, va a mantener su superioridad militar para garantizar la seguridad mundial y enfrentar los nuevos peligros que amenazan al mundo (que no precisó cuáles son), agudizados, dijo, por la crisis económica, y ahí ya se entiende que es tanto por la decisión de muchos gobiernos de proteger sus recursos estratégicos ante la avidez de las trasnacionales como por la inconformidad social de muchos pueblos por la aplicación del modelo neoliberal. Pero esta responsabilidad, insistió Obama, no debe ser exclusiva de Estados Unidos –y aquí aparece un punto central de la nueva estrategia–, sino se entiende que ha de ser también de los países subordinados a Washington, como los integrantes de la OTAN, que ya actuaron lo mismo en Irak y en Afganistán que en Libia. O, peor aún, como en el caso de México, donde la Marina y el Ejército, gracias al gobierno panista de Felipe Calderón, han librado una guerra y matado a miles de mexicanos para defender los intereses de Estados Unidos.

5. La guerra actual de Estados Unidos en México, supuestamente contra los cárteles, para proteger su seguridad nacional (pero en realidad para reordenar el mercado de las drogas y crear las condiciones para que Washington pueda apoderarse plenamente de los recursos de la nación mexicana) es también la guerra de Calderón por generar un clima de amedrentamiento para poder desmantelar el Estado de bienestar, entregar las riquezas del país y prevalecer otros seis años. De ahí la entrega del control de territorio a Washington, cuyos drones –o aviones sin tripulación– trazan el mapa del territorio nacional sin freno alguno y cuyas agencias han subordinado a las fuerzas armadas locales.

6. Las acciones relámpago, con comandos especiales y bombardeos selectivos, son las que en múltiples ocasiones voceros del Congreso estadunidense han avistado para atrapar al Chapo Guzmán o a alguno de los capos mexicanos (como en el caso de Osama Bin Laden), pero también, como veladamente se ha dicho, para enfrentar a algún movimiento social. De ahí la responsabilidad política y penal de Calderón al haber permitido este escenario en México, la que comparte no nada más con la titular de Relaciones Exteriores –por mucho que haya sido una figura decorativa– y con quienes lo han ayudado a instrumentar el esquema que se le impuso en 2006 para ayudarlo a salir del desastre del fraude electoral: lo mismo el embajador Arturo Sarukhán en Washington que su asesor en Los Pinos, Rafael Fernández de Castro, o los senadores que lo han avalado.

7. La mayor parte de los analistas que se han referido al discurso de Obama en Arlington han soslayado el tema de la nueva estrategia, lo que no va a emerger sino con el tiempo, y han creído ver atrás de la decisión sólo un problema presupuestario al abrirse la vía a un ejército más pequeño; pero ya desde ese día el secretario de la Defensa, Leon Panetta, recalcó que esta reforma obedece a la necesidad del Pentágono de adaptarse a los nuevos peligros que hoy amenazan al mundo, y que no está determinada por la crisis económica de Estados Unidos. Pero si el Pentágono tuviese que recortar sus gastos (lo que muy difícilmente va a acontecer), estarían preparados. El presupuesto militar de Estados Unidos para 2012, hay que recordarlo, aun contando con menos fuerzas convencionales terrestres, es de 662 mil millones de dólares, similar al de los años de Bush.

8. La cereza en el pastel del nuevo esquema estadunidense sería, por otro lado, que Washington se arrogara la facultad de decidir a quiénes designar como responsables de las fuerzas armadas en los países que se le han subordinado, y México no está lejos de ese peligro. En un reciente artículo, Javier Ibarrola señalaba en Milenio Diario del 11 de enero que ante la que llama baja calidad de los candidatos a la Presidencia de la República, de las propias fuerzas armadas han surgido los nombres de cuatro generales, que él menciona, para que de ahí salga quien comande en el sexenio próximo a cerca de 300 mil elementos.

9. En todo este escenario sobre la nueva estrategia imperial de Estados Unidos, mistificada como de seguridad nacional, llama la atención que al lado de Asia, donde por razones geopolíticas Washington busca consolidar sus enclaves en función sobre todo del petróleo (Irán) y de la economía para intentar frenar a China (Corea del Norte), tanto Obama como Panetta hayan insistido tanto en América Latina donde, según amenazó el secretario de la Defensa, sin dar una sola razón para ello, continuaremos de forma innovadora nuestra presencia. Con lo que México ha sido para ellos, gracias al entreguismo de Calderón, un ensayo innovador y exitoso.

10. Los mexicanos cada vez más numerosos que denuncian el escenario siniestro de una guerra que le fue impuesta a México, clamando ¡Ya basta! en este año electoral, se están dirigiendo por lo tanto no nada más a Felipe Calderón, al gobierno del PAN y a una clase política corrupta, sino a Washington y a los grandes poderes financieros que han hecho de nuestro país un laboratorio de la destrucción y el terror.

1/06/2012

La estela




Luis Javier Garrido

Las elecciones de 2012 en Estados Unidos, sea quien sea el triunfador el 6 de noviembre, no cambiarán en nada las políticas de Washington hacia México, como algunos analistas suponen, ni en materia de migración ni en lo relativo a la guerra contra el narcotráfico que nos han impuesto con la connivencia de los panistas, por lo que la vía para detener el proceso de degradación se halla en manos de los mexicanos.

1. 2012, año de elecciones en Estados Unidos y en México, se inicia con la información de que en 2011 la guerra de Calderón dejó más de 12 mil muertos y la deportación de más de 400 mil indocumentados, y el mayor desencuentro entre los pueblos de ambos países. De ahí que ante la inauguración en Chapultepec del adefesio arquitectónico denominado Estela de Luz, muchos sugieren se le llame el Monumento a la Corrupción, aunque otros proponen que sea bautizado como Memorial de los Crímenes de la guerra de Calderón.

2. Las elecciones estadunidenses que enfrentarán al demócrata Barack Obama probablemente con el ex gobernador de Massachusetts, el republicano Mitt Romney, no definirán ningún cambio de política, no sólo porque entre republicanos y demócratas no hay ya mayores diferencias, sino porque el presidente de Estados Unidos no tiene las facultades inmensas que le atribuyen algunos estudiosos. Lo confirma un Obama incapaz de hacer siquiera cambios cosméticos a la línea ultraderechista que le están marcando.

3. El gran sociólogo C. Wright Mills lo explicaba en 1956 en La élite del poder, donde sostenía que la clave estructural de esa élite reside tanto en el sector económico como en el militar y en el político, y siguiendo su análisis se confirma más de medio siglo después que esos tres círculos de poder –el del capital financiero, el de los militares del Pentágono y el de la clase política de Washington– tienen intereses propios para mantener a México en el estado de caos que han generado por la complicidad y venalidad del gobierno del PAN, y eso rebasa a los aspirantes a ocupar la Casa Blanca.

4. El balance de David Brooks (La Jornada, 4/1/12) sobre la precampaña republicana constataba lo que no puede sorprender: los aspirantes a la Casa Blanca –en particular Newt Gringrich, Rick Perry, Ron Paul y ahora Rick Santorum– coinciden en su posición antimigrante y a favor de sellar la frontera, por lo que, como buenos neoliberales, al manifestarse contra el Estado de bienestar y preconizar que el libre mercado es la solución para todo coinciden con los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton en su designio de desmantelar la nación mexicana en función de los intereses estratégicos estadunidenses, que son tanto los de Wall Street y el gran capital como los del Pentágono y la hegemonía militar para hacerlos valer.

5. El narcotráfico es el gran tema ausente de la campaña presidencial en Estados Unidos, como lo ha sido de la literatura académica en las grandes universidades estadunidenses, cuyos investigadores se deleitan en hablar de los capos mexicanos, pero ignoran la realidad de su país. Todo mundo sabe cuál es el acuerdo tácito entre las élites del poder estadunidense y los cárteles luego del fracaso de la experiencia de la Prohibición, pero de esto sólo se habla veladamente en el cine y la literatura. La connivencia de los círculos de poder financiero, militar y político con las organizaciones mafiosas, que ya era plena en los años 60, no se quiere reconocer abiertamente, y si algunos miembros de la élite que pretende tener la conducción del aparato de poder (pero que no es autónoma, sino dependiente) no aceptan ese entendimiento, como fue el caso de los Kennedy, se les hace a un lado.

6. El narcotráfico es un negocio oficial y un asunto de Estado, pero no debe decirse. El país que es el principal consumidor de drogas en el mundo resulta que no tiene organizaciones de narcotraficantes y que, según la pueril explicación del Departamento de Estado en estos años de Obama (que han hecho suya los republicanos), son los cárteles mexicanos los responsables hasta del narcomenudeo en las ciudades de Estados Unidos. Como aconteció en las décadas de los 30 y los 40 del siglo XIX, México y los mexicanos son la expresión del mal y hay que combatirlos.

7. Obama puede ser considerado el presidente estadunidense que más daño ha hecho a México desde Andrew Jackson (1829-1837), quien fraguó la independencia de Texas y sentó las bases para su anexión a Estados Unidos y para la guerra contra México que cercenó más de la mitad del territorio mexicano (1846-1848), porque así como aquél tuvo cómplices de este lado de la frontera. Calderón, los panistas y los conservadores son los equivalentes de Santa-Anna, los santanistas y los conservadores del XIX: no entienden lo que son los derechos de los mexicanos, carecen de una visión de la nación, no saben cuáles son las funciones del Estado nacional y el pueblo de México no les importa.

8. La “guerra contra el narco” que Calderón pretende suya, aunque se la hayan impuesto, ha llevado a una entrega descarada del petróleo y de los recursos básicos a las trasnacionales, a un control de las agencias de Wa-shington sobre instancias del Estado mexicano, al desmantelamiento de la nación y a un empobrecimiento del pueblo, pero también a un mejor control por Estados Unidos del narcotráfico internacional, a reordenar el mercado y a asegurar lo que llaman su seguridad nacional. Para eso han servido las políticas de violación sistemática de los derechos de los mexicanos durante cinco años y más de 50 mil muertes: un saldo que ningún gobernante mexicano ha tenido desde el santanismo y que quiere proseguir con una imposición.

9. La campaña presidencial de México en 2012 sí es, a diferencia de la estadunidense, un momento clave para redefinir al país y decidir si queremos ser una nación dueña de su destino o abismarnos hacia un protectorado: si queremos ser un país regido por leyes o las normas no escritas del mercado. Los tres tristes aspirantes a la investidura presidencial del blanquiazul no son moralmente viables para México, pues los tres –Creel, Cordero y Vázquez Mota– proponen el continuismo de los crímenes de Estado, del horror y del entreguismo, como sintetizaba Ernesto Cordero, precandidato oficial, cuando en su primera conferencia de 2012 clamaba que sería peligrosa la marcha atrás en “la narcolucha” (Milenio Diario, 3/1/12). Como no lo es tampoco el abanderado priísta Enrique Peña Nieto, cuyo partido ha avalado todas las tropelías de Calderón contra la nación y no propone sino más de lo mismo. O como no lo son los chuchos perredistas o el mismísimo Marcelo Ebrard, que al alinearse con Calderón, pretendiendo hacer méritos con Washington, le dieron la espalda a la nación.

10. El pueblo mexicano está diciendo a la élite del poder de México que ¡Ya basta!, y si ese clamor no lo entienden sus integrantes en este 2012, tendrán la responsabilidad de haber llevado al país a un abismo de profundidad desconocida.

12/16/2011

El irresponsable



Luis Javier Garrido

La multiplicación de las acusaciones y señalamientos al gobierno panista por los crímenes de Estado cometidos en los pasados cinco años ha cogido desprevenido a Felipe Calderón al iniciar su último año de gobierno, y no parece acertar a otra cosa más que a asumir una actitud defensiva para invocar su irresponsabilidad por lo acontecido, arrojar a otros las culpas, manifestar su desconocimiento sobre muchos de los aspectos de su “guerra contra el narco” y clamar una y otra vez que él es el representante de las fuerzas del bien que luchan contra el mal.

1. El inicio del último año del sexenio de un gobernante mexicano ha estado marcado siempre por su pérdida de poder político y por la emergencia del descontento popular acumulado durante cinco años, y el de Calderón no está siendo la excepción, pues a pesar del clima de amedrentamiento en el que sustentó su gestión, los actos represivos que caracterizaron su administración –que no tienen precedente en la historia moderna de México–, a pesar de haber sido presentados mentirosamente a la opinión nacional, empiezan a ser hoy objeto de investigaciones independientes y de una condena sin concesiones.

2. Los bárbaros actos de exterminio que horrorizaron durante cinco años a los mexicanos, y que el gobierno panista con cínico desparpajo atribuyó siempre al crimen organizado, es decir a los cárteles del narcotráfico, está siendo hoy reconocido que son también imputables al gobierno federal.

3. La pretensión de desconocer muchos aspectos de lo que está aconteciendo durante la llamada “guerra contra el narco” no exonera desde luego de sus responsabilidades políticas y penales a Calderón, sino que por el contrario brinda nuevas evidencias sobre su papel al aceptar que la conducción de las operaciones policiaco-militares que se llevan a cabo en territorio mexicano estuviera a cargo de agencias estadunidenses que evidentemente no le informarían de sus acciones, por lo que el escenario para hacer a México el objetivo de una intervención sigue avanzando. Un pánel de la Cámara de Representantes aprobó ayer un plan de contrainsurgencia para México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas: lo que han estado fraguando desde hace meses los halcones de Washington con la complicidad de Calderón y los panistas. La cesión de facultades constitucionales a un poder extranjero no es nada más por lo mismo un acto de irresponsabilidad, sino también de traición a la patria.

4. Las preguntas que se pueden hacer sobre las consecuencias de esta guerra evidencian que no se puede eximir de responsabilidad por lo anterior al titular de facto del Ejecutivo ni a los funcionarios federales. ¿Quiénes han sido los autores de los homicidios, secuestros e innumerables matanzas de los últimos años? ¿Las fuerzas del mal, como pretende demagógicamente Calderón, y lo repiten los medios, o cuerpos de la Marina Nacional o del Ejército? ¿O los paramilitares oficiales creados por el gobierno calderonista conforme al modelo colombiano, en el marco de la Iniciativa Mérida y siguiendo las directrices estadunidenses?

5. Entre el dilema de aceptar la complicidad por actos criminales de Estado o invocar una ignorancia sobre lo que está aconteciendo en el escenario de violencia generado por su gobierno, Calderón está ahora optando por esto último, lo que no lo exime desde luego de nada. La declaración hecha en Washington por Alejandra Sota (vocera de Los Pinos) el domingo 11, en el sentido de que el gobierno calderonista desconocía que la DEA lavaba dinero en México, como lo informó The New York Times días atrás, no hace más que evidenciar más a un gobierno al margen de las decisiones fundamentales que alguien está tomando en la “guerra contra el narco”.

6. La minimización de la gravedad de los hechos por parte de Calderón no parece ser tampoco una salida airosa ante la acusación que se le formuló a él y a su gabinete de seguridad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) por los delitos de lesa humanidad que presuntamente han cometido durante su guerra contra el crimen organizado, denuncia que lo puso tan desasosegado que está cambiando su versión sobre lo que pasa. Los medios quedaron sorprendidos de que en sus intervenciones cotidianas, los días 8 y 9 de diciembre, como anunciando que en ese argumento basaría su defensa de ser procesado por algún tribunal internacional, reconoció fallas en su estrategia y culpó al Ejército de violaciones a los derechos humanos, aunque pretendiendo minimizarlas (como si esto fuera posible) y reducirlas a casos esporádicos: pues son la excepción, dijo, y no la regla (La Jornada, 9 de diciembre).

7. La decisión de arrojar a otros la responsabilidad por los actos del gobierno federal no es tampoco nueva y no extrañan por eso los dimes y diretes que se han producido luego del homicidio el 12 de diciembre de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) en la Autopista del Sol al pretender desalojarlos, pues de acuerdo con la versión de ellos mismos estuvieron sometidos al fuego cruzado de la Policía Federal y de los cuerpos policiacos estatales. El gobierno calderonista busca sin embargo sacar raja del crimen, y pretende a la vez autoexonerarse y apoderarse del gobierno guerrerense si logra defenestrar al gobernador Ángel Aguirre, cuando lo cierto es que son tan culpables éste como los funcionarios federales, que tenían una doble responsabilidad del operativo: por producirse en una carretera federal y por el hecho de que en el convenio de Guerrero Seguro, suscrito en octubre, el control de la seguridad estatal quedó a cargo del gobierno federal.

8. El crimen de la Autopista del Sol ha suscitado una indignación nacional inesperada no nada más por haberse asesinado a sangre fría a dos jóvenes estudiantes, sino porque los videos con los que ambas partes buscan culpar a la otra no hacen más que evidenciar que el gobierno federal y el estatal se comportaron de la misma manera, y que el poder que gobierna a México tiene una naturaleza criminal. La muerte de los estudiantes guerrerenses pone en la reflexión nacional a los cientos de miles de muertos en este sexenio que son imputables a las fuerzas del Estado, porque el crimen organizado se halla también en el poder público.

9. El ministro en retiro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, con gran valor civil señaló en días pasados durante una entrevista en La Jornada (11 de diciembre) lo que todo mundo empieza a conocer pero que pocos se atreven a decir: que el negocio del narco pasa por los intereses del gobierno. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien está protegido por Washington (y por Calderón) es parte de un equipo, dijo Castro y Castro, ligado a los cárteles.

10. El gobierno de facto, de acuerdo con múltiples evidencias, está involucrado a todas luces con el negocio del narcotráfico y es un actor fundamental en las represiones y crímenes de estos años, por eso no es suficiente el ¡Ya basta!, sino que urgen acciones ciudadanas más decididas.

12/09/2011

El encubridor




Luis Javier Garrido
El gobierno de Felipe Calderón y los panistas se han desbocado al iniciar su último año de gobierno al acusar a sus opositores de formar parte del crimen organizado, pero evidencias de todo tipo parecen mostrar que en realidad éste ha gobernado durante cinco años al país.

1. La injerencia de lo que los panistas llaman el crimen organizado en las elecciones se hizo patente desde 1988 cuando se señaló al cártel de Medellín de haber intervenido en apoyo de Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces lo mismo a candidatos del PAN que del PRI se les ha asignado vínculos con los cárteles. Así fue como de manera muy reiterada se señaló tanto en la campaña de Vicente Fox en el 2000 como en la de Felipe Calderón en el 2006 que habían recibido abundantes recursos del narcotráfico, sin que jamás se investigase nada.

2. El argumento esgrimido por Ernesto Zedillo en 1996 en el sentido de que el macrofinanciamiento de los partidos tenía como propósito impedir que el dinero sucio llegase a éstos, habría resultado de esta manera una falacia. El dinero del narcotráfico se halla en las instancias financieras, burocráticas y de seguridad del Estado, como también en las del Pentágono, las de la DEA y las de otras agencias del gobierno estadunidense, supuestamente dedicadas a combatirlo, y según múltiples analistas llegó hasta la Casa Blanca en los años de George Bush padre, por lo que no habría por qué suponer que no interviene en el caso de algunos candidatos a cargos de elección.

3. La tesis a la vez pueril y perversa que Felipe Calderón ha estado manejando desde que fracasara en su intento de imponer con procederes ilegales a su hermana Cocoa como gobernadora de Michoacán, en el sentido de que fue derrotada por la intervención del narco, aunque sin presentar pruebas de su dicho, como la campaña que ha empezado a orquestar en vistas al 2012 pretendiendo que él y los panistas luchan contra el crimen organizado y el PRI está aliado a éste, configura no sólo una serie de acciones delictivas que podrían llevarlo al desafuero, pues envilece de manera muy grave el proceso electoral, sino un acto de bajeza política. Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial del PRI, tiene razón al menos en ese punto al señalar el miércoles 7 que es preocupante su actitud de descalificación. Con su activismo en estas semanas, no como jefe de Estado (papel que Calderón nunca entendió) sino como jefe de partido o de facción, lo único que el gobernante espurio ha logrado es derruir a las instituciones y hacerle un gran daño al país.

4. La historia reciente no ayuda empero a Calderón, pues su “guerra contra el narco” ha tenido como objetivo hundir a México en la violencia a fin de propiciar que Washington se apodere de espacios estratégicos del país y reordene el negocio en su beneficio (y en el de los grupos que protege en México), como lo está haciendo en Afganistán. Las evidencias múltiples de que ambos gobiernos estuvieron de acuerdo desde 2008 en la introducción clandestina de armas a México destinadas a los paramilitares y a los cárteles aliados a ellos (aunque después simularan amnesia) se han visto confirmadas con la información sobre el lavado de dinero que el domingo 4 publicó The New York Times, pues la nota de Ginger Thompson da cuenta de que la DEA ha lavado impunemente dinero en México en contubernio con el gobierno mexicano.

5. En el escándalo suscitado tras el incendio del casino Royale en agosto apareció también el vínculo del círculo íntimo de Calderón con las mafias que controlan los casinos en el país, pues el zar de éstos, Juan José Rojas Cardona, fue señalado por haber entregado dinero ilícito a la campaña de Calderón en 2006 (Proceso, 1818), y por estar armando una trama con los casineros a fin de que financien la campaña de Ernesto Cordero. Las notas publicadas en los meses recientes dan cuenta de cómo los panistas se fueron de bruces con el negocio de los casinos, legalizando a cientos de ellos desde que Santiago Creel estaba en Bucareli, con el fin de utilizar el dinero que el negocio les dejaba en sus campañas electorales, y cómo a pesar del incendio del Royale siguen adelante en su negocio.

6. El escandaloso caso de Monterrey, que con razón ha ido suscitando un amplio repudio a Calderón, no ha dejado de crecer. Calderón personalmente le exigió al CEN panista hace años que lograra que los diputados del PAN votaran la legalización de los casinos y ahora él es señalado por estar atrás de la exoneración del panista Fernando Larrazabal o Larry, presidente municipal de Monterrey y operador en el norte de la campaña de Cordero, evidenciado por Reforma de tener una trama criminal con su hermano Jonás, también puesto en libertad y declarado inocente, no obstante los videos que muestran a este último recibiendo dinero en los casinos a cambio de la protección que les ofrecería el ayuntamiento.

7. Los inmensos negocios ilícitos en detrimento de la nación a los que se han entregado los panistas, y en particular Calderón y su grupo, han sido develados por múltiples reportajes, pero en uno de los más recientes que ha sido publicado, El cartel negro, de Ana Lilia Pérez (Grijalbo, 2011), aparece documentado cómo en la empresa de apoderarse de Pemex han estado asociados los panistas a una serie de grupos mafiosos, en particular desde que en 2004 Calderón fungiera como secretario de Energía y en 2007 Mouriño creara un entramado ilegal para enriquecerse con la privatización de la paraestatal, y cómo la corrupción oficial se justifica ideológicamente: abrir la vía a un mayor control de los recursos estratégicos por el capital trasnacional.

8. La naturaleza de las ejecuciones que se han producido en México en los últimos meses confirma por otro lado la vinculación del gobierno con otra vertiente del crimen organizado: la de los grupos armados ilegales, creados y protegidos por las autoridades. La multiplicación de los homicidios no aclarados de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos por grupos paramilitares oficiales es un lugar común en América Latina, pues todos los involucrados en estos esquemas del crimen buscan impedir a toda costa que se conozcan los vínculos entre el poder político y los sicarios del gobierno, y México no es la excepción. Un buen número de las ejecuciones y matanzas que han acaecido en los años del calderonismo han sido atribuidas a las autoridades y no a los cárteles, por la sencilla razón de que son aquéllas las interesadas en silenciar a quienes están presentando denuncias por múltiples atropellos, como acontece ahora con Trinidad de la Cruz, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

9. La denuncia presentada por miles de mexicanos ante la Corte Penal Internacional de La Haya el 25 de noviembre contra Calderón y su gabinete de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado, y a la que éste aludió en desasosiego durante su entrevista con Joaquín López Dóriga en Televisa los pasados días 6 y 7, abre por lo mismo la posibilidad de que el país conozca mejor la verdad de lo que está aconteciendo.

10. El gobierno de facto está decidido a imponer a un panista en la silla presidencial, pero no se ha dado cuenta de que la exigencia de ¡Ya basta! va en serio, pues amplios sectores están decididos en México a hacer valer sus derechos.

12/02/2011

Las amenazas



Luis Javier Garrido

El último año del gobierno panista está marcado por la información de la Cepal de que sólo en México y en Honduras creció la pobreza en América Latina (La Jornada, 30 de noviembre) y el empecinamiento de quienes gobiernan en extremar el clima de violencia que cada vez más repudian los mexicanos.

1. La denuncia presentada el viernes 25 ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) contra Felipe Calderón y su gabinete de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado, con el respaldo de más de 23 mil firmas, constituye un hecho sin precedentes en la historia jurídica y política de México, pues jamás un gobernante en funciones había sido objeto de una acusación de esta dimensión, y sienta un nuevo precedente en la histórica lucha de los mexicanos en defensa de sus derechos fundamentales y contra la impunidad del presidencialismo.

2. Este acto de dignidad de este grupo de mexicanos dignos se da en un contexto de hartazgo nacional ante la violencia de Estado desatada con fines aviesos por Calderón y los panistas, no contra los cárteles sino contra el pueblo mismo, y la demagogia con la que la derecha en el poder busca engañar al pueblo y crear las condiciones para proseguir el saqueo del país, pero no es la única manifestación de inconformidad que se da a nivel internacional ante la complicidad de la Suprema Corte de Justicia con el gobierno del PAN, y su incapacidad para hacer valer la principal de sus funciones: velar por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración.

3. Las iniciativas para recurrir al derecho internacional a fin de detener la barbarie calderonista se están multiplicando, pues el 21 de octubre otro importante grupo de mexicanos respaldó la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), heredero del Tribunal Russell, para abrir un capítulo en México y juzgar a Calderón Hinojosa (La Jornada, 22 de octubre). Ya en marzo un ciudadano mexicano había presentado otra querella en La Haya contra él por crímenes de guerra y de lesa humanidad (aceptada entonces con más de 400 votos contra tres abstenciones). Y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el escritor Javier Sicilia, a pesar de haber sido objeto de todas las burlas de Los Pinos sigue buscando incidir en esta lucha, sobre todo ahora que otro de sus integrantes fue asesinado impunemente.

4. El escenario de la globalización neoliberal que se ha ido forjando como un candado de seguridad de los intereses de las multinacionales y de los crímenes de los gobernantes está así siendo utilizado en su contra, no obstante los esfuerzos espurios por coparlo, y aunque poco puede esperarse de éste, el precedente ahí queda. A pesar de que Calderón Hinojosa fracasó en octubre en su intento por colocar a Javier Laynez Potisek, un oscuro abogado empresarial, como juez de la CPI, al ser estimado éste como no calificado para el cargo (Proceso, 1827), Washington conserva un control casi absoluto sobre los tribunales internacionales.

5. Los fundamentos de la acusación a Calderón se hallan a la vista de todos, pues el gobierno de facto dio a las fuerzas armadas un papel ilegal como policías con autorización para violentar los derechos humanos, allanando domicilios, deteniendo a personas y, a pesar de que esto se niega, disparando sobre el pueblo, lo que ha generado un sinnúmero de crímenes; avaló la estrategia de Washington para crear grupos paramilitares e introducir ilegalmente armas a México destinadas a éstos y a ciertos cárteles a fin de exacerbar la violencia y la colombianización del país; permitió la presencia impune de agentes estadunidenses en territorio mexicano para dirigir a las fuerzas armadas; y administró, en suma, la violencia en un escenario en el que el crimen organizado está en todas partes y no se sabe quién genera los crímenes y las matanzas: si los cárteles que se pretende combatir, y que florecen como el negocio, o las fuerzas armadas y los paramilitares oficiales y sus cómplices en el sector político y financiero, que buscan reordenar el negocio en función de los intereses de Washington. De ahí que el escritor Fernando Vallejo, con gran valor civil, señalara el día 26 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que Calderón es un hombre indigno del puesto que ocupa.

6. La respuesta de Los Pinos a la denuncia ante La Haya en un comunicado emitido la noche del domingo 27, calificando como calumniadores a los signatarios de la misma y amenazando con proceder legalmente (lo que ya se sabe lo que significa en México) contra ellos y contra cualquier otro que cuestione su estrategia en foros e instancias internacionales o nacionales, ha merecido en consecuencia un repudio absoluto y lo menos que se ha hecho es calificarla de fascistoide, pues las amenazas gubernamentales son contra todos los mexicanos inconformes, que es la mayoría.

7. El inusitado respaldo a Calderón de Emilio Chuayffet (presidente de la Cámara de Diputados), señalando el día 28 en una rueda de prensa, a la que asistió en un estado de agitación incontrolado, que éste tiene derecho a defenderse frente a injurias no probadas, es en todo caso un desvergonzada exigencia a la impunidad de la clase política mexicana y de él mismo: una autodefensa, que mucho aclara lo que acontece. Como se recuerda, Chuayffet fue señalado cuando despachaba en Bucareli como principal responsable por la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, que conmovió al mundo, y acusado a nivel internacional por auspiciar la creación de paramilitares en Chiapas, lo que llevó a Zedillo a removerlo del cargo. El pez por la boca muere, y el precandidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto, olvidándose también que es un derecho inalienable de los mexicanos el acudir a un tribunal internacional, se opuso con énfasis al día siguiente a cualquier acción contra un presidente en turno, advirtiendo así que en el caso de llegar a Los Pinos querría mantener el estatuto de absoluta impunidad para la clase política y el Ejecutivo federal.

8. El asesinato del activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, integrante del MPPJD, el lunes 28 en el centro de Hermosillo, luego de que había denunciado y dado información a la PGR por la desaparición de varios jóvenes –entre ellos su hijo–, y solicitado la protección oficial, plantea empero de nuevo las mismas cuestiones: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno? ¿Y a quién interesa más se extreme el clima de violencia en el país: a Washington y a la actual cúpula en el poder, o a los narcotraficantes?

9. La nueva legislación, ya de corte abiertamente fascista, que los panistas buscan introducir estos días en la miscelánea penal, equiparando protestas a actos terroristas y criminalizando los actos de inconformidad ante las autoridades, para al mismo tiempo fortalecer el estatuto de impunidad para las fuerzas extranjeras que operan en México, denunciada por el senador Pablo Gómez (La Jornada, primero de diciembre), es una nueva señal de los riesgos que corre la nación.

10. El último año del gobierno de facto se inicia de esta manera con un número de mexicanos cada vez mayor que están dispuestos, con una intransigencia que conmueve, a hacer valer su exigencia de ¡Ya basta! a la cúpula de un poder económico y político empeñada en mantener a toda costa sus privilegios.

11/25/2011

El fallo



Luis Javier Garrido

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legitimando los ataques calumniosos de la revista Letras Libres contra La Jornada quebranta seriamente el orden constitucional de la República y contribuye a llevar al país a un escenario incierto en donde se pretende impere la ley de la selva, como lo quieren las fuerzas conservadoras del país.

1. La mayoría de los mexicanos reclaman un México en el que prevalezcan la sensatez y la legalidad por sobre la violencia material y mediática ilegal que ha sustentado al gobierno panista de Felipe Calderón, pero las fuerzas de la ultraderecha mexicana, a pesar de no tener sustento social, siguen empecinadas en mantener un clima de terror y amenazas y tensar más al país, única vía a su alcance para preservar el actual régimen de privilegios y en ese marco proseguir entregando las riquezas estratégicas de la nación y el control de nuestro territorio y del aparato estatal al exterior, y es muy preocupante por ello lo que acontece en el Poder Judicial.

2. El fallo de la primera sala de la SCJN pronunciado el miércoles 23 de noviembre, denegando por cuatro votos contra uno justicia al diario La Jornada en su reclamo presentado en 2004 ante las calumnias vertidas en su contra por Fernando García Ramírez, articulista de la revista Letras Libres, es de una enorme gravedad en la vida jurídica de México, pues violenta el orden constitucional, legitima la calumnia, envilece el debate público y termina por revertirse contra la propia Corte, que al evidenciarse como un simple instrumento del poder se hunde cada vez más en el descrédito.

3. La sentencia de los señores ministros lejos de rectificar las barbaridades del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, profesor de la Universidad Panamericana (que como se sabe es del Opus Dei), sólo corrige algunas de sus barbaridades, y conforme a la práctica de la Corte pasa al procedimiento del engrose, a fin de seguirla corrigiendo gramatical y jurídicamente para eliminarle algunos de sus juicios más obtusos antes de ser publicada, lo que acontecerá en unos cuatro meses. La aberrante tesis central, que ofende a la razón y el derecho, queda empero en firme y con ella el mensaje que el régimen busca enviar: se puede impunemente calumniar desde los medios, sobre todo si son de derecha y en particular en vista de las elecciones. El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia les estropeó a pesar de todo el número, pues disintiendo de sus cuatro colegas dejó establecido de manera nítida que el texto acusado sí buscó deliberadamente, y sin tener su autor prueba alguna, atacar el honor y la reputación del periódico y de su subdirector por el mero hecho de ser vasco.

4. No es esta desde luego la primera ocasión en que el más alto tribunal del país, que debería ser el garante de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, falla contra la razón y el derecho, evidenciando que ha involucionado del rango de dignidad que tuvo en el siglo XIX hasta llegar al triste papel de candado de seguridad del capitalismo neoliberal y de los intereses más conservadores, como se vio en dos fallos recientes. En junio de 2011 resolvió dejar vigentes los anticonstitucionales contratos integrales de Pemex con multinacionales españolas, argumentando que los cuatro presidentes municipales tabasqueños que habían presentado la controversia constitucional no tenían un interés legítimo, y en septiembre de 2011, luego de una abierta presión del Vaticano y del gobierno calderonista, se opuso a la despenalización del aborto establecida en las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí.

5. La Jornada inició este proceso demandando a los calumniadores, como si estuviésemos en Suiza o en Finlandia –donde hay una justicia autónoma– y no en México –donde a juicio de los expertos la casi totalidad de los ministros se hallan subordinados a Los Pinos–, con la convicción de que a pesar de la naturaleza del Poder Judicial de nuestro país, es una responsabilidad ética y cívica de todos los mexicanos el no dejar pasar este tipo de acciones delictivas por muy vinculados que estén sus autores al poder, en el que a muchos expertos pareció un acto quijotesco, pues como se sabe Juan Silva Meza (presidente de la SCJN) es nieto del abogado michoacano que cobijó a la familia Calderón cuando ésta vino a establecerse a la capital y el ministro ponente Zaldívar coincidió con Calderón durante sus estudios en la Escuela Libre de Derecho.

6. El fallo de los irresponsables ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que avalaron al ponente a pesar de reconocer que el calumniador no tenía prueba alguna de su dicho, no es a pesar de todo nada más otro yerro monumental de la Suprema Corte, como sostuvieron varios legisladores el mismo día 23, sino que al denegarle justicia a La Jornada y oponerse a su derecho a la reparación del daño, invocando para ello criterios neoliberales para terminar pisoteando la Constitución General de la República, impuso como norma de convivencia en México la ley de la selva, como lo estableció este diario en su histórico editorial del viernes 18.

7. El carácter político y no jurídico de esta decisión está contribuyendo a derruir el incipiente estado de derecho en el país, que muchos buscan en vano levantar mientras desde el poder se le dinamita, y por todo ello la responsabilidad histórica de los ministros es muy grave.

8. El modelo de someter al más alto tribunal del país al poderío de la derecha económica y política se fue delineando en Estados Unidos a lo largo del siglo XX y ese es el modelo que se delineó para México desde que en 1994 Ernesto Zedillo rediseñó a este tribunal (y a la justicia mexicana) para que sirviera a los intereses más conservadores, pero nunca como ahora se había llegado a niveles tan escandalosos. Si en el siglo XIX ilustres juristas integraron este tribunal, y a principios del siglo XX sólo lo formaban abogados respetables, hoy son oscuros señores (y señoras) licenciados, quienes están sirviendo a los poderes fácticos para demoler el orden constitucional.

9. Un elemento más de preocupación para los pueblos lo constituye el hecho de que junto con esta nueva legislación internacional que se busca imponer a través de pactos, acuerdos, tratados, convenios, planes o iniciativas, se hallan los tribunales supranacionales controlados por los poderes más oscuros del planeta. La Corte Internacional de Justicia o Tribunal de La Haya, como los otros tribunales penales creados ad hoc por iniciativa de Naciones Unidas o de la Unión Europea, son sólo instrumentos de Washington y de los poderes trasnacionales para procesar a sus opositores. La demanda de Proceso de tener acceso a las boletas electorales de 2006, denegada por la justicia mexicana, lo fue también, por ejemplo, por la justicia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la revista mexicana luego de que el gobierno mexicano infiltró a un comisionado afín a Calderón (Proceso 1828).

10. El fallo de la SCJN contra La Jornada no lo es por tanto sólo contra un diario y contra el derecho de los lectores a estar informados, sino contra el pueblo mexicano, cuyas garantías fundamentales le están siendo suprimidas por el poder de los grupos oligárquicos, por lo que el clamor de ¡Ya basta! va hoy no sólo contra el gobierno antinacional y entreguista sino contra esa Suprema Corte cuyos ministros indignos parecen empeñados en colaborar con él destruyendo la Constitución de 1917 y su legado histórico.

11/18/2011

La bruma



Luis Javier Garrido

¿Adónde va México, adonde el pueblo lo reclama para salir del proceso de degradación al que lo han llevado quienes gobiernan, o a proseguir hundido en el actual escenario de desastre?

1. El fin anticipado del sexenio de la ultraderecha panista está marcado por una serie de fracasos personales de Felipe Calderón, que lo sitúan ante la disyuntiva de

a) seguir gobernando, como ha hecho en estos cinco años –violentando los derechos de los mexicanos y haciendo trizas lo que queda de la institucionalidad–, o

b) rectificar y aceptar que los mexicanos no aceptan la imposición de nuevas contrarreformas ni las manipulaciones con las que las fuerzas de la derecha manchan desde ahora el proceso electoral y reclaman su derecho a decidir en 2012 el gobierno que quieren. Y los signos son en el sentido de que el grupo de Los Pinos va a seguir con sinrazón y por la fuerza tratando de imponer su voluntad.

2. El quinto año de la segunda administración panista termina en una debacle en todos los órdenes para Calderón, el PAN y el Yunque, que los medios buscan ocultar, y de la que no parecen conscientes. El miércoles 9, Human Rights Watch dio a conocer su Informe sobre México, condenando al gobierno por su violación sistemática a los derechos humanos con su “guerra contra el narco” y le demandó respetar la Constitución. El viernes 11, tras de que el titular de Gobernación, Francisco Blake, pereció trágicamente al desplomarse su helicóptero, el gobierno se enredó en explicaciones absurdas evidenciando desconocer el origen del siniestro y alentando especulaciones sobre un posible atentado. El domingo 13 quedó sellado el fracaso de Calderón en su tentativa de imponer por medios ilegales a su hermana Cocoa en la gubernatura de Michoacán. El martes 15 se hizo oficial que Andrés Manuel López Obrador será el candidato presidencial de las fuerzas progresistas en 2012, a pesar de la campaña oficial tratando de imponer a Marcelo Ebrard, candidato a modo para el poder. Y el miércoles 16, el tribunal electoral rechazó el dedazo impuesto por Calderón al PAN a fin de poder designar a una serie de candidatos blanquiazules en 2012.

3. La reacción de Los Pinos ante los acontecimientos es de absoluta irracionalidad, y Calderón se encargó el miércoles 16 de exigir al Congreso que le apruebe las contrarreformas de corte neoliberal que ofreció a las fuerzas trasnacionales y que buscan el desmantelamiento de la nación (entre ellas, la contrarreforma neoliberal y la aprobación de una Ley de asociaciones público-privadas) y amenazó con profundizar sus políticas de violencia militar en los meses que le restan, lo que ha abierto conjeturas incluyendo la posibilidad de que la ultraderecha en el poder violente el proceso de 2012.

4. La muerte de Blake Mora, cuyo helicóptero cayó en circunstancias inexplicables la mañana del día 11 cerca de Ayotzingo (estado de México), con varios de sus colaboradores, fue enfrentada desde Los Pinos al igual que la de su predecesor Juan Camilo Mouriño, tres años atrás, con una actitud defensiva, que mostró un gobierno apanicado de que se interpretase que el funcionario había sido ultimado en el contexto de la “guerra contra el narco” por una fuerza más poderosa que el gobierno, y si aquella se atribuyó en 2008 a una turbulencia, ésta se debió a una nubosidad inherente a la bruma permanente del lugar, sostuvo Dionisio Pérez Jácome Jr. (titular de Comunicaciones), en por lo menos cinco conferencias de prensa, lo que no aclara nada.

5. Un gobierno que no fue electo por los mexicanos y que ha actuado en la nubosidad de la ilegalidad a lo largo de cinco años, entregando el control del país a agencias estadunidenses, subastando recursos estratégicos a las multinacionales a las que se halla asociado, cancelando los derechos del pueblo al que ha amedrentado con las fuerzas armadas, fortaleciendo con recursos del Estado el poderío financiero y material del clero católico y enriqueciendo con negocios turbios a una mafia de allegados impunes, muy difícilmente podría actuar de otra manera en los meses que le quedan por los intereses que representa.

6. Las interpretaciones sobre lo que acontece se han multiplicado en estos años, y existe consenso creciente sobre el hecho de que al seguir instrucciones de Washington y desatar una violencia irracional para poder entregar el control del país a agencias estadunidenses y profundizar el modelo neoliberal que permite a las multinacionales adueñarse de los recursos básicos de México, el gobierno de Calderón buscó enquistarse en el poder, otras interpretaciones ponen el acento en los rasgos sicológicos de quienes gobiernan. Así han aparecido libros que alertan sobre el perfil sicológico de Calderón y su vocación mesiánica de enfrentar al mal que para él se halla en la izquierda, en el PRI y en todas las fuerzas ajenas al PAN y al Yunque, lo que abriría nuevos riesgos al país en 2012.

7. La reacción oficial tras las elecciones de Michoacán, en las que Calderón no pudo impunemente imponer a su hermana la Cocoa, a pesar de utilizar de manera ilegal los recursos logísticos, materiales, económicos y mediáticos del Estado para violentar la voluntad popular, es un indicador de ese desfase de la realidad que tienen los gobernantes blanquiazules y de sus desviaciones emocionales que los llevan a afirmaciones más irresponsables: fue el crimen organizado, repiten en abierto berrinche los voceros del calderonismo, el que impidió que la hermana del Ejecutivo de facto no pudiera llegar a la silla de gobernadora.

8. México se halla ante la posibilidad de un debate abierto en 2012 sobre el país que queremos para remontar el proceso de degradación. Enrique Peña Nieto, casi seguro abanderado del PRI, debe proponer el proyecto neoliberal que busca encabezar en esta etapa y debe ser confrontado con el proyecto alternativo que propone para el futuro López Obrador, candidato de las fuerzas electorales de izquierda. Mal haría el gobierno de ultraderecha, que no parece tener candidato ni proyecto, al tratar de impedir a los mexicanos que decidan en libertad y tratar de entorpecer el proceso electoral, ya de suyo deficiente, con nuevos actos de violencia.

9. Al ser entrevistado AMLO por Joaquín López Dóriga durante 13 minutos, tras recordar el papel de Televisa en los últimos cinco años, cerrándole el acceso a él y al movimiento que representa y tratando de imponer la candidatura de Peña Nieto, hizo votos por que esta situación se rectifique y los medios actúen en el futuro en este proceso con responsabilidad y apego a la ley, pero sobre todo con la convicción de que los mexicanos tienen el derecho a decidir.

10. Mal haría por la gravedad de la situación actual el gobierno al empecinarse en seguir actuando de manera atrabiliaria y sin escuchar el clamor de ¡Ya basta! que le espetan los mexicanos demandando que impere en México la razón frente a la violencia de la ultraderecha, y que pueda haber, con vistas a 2012, una libre discusión de las ideas.

11/11/2011

La reconstrucción

Luis Javier Garrido
El estado de desastre en el que el gobierno de facto panista va a dejar a la República en 2012 impone que el próximo gobierno de México tenga que revertir con toda energía el proceso de deterioro por el que atraviesa el país, que no tiene precedentes en nuestra historia.

1. El nuevo gobierno deberá poner de entrada un alto al proceso de degradación del pueblo mexicano, inducido por los gobiernos de Estados Unidos y de México con su “guerra contra el narco”, que ahora tratan de reformular, pero con el mismo objetivo central: facilitar el control del territorio nacional y de las instancias del Estado por Washington. La administración panista de Felipe Calderón ha tenido como prioridad generar y exacerbar un clima de violencia extrema en el país en los últimos cinco años, haciendo aumentar deliberadamente la violencia criminal, los actos vandálicos de horror y el índice de homicidios, responsabilidad en alto número de las fuerzas oficiales y de los paramilitares del gobierno del PAN, y esto debe terminar.

2. El informe de Human Rights Watch, dado a conocer el 9 de noviembre, condenando al gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática de su gobierno a los derechos humanos, coincide en la exigencia de otras instancias internacionales de demandar el fin de la militarización del país, que ha producido, según documentan, además del clima de terror, que hace inviable la vida social y económica, casos de tortura, ejecuciones, desapariciones y otros gravísimos crímenes de Estado, por lo que la investigación y persecución de los delitos habrá de hacerse en lo sucesivo conforme a las disposiciones de la Constitución.

3. En este sentido, ha de ser prioridad para un nuevo gobierno terminar con las políticas de abandono del Estado de sus funciones constitucionales de proteger a los mexicanos y velar por los intereses nacionales en vez de los de la globalización (que no son otros que los de las corporaciones trasnacionales). El anuncio de que Washington habría entregado a finales de octubre tres aviones no tripulados a la Marina Nacional, que como se sabe está subordinada a las agencias estadunidenses y no tiene capacidad para operarlos, no significa más que el Pentágono tiene ya abierto un mecanismo para bombardear y destruir cualquier objetivo en territorio mexicano, y ello es inadmisible.

4. Una prioridad del gobierno que asuma el cargo el primero de diciembre de 2012 habrá de ser restaurar el federalismo y la autonomía municipal, hechos trizas por el gobierno centralista de Calderón, que con el pretexto de su guerra está tratando de entregar el control de las entidades a las agencias de Washington. Nada más grotesco que ver al abogado y multimillonario guanajuatense Juan Miguel Alcántara Soria (secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública), con el pretexto de evaluar y certificar a las autoridades y policías estatales y municipales, vejar a las autoridades locales y abrir la vía a que marinos y soldados bajo la conducción estadunidense controlen cada vez más el territorio mexicano.

5. El próximo gobierno deberá, ante todo, abandonar el modelo económico y social que se ha buscado imponer a México por la violencia en los últimos cuatro sexenios –y que ahora están haciendo suyo Beltrones y sus corifeos disfrazándolo de nuevo proyecto y de paquete estratégico–, para acelerar el desmantelamiento de la Constitución y lograr la plena imposición del neoliberalismo, y sustituirlo por un modelo que responda a las necesidades del pueblo y sea conforme a la Constitución.

6. El próximo presidente de México deberá para todo esto desempeñar el cargo conforme al texto constitucional, si se ha de rehabilitar el marco institucional destruido por el autoritarismo de los panistas, empecinados entre 2000 y 2011 en reconstruir un presidencialismo de facto por encima de la legalidad, y por lo mismo habrá de asumir el principio de que el Ejecutivo aplica las leyes y el Legislativo las modifica, por lo que el hecho de que no controle las cámaras legislativas deberá ser entendido en todos los sectores como normal.

7. El nuevo gobierno deberá, por lo mismo, estar atento en todo momento a las maniobras del sector más derechista de la clase política. El priísta sonorense Manlio Fabio Beltrones, quien en el pasado fue desdeñado por las agencias estadunidenses (que lo llegaron a vincular al narco), ahora busca servir obsequiosamente a Washington tratando de reinstaurar el presidencialismo que reclaman sectores de Estados Unidos, pero sustentándolo en su nueva versión en una seudolegalidad a partir de la contrarreforma que propone para obligar a los legisladores a integrar coaliciones forzosas como medio para sustentar lo que llama la gobernabilidad, que para él no es otra cosa que la posibilidad que se le quiere dar al Ejecutivo (ahora por ley) de controlar el Legislativo, proyecto al que arrastró el día 8 a Francisco Labastida (PRI), Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), dando todos un patético espectáculo y que a pesar de sus aberraciones no está del todo muerto.

8. El nuevo gobierno deberá, por lo mismo, hacer de la democracia política una prioridad. En México transición no significó en los últimos años ir a la democracia, ni alternancia fue igual a alternativa. El patético espectáculo de Felipe Calderón, gobernante espurio, que llegó al cargo por la vía del fraude y ahora trata impunemente de imponer como gobernadora en Michoacán a su hermana la Cocoa, utilizando de manera ilegal todos los recursos del Estado, es un ejemplo de la ausencia de democracia en México.

¿Y no es acaso para todo esto una de las mayores prioridades modificar la situación existente en materia de concesiones a los medios masivos de comunicación para que México tenga una radio y una televisión dignas, que eduquen en vez de degradar y hablen con la verdad en lugar de tratar de manipular?

9. El nuevo gobierno deberá, en fin, defender las políticas sociales del Estado conforme establece la Constitución Mexicana –y como están haciendo con más decisión frente a los poderes trasnacionales varios gobiernos latinoamericanos e incluso europeos–, y terminar con el ofensivo derroche en equipamiento militar. La lucha de los indignados de acá, que con la huelga de hambre frente a la Bolsa Mexicana de Valores de Edur Velasco, profesor de la UAM, reclaman más recursos para educación, hermana a los mexicanos con las movilizaciones de varios meses de los estudiantes chilenos encabezados por Camila Vallejo en reclamo por una educación pública, de los estudiantes ingleses, del pueblo griego y de los estadunidenses de Ocupa Wall Street, pero nuestro gobierno sigue siendo una vergüenza nacional.

10. La prioridad de las prioridades habrá de ser, sin embargo, respetar los derechos fundamentales del pueblo, para que el clamor de ¡Ya basta! deje de escucharse en México

10/28/2011

La ofensiva



Luis Javier Garrido
La crisis del sistema financiero global de 2011 la enfrentan los poderes trasnacionales con una nueva ofensiva buscando hacerle pagar a los pueblos el costo del modelo capitalista neoliberal, y en México el gobierno de Felipe Calderón, que se asume como su representante, busca acelerar en este tramo final la imposición de cambios regresivos, valido ahora de la posición que están asumiendo los principales aspirantes a sucederle en Los Pinos.

1. La situación crítica del mundo occidental en este 2011 evidencia que los grandes poderes trasnacionales no tienen otra opción para enfrentar el desastre que crearon que acelerar el desmantelamiento de los estados nacionales y de los derechos de los pueblos, como se está haciendo en Europa, donde lo mismo en Grecia y en Portugal que en España o en Italia, la exigencia del poder es proseguir cancelando los derechos históricos de la gente, y en particular las garantías laborales, el derecho a la jubilación y a la seguridad social, y a la educación pública gratuita, mientras se blindan cada vez más los privilegios de los bancos y de las grandes trasnacionales.

2. Las demandas delirantes y casi cotidianas de Felipe Calderón a la oposición pretendiendo que le aprueben las contrarreformas laboral, energética y en materia de seguridad nacional obedecen a las exigencias de la administración Obama que así le está condicionando su apoyo para 2012.

3. El gobierno panista ha proseguido entregando de tal suerte el control del país a las agencias estadunidenses que operan de manera cada vez más libre, como reconoció el 26 la titular de Relaciones Exteriores, y ofreciendo los recursos estratégicos a las trasnacionales, pero esto, al parecer, ya no le basta para garantizar la permanencia del PAN en Los Pinos, por lo que el escenario electoral se sigue enrareciendo.

4. El proceso por el que atraviesa el país, y que se acelera en estos meses finales del sexenio calderonista, entraña una ofensiva sin precedentes del gobierno de Washington y de las multinacionales con la pretensión de liquidar, antes de julio de 2012, lo que queda del Estado nacional mexicano, a) estableciendo mecanismos de un control firme de las agencias estadunidenses sobre el territorio de México, sus costas y fronteras; b) cancelando el principio de que la nación tiene derechos originarios sobre sus recursos estratégicos; c) haciendo nulos los derechos sociales de los mexicanos, garantizados en nuestra carta constitucional, en materias laboral, de salud, de seguridad social y de educación; para reducir a México a ser d) un simple territorio de ocupación de las multinacionales, como buscan hacer con los países árabes y del norte de África.

5. Los aspirantes a la candidatura presidencial tanto del PAN como del PRI, comprometidos con intereses privados y no con los reclamos y aspiraciones de los mexicanos, parecen inmersos en un escenario de sometimiento cada vez mayor a las exigencias trasnacionales, y aparecen como dispuestos, sin reparo ni principio alguno, a seguir entregando como botín al capital trasnacional los derechos de la nación y de los mexicanos.

6. El aspecto más evidente es la precampaña de Enrique Peña Nieto en pos de la investidura presidencial del PRI, durante la cual ha manifestado sumisión absoluta a las exigencias trasnacionales, tanto para desmantelar a la nación y proseguir con la guerra contra el narco (entregando a Washington el control del territorio nacional), como para modificar la organización democrática del país estableciendo un régimen autoritario, lo cual es contrario al orden constitucional. Algunos analistas estiman que resulta positivo que quien será el abanderado priísta en 2012 dé a conocer qué se propone. En 1988, Salinas engañó a los mexicanos prometiendo en su campaña defender la Constitución y a los mexicanos, y una vez en el cargo, aplicando el modelo neoliberal vendió (se autovendió) la mayor parte de las empresas públicas e inició el proceso de cancelación de los derechos sociales, pero ahora Peña Nieto por lo menos anuncia que se propone hacer lo mismo que pretende el PAN, y ya nadie puede llamarse a engaño.

7. La entrega del petróleo y de los demás recursos estratégicos de México al capital extranjero ha sido la tesis central de los panistas para, según ellos, hacer crecer la economía, y ahora lo es abiertamente también la de los priístas. Tras la exigencia presentada por Jeffrey Davidow, ex embajador estadunidense, el domingo 23 en el foro de empresarios México, cumbre de negocios, efectuado en Querétaro, de que México supere un tabú y entregue el control de su petróleo a las multinacionales, Peña Nieto, pasando por alto los principios de los artículos 27 y 28 constitucionales, llamó al día siguiente a los mexicanos a ser audaces y abrir a las multinacionales la explotación y refinación del crudo, lo cual, según reseñó La Jornada el martes 25, provocó el aplauso de los empresarios salinistas asistentes al acto organizado por Miguel Alemán Velasco, entre los cuales se hallaban Ricardo Salinas Pliego, Julio A. Millán y Gerardo Gutiérrez. México, había dicho Peña Nieto días atrás al Financial Times del 19 de octubre, ha sido rehén de una ideología que ha retrasado el desarrollo y esto hay que cambiarlo.

8. Y para no ser menos, ante otra pretensión de Washington, regresar a una forma de gobierno más autoritario, similar a la de los años del PRI, Peña Nieto se adhirió a la propuesta de su oponente priísta, el senador Manlio Fabio Beltrones, de establecer coaliciones forzosas en las cámaras legislativas para crear una mayoría artificial, evidentemente de los dos partidos neoliberales –PAN y PRI–, única vía, según él, para que pueda gobernar el próximo presidente. Durante el tercer foro regional organizado por la Fundación Luis Donaldo Colosio del PRI con vistas al programa para 2012, Peña Nieto pasó por alto que el régimen presidencial que establece la Constitución de 1917 supone que el Congreso sea un contrapeso y freno del Ejecutivo, y demandó, como Beltrones, un modelo autoritario que establezca por ley un presidencialismo en el que el Ejecutivo controle mecánicamente a un Legislativo dócil que le apruebe todas sus pretensiones de cambios constitucionales y legales.

9. La propuesta pretende ignorar así que la responsabilidad central del Presidente de la República es aplicar la ley, y no pretender modificar el orden constitucional cancelando de manera subrepticia derechos a la nación y a los mexicanos para dar gusto al capital multinacional, como hace el gobierno de facto de Calderón con la complicidad en muchos casos de los priístas.

10. El pueblo indignado, que ha clamado en todos los modos su ¡Ya basta!, parece dispuesto ahora a abordar otras formas de lucha y de resistencia.