INTERNACIONAL
Pese a resistencias culturales, norma 779 se abre paso
Foto: Nelson Rodríguez
Por: Isabel Soto Mayedo*
Cimacnoticias/PL | Managua.-
La
Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779) y la reforma
a la Ley 641 Código Penal, con las cuales se tipificó el delito de
feminicidio en Nicaragua, cumplieron su primer año con pasos para
consolidar los objetivos del dispositivo legal.
El 22 de junio de 2012 este país centroamericano se convirtió en el
séptimo del continente –después de México, Costa Rica, Guatemala,
Chile, El Salvador y Perú– en definir y condenar todos los tipos de
violencia contra las mujeres: física, psicológica, sexual y laboral.
Con la aprobación de la Ley 779 el gobierno sandinista confirmó su
disposición de dar un impulso mayor al proceso de protección de los
derechos a más de la mitad de la población.
Poco después de la aprobación de ese cuerpo jurídico se crearon una
Comisión Nacional Interinstitucional y un observatorio estatal para dar
seguimiento a la problemática.
Pese a que todavía quedan detalles por afinar respecto a lo establecido
en la norma, a partir de su entrada en vigencia aumentaron las
denuncias de los abusos contra las nicaragüenses, sobre todo en los
hogares.
Del 21 de junio de 2012 al 28 de mayo de 2013, 7 mil 500 hombres fueron
acusados por maltratos –según la Corte Suprema de Justicia (CSJ)–, lo
que supone el aumento de la confianza de las mujeres para denunciar a
sus agresores al saberse respaldadas legalmente.
También desde la entrada en vigencia de la Ley 779 pudo conocerse con
más claridad la cantidad de asesinatos cometidos contra las
nicaragüenses, casi siempre por sus parejas masculinas, apegados al
concepto machista de que estas deben subordinárseles en todos los
aspectos.
Esa visión prevalece en la sociedad nicaragüense pese a los esfuerzos
de las autoridades por lograr la plena incorporación de las mujeres a
las actividades productivas, a puestos de poder y a la sociedad en
general.
Tales conceptos están en el sustrato de los 89 casos de feminicidio
reportados este año, un promedio de uno cada cuatro días, por Católicas
por el Derecho a Decidir y otras organizaciones civiles.
En el IV Encuentro Nacional por la Salud y la Vida de las Mujeres,
celebrado el 29 de mayo en Managua, delegadas de esas agrupaciones
informaron que cada año mil 500 niñas menores de 14 años dan a luz y
muchas de ellas quedaron embarazadas por una violación.
Según el Movimiento de Mujeres 28 de Septiembre, sólo en el primer
trimestre de 2013 las comprendidas en ese rango de edad abusadas
sumaron 83 y de ellas, nueve quedaron embarazadas.
BATALLA LEGAL
Algunos religiosos, abogados y ciertos ciudadanos hacen oídos sordos
antes esas cifras y abogan por flexibilizar la Ley 779. Parte de ese
grupo minoritario sugiere suprimir o transformar su artículo 46, que
prohíbe la mediación entre agresores y víctimas, mientras otra fracción
sugiere barrer con la norma.
Registros de la CSJ dan cuenta de unos 30 recursos por inconstitucionalidad presentados contra la legislación.
Los que así actúan parecen olvidar que la ley está bien fresca como
para hablar de reforma y habría que preguntarle a ese 52 por ciento de
mujeres en Nicaragua, si realmente quieren mediación, señaló la jefa de
las Comisarías de la Mujer, Erlinda Castillo.
En el centro de este debate, concuerdan especialistas, hay una posición
ideológica asociada a una cultura patriarcal que acepta las
desigualdades como naturales y desde esta concepción, sólo existen las
necesidades del grupo de hombres con poder, para quienes las mujeres no
existen.
Esta forma de ver el mundo se expresa en leyes supuestamente neutrales
que tutelan derechos mediante soluciones aparentes, donde el hombre es
el referente de lo humano, explicó la titular de la CSJ, Alba Luz
Ramos, a Prensa Latina.
Para la magistrada, la Ley 779 superó esa visión limitada e introdujo
cambios en el modo de entender la palabra y el contenido de la
igualdad, concebida ahora como final y no como punto de partida.
Esta persigue cumplir con los preceptos de igualdad formal e igualdad
real entre las y los ciudadanos, en correspondencia con los artículos
27 y 28 de la Constitución Política de Nicaragua, y fomenta la
inclusión de los excluidos, su participación en la toma de decisiones
del Estado, remarcó.
“Una ley que trate a desiguales como iguales fomenta la
discriminación”, señaló y recordó que más del 25 por ciento de los
nicaragüenses padeció violencia de algún tipo en su vida.
La incidencia mayor de ese mal sobre niñas y mujeres justifica esa
legislación y desmiente a quienes la presentan como promotora de la
desigualdad: 92 por ciento de los casos por violencia procesados en los
tribunales son contra la integridad física y/o emocional de ellas,
informó.
RETOS
Con la Ley 779 “el Estado de Nicaragua dijo no más violencia hacia las
mujeres, acorde con el mandato constitucional que tiene de eliminar las
barreras para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de ellas”,
declaró a Prensa Latina la procuradora especial de la Mujer, Débora
Grandinson.
“Ya no se está tolerando el irrespeto a los Derechos Humanos de las
mujeres y se está trabajando por restituirles todos los que le
corresponden”, añadió y reconoció que una cuestión por acabar de pulir
es la prevención.
Los recursos estatales están llegando para que la ley funcione, pero
“somos nosotros los que tenemos que trabajar porque ese cuerpo jurídico
funcione, adoptando todas las medidas posibles”, reflexionó.
En cuanto a lo que Alba Luz Ramos calificó de reacción tardía a la Ley
779 consideró que “lo que hay es resistencia porque los agresores se
ven amenazados ante la decisión estatal de enfrentarlos, con lo cual
muchas mujeres pierden el miedo de formalizar las denuncias en su
contra”.
La violencia salió del ámbito privado y lo que se pretende es que las
mujeres no sigan callando, enfatizó y dio por hecho que las
nicaragüenses no permitirán avanzar a quienes procuran derogar o
cambiar la normativa.
Elia Margarita Palacio, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la
Violencia, insistió en que resulta medular defender esta ley para
garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin violencia, porque
mientras algunos buscan desactivarla o reformarla, más mujeres siguen
muriendo.
“La Ley 779 sólo pretende el respeto mutuo, equidad de género y
proteger la vida de las mujeres”, ratificó y desde su experiencia por
tres años como sicóloga en la Comisaría de la Mujer en el departamento
de Masaya sentenció que “cuando una de ellas denuncia es porque tiene
un historial de violencia sufrida”.
Esta ley es importante porque en la medida en que sea mejor aplicada
propulsará el desarrollo de la nación, porque “si hay violencia no
podemos hablar de igualdad”, opinó la diputada Irma Dávila.
Por su parte, Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres,
recordó que todavía son elevadas las muertes por razones de género y
debe definirse respecto a la insistencia de algunos sectores en
modificar la 779.
Cuestión pendiente por resolver, en la que coinciden esas agentes del
gobierno y de la sociedad civil, es en la necesidad de destinar mayor
cantidad de recursos para su efectiva aplicación.
Todas reconocieron el valor del anuncio del presidente Daniel Ortega,
quien aseguró que antes de finalizar 2013 los 153 municipios del país
tendrán Comisarías de la Mujer para la atención integral a las víctimas
de violencia y alentó a fortalecer el respaldo institucional a las
nicaragüenses.
No obstante, sigue latente el reto mayor: desarrollar nuevos valores y
desarraigar el modelo de violencia contra las mujeres resultado de más
de cinco siglos de patriarcado, sugirió el diputado y jurista Carlos
Emilio López.
“En la medida en que los hombres desaprendamos esa cultura de violencia
se va a disminuir el fenómeno del maltrato hacia las mujeres”,
reflexionó respecto a ese flagelo, identificado por la Organización
Mundial de la Salud como “problema de salud global de proporciones
epidémicas”.
Más de un tercio de las mujeres en el mundo son víctimas de violencia
física o sexual, y la gran mayoría son atacadas o sometidas a abusos
por sus maridos o novios, reveló un informe de junio de 2013.
*Corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.
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