México
ha concedido a trasnacionales 359 permisos para la siembra de algodón
transgénico. Más de la mitad fueron emitidos durante el gobierno de
Felipe Calderón, quien –al frente del Poder Ejecutivo– aprobó las
solicitudes para la siembra experimental, piloto y comercial en 2
millones de hectáreas en 10 estados de la República. La superficie
aprobada equivale al territorio de países enteros, como El Salvador o
Belice. Monsanto y Bayer son las principales beneficiarias. A la
primera se le autorizaron, tan sólo para siembra comercial, 350 mil
hectáreas. Otras 13 solicitudes de estas dos trasnacionales se
encuentran en etapa de análisis y el gobierno de Peña Nieto deberá
decidir si las aprueba o las rechaza. México es centro de origen y
diversidad genética del algodón, sin embargo hasta ahora no se ha
emitido medida alguna para proteger a las especies nativas de la
contaminación transgénica
16. junio, 2013 Elva Mendoza @elva_contra Portada
Las autorizaciones posibilitan la siembra experimental, piloto y comercial en, al menos, 2 millones 206 mil 836 hectáreas, reconoce la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en respuesta a una solicitud de información presentada por Contralínea.
Más de la mitad de los permisos fueron emitidos durante la gestión de Felipe Calderón, quien al frente del Poder Ejecutivo aprobó 187 solicitudes para la siembra en más de 2 millones de hectáreas. La superficie es equivalente a países como El Salvador, Israel, Eslovenia o Belice.
De acuerdo con la revisión hecha por Contralínea, Monsanto y Bayer –a través de sus filiales en México: Monsanto Comercial, SA de CV, y Bayer de México, SA de CV– han sido las mayores beneficiarias. Tan sólo en fase comercial, a la primera le fueron concedidos cinco permisos para liberar su semilla sobre una superficie de 350 mil 500 hectáreas.
Al menos a partir de 2007, de las 187 solicitudes autorizadas por el gobierno de Felipe Calderón, 103 se otorgaron a la trasnacional Monsanto y 84 a la farmacéutica alemana Bayer. Previamente, en el último año de su administración, el gobierno de Vicente Fox había otorgado 22 permisos a Monsanto.
Lilia Aguilar, diputada federal por el Partido del Trabajo e integrante de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados, insta a la Comisión Federal de Competencia a abordar el tema de los transgénicos y a revisar el papel de las trasnacionales dedicadas a su producción. Lo anterior, “aunque el tema no forme parte de la agenda de dicha Comisión, pues desgraciadamente sólo se dedica a dar opiniones”.
A partir de 1995 las trasnacionales Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred han ingresado solicitudes al Senasica para la introducción de su producto biotecnológico.
Desde entonces, el órgano dependiente de la Sagarpa “no ha encontrado inconveniente alguno” para que la semilla patentada, resistente al ataque de lepidópteros y tolerante a herbicidas, se venda a los productores de 10 estados de la República: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León.
No obstante, el país es centro de origen y diversidad genética del algodón Gossypium hirsutum L. Además, de las 13 especies que existen en el Continente Americano, 11 crecen en México, divididas en seis unidades geográficas que comprenden ocho metapoblaciones, explica Ana Wegier, doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
El hecho obliga a las autoridades –por ley– a proteger la especie, y sus variedades, “por ser un valioso reservorio de riqueza en moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país”, como lo señala el artículo 9 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
En los artículos 86, 87 y 88, la misma ley mandata a las autoridades de la Sagarpa y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a determinar las áreas geográficas en las que se localicen las especies de las que México sea centro de origen y de diversidad genética. Además de expedir las medidas necesarias para la protección de dichas especies y áreas geográficas.
Wegier logró documentar la presencia de transgenes en las poblaciones silvestres de algodón en su centro de origen y diversidad. A través de la prueba de ELISA (sigla del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas), la experta detectó 18 de los 21 eventos aprobados en México en las especies silvestres.
La tesis de Wegier Briuolo, Diversidad genética y conservación de Gossypium hirsutum silvestre y cultivado en México, fechada en enero de 2013, permite asegurar que los transgenes ya se encuentran en cuatro de las ocho metapoblaciones.
Uno de los hallazgos más importantes de la investigación radica en establecer que las barreras por distancia no son una medida de bioseguridad en el caso del algodón. Pues, pese a la distancia, ha habido flujo de transgenes a las poblaciones silvestres.
A partir de ello, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha emitido opiniones negativas para la siembra de algodón genéticamente modificado, dicen a Contralínea –en entrevista– Elleli Huerta, coordinadora de Recursos Biológicos y Genéticos, y Francisca Acevedo, coordinadora de Análisis de Riesgo y Bioseguridad.
—Y en lugar de esperar, ¿no tendrían que ser ustedes quienes desarrollen esa investigación? –se le cuestiona.
—La Cibiogem no es un centro de investigación; nosotros apoyamos con recursos aquellas investigaciones que van a generar el conocimiento necesario para la toma de decisiones.
—¿Ya hay proyectos aprobados en ese sentido?
— De algodón no ha llegado ninguno. Absolutamente ninguno.
—Tomando en cuenta que son ya más de 18 años de siembra de algodón genéticamente modificado, ¿no tendría que hacerse esa investigación antes de que se sigan autorizando?
—Yo creo que las investigaciones deben tener una razón; sí hubo flujo… pero dónde está el daño, cuál es la consecuencia, quién nos dice que va a pasar algo; son genes.
—Tampoco tienen certeza de que no va a pasar nada…
—Como no sabemos que no va a pasar nada, ¿mejor no lo hacemos? Ese tipo de filosofía no se vale. Así no funciona la ciencia.
—Si en otros 15 años nadie se interesa por hacer una investigación al respecto, ¿se va a continuar autorizando?
—Si en 15 años nadie se interesa probablemente será porque ya tendremos 30 años de experiencia y sabremos que por ahí no van los riesgos; eso es lo que yo esperaría.
—No aplica entonces aquí el principio precautorio.
—El principio precautorio dice que cuando no se tiene la certidumbre total tienes que buscar y encontrar el conocimiento. Cuando no lo tienes no puedes decir ni que es seguro ni tampoco que el riesgo es muy alto… No dice que no se haga.
Entre los beneficios que enumera está la recuperación de la industria algodonera y que de 1998 a 2010 se hayan dejado de aplicar, por lo menos, 153 mil 409 kilogramos de compuestos químicos e insecticidas a los cultivos de algodón.
La Sagarpa coincide en ello. En respuesta a la solicitud de entrevista hecha por Contralínea, la Secretaría envió vía correo electrónico un documento en el que indica que se recuperó una producción que a mediados de la década de 1990 casi desaparecía, se redujo de 13 a sólo tres aplicaciones de insecticidas, como también la cantidad de herbicidas aplicados para el control de maleza.
Ariel Álvarez subraya que en la Cibiogem “no se vale que prevalezca la opinión de una sola de las partes. La opinión de la Conabio será bienvenida pero no es un elemento de peso suficiente para que detenga el uso de una tecnología que está siendo útil”.
Para el investigador, el órgano intersecretarial de bioseguridad también debe escuchar a las secretarías de Agricultura y de Economía, y lo que para ellas significa la introducción de los transgénicos.
Sobre la falta del establecimiento de los polígonos sujetos a protección, Ariel Álvarez no tiene prisa. Dice a Contralínea que habrá que proponerlo, pero antes “tenemos que averiguar de qué los vamos a proteger”.
—Pero también dice que no hay investigaciones al respecto, entonces ¿cuándo sabremos y cuándo se cumplirá la ley?
—Los materiales que hay ahorita no nos dicen que haya un problema tal que se tengan que proteger esos centros de diversidad.
—A diferencia del algodón, en el caso del maíz ¿han identificado riesgos como para que ahí sí se hayan trazado los polígonos de protección?
—Lo que pasa es que el maíz tienen una connotación muy diferente para este país. Es un alimento básico para los mexicanos y las áreas para el uso son mucho más grandes. Los recursos se tienen que destinar a las prioridades. Le estamos poniendo más énfasis al trabajo del maíz por lo que representa.
Acordada su creación desde mayo de 2008, la Red Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados, dependiente de la Cibiogem, no ha iniciado sus labores, tal como lo reconoce Álvarez Morales.
—¿En qué trabaja la Red?
—Lo primero que tiene que hacer para terminar de consolidarse es establecer cuáles van a ser las metodologías. Hasta ahorita el monitoreo lo han hecho a través del Senasica pero no necesariamente a través de la Red. Tenemos ya el programa y el dinero y estamos echando a andar el proyecto.
—Pero hasta ahora no se ha monitoreado nada…
—Ahorita no. No a través de la Red.
—¿México tiene la capacidad de monitorear y remediar?
—Para eso fue instalada la Red Mexicana.
—¿Y para cuándo se tiene pensado que ya empiece a hacer monitoreo?
—Cuando nos digan las autoridades competentes; es para auxiliar a la Sagarpa, Salud, Semarnat, pero debe sostenerse sobre una hipótesis de riesgo. Aunque el investigador sostiene que México cuenta con la capacidad de hacer monitoreo y remediación, José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Conabio, piensa lo contrario.
En entrevista con Contralínea, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1989-1997) considera que mientras no se cuente con esa capacidad, debieran detenerse las autorizaciones para la liberación de transgénicos al medio ambiente.
La razón, coinciden Elleli Huerta, Francisca Acevedo y Ana Wegier, es que “aún se desconocen las consecuencias que pudieran tener sobre las especies y las interacciones que éstas sostienen en los ecosistemas en que habitan”.
Importancia del algodón
De acuerdo con la investigación de Wegier, hasta la fecha se han liberado al ambiente plantas genéticamente modificadas de algodón en 14 países, incluido México. Se trata de la fibra natural más utilizada y la tercera fuente de aceite vegetal. Ocupa el sexto lugar mundial de superficie cultivada. Y el algodón genéticamente modificado es el tercer lugar de los cultivos biotecnológicos más sembrados.
De las cuatro especies de algodón domesticadas, Gossypium hirsutum ocupa el 95 por ciento de la producción actual y la mayoría de las poblaciones silvestres de esta especie habitan en México.
Aunque en México se cultiva algodón genéticamente modificado desde hace 18 años, fue en 2010 cuando el gobierno federal permitió la primera siembra comercial. Monsanto obtuvo la autorización para liberar la semilla en 9 mil 500 hectáreas de las regiones algodoneras de Chihuahua, Coahuila y Durango.
No obstante que el permiso es el primero en etapa comercial, en las etapas experimental y piloto las trasnacionales han logrado autorizaciones para liberar su semilla en superficies mayores.
Ejemplo de ello es que en fase experimental, durante 2008, a Bayer se le permitió la liberación en 30 mil hectáreas y Monsanto obtuvo permiso para liberar al ambiente semilla de algodón modificado en 18 mil 152 hectáreas en Chihuahua.
En 2011, en fase piloto se le autorizó a Bayer liberar la semilla en superficies de hasta 60 mil hectáreas en Chihuahua, 35 mil en Baja California y Sonora, 25 mil en Coahuila y Durango, y 20 mil en Tamaulipas. Para Monsanto, las autorizaciones en este rubro correspondieron a una superficie de 25 mil hectáreas también en Tamaulipas.
Monsanto obtuvo permisos para liberar algodón modificado, en fase experimental, durante 2012, sobre superficies de hasta 40 mil hectáreas de Sinaloa, 25 mil de Chihuahua, Coahuila y Durango; y Bayer, en 15 mil hectáreas de Sinaloa.
En fase piloto, las autorizaciones entregadas a Bayer alcanzaron las 100 mil hectáreas en Chihuahua, 100 mil hectáreas más en Baja California y Sonora, 50 mil en Tamaulipas, 50 mil en Coahuila y Durango, y 20 mil en Chihuahua y Coahuila.
Nuevas peticiones
Aunque los diputados federales, presidente e integrantes de la Comisión de Agricultura, los priístas José Antonio García, José Rubén Escajeda y Blas Ramón Rubio, y el perredista Pedro Porras; y la diputada ecologista Lourdes Adriana López, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, coinciden en que el tema debe discutirse en el Congreso, con voces de especialistas e instituciones de investigación para revisar los permisos hasta ahora autorizados y los que se encuentran en etapa de análisis, el gobierno federal podrá autorizar las solicitudes en cualquier momento: la ley no lo obliga a llevar el tema a discusión pública.
3.5 millones para Monsanto al año
A través del programa algodonero de la Alianza para el Campo, desde 1998 y hasta 2002 el gobierno federal apoyó directamente la siembra de alrededor de 42 mil hectáreas de algodón transgénico y pagó a Monsanto más de 14 millones de pesos, denunció en 2002 Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
Según dio a conocer la investigadora en el diario La Jornada, el programa apoyó explícitamente la compra de la semilla transgénica y el pago de regalías a Monsanto en nueve estados productores del Norte del país. “Después del primer año de la Alianza con Monsanto, aumentó 70 por ciento la superficie de algodón transgénico, y 10 por ciento de los productores adoptaron esta tecnología, cuando anteriormente sólo la utilizaba 3 por ciento de ellos.”
La investigadora dio a conocer que, en términos reales, Monsanto recibió alrededor de 15 por ciento de los recursos destinados al programa. En promedio 3.5 millones de pesos anuales, 10 veces el monto tope de 350 mil pesos por beneficiario individual definido por el programa.
Aclaró que el cultivo del algodón transgénico representa costos de producción más altos; la semilla es 25 por ciento más cara que la no transgénica y el pago de la licencia es de 80 dólares por hectárea. El gobierno mexicano subsidia a Monsanto con 45 por ciento del valor de estos insumos, en 40 por ciento de la superficie sembrada con algodón transgénico, y le permite obtener el resto del bolsillo de los productores. El subsidio permite que los costos de la semilla transgénica más la licencia se reduzcan, pero representan más del doble del costo de la semilla convencional, que no paga licencia ni tiene apoyos estatales.
“Es uno de los casos típicos de apoyo con recursos públicos a intereses privados.”
En 2009, la Embajada de Estados Unidos en México ingresó dos solicitudes al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria –dependiente de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación– para sembrar algodón genéticamente modificado. Las peticiones, para liberar al ambiente los eventos 281-24-236 x 3006-210-23 y MON-88913-8 en un área de más de 5 hectáreas, fueron negadas.
Sobre el tema, Pat Mooney –director ejecutivo del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración o Grupo ETC, Premio Nóbel Alternativo 1985 y exmiembro del comité asesor internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura– se muestra sorprendido: “No lo sabía y me parece tremendo. Eso querría decir que usan a México como conejillo de indias para hacer experiencias de siembra”.
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