VIOLENCIA
Aun con tipificación del feminicidio siguen los asesinatos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Jessica Sánchez
Considerado uno de los países más violentos del mundo, en Honduras la tasa nacional de homicidios es de 85.5 por cada 100 mil habitantes, lo que representa 598 homicidios mensuales y 20 víctimas diarias, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En 2012 ocurrieron 606 muertes violentas de mujeres, según la misma fuente, lo que representa una tasa de 14.2 por cada 100 mil habitantes e indica que 51 mujeres mueren asesinadas mensualmente en promedio; es decir, una cada 15 horas con 30 segundos.
Entre 2005 y 2012, la muerte violenta de mujeres pasó de 175 a 606, un aumento de 246.3 por ciento en los últimos ocho años.
Sin embargo, de los casos presentados de 2011 a 2012, apenas 2 por ciento llegó a los juzgados y obtuvo sentencia, es decir el 98 por ciento sigue sin resolverse, de acuerdo con datos recopilados por organizaciones de La Tribuna de Mujeres en el estudio “Cómo se tejen los hilos de la impunidad”, realizado en 2012.
En abril pasado, el movimiento de mujeres y feminista, en conjunto con el Estado, logró la aprobación de una reforma al Código Penal que reconoce la figura legal del feminicidio, con penas de entre 30 y 40 años de cárcel contra los criminales.
Aunque el Estado hondureño reconoció así la especificidad y particular gravedad de este delito, ello no se ha traducido hasta la fecha en un mayor acceso a la justicia para la resolución de los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Así lo denunció el Primer Tribunal Alterno contra el feminicidio que sesionó el pasado 19 de junio en Tegucigalpa, convocado por la Tribuna contra los Feminicidios en Honduras, integrada por ocho organizaciones de mujeres.
El tribunal alterno es una acción simbólica, basada en principios éticos que buscan representar el deber ser de la justicia e incidir en los tomadores de decisiones para que mejoren sus prácticas permitiendo, protegiendo y garantizando el derecho de las hondureñas a una vida libre de violencia.
El tribunal convocó a personas expertas en Derechos Humanos (DH) y especialistas en derechos de las mujeres, para analizar la respuesta estatal frente al feminicidio.
El tribunal lo conformaron la directora del Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina) en Costa Rica, Ana Carcedo; Cecilia Barraza, directora de la organización Humanas en Colombia; Claudia Sánchez, especialista en DH; el escritor y crítico literario Julio Escoto, y el ex comisionado de los DH en el país, Leo Valladares.
En el proceso se escucharon las peticiones de las demandantes, así como las obligaciones internacionales del Estado hondureño en materia de investigación y sanción de delitos de violencia contra las mujeres y de la debida diligencia, entre otros aspectos clave.
El tribunal falló contra el Estado de Honduras, al develar una práctica de negligencia y desinterés en la prevención, atención y resolución de los casos de feminicidio, así como la falta de la debida diligencia; hechos que comprometieron la sanción adecuada a los responsables del delito y colocaron en riesgo a las víctimas indirectas y los testigos.
De forma específica se concluyó que el Estado falló en garantizar a las víctimas el derecho a la vida, a una existencia libre de violencia, a su deber de no discriminación, acceso a la justicia, esclarecimiento de la verdad, y medidas de reparación y no repetición.
Entre las recomendaciones, el tribunal planteó la investigación y sanción de los funcionarios responsables de la atención de los casos, así como la creación de políticas estatales en materia de acceso a la justicia, para brindar una respuesta oportuna y eficaz en materia de violencia contra las mujeres.
También la adopción de medidas concretas encaminadas a superar la impunidad en que se encuentran los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, y el fortalecimiento de mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia e involucradas en proceso judiciales, entre otras.
Uno de los grandes retos para el Estado y la sociedad hondureña es “priorizar la violencia contra la mujer y específicamente los feminicidios, como un problema grave que requiere la participación de la sociedad en su conjunto”, indicó Carcedo.
En esa misma dirección se enfocaron los señalamientos hechos al Estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ocasión del 147 periodo de sesiones, en abril pasado, al abordarse la situación general de los DH en Honduras.
En esa ocasión, representantes del Estado sostuvieron que la violencia contra las mujeres estaba inserta en la violencia general, aseveraron que murieron violentamente más hombres que mujeres, y desconocieron de manera abierta y pública las especificidades que caracterizan a la violencia contra las mujeres en el país.
Sobre el tema, la CIDH reafirma que “…existe un vínculo entre la discriminación, la violencia contra la mujer y la debida diligencia, por lo tanto, es un deber de los Estados enfrentar y responder a la violencia contra la mujer, lo que implica tomar medidas para prevenir la discriminación que perpetúa este grave problema”.
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