Bernardo Barranco V.
En
forma y fondo la reforma al artículo 24 constitucional sobre libertad
religiosa ha sido de bochorno. La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión formuló, el pasado 19 de junio, la declaratoria de la reforma
al artículo 24 constitucional, referido a libertad religiosa.
Recordemos la presión que ha ejercido la jerarquía de la Iglesia
católica desde que Carlos Aguiar Retes asumió la presidencia de la CEM
en 2006 hasta la visita del papa Benedicto XVI, marzo de 2011, en la
que el secretario de Estado Tarsicio Bertone remachó el tema en una
gran cena ante la clase política de Felipe Calderón y altos prelados
católicos. El Poder Legislativo ha construido una reforma cuyo proceso
ha estado salpicado de suspicacias y desconfianzas.
La Cámara de
Diputados, con una prisa sospechosa, aprueba el 15 de diciembre de 2011
las reformas al 24. Para ello, implementó en su aprobación y
modificación un procedimiento que no respetó el dictamen de la Comisión
de Puntos Constitucionales ni en el pleno de la Cámara, violando el
principio jurídico de exhaustividad y de legitimidad. La discusión de
los diputados fue pobrísima entre reproches procedimentales, tomas de
la tribuna y negociaciones apuradas de última hora; poco o nada se
afrontaron temas sustanciales de las libertades. La jerarquía católica
y la derecha no quedaron conformes con el resultado final, no tanto
porque se incorporaron libertades no religiosas como las éticas y de
conciencia, sino porque se frustra la intención de introducir de manera
directa la educación religiosa en escuelas públicas, vía los padres de
familia, como se apuntaba en el proyecto original. La reforma es una
vacilada, exclamó entonces con trágico humor José Luis Soberanes. Al pasar la reforma al Senado, se opera un mercadeo pues se saca del congelador la reforma al artículo 40, sobre el carácter laico del Estado mexicano, y ambos se someten a subasta. Resultado: ambas reformas, el 40 y el 24 van de la mano. Tampoco hubo debate de fondo y los foros convocados por el Senado fueron pura simulación.
La reforma considerada no prioritaria en la agenda del país se
politiza. El proceso es viciado de origen y queda claro que la reforma
al artículo 24 constitucional es consecuencia de un acuerdo político
cupular que articula los intereses de la jerarquía con el pragmatismo
de corto plazo de la clase política. Los actores de la operación son
principalmente de la fracción mexiquense del PRI, por lo que la
paternidad de la reforma se le atribuye a pactos del entonces
precandidato Enrique Peña Nieto con el obispo presidente de la CEM,
entonces Carlos Aguiar Retes, contando con el aval de Felipe Calderón y
sus huestes panistas.
Si la reforma fue aprobada con apresuramiento en la Cámara de
Diputados y en el Senado tuvo que pasar un año y dos meses para ser
aprobada por los congresos estatales y lograr así el cincuenta por
ciento más uno de las legislaturas locales, requeridos para su
promulgación definitiva. El proceso fue accidentado, sufrido e inédito.
Las principales reticencias para aprobarlas en las diferentes entidades
emanaron del propio PRI, de sus corrientes liberales y masónicas que
siguen siendo fuertes en muchas entidades del país. También se
generaron potentes movilizaciones sociales, conducidas por Foro Cívico
México Laico que aglutinó diversas organizaciones sociales. De manera
relevante se generó la reacción en contra de numerosas iglesias
evangélicas y de manera decisiva destaca la Iglesia La luz del mundo,
que mostró músculo y capacidad de convocatoria en gran parte de las
entidades mexicanas que por momentos llegaron a inquietar a las
legislaturas locales y los obispos.
En diversas entidades los congresos
locales tuvieron que encarar la presión y movilización social de
repudio a una reforma socialmente objetada. Sin embargo, la disciplina
se impuso, la manija estaba en el PRI pues cuenta con la preponderancia
de la mayoría de los congresos: numerosos legisladores con amargura
relatan la presión que estableció Peña Nieto a las legislaturas
estatales rebeldes, argumentando el cumplimiento de los compromisos
contraídos. Hubo seis estados en que la reforma fue rechazada: Morelos,
Michoacán, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas. En los
demás hubo jaloneos, presiones y hasta traiciones. Por ejemplo, en
Coahuila, el Congreso da una dramática reversa frente a la presión del
PRI de México, según consta en la voz de los propios diputados,
aprobando la reforma que días antes había rechazado en un dictamen.
Algo parecido pasó en Veracruz, estado con una fuerte presencia de
masones liberales, en la que el propio gobernador tuvo que desdecirse.
En esa ruta fueron Puebla y Jalisco.
Si
bien laicidad y libertad religiosa van de la mano, muchos juristas
temen que esta reforma podría minar el carácter laico del Estado en
materia educativa. Ya hubo amagos en Puebla, donde legisladores
panistas, invocando la libertad religiosa de los padres, querían
establecer catecismo en las escuelas públicas. La iniciativa no
prosperó, pero queda como inquietante precedente. Estas querellas
podrían concluir en los tribunales de la Suprema Corte de Justicia con
las reservas que todos tenemos. Hay que reconocer, asimismo, que la
promulgación del artículo 24 se opera en una atmósfera enrarecida en
términos de la política y la religión. Muchos políticos y funcionarios
públicos han salido del clóset y de manera retadora han invocado signos
religiosos para ejercer su mandato.
El temor radica en que la Iglesia
católica utilice dicho recurso para imponer su agenda. Afortunadamente,
México es una sociedad más abierta y plural, todas las libertades son
bienvenidas. El Estado laico, por tanto, es un instrumento de
convivencia pacífica y armónica en una sociedad diversa. La laicidad
garantiza la democracia de un país que debe proteger sobre todo a sus
minorías y hace respetar los derechos humanos de los ciudadanos sin
distingo alguno de credo ni de condición. La laicidad, más que un
concepto o fotografía conceptual, es un proceso histórico y dinámico,
por lo que tiene que debatirse, trabajarse y dotarse de contenidos que
expresen la práctica y los anhelos de la sociedad. Por ello, la
contienda por dimensionar la libertad religiosa en el contexto de un
Estado laico, en México apenas empieza.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario