La
Red Safe Haven calificó la trata y el tráfico de personas como “la
mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la
venta ilegal de armas”. Crédito: Cortesía ONU.
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Más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud en el
mundo, entre ellas 25 millones realizando trabajos forzosos y 15
millones en matrimonios forzados, 71 por ciento de las cuales son
mujeres y niñas, concluyó un exhaustivo estudio de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Y la situación podría haber empeorado desde que se publicó
“Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna”, en 2017, realizado
en colaboración con la Fundación Walk Free.
La Red Safe Haven, con sede en Chicago, calificó la trata de personas
como “la mayor actividad criminal internacional, superior al
narcotráfico y a la venta ilegal de armas”.
En la actualidad, la esclavitud y la discriminación racial son dos
lados de la misma moneda en Estados Unidos, donde el racismo se hizo más
visible bajo la bandera nacionalista de la “supremacía blanca”,
resurgida con el demagógico gobierno de Donald Trump.
A pesar de estar prohibida en todas partes del mundo, la esclavitud
adoptó nuevas formas como la trata y el tráfico de personas, el
reclutamiento de niños soldados, el matrimonio precoz, la servidumbre
doméstica, tanto en el Sur como en el Norte global.
Los trabajadores migrantes, ya sea en plantaciones de naranja en
Italia o en la construcción, en Qatar, están en riesgo, puntualizó
Karolin Seitz, oficial de programa para responsabilidad corporativa y
derechos humanos de Global Policy Forum, con sede en Bonn, en diálogo
con IPS.
La experiencia muestra que los compromisos voluntarios de las compañías trasnacionales no son suficientes, puntualizó.
No alcanza porque países como Gran Bretaña, con su Ley contra la
Esclavitud, Australia, con su Ley sobre la Esclavitud Moderna, o Francia
con su Ley de Vigilancia, llegaron a la conclusión de que solo
funcionan las normas vinculantes.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de
los refugiados y migrantes en Europa concluyó que los trabajadores
migrantes tienen más probabilidades de trabajar una cantidad excesiva de
horas en empleos riesgosos y sin las medidas de seguridad adecuadas y
sin quejarse.
Las víctimas de trata o tráfico quedan fuera del radar de las autoridades y no tienen acceso a la justicia, observó Seitz.
Según ella, para eliminar las ventajas competitivas que ofrece la
esclavitud moderna, la trata de personas y la contaminación ambiental,
los mecanismos de derechos humanos necesarios deben ir más allá de los
límites fronterizos, opinó Seitz.
Por su parte, la secretaria general de la Confederación Internacional
de Sindicatos (ITUC, en inglés), Sharan Burrow, dijo a IPS que la
desigualdad y la esclavitud moderna van de la mano para millones de
personas. Pero es posible terminar con esta última.
“La esclavitud moderna está en todas partes, desde el kafala (sistema
en que trabajadores migrantes tienen un patrocinador local, responsable
de su visa y su estado legal) en Arabia Saudita y Emiratos Árabes
Unidos, pasando por las haciendas de Paraguay y la pesca en Tailandia y
Filipinas, hasta la agricultura en Italia”, observó.
“Es una cuestión de voluntad política generar los cambios legales y
garantizar la libertad de asociación, que derivará de exponer el
escándalo y de las campañas de trabajadores, consumidores y sindicatos.
Los gobiernos deben ejercer presión sobre las corporaciones, la gente lo
reclama”, añadió.
La directora de la oficina en Medio Oriente y África del norte de
Igualdad Ya, Dima Dabbous, dijo a IPS que la OIT estima que hay 1,6 millones de mujeres migrantes en la región viviendo bajo el kafala.
En los países del Golfo, las trabajadoras migrantes se encuentran en
una situación vulnerable pues trabajan en el ámbito doméstico, sujetas a
un empleador sin poder renunciar ni cambiar de empleo ni irse del país
sin el consentimiento de su patrocinador, el que las puede amenazar con
deportarlas en caso de que protesten por las condiciones laborales,
precisó.
En esas condiciones, abusos como restricción de movimiento, retención
del pago y agresión física y sexual son moneda corriente. Y en casos
extremos, causaron la muerte de alguna mujer, indicó Dabbous,
exdirectora del Instituto de Estudios de Mujeres en el Mundo Árabe.
En Líbano se lograron ciertas mejoras en el tipo de contratos que
regulan el trabajo de mujeres migrantes que realizan tareas domésticas,
como descanso semanal, el pago en fecha del salario y que las que sufren
abusos recurran a las autoridades.
Pero no se logró un gran cambio porque los contratos no están
escritos en una lengua que hablen las empleadas migrantes ni las
autoridades velan por su cumplimiento.
“Los empleadores les siguieron confiscando los pasaportes, todavía no
tienen un día de descanso semanal y tienen muy pocas posibilidades de
quejarse ante las autoridades o de denunciar un abuso”, se lamentó
Dabbous.
La OIT y otras organizaciones no gubernamentales internacionales
deben seguir denunciando el sistema de kafala que hace que las mujeres
migrantes queden sujetas a sus empleadores como si fueran esclavas,
subrayó.
Además, la comunidad internacional debe ayudar a las organizaciones locales a abolir o reemplazar ese sistema.
Las leyes, si bien tienen falencias y presentan dificultades en su
implementación, obligan a las grandes compañías a realizar declaraciones
precisando el riesgo de esclavitud en su cadena de suministro, así como
las acciones que toman para evitarlo, destacó Seitz, de Global Policy
Forum.
Otros países, en cambio, todavía creen en medidas voluntarias. El
Plan de Acción Nacional de Alemania para la implementación de los
Principios Guía de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
carece de responsabilidad, en parte también por la gran presión de las
empresas.
A fin de fijar estándares comunes y sólidos a escala mundial, los
Estados deben apoyar el proceso actual en el Consejo de Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear un tratado
vinculante que regule a las empresas transnacionales en cuestiones de
derechos humanos, instó.
El documento debería requerir que los Estados establezcan la
obligatoriedad de la diligencia debida en materia de derechos humanos,
que las compañías se hagan responsables por romperla en casos de
violación y que eliminen los impedimentos que tienen las víctimas para
acceder a la justicia, precisó Seitz.
El trabajo es más inseguro en el mundo, con el predominio de
contratos a corto plazo, y aumentan el trabajo informal y la esclavitud
moderna, puntualizó Burrow, de ITUC.
La desigualdad de ingresos hace que la gente acepte empleos en
condiciones de explotación, lo que impide a los trabajadores ejercer sus
derechos.
“Cuando hay salarios bajos y no hay un empleo decente, cuando no hay
sindicatos que representen y defiendan los derechos de los trabajadores,
se crean las condiciones que llevan a la esclavitud moderna”, apuntó.
La debida diligencia y la transparencia son clave para poner fin a la esclavitud moderna en la cadena de suministro, subrayó.
Cuando las corporaciones asumen su responsabilidad con la debida
diligencia y, por consiguiente, le dan transparencia a su cadena de
suministro, es posible crear procedimientos de reclamo que pueden
facilitar una solución a violaciones laborales, desde el trabajo forzado
a un sueldo por debajo del salario mínimo.
Una ley sobre debida diligencia con nuevo mandato se está por adoptar
en Francia, y otros países como Alemania y Holanda se preparan para
seguir el mismo camino, apuntó.
Traducción: Verónica Firme
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