Editorial La Jornada
En la conferencia presidencial
matutina de ayer, en la que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine
Gasman, presentaron un plan de acciones emergentes para garantizar la
integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas, Andrés Manuel
López Obrador afirmó que su gobierno seguirá dando apoyo financiero a
refugios para mujeres y niños víctimas de violencia operados por
organizaciones de la sociedad civil. El mandatario señaló, por otra
parte, que en el país existen unos 70 de esos centros y que sólo 20
funcionan sin irregularidades, dijo que en lo sucesivo el Estado asumirá
su responsabilidad de cara a la protección de las mujeres violentadas y
en riesgo y para tal efecto habló del establecimiento de un mecanismo
de supervisión y operación conjunto que incluya a la Secretaría de
Gobernación, al Sistema Integral de Protección a la Familia y a las
organizaciones mencionadas.
Las afirmaciones presidenciales buscan responder a las inquietudes
generadas por la suspensión de la convocatoria para asignar subsidios a
los refugios para mujeres que padecen violencia, dada a conocer el
pasado 22 de febrero por un funcionario administrativo de la Secretaría
de Salud y desmentida un día después en un comunicado de esa misma
dependencia. Una polémica semejante se había suscitado previamente por
la suspensión de recursos públicos a las estancias infantiles privadas,
muchas de las cuales, a decir del gobierno federal, no observan las
normas pertinentes o han mentido sobre el número de los infantes que
atienden con la finalidad de aumentar sus ganancias de manera indebida.
Lo anterior es ilustrativo de las confusiones a las que se ha
prestado en el seno del propio gobierno la Circular Uno que el propio
mandatario envió a los integrantes del gabinete legal y ampliado, en la
que se anuncia la decisión
de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadanocon el propósito de
terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupcióny se ordena
entregar de manera directa a los beneficiariostodos los apoyos de la nueva política social. Ello ha dado pie a anuncios precipitados, a rectificaciones parciales o totales y a enconados debates entre el Ejecutivo federal, las oposiciones políticas y colectivos sociales afectados por esa política, y ha dejado ver una preocupante descoordinación en el seno de las instituciones.
Más aún, y lo más preocupante, si bien quedan claros los propósitos
de evitar el intermediarismo y combatir la corrupción y el despilfarro
en la aplicación de los recursos públicos destinados al bienestar de la
población, tales objetivos no se han traducido hasta ahora en un
proyecto coherente y con normas claras que considere las
particularidades y excepciones que deben observarse en la regla general.
A esa carencia se suman iniciativas disparatadas, como la de la
dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura, la cual
emitió un manual interno que pretende normar el comportamiento de los
funcionarios de esa dependencia en entrevistas y ante los medios
informativos en general, documento en el que se manifiesta una
percepción deleznable de los periodistas y de su trabajo.
La descoordinación y el descontrol referidos no sólo abonan a la
confusión, sino que propician la erosión de la figura presidencial, en
la medida en que el propio mandatario debe salir cotidianamente a
contrarrestar las críticas. Finalmente, la prisa del nuevo gobierno por
emprender transformaciones de gran calado –entendible, habida cuenta del
estado desastroso en el que las administraciones neoliberales dejaron a
la nación– no justifica la improvisación ni la falta de sintonía entre
los colaboradores del Ejecutivo federal; a casi 100 días de ejercicio
del poder es exigible que el equipo de gobierno actúe con cohesión,
claridad y pertinencia.
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